LA UDA NO NECESITA SILENCIO: NECESITA TRANSPARENCIA
Por: Fernando Arias Maldonado
Exsubdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Azuay
El Consejo de Educación Superior (CES) ha pedido a la Universidad del Azuay que, en 10 días, entregue un informe técnico-jurídico y documentación certificada frente a una denuncia presentada por ocho profesores sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral universitario.
Hay que decirlo con claridad:
Un requerimiento del CES no es una sanción. Una denuncia no es una sentencia. Y una acusación no es una prueba.
Pero tampoco es un asunto que deba minimizarse.
Ahora corresponde responder con documentos, argumentos y transparencia.
Entre los cuestionamientos planteados están reformas normativas, la conformación del padrón electoral, disposiciones sobre docentes y determinadas reglas del Código de Ética Electoral.
Todo debe ser examinado conforme a la Constitución, la LOES, la normativa del CES y las propias normas de la UDA.
Porque la autonomía universitaria es fundamental, pero autonomía no significa ausencia de controles ni inmunidad frente a la ley.
Y aquí existe una regla sencilla:
LAS NORMAS DEBEN RESISTIR EL ESCRUTINIO.
Si las decisiones fueron legales, que se explique por qué.
Si fueron correctas, que se presenten los documentos.
Si existen errores, que se corrijan.
Y si las acusaciones no tienen sustento, que también quede demostrado.
Eso no debilita a la Universidad.
La fortalece.
NI CENSURA NI LINCHAMIENTO
Tampoco podemos caer en el extremo contrario.
Una elección universitaria no puede convertirse en un espacio para insultos, difamaciones o acusaciones sin pruebas. Pero tampoco puede utilizarse una normativa electoral para silenciar la crítica legítima.
Criticar no es difamar. Fiscalizar no es atacar. Preguntar no es conspirar.
He tenido el honor de ser Subdecano de la Facultad de Medicina de la UDA. Conozco el valor que esta institución tiene para sus profesores, estudiantes, graduados y para Cuenca.
Por eso, precisamente, creo que la UDA merece más que rumores, enfrentamientos y consignas.
Merece transparencia.
El CES debe revisar lo que corresponda. La Universidad debe responder con documentos. Y quienes denuncian deben respaldar sus afirmaciones con pruebas.
Porque en una institución seria:
quien acusa, prueba;
quien administra, responde;
y quien fiscaliza, debe actuar con objetividad.
La UDA no pertenece a una administración, a una candidatura ni a un grupo.
La UDA pertenece a su comunidad universitaria y a su historia.
Defenderla no significa callar.
Significa exigir que todo se haga con la ley en la mano, los documentos sobre la mesa y la verdad por delante.
Que hablen los documentos.
Que responda la Universidad.
Que investigue el CES.
Y que la verdad —no el ruido— tenga la última palabra.
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