El observador

 DISPENDIO DE FONDOS PÚBLICOS

Publicado en la Revista El Observador (edición 126, diciembre de 2021)

La Prefectura del Azuay tiene su Sindicatura, compuesta por dos secciones: la una de Gestión de Sindicatura y la otra de Asesoría Jurídica. En total nueve abogados, incluidos el Procurador Síndico y la Asistente.

Las responsabilidades de la Sindicatura son: prestar asesoría legal, elaborar contratos, convenios, minutas, proyectos de declaraciones de utilidad pública e interés social, proyectos de resoluciones de expropiación y proyectos de resoluciones de ocupación.

Solo el Procurador gana 2.355 dólares mensuales. Al año 28.260, más los décimos, el total pasa de los 33.000 dólares. Esto sin tomar en cuenta los sueldos del resto de abogados y demás personal de la Sindicatura.

Por otro lado, el Gobierno Provincial del Azuay paga 29.821 dólares a un abogado de afuera de la Prefectura, contratado para un solo trabajo llamado consultoría, cantidad superior a la que gana en un año el Procurador del Consejo Provincial.

Y por qué tal contrato? Acaso el equipo de abogados de la Sindicatura no está en capacidad de elaborar un informe jurídico sobre el viejo problema limítrofe entre las provincias de Guayas y el Azuay?

Nueve profesionales del Derecho han sido marginados, contratando a un abogado externo a la Prefectura, con la partida número 530601, bajo la denominación: "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada". Y el monto asignado se desglosa en: 8.947,43, por Diagnóstico Jurídico; 11.928,56, por Recursos Administrativos; y 8.946,43 por Informe Legal. El plazo de entrega de los "productos" es de 180 días.

El contrato no exige garantías al "consultor". El beneficiario es Dr.Tarquino Alberto Orellana Serrano.

Lamentablemente la realidad de la administración provincial evidencia exactamente lo contrario, pues dicha realidad se encuentra en un claro divorcio de los conceptos deontológicos, filolosóficos que deberían impulsar su gestión, claramente motivada no por buscar el desarrollo de la provincia; no, este desarrollo si siquiera tiene capacidad de ser vislumbrado por la primera autoridad; hay una manejo precario de la Institución, sin valores y, lo que es peor, sin lógica elemental.

Pero este no es el único caso de dispendio de los fondos, la Institución ha entregado otros contratos para "consultorías" por cientos de miles de dólares.

Para la elaboración de un protocolo comunitario para enfrentar la violencia de género contra las mujeres rurales, 14. 285,72. La beneficiaria es la Abogada Ana Lucía Iñiguez Ibarra.

Para la elaboración de un estudio de sostenibilidad y autogestión para la implementación de una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia para la provincia del Azuay, 13. 392,86. El consultor es el Ingeniero Fernando David Armas Cuesta.

Para la elaboración y desarrollo del calendario lunar con enfoque de cuidado desde la perspectiva feminista, para el perfeccionamiento de la agroecología y la vivencia de la sexualidad desde el autoconocimiento, 4. 464,29. El beneficiario es el Ingeniero Francisco Javier Abad Santana.

Para construir indicadores de género que guiarán la metodología y la encuesta para el levantamiento de información censal denominado mujeres rurales en cifras en el marco del proyecto "reconocimiento de la realidad actual con enfoque de género en la provincia del Azuay, 18.000. La beneficiaria es la Licenciada Sandra Elizabeth López Astudillo.

EL OBSERVADOR, con fundamento en los numerales 2 y 5 del Art. 61 y en el numeral 6 del Art. 66 de la Constitución, opina que no era necesario estos contratos, si la Prefectura tiene sus propios abogados y profesionales en cada area de trabajo, cuyas funciones son precisamente hacer la tarea que hará el consultor; porque las fuentes históricas, limítrofes y sociales están a la mano de cualquier investigador. Los archivos son conocidos desde antaño. Y entonces los contratos referidos no es acaso un derroche de los fondos públicos?

El aumento de personal y gasto en la actual administración ha subido considerablemente: en enero del 2020, habían 452 empleados, para septiembre de 2021, la nómina se incrementó a 667. 172 personas más, lo que representa un egreso anual de SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL DÓLARES.

Todo funcionario público tiene la obligación ineludible de no malgastar los dineros del pueblo, desempeñar sus funciones con ética, gastando los fondos de la institución, con la máxima precaución de la inversión correcta.

El mal manejo de fondos públicos, es un tema que actualmente se encuentra en boga en el mundo entero, más todavía en Sur América; cuyos países como Colombia, Perú, Argentina y también el Ecuador, están inmersos en el escándalo de las coimas, la corrupción y la impunidad. Por tanto es indispensable que los funcionarios públicos sean cuidadosos y honestos en la inversión legítima de los dineros del pueblo.

Y las autoridades de control que hacen frente a estas gestiones burdamente vergonzosas?