Toda la producción de cemento
ecuatoriano está en manos transnacionales. El Estado acaba de vender la mayoría
de acciones de la Unión Cementera Nacional, UCEM, al Grupo Gloria, de capitales
peruanos. Con esta venta, una empresa suiza y dos peruanas manejan el
multimillonario negocio en el Ecuador.
25 de octubre del 2014
escrito por: FRANCISCO ESCANDÓN
En el Ecuador la industria cementera tiene característica de
monopolio y oligopolio: un reducido número de productores controlan el mercado.
Refrenda esta afirmación el hecho que la producción de 6 millones de toneladas
anuales (T/a) esté distribuida de la siguiente manera:
La
suiza Holcim S.A. 66%; la francesa Lafargue 21%, misma que acabó de ceder sus
operaciones a la empresa peruana Unión Andina de Cementos S.A. (UNACEM) por USD
553 millones; y la ecuatoriana Unión Cementera Nacional 13% (UCEM).
La
UCEM es resultante de la fusión del 86% de acciones de Cementos Chimborazo C.A.
(el porcentaje restante pertenece a los trabajadores) y el 100% de Industrias
Guapán S.A. Fue legalizada el 18 de noviembre del 2013, después de un proceso
administrativo de cerca de 20 meses.
Durante
este tiempo el Gobierno nacional invirtió recursos públicos con el objetivo de
ampliar la capacidad instalada de producción especialmente de Cementos Chimborazo
C.A.
Para
una mayor precisión, es necesario mencionar que, Cementos Chimborazo C.A. desde
su creación perteneció al Estado ecuatoriano; mientras que Industrias Guapán
S.A. durante 50 años fue de propiedad del IESS (de los afiliados), luego pasó a
ser parte de los activos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (BIESS) y en el mes de junio del año 2013 sus acciones fueron adquiridas
por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), por USD 72 millones.
Finalmente las acciones de Cementos Chimborazo C.A. y Guapán S.A. en el mes de
julio fueron transferidas a perpetuidad a la Empresa Pública Cementera del
Ecuador (EPCE). [1]
Para
la administración de la UCEM el presidente Correa creó la EPCE mediante el
Decreto Ejecutivo No. 207, del 7 de enero del 2010, la cual de inmediato
planteó entre sus prioridades la búsqueda de un socio estratégico para la
cementera nacional; pues a pesar de las inversiones hechas por el Estado
ecuatoriano, la capacidad productiva es insuficiente en la perspectiva de una
nueva Línea de Producción de Clinker que impide cubrir el déficit existente de
esta materia prima en la elaboración de cemento. [2]
USD 200
millones se
requieren para comprar molinos e implantar una línea de producción de Clinker.
Este
preámbulo es necesario para comprender la naturaleza de la resolución
gubernamental EPCE-GG-2014-091, según la cual se adjudica el Proyecto Socio
Estratégico Cementero a la empresa Yura S.A. por haber obtenido el puntaje de
92,25/100. Sin embargo, en dicha resolución no se informa del porcentaje de
acciones vendidas, ni tampoco el valor por el cual fueron enajenadas; aunque el
Comité de Empresa de los Trabajadores de la Unión Cementera Nacional (Cetucem
CEM) denunció públicamente que el porcentaje adjudicado es del 60% de las
acciones de EPCE; sin conocerse aún el valor de dicha transacción.
El
justificativo para la privatización de la UCEM es la creciente importación de
Clinker, aunque las reservas probadas que poseen las minas de la empresa
nacional son suficientes para cubrir la demanda de producción de cemento e
incluso para expandirse en el mercado internacionalmente. Lo que se requiere
son USD 200 millones necesarios para comprar molinos e implementar la nueva
línea de producción que posibilite aprovechar la capacidad instalada de
1’575.000 T/a que tienen las dos plantas industriales de UCEM.
Además
de privatizar la industria cementera nacional, es imprescindible conocer que la
empresa beneficiaria forma parte del Grupo Gloria, que es un emporio de
empresas que se dedican a actividades productivas y de comercio de: alimentos,
agroindustria, cementos, concretos, fármacos, nitratos, papeles,
transporte, servicios, cartones; etc.
La
propietaria del grupo es la familia Rodríguez Banda y sus negocios se extienden
a varios países como: Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina;
tan monopólico es este grupo económico que la revista Forbes lo clasifica entre
los 8 grupos económicos más importantes de Perú. [3]
Se
deduce entonces una primera afirmación. Este proceso es ilegal, por cuanto
contradice la Ley de Empresas Públicas, ya que el Estado en caso de alianzas y
convenios debe ser accionista mayoritario de los sectores considerados como
estratégicos; además que asistimos a una contradicción práctica frente al
discurso del correísmo que sostenía el fin de régimen de privatizaciones de las
empresas del Estado.
Resulta
un mal negocio que el Estado adjudique mayoritariamente las acciones de la
producción de cemento nacional a una empresa privada transnacional, pues es un
negocio en crecimiento sostenido. Sostenemos esto pues sólo el mercado nacional
demanda de un incremento de 500 toneladas de cemento cada año, sin considerar
la rentabilidad de la nueva línea de producción de prefabricados de hormigón (bloques
de hormigón, adoquines, acueductos celulares, vigas pretensadas, columnas
prefabricadas, pilotes, escaleras, estribos para puentes, losetas, muros de
contención, postes, tubos, paneles y bordillos).
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