martes, 21 de octubre de 2014

Asegura que la violencia del crimen organizado es un grave problema 
El 6 de octubre pasado Catalina Botero dejó su cargo de Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, oficina a la que llegó en 2008. Pero asegura que, pese al fin de este ciclo, seguirá ligada a los derechos humanos. “Es lo que he hecho desde que me gradué y me parece que lo voy a seguir haciendo”, dice la abogada colombiana, quien participará en la 70 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolla desde ayer en el Hotel W de Santiago de Chile.
Botero fue sucedida por el abogado y periodista uruguayo Edison Lanza. “Creo que está en plena capacidad de hacer una buena relatoría, tiene un gran equipo, una relatoría financieramente estable, buenos estándares regionales y una Comisión Interamericana que lo respalda”.
La abogada será una de las expositoras en el panel sobre libertad de prensa, donde hablará de sus años como relatora.
Acaba de terminar su periodo al frente de la Relatoría. ¿Cuál es su balance de estos seis años?
—Desde el punto de vista institucional, la relatoría está muy fortalecida, goza de muy buena salud, tiene un gran equipo y se ha convertido en un referente regional. Desde el punto de vista de la libertad de expresión, hay avances incuestionables, como por ejemplo en materia de acceso a la información. De los 35 países de la región, más de 20 tienen leyes de acceso a la información. Sin exagerar, probablemente es la región del mundo con más avances en esa materia, que no es poco, porque es abrirle el Estado a la ciudadanía. Sin embargo, hay una serie de desafíos, que no sólo no han disminuido, sino que han aumentado en estos años”.
Ha dicho que la libertad de expresión en América enfrenta distintos peligros y ha destacado los problemas de violencia y de legislaciones restrictivas. ¿Cuáles cree que son los países en donde la libertad de expresión está más en peligro?
—Creo que es difícil hacer un ranking porque hay distintos desafíos. La violencia producida por el crimen organizado es sin duda el problema más grave. Las cifras en países como México y Honduras muestran la dimensión del asunto, pero este fenómeno no afecta sólo a estos países. Basta escuchar a los periodistas que trabajan en los otros países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) o a quienes han investigado la corrupción en otros estados de la zona andina o del Cono Sur para entender que el crimen organizado hoy es una gran multinacional. Esta empresa criminal tiene la capacidad de atemorizar o incluso capturar autoridades locales en muchos estados y uno de sus principales objetivos son los periodistas que investigan la corrupción. Y mientras tanto los estados responden de manera fragmentada e insuficiente.
También ha destacado las restricciones a la libertad de expresión por parte de algunos gobiernos.
—Sí, el segundo gran problema es la degradación del Estado de Derecho y de las garantías necesarias para que la gente pueda pensar por cuenta propia y expresarse libremente, sin miedo. En países como Venezuela o Ecuador las consecuencias por criticar al gobierno o presentar noticias contrarias a sus intereses pueden ser muy graves y dependen completamente de la voluntad de los funcionarios del Ejecutivo. No hay jueces independientes, ni garantías legales para que una persona pueda apartarse públicamente del pensamiento oficial sin temor a ser estigmatizada o incluso a perder su libertad o todo su patrimonio. Es lamentable. En una democracia los derechos son barreras contra la arbitrariedad y no están a disposición de la simple voluntad de un presidente.
Pero estos gobiernos aseguran que tratan de generar más pluralismo.
—El pluralismo es fundamental para garantizar una verdadera democracia, pero no se logra reduciendo las voces y las ideas circulantes y debilitando las garantías para la libertad de expresión, sino aumentándolas. El derecho a la libertad de expresión es probablemente uno de los más importantes en una democracia no sólo porque sirve para defender otros derechos, sino porque muchas veces es lo único que tienen los sectores tradicionalmente excluidos. Su derecho a expresarse es en muchos casos la única manera de poner de presente sus intereses y necesidades. Resulta paradójico que gobiernos que dicen defender a esos sectores, al mismo tiempo quieran debilitar las garantías para que puedan expresarse.
¿Destaca algún caso en esta paradoja?
—Por ejemplo, en Ecuador se ha condenado por terrorismo a indígenas que protestan por el agua; a estudiantes que protestan por asuntos relacionados con el transporte o con la educación. Se han cerrado organizaciones de la sociedad civil porque alguno de sus miembros participa de una manifestación contra las políticas extractivas e importantes líderes sindicales han afrontado condenas similares.
En Chile hay sectores políticos que condenaron las manifestaciones de estudiantes en Venezuela, pero que defienden las marchas estudiantiles en el país.
En Venezuela los estudiantes que salieron a protestar a partir del 12 de febrero fueron brutalmente reprimidos. Esto genera una enorme preocupación, como genera preocupación el abuso policial en cualquier otro país. Los estudiantes, y cualquier sector de la sociedad, tienen derecho a manifestarse en Venezuela, Colombia, Chile, México, EU, donde sea.
Lamentablemente hay personas, de todas las ideologías, a quienes les parece bien la represión cuando están de acuerdo con el gobierno, pero la denuncian como inaceptable cuando están en desacuerdo. Los derechos universales no dependen de las ideologías del que reprime o del que sufre. Son eso, universales.
¿Cómo describiría el estado de la prensa en Venezuela?
—Está en estado crítico. Se trata de un sistema muy articulado de control, que va desde la estigmatización pública mediante un poderoso conglomerado de medios controlados, hasta la aplicación de normas penales a quienes tienen un pensamiento crítico o disidente. Por ejemplo, los directivos del diario Tal Cual están siendo procesados penalmente porque Diosdado Cabello (presidente del Legislativo) consideró inexacta una frase de un artículo. Hoy tienen prohibido salir del país y pueden terminar en cualquier momento en una cárcel común.
Esto sin contar los innumerables procesos civiles y administrativos por presentar noticias que son incómodas al gobierno, la dramática ausencia de papel periódico, la no renovación de licencias por razones políticas, el cierre de medios como le sucedió a NTN 24 (canal colombiano sacado del aire por transmitir las protestas estudiantiles de febrero pasado), la absoluta oscuridad sobre lo que sucede en el Estado y más recientemente las denuncias por posibles bloqueos de internet por parte de la empresa oficial que controla la prestación de este servicio a una parte importante de la población. Todo esto sin garantías normativas suficientes ni jueces independientes. Hoy se sabe más de lo que sucede en Venezuela afuera que adentro del país.
Los dos últimos años los países del ALBA impulsaron una campaña para modificar la estructura de la CIDH y de la relatoría, que finalmente no prosperó ¿Ésta fue la situación más compleja con la que debió lidiar durante su período al frente de la Relatoría?
—No. Felizmente atravesamos esa situación con gran éxito para el sistema interamericano, y en particular para la libertad de expresión.
Sin embargo, hay momentos que son realmente difíciles como cuando un periodista está amenazado de muerte y necesitamos activar alertas tempranas para defender su vida y sentimos que no tenemos las herramientas para poder hacerlo a tiempo. Esos momentos de angustia son infinitamente más graves y difíciles que los ataques de algunos gobiernos incómodos con las denuncias que realizamos. Esto es parte del oficio.
¿Recibió algún tipo de presiones respecto a este tema?
—Creo que cuando hay países que de manera muy agresiva intentan recortar recursos o facultades, lo que están haciendo es mandar un mensaje para generar autocensura. Si eso es una presión, pues sí, recibimos todo ese tipo de presiones.

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