jueves, 13 de agosto de 2026
Un tribunal en Ecuador frenó a las petroleras internacionales en el 2019... y todo gracias a una mujer indígena que decidió no rendirse. La activista waorani Nemonte Nenquimo lideró a su comunidad hasta los tribunales para defender sus tierras ancestrales en la provincia de Pastaza, territorio que el gobierno ya tenía planeado fraccionar y subastar a conglomerados petroleros internacionales.
El punto clave del juicio: la Constitución ecuatoriana garantiza a las comunidades indígenas el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada antes de permitir cualquier extracción de recursos en sus territorios. El Estado alegó que ya había cumplido con esto en 2012, en unas reuniones que presentó como consulta oficial. Pero los Waorani demostraron que todo fue un fraude: nada de traducción para los ancianos que no hablan español, tácticas engañosas y simples listas de asistencia que el gobierno quiso hacer pasar como consentimiento firmado.
Mientras tanto, las comunidades waorani pasaron años mapeando su propio territorio a mano: sitios sagrados, fuentes de agua, ecosistemas completos, todo documentado para demostrar exactamente lo que estaba en juego.
El resultado: un tribunal de tres jueces en la Corte Provincial de Pastaza falló a favor de los Waorani, canceló de inmediato la licitación del "Bloque 22" y protegió para siempre casi 500,000 acres de selva amazónica virgen. La corte fue clara: los intereses petroleros del gobierno no están por encima de los derechos constitucionales de sus propios ciudadanos indígenas.
Este fallo no se quedó en Ecuador. Se convirtió en el precedente legal que tumbó procesos de consulta idénticos en el sur de la Amazonía y hoy es la guía que usan comunidades indígenas en todo el mundo para defender su territorio frente a la explotación industrial. 
miércoles, 12 de agosto de 2026
EL ORIGEN DEL ORO ILEGAL
En el año 2016 quedó al descubierto de dónde nace la minería ilegal en el Ecuador. No nace en un socavón ni en la selva. Nace en oficinas de Machala y Guayaquil con papeles falsos y con protección política en Quito.
Ese año, la Policía Nacional en el operativo denominado Atardecer documentó una red que movilizó más de cuatrocientos millones de dólares en operaciones de compra y venta de oro sin justificar el origen del mineral. Las empresas centrales de la investigación fueron Spartan del Ecuador y Clearprocess. Clearprocess, registrada en Machala en 2012, reportó cero ingresos entre 2012 y 2013 y al año siguiente declaró ingresos por más de ciento ochenta y nueve millones de dólares. Spartan, dedicada desde 1979 a la venta de químicos, pasó a recibir transferencias millonarias ligadas a la comercialización de oro.
El mecanismo de blanqueo fue el uso fraudulento del Régimen Impositivo Simplificado RISE, creado para los mineros artesanales. Según la Fiscalía, se presentaron notas de venta a nombre de doscientos treinta supuestos proveedores del RISE, con suplantación de identidad y falsificación de documentos. Oro proveniente de distintos orígenes, incluido oro ingresado desde Perú, era justificado como compra a mineros ecuatorianos de bajos ingresos. Las cifras oficiales evidenciaron la inconsistencia. Entre 2012 y 2014 la producción nacional de oro fue de seiscientos setenta y cinco millones de dólares, mientras las exportaciones registradas por el Banco Central alcanzaron los mil ochocientos veintitrés millones.
La investigación criminal de ese año apunta directamente a una figura del entorno del poder político de entonces. De acuerdo a los documentos y fuentes de la pesquisa oficial, la red contó con la ayuda de Caupolicán Ochoa, abogado personal del presidente Rafael Correa.
La documentación completa de este caso, con transcripciones de interceptaciones telefónicas autorizadas por el Fiscal General de la época, puede ser verificada en la fuente original:
En esas interceptaciones, realizadas en 2015 y 2016, se registra cómo los empresarios investigados mantenían comunicación constante con Caupolicán Ochoa y con su hijo César Ochoa, quien se desempeñó como viceministro de Justicia entre marzo y junio de 2014 durante el gobierno de Rafael Correa. Los audios recogen pedidos de dinero para frenar acciones judiciales y gestiones para interceder ante jueces y ante el Ministerio del Interior.
Por esos hechos, en junio de 2016 la fiscal del caso, Diana Salazar, solicitó la detención de siete personas y se allanaron veintiún inmuebles vinculados a Spartan y Clearprocess por presunto lavado de activos.
Y ahora se entiende quién le dio el oro a los grupos delictivos.
Cuando se crea un sistema que compra oro sin preguntar de qué socavón, de qué río contaminado o de qué frontera viene, y lo convierte en oro legal con un papel falso y con un juez comprado, se crea el negocio perfecto para el crimen organizado. Los grupos delictivos no necesitan exportar. Solo necesitan venderle su oro ilegal a la comercializadora de Machala. Esa comercializadora, protegida desde Quito, se encarga de lavarlo, ponerle papeles del RISE y mandarlo a Miami como si fuera oro limpio.
Así fue como el oro ilegal se volvió legal. Y así fue como los grupos que hoy extorsionan, ponen retroexcavadoras en los ríos y matan por un pedazo de montaña, encontraron quien les comprara el oro y quien les abriera la puerta del sistema financiero.
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