martes, 28 de octubre de 2014

En defensa del periodismo


Escrito por:



No son pocas las personas que acusan a la prensa brasileña de golpista. Según éstas, los medios de comunicación se dedican a hacer campaña contra el Gobierno, idea que deviene de una década de retórica sistemática del Estado contra la labor de la prensa. A fin de cuentas, se trata de un ataque al periodismo, es decir, a los periodistas que realizan su labor, la cual siempre es fiscalizar al poder.
En el caso brasileño, el PT que se encuentra a cargo de la presidencia hace 12 años. En Argentina, los Kirchner están en el poder hace más de una década, y en Venezuela el chavismo se perpetúa en el poder desde 1998. Aun así, es común a esos Gobiernos presentarse como víctimas constantes de golpistas, incluso cuando tienen un control extendido sobre el Gobierno y aumentan constantemente su influencia sobre la sociedad. Es una estrategia poderosa. El discurso de la fragilidad les permite acumular cada vez más poder. 
En Brasil, la divisoria de aguas en este sentido fue el discurso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva proferido en Quixada, Estado de Ceará, en agosto de 2005. En aquel momento, el Gobierno enfrentaba el inicio de la crisis del “mensalão” — la trama de compra de apoyo político en el Congreso — que acabó siendo condenado por el Supremo Tribunal Federal años más tarde. Por primera vez y de forma sistemática, Lula atacó el trabajo de la prensa, llamando a los periodistas “pájaros de mal agüero”, en una referencia a los críticos de otro presidente brasileño, Getúlio Vargas. "Hay pájaros de mal agüero que no quieren ver el dedo que está frente a sus narices. Igualmente voy a continuar hablando y seré ‘radio peón’ para daros a vosotros informaciones”, discursó el entonces primer mandatario. 
Los líderes políticos de Venezuela y Argentina se presentan como víctimas constantes de golpistas, incluso cuando tienen un control extendido sobre el Gobierno
Ahora, días antes del segunda vuelta, la prensa informó que Lula y la presidente Dilma Rousseff sabían sobre los millonarios desvíos de recursos de Petrobras, la empresa estatal petrolífera brasileña. Dilma fue a la televisión a atacar a la revista que brindó primero la información. Como resultado, vándalos atacaron la sede de la editora. 
Los que suscriben de la tesis del golpismo deberían observar los nombres de los periodistas que firman las notas. En el caso más reciente, la materia de la revista VEJA fue profundizada por algunos de los más experimentados y renombrados periodistas de investigación del país. Por su parte, en el periódico Folha de São Paulo, Mario Cesar Carvalho trajo nuevos detalles sobre el tema, así como Fausto Macedo en O Estado de São Paulo. Ambos poseen décadas de carrera profesional, habiendo publicando incontables primicias, independientemente del color partidario de los mismos. 
Ahora bien, ¿por qué las informaciones fueron publicadas días antes de la elección? Por una simple cuestión temporal. El testimonio que reveló las acusaciones fue dado el martes de esa semana y, por lo tanto, habría sido imposible conocer sobre el tema antes del martes. La primera publicación es solo un paso de la investigación que se prolonga en la prensa. 
La tesis que los periodistas tienen como objetivo perjudicar al Gobierno es de interés solo de los propios Gobiernos
Producir buen periodismo requiere técnica y paciencia. El trabajo de los hombres de prensa no es nada fácil. Descubrir esas informaciones incluye conversar con decenas de personas que tuvieron acceso a las mismas, cruzar datos y afirmaciones y buscar documentos. Ello no se hace de un día para el otro. Además, la constante presión política contra el supuesto golpismo y las constantes amenazas sobre las fuentes hace que las mismas tengan cada vez más recelo de hablar con la prensa. Muchos creen que tienen sus teléfonos intervenidos y/o que son seguidos en sus desplazamientos. 
La tesis que los periodistas tienen como objetivo perjudicar al Gobierno es de interés solo de los propios Gobiernos. Recientemente, en el encuentro de periodismo de investigación latinoamericano realizado en México, fueron expuestos impresionantes trabajos sobre diversas investigaciones llevadas a cabo por la prensa. En Argentina, por ejemplo, el Gobierno acusó a algunos periodistas de intentar desestabilizar a la presidente del país. No casualmente, son los mismos periodistas que revelaron que los Kirchner recibieron pagos millonarios en sus hoteles con dinero originado en uno de los mayores proveedores del gobierno. 
Por su parte, en El Salvador, los “golpistas” revelaron que un ex presidente se enriqueció mientras estaba en el cargo y construyó durante sus años en el Gobierno una de las mayores mansiones del país. En Perú, otro periodista supuestamente contrario al oficialismo dio a conocer que la familia de un también ex mandatario aumentó su patrimonio inmobiliario de forma sospechosa. 
Es común, además de la corrupción, la respuesta oficial, un supuesto intento de golpe. También es común el hecho que los periodistas dedicaron meses y años de sus vidas a esas investigaciones. Muchos enfrentaron amenazas y presiones oficiales, además del riesgo de ser procesados y condenados por errores e informaciones no verídicas. Son los hombres y mujeres de prensa que corren peligros por ir detrás de esas historias y son ellos quienes tienen algo muy valioso para perder: la reputación de su nombre, sino su propia vida. De hecho, en 2013 Brasil se convirtió en el país con mayor número de periodistas muertos, sobrepasando a México. 
Antes de hacerse parte de las acusaciones de golpismo, hay que saber quién es el periodista. Es que, como dijo George Orwell, periodismo es publicar lo que los poderosos de turno no quieren ver publicado. El resto es publicidad. 

Fernando Mello es periodista y estudiante de maestría en la Universidad Georgetown. En 2013, ganó el Premio de Reportaje en Profundidad de la Sociedad Interamericana de Prensa. En 2014, ganó uno de los Premios Latinoamericanos de Periodismo Investigativo.

CIDH escucha nuevamente quejas de los sectores sociales de Ecuador

Organizaciones indígenas, activistas, gremios judiciales, académicos, entre otros representantes de la sociedad civil, exponen hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas en Ecuador y la independencia judicial.
Los temas se abordarán, por separado, en dos de las audiencias que el organismo, con sede en Washington, incluyó en su periodo de sesiones 153, que empezó el pasado jueves y concluirá el 7 de noviembre.
Las diligencias de Ecuador (previstas desde las 16:00) se desarrollarán en medio de críticas del Gobierno y la posibilidad de que por tercera ocasión no asista nadie del Estado.
Del lado de la sociedad civil, tres participantes (se inscribieron 15, entre entidades y personas) anticiparon el enfoque de sus intervenciones y los pedidos que formularán.
El Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador expondrá (PUCE), según su coordinador, Mario Melo, cómo se perjudicarán los pueblos indígenas con la explotación petrolera en el parque Yasuní, planeada por el régimen.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) explicará cómo la falta de una política lingüística vulnera, según su abogada Verónica Yuquilema, el acceso a la justicia indígena.
Y el Observatorio de Derechos y Justicia referirá casos que evidencian, a decir de su director Enrique Herrería, que no hay independencia judicial.
Los tres coincidieron en que solicitarán a la CIDH que envíe una delegación al país para que constate ciertos derechos.
El pedido ya ha sido planteado otros años, en el marco de estas audiencias, y tal visita no se ha concretado.
El caso más reciente fue en marzo pasado, cuando la Comisión desarrolló un periodo de sesiones similar al de ahora. Los organiza dos veces al año.
Entonces, las temáticas fueron libertad de expresión, libertad de asociación, y el ejercicio de los derechos por parte de los defensores de la naturaleza.
La presidenta del organismo, Tracy Robinson, argumentó que el Estado ecuatoriano debía formalizar su voluntad.
El mandatario Rafael Correa condicionó esto a que EE.UU. ratifique la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Él cuestiona que la sede de la CIDH esté en un país que no ha suscrito tal instrumento, que norma el sistema interamericano, y que también es criticado por Correa en otros aspectos.
A esto se suma la inasistencia del régimen a las audiencias, desde octubre del 2013. Es decir, ha faltado a dos.
El canciller Ricardo Patiño ha dicho que el régimen no tiene por qué explicar sobre “procedimientos internos”.
La semana pasada la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, anticipó que ninguna autoridad judicial acudirá hoy por la presencia de ciertos “políticos”.
Melo y Herrería coincidieron en que esto es negativo para el país porque las audiencias son espacios para que las partes discutan sobre ciertas problemáticas y hallen una solución.

Yuquilema agregó que se ejerce “un lobby” en aras de que el organismo exija cambios al Estado, de ser necesario. Y citó un caso empujado por Inredh desde el 2008, en defensa de las mujeres embarazadas en las cárceles. Dijo que gracias a la intercesión de la CIDH, el Estado asumió compromisos.

Activistas quieren que misión de la CIDH venga al Ecuador

Escrito por:
VICENTE ORDÓÑEZ

Catorce organizaciones de Derechos Humanos, indígenas, juristas y académicos llevaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones sobre la situación de los pueblos indígenas y de la independencia judicial en el país en dos audiencias de una hora.
Un poco antes de que estas empezaran, el secretario del organismo, Emilio Álvarez Icaza, anunció a las agencias internacionales de noticias que el Estado ecuatoriano no enviaría a ningún representante.
Se trata del tercer periodo de sesiones consecutivo en el que Ecuador deja vacío el asiento del Estado en esas audiencias.
La primera sesión, en la que hubo nueve expositores, se refirió a los indígenas.
Verónica Yuquilema, vocera de Inredh, señaló que el Estado ha excluido de todo tipo de recursos al sistema de justicia indígena y ha optado por deslegitimarlo; incluso, dijo, el propio presidente Rafael Correa ha señalado que “son prácticas bárbaras e intolerables”.
En cambio, Carlos Pérez Guartambel, dirigente de la Ecuarunari, afirmó que para el Gobierno el movimiento indígena es el “mayor obstáculo”, por ello se aniquila la educación bilingüe y se desmantela la justicia indígena.
A su turno, Patricia Carrión, del grupo YASunidos, denunció que el Estado ecuatoriano no otorgó las garantías necesarias para convocar a la consulta popular sobre la explotación del crudo del Parque Yasuní. Y relató todo el proceso de intimidación y las campañas de boicot pagados con recursos públicos que, a su juicio, enfrentaron.
La segunda audiencia versó sobre una supuesta falta de independencia de la justicia.
El director del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, Enrique Herrería, denunció que habría una politización de la justicia derivada de la selección de jueces afines al Gobierno; esto, a criterio de los peticionarios, se inició con la conformación del Consejo de la Judicatura (CJ) en el 2011.
Herrería agregó que el sistema disciplinario judicial aplicado por la Judicatura se ha transformado en “una herramienta para sancionar a jueces” que no adecúan sus decisiones al poder Ejecutivo, lo cual funciona como un amedrentamiento.
El CJ utiliza la figura del ‘error inexcusable’ para destituir jueces por dictar sentencias con las que el Consejo no estaba de acuerdo, expuso el decano de la Facultad de Derecho de la PUCE, Santiago Guarderas.
El jurista afirmó que en el Ecuador el CJ aplica la suspensión y destitución de jueces de manera subjetiva y discrecional, convirtiendo tales sanciones en instrumentos de presión a los operadores de justicia.
El error inexcusable, dijo Guarderas, constituye “una valoración absurda que comete un juez al momento de fallar y que denota ignorancia jurídica”; agregó que el CJ usa esta figura para destituirlo y, con ello, afecta su independencia.
Tanto los activistas por los derechos indígenas como los abogados pidieron a la CIDH que haga una visita al país para que constate sus denuncias.
En tanto, Correa volvió a criticar a la Comisión en mensajes en su cuenta de Twitter.
“Tenemos más denuncias en la CIDH que (el exdictador chileno Augusto) Pinochet. Que lo sepa el mundo: Ecuador es uno de los 7 de los 34 países americanos que ha ratificado TODOS los instrumentos interamericanos de DDHH. EEUU no ha ratificado NINGUNO, pero tiene la sede de la OEA y de la CIDH”, escribió.

De manera previa, la Comisión ha sido informada de que recibirá una comunicación oficial donde se notifica que el Estado no estará en las audiencias”.
Emilio Álvarez, CIDH


La felicidad de unos es la tristeza de otros con el agravante que el gobernante pretende la reelección indefinida vía enmienda para seguir desde las alturas a punta de descalificaciones”.
Carlos Pérez, Ecuarunari

lunes, 27 de octubre de 2014

Dilma Rousseff, festeja el triunfo en Brasil.




Dilma Rousseff festeja su reelección durante un discurso en Brasilia. Foto: AFP
Quito, 27 oct (Andes).- Mandatarios de América Latina, Rusia y Estados Unidos felicitaron a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por la reelección alcanzada este domingo en la segunda vuelta de las elecciones en la que ganó con el 51,64% de los votos; consideran que es la "consolidación de la Patria Grande".

La información y el contenido multimedia, publicados por la Agencia de Noticias Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos con la obligatoriedad de citar la fuente.http://www.andes.info.ec/es/noticias/mandatarios-america-latina-rusia-eeuu-felicitan-dilma-rousseff-reeleccion.html

Francisco Febres Cordero

Dos mujeres

Buena parte de sus 44 años de vida los dedicó a ayudar a los demás, como auxiliar de enfermería. Su vida transcurría en medio de la rutina que suponía acudir al hospital y compartir el hogar con su marido. El matrimonio no tenía hijos, pero sí un perro al que bautizaron como Excálibur. Hasta que un día, asistiendo a un paciente que padecía ébola, ella se contagió con el virus. Y entonces la vida de Teresa Romero cambió. Del anonimato pasó a ser contemplada por los ojos del mundo que seguían, ávidos, su caso, escudriñaban su pasado, investigaban las causas posibles de su contagio. Su marido fue hospitalizado. Sin que ella lo supiera. Excálibur fue sacrificado ante la posibilidad de que también él pudiera ser portador del virus.
Ella quería vivir. Se aferraba a la vida con furia, con desesperación, con optimismo.
Y con valor, con un valor ejemplar, vivificante.
Los médicos experimentaban en su cuerpo todos los fármacos conocidos para ver si producían algún efecto en ese mal devastador, mientras en las puertas del hospital una multitud ansiosa clamaba diariamente por noticias. En el resto del mundo, la gente se mantenía prendida a las redes sociales, a los periódicos y a la televisión, sedienta de novedades.
Ella quería vivir.
Sin saberlo, sin quererlo, se convirtió en un símbolo de lucha. Y, como en toda lucha, parecía que la derrota era algo no solo posible, sino inminente: la medicina revelaba su impotencia y todo llevaba a pensar que el mal iba a terminar por ganar el combate.
Y así, hora tras hora, día tras día, durante un tiempo que parecía eterno.
Hasta que, después de tanto padecimiento, de tanto aislamiento, de tanto dolor, sonó la campanada de victoria: Teresa Romero había sanado.
Todos respiramos aliviados. Todos estuvimos junto a ella en el instante de su mayor triunfo, que era el definitivo.
Mientras tanto, al otro lado del mundo, en los Estados Unidos, Brittany Maynard, una mujer de 29 años, también casada, también sin hijos (aunque soñaba con tenerlos), ha escogido morir. Hace menos de un año le encontraron un cáncer terminal al cerebro. “Inmediatamente detuve todos mis planes”, ha dicho. “No puedo traer un niño al mundo sabiendo que no va a tener madre”. Después de recibir un tratamiento que le ha deformado el rostro que hasta hace poco fue bello, sabe que lo que le resta de tiempo no es más que una lenta, cruel, inútil agonía. Por eso tiene ya prevista la fecha de su muerte: el 1 de noviembre, un día después de celebrar el cumpleaños de su marido.
Para morir con dignidad, ha tenido que viajar desde el lugar de su residencia a otro, donde los médicos le administrarán la dosis que hará que su deseo se cumpla: “Moriré en casa, en la cama que comparto con mi marido y me marcharé en paz, con la música que me gusta sonando de fondo”, ha dicho.
Teresa y Brittany: dos ejemplos de valor, de estoicismo.
La primera, para ganar con dignidad la vida.

La segunda, para ganar con dignidad la muerte.
Lunes, 27 de octubre, 2014

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Del lado de la sociedad civil, tres participantes (se inscribieron 15, entre entidades y personas) anticiparon el enfoque de sus intervenciones y los pedidos que formularán.
El Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador expondrá (PUCE), según su coordinador, Mario Melo, cómo se perjudicarán los pueblos indígenas con la explotación petrolera en el parque Yasuní, planeada por el régimen.
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El pedido ya ha sido planteado otros años, en el marco de estas audiencias, y tal visita no se ha concretado.
El caso más reciente fue en marzo pasado, cuando la Comisión desarrolló un periodo de sesiones similar al de ahora. Los organiza dos veces al año.
Entonces, las temáticas fueron libertad de expresión, libertad de asociación, y el ejercicio de los derechos por parte de los defensores de la naturaleza.
La presidenta del organismo, Tracy Robinson, argumentó que el Estado ecuatoriano debía formalizar su voluntad.
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A esto se suma la inasistencia del régimen a las audiencias, desde octubre del 2013. Es decir, ha faltado a dos.
El canciller Ricardo Patiño ha dicho que el régimen no tiene por qué explicar sobre “procedimientos internos”.
La semana pasada la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, anticipó que ninguna autoridad judicial acudirá hoy por la presencia de ciertos “políticos”.
Melo y Herrería coincidieron en que esto es negativo para el país porque las audiencias son espacios para que las partes discutan sobre ciertas problemáticas y hallen una solución.
Yuquilema agregó que se ejerce “un lobby” en aras de que el organismo exija cambios al Estado, de ser necesario. Y citó un caso empujado por Inredh desde el 2008, en defensa de las mujeres embarazadas en las cárceles. Dijo que gracias a la intercesión de la CIDH, el Estado asumió compromisos.

Organizaciones indígenas, activistas, gremios judiciales, académicos, entre otros representantes de la sociedad civil, exponen hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas en Ecuador y la independencia judicial.
Los temas se abordarán, por separado, en dos de las audiencias que el organismo, con sede en Washington, incluyó en su periodo de sesiones 153, que empezó el pasado jueves y concluirá el 7 de noviembre.
Las diligencias de Ecuador (previstas desde las 16:00) se desarrollarán en medio de críticas del Gobierno y la posibilidad de que por tercera ocasión no asista nadie del Estado.
Del lado de la sociedad civil, tres participantes (se inscribieron 15, entre entidades y personas) anticiparon el enfoque de sus intervenciones y los pedidos que formularán.
El Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador expondrá (PUCE), según su coordinador, Mario Melo, cómo se perjudicarán los pueblos indígenas con la explotación petrolera en el parque Yasuní, planeada por el régimen.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) explicará cómo la falta de una política lingüística vulnera, según su abogada Verónica Yuquilema, el acceso a la justicia indígena.
Y el Observatorio de Derechos y Justicia referirá casos que evidencian, a decir de su director Enrique Herrería, que no hay independencia judicial.
Los tres coincidieron en que solicitarán a la CIDH que envíe una delegación al país para que constate ciertos derechos.
El pedido ya ha sido planteado otros años, en el marco de estas audiencias, y tal visita no se ha concretado.
El caso más reciente fue en marzo pasado, cuando la Comisión desarrolló un periodo de sesiones similar al de ahora. Los organiza dos veces al año.
Entonces, las temáticas fueron libertad de expresión, libertad de asociación, y el ejercicio de los derechos por parte de los defensores de la naturaleza.
La presidenta del organismo, Tracy Robinson, argumentó que el Estado ecuatoriano debía formalizar su voluntad.
El mandatario Rafael Correa condicionó esto a que EE.UU. ratifique la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Él cuestiona que la sede de la CIDH esté en un país que no ha suscrito tal instrumento, que norma el sistema interamericano, y que también es criticado por Correa en otros aspectos.
A esto se suma la inasistencia del régimen a las audiencias, desde octubre del 2013. Es decir, ha faltado a dos.
El canciller Ricardo Patiño ha dicho que el régimen no tiene por qué explicar sobre “procedimientos internos”.
La semana pasada la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, anticipó que ninguna autoridad judicial acudirá hoy por la presencia de ciertos “políticos”.
Melo y Herrería coincidieron en que esto es negativo para el país porque las audiencias son espacios para que las partes discutan sobre ciertas problemáticas y hallen una solución.
Yuquilema agregó que se ejerce “un lobby” en aras de que el organismo exija cambios al Estado, de ser necesario. Y citó un caso empujado por Inredh desde el 2008, en defensa de las mujeres embarazadas en las cárceles. Dijo que gracias a la intercesión de la CIDH, el Estado asumió compromisos.

viernes, 24 de octubre de 2014

octubre 24, 2014 • Política
Foto: EFE
Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, rechazó el pedido realizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para que el gobierno derogue la ley de Comunicación vigente en Ecuador.
Barriga dijo que aquello era “una insolencia”. “Esta es una falta de respeto para el pueblo ecuatoriano por parte del sindicato de empresarios, una insolencia, que no sabe que fue un mandato popular la aprobación de la ley Orgánica de Comunicación”. Barriga dijo no sentirse sorprendido por las expresiones de la SIP, pero sí cree que “ahora fueron más lejos”. (La República)