martes, 11 de septiembre de 2018

POR: Juan Cuvi

Publicado en la Revista El Observador, junio de 2018, edición 105 

La inercia puede acabar con Moreno
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la inercia equivale a desidia o rutina. Etimológicamente significa falta de disposición. Es decir, pereza o inacción. En física se designa como inercia al estado de reposo o de movimiento lineal de un cuerpo sobre el que no se ejerce ninguna fuerza. Más o menos como el correísmo enquistado en el actual gobierno.

No asistimos a una conspiración en contra  de Moreno, sino a un efecto pasivo. A fin de cuentas, a los correístas no les interesa perjudicar a un régimen que les da empleo. Pero tampoco contribuyen a su éxito. Si no reman en contra, al menos dejan  de  remar. Inercia total.

El mayor problema de Moreno es que su tolerancia, su permisividad, en fin, su impasibilidad, están tocando fondo. Porque a la luz de los actos de corrupción y abuso de poder destapados en los últimos tiempos, la ciudadanía exige respuestas. Sobre todo, los sectores medios, que son particularmente sensibles a estos comportamientos. Pero el Presidente pareciera estar condicionado por algunos compromisos misteriosos.

El caso de la canciller Espinosa es, a no dudarlo, el más emblemático y enigmático. Discípula predilecta de la diplomacia atrabiliaria del  anterior gobierno, ahora resulta premiada con una nominación a presidir la asamblea de la ONU. Es decir, a uno de aquellos organismos multinacionales a los que su anterior jefe denostó en forma sistemática, mientras ella fungía de canciller. ¿Quién carajo entiende estas decisiones del actual Primer Mandatario?

Al parecer, la posibilidad de reconstruir la institucionalidad sigue siendo un mero enunciado, o un seductor imaginario colectivo. Porque fuera de lo que está haciendo el Consejo de Participación transitorio (CPCCS), poco ha hecho el gobierno para sanear la administración  pública. Ahí siguen enchufados cuadros del correísmo que, por elemental sentido de la decencia, ya debían haber renunciado. Más aún luego de las categóricas declaraciones  de Julio César Trujillo en el sentido de que en todos los lugares y a todo nivel campeaba la corrupción.

El amplio respaldo ciudadano a las decisiones del CPCCS transitorio configuran un escenario inmejorable para transparentar la administración pública. En otras palabras, para darle a la sociedad un mayor control sobre el poder político. Para romper con la inercia de partidos y grupos de poder que medran del inmovilismo institucional.
No solo se trata de generar un proceso más democrático y plural para nombrar a las autoridades de control del Estado. Hay que reactivar y darle salida a ese impulso participativo que  tantas veces ha interpelado al sistema político. Si el poder tiene miedo a la sociedad, no hay más opción que estar con la sociedad. 

La destrucción del tejido social que propició el correato es una deuda que no se puede afrontar desde la apatía. Existen responsables. Quienes lo hicieron buscaban asegurar un esquema de impunidad que impidiera la fiscalización social. No es casual que hoy asistamos al penoso espectáculo de un sistema de corrupción perfectamente montado durante una década de autoritarismo.

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