El ISSFA y los errores de mala fe
"El entonces secretario nacional jurídico, Alexis Mera, dijo que en todo esto la ministra Marcela Aguiñaga había cometido un error de buena fe. Yo pienso al contrario, que la ministra cometió un error de mala fe. Porque una vez que ya estaban firmadas las escrituras, luego de cinco años, ella denuncia el trato al procurador del Estado y dice que ha pagado demás. Ese fue su gran error, al decir que han pagado demás, pero si ya compraron con escrituras y todo. Entonces la Procuraduría acude al avalúo catastral y no al comercial actualizado, que está en la ley, y ese fue el gran problema. Todo este error de mala fe se le devolvió".
23 de noviembre del 2017
REDACCIÓN PLAN V
El sábado 20 de febrero del 2010, en el Enlace Ciudadano 160, desde Sangolquí, Pichincha, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, anunció que su gobierno impulsaría el plan Guayaquil Ecológico, el cual incluía la Isla Santay y los terrenos del Issfa (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas). "Creo que valen 80 millones esos terrenos, y el Issfa con ese dinero podrá adquirir terrenos en otro lugar para construcción de vivienda de nuestros soldados", dijo el primer mandatario.
Con esa frase empezaría un problema mayúsculo, que ha durado ya siete años, y que significó la caída de dos cúpulas militares, y, finalmente, una glosa por USD 41 millones de dólares en contra de la exministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, —actual asambleísta del lado correísta de Alianza Pais— y del contralmirante José Noritz Romero, director del Issfa en ese momento.
La ahora asambleísta Marcela Aguiñaga ha defendido sus gestiones al frente del Ministerio de Ambiente.
Fue precisamente este alto mando de la Armada Nacional, cuando ejercía esas funciones, quien dos días después del anuncio de Correa, dirigió, el 22 de febrero, una comunicación oficial al entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Fabián Varela. En este oficio comunicaba al general y a los comandantes de Fuerza de las Fuerzas Armadas, que informaba sobre lo dicho por el Presidente, citando una nota de El Universo en la cual Correa había señalado, además, que estos terrenos del Issfa "serán expropiados".
"Esta situación, como usted comprenderá mi General, ha despertado una profunda preocupación en el Issfa, ya que está previsto desarrollar 16.000 unidades de vivienda, lo cual nos da un número de 80.000 personas que se beneficiarían".
"Esta situación, como usted comprenderá mi General, ha despertado una profunda preocupación en el Issfa, ya que está previsto desarrollar 16.000 unidades de vivienda, lo cual nos da un número de 80.000 personas que se beneficiarían de este gran proyecto, en el que se contemplan 39 hectáreas para parques ecológicos; adicionalmente generaría una utilidad superior a los USD 600 millones, con lo cual se cubrirían el déficit actuarial que tienen los seguros de Retiro, Invalidez y Muerte (RIM)".
La carta pedía que el general Varela interceda ante el ministro de Defensa y el presidente de la República, para "evitar esta afectación" y pedía que el tema sea tratado de urgencia en el seno del Comando Conjunto.
El 30 de marzo de ese año, el ministerio del Ambiente publicó el Acuerdo Ministerial 048, en el cual se declaró como Patrimonio Natural de Áreas Protegidas al Área de Recreación Los Samanes, con 379,79 hectáreas. Dentro de esta área estaban las 220 hectáreas que pertenecían al Issfa, las cuales serían expropiadas, según había anunciado Correa.
Pero los militares se movieron y generaron una serie de reuniones entre Defensa y Ambiente para resolver un tema: esos terrenos pertenecían al seguro militar y no podían ser objeto de expropiación por prohibición constitucional; pero sí podía llegarse a un acuerdo económico que beneficiase a las partes. El acuerdo fue que el Issfa vendería los terrenos al Estado ecuatoriano y Ambiente, el 24 de junio de ese año, hizo llegar a Defensa el pedido formal de la firma de un convenio, con el Issfa, de la compra-venta de los "predios al interior del área protegida, en base al avalúo de la DINAC (Dirección Nacional de Avalúos y Catastros)".
Sede central del Issfa, en el centro norte de la capital.
Firmaron la autorización: Javier Ponce; los generales en servicio activo Luis González, Leonardo Barreiro, Patricio Cárdenas; el contralmirante Allan Molestina, y los militares en servicio pasivo: capitán de navío Jaime Guerra y SUBM. Edwin Corella, así como el contralmirante Noritz.
El 4 de agosto, el Issfa conformó una comisión especial que determinó las compensaciones monetarias y en especie que el gobierno podía otorgar al Instituto, "como aporte por los terrenos de su propiedad, que se utilizarán en el parque ecológico de Guayaquil".
En una nueva carta, el 19 de agosto, la ministra Aguiñaga pedía, en el mismo oficio una respuesta urgente, de no más de 15 días, para la propuesta de compra-venta de esos terrenos, y de no hacerlo advirtió con aplicar el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.
Doce días después, el ministro de Defensa, Javier Ponce, dirigió un oficio —con sello de urgente—al contralmirante Noritz, en el cual le replica la advertencia de Aguiñaga y le dice que "dada la importancia del proyecto ecológico para Guayaquil, y en resguardo de los intereses del Issfa, en mi calidad de Presidente del Directorio de esa entidad de seguridad social, agradeceré disponer se convoque de forma prioritaria y urgente a una sesión para resolver exclusivamente (sic) sobre la propuesta del ministerio del Ambiente".
El director del Issfa convocó a los miembros del Consejo Directivo para el 6 de septiembre a las 8H30. Ese día, el directorio delegó al contralmirante Noritz "la ejecución de todos los procedimientos administrativos legales pertinentes y necesarios para la transferencia de dominio del inmueble, cuya venta se autoriza, a favor del Ministerio del Ambiente". Firman la autorización: Javier Ponce; los generales en servicio activo Luis González, Leonardo Barreiro, Patricio Cárdenas; el contralmirante Allan Molestina, y los militares en servicio pasivo: capitán de navío Jaime Guerra y SUBM. Edwin Corella, así como el contralmirante Noritz.
Firmado el contrato de compra-venta, el Ministerio del Ambiente había de comprar esos terrenos en USD 41 millones, de acuerdo a la valoración de la Dinac. Cinco años después, cuando la crisis económica arreciaba para el gobierno, la ministra denunció ante el Procurador que se había pagado demás por esos terrenos, ya que se hizo con el avalúo de la Dinac y no con el avalúo del Municipio de Guayaquil, el cual tenía una diferencia nada menos que de 34 millones de dólares, que se habrían pagado demás. El Procurador le dio la razón a la ministra y eso desató una crisis política, pues los altos mandos militares se opusieron públicamente a la decisión y el presidente ordenó su destitución, en uno de los casos vía Twitter. También se ordenó desde la Presidencia que se descuente de las arcas del Issfa la cantidad de USD 41 millones, orden que no fue acatada finalmente por las connotaciones legales que esta decisión tenía sobre el ministro de Finanzas. http://www.planv.com.ec/historias/politica/la-polemica-venta-que-provoco...
En el 2016, la Contraloría glosó a Marcela Aguiñaga y José Noritz, y a otros seis funcionarios más por esa negociación. Noritz fue el único del Issfa que fue señalado por el organismo de control. Él alto oficial reclama por el hecho pero además cuestiona que ningún miembro del directorio que tomó la decisión, y lo delegó a vender el predio, conste en el informe final del contralor.
TESTIMONIO
Vicealmirante Noritz:
"Lo de Marcela Aguiñaga fue un error de mala fe"
"Lo de Marcela Aguiñaga fue un error de mala fe"
Contralmirante José Noritz, ex titular del Issfa.
"No estoy de acuerdo con la predeterminación de responsabilidad administrativa que me llegó, desde la Contraloría, el 10 de mayo del 2016, y la glosa del mismo día, porque contestamos con abundante documentación para el desistimiento de esta predeterminación. Mi abogado en este tema es el abogado León Roldós Aguilera. Me llamó la atención que la semana pasada me hayan notificado de una responsabilidad civil, con fecha 26 de octubre del 2107, en unas 35 hojas.
"Yo fui delegado por el directorio del ISSFA a la firma de este convenio. Previamente se siguieron todos los pasos: la ministra Aguiñaga envió un oficio al ministro Ponce, con fecha 19 de agosto del 2010 y le dice que "hemos decidido la adquisición de este bien" y le pide que cite de inmediato al Consejo Directivo del ISSFA para que se legalice esta compra, y que si no lo hace aplicarían de inmediato el artículo 58 de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública. Tipo amenaza. Esto era declarar bien público, pero no lo podían hacer porque la constitución es muy clara, que dice: ningún bien de la seguridad social puede declararse de utilidad pública, excepto casos emergentes, cuando atraviesa una vía, una avenida... En todo caso, esa comunicación de la ministra Aguiñaga llega al ministro de Defensa, el ministro me lo remite como director del ISSFA, con una comunicación que dice: remito oficio de la ministra Aguiñaga, por lo que pido que cite, con el carácter de urgente, al Consejo Directivo, y si no se aplicará el artículo 58 de la Ley Orgánica.
"Cité a los miembros del Directorio y a las autoridades del ISSFA. En esa reunión, lógicamente se toma la decisión de la venta, mediante una Resolución, que también la tengo, firmada por todos los miembros, que en su tercer artículo dice: delégase al Director del ISSFA la ejecución de los procedimientos para la firma de la escritura del bien, y encárgase de esta resolución al director del Issfa. Procedí conforme a lo ordenado, porque así lo dicen las normas. Entonces se vendió esto a la conveniencia de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros.
Siempre, los ministros Aguiñaga y Ponce nos dijeron que si no les vendíamos los terrenos aplicarían el artículo 58, este habla de declarar un bien de interés social o público.
"Siempre, los ministros Aguiñaga y Ponce nos dijeron que si no les vendíamos los terrenos aplicarían el artículo 58, este habla de declarar un bien de interés social o público, pero eso no lo podían hacer por ser un bien de la seguridad social. Todos los abogados conocen que el 58 decía en el 2010, que la Dirección de Avalúos y Catastros del municipio donde estén dichos bienes, considerará los "precios comerciales actualizados de la zona". Pienso que no había buenas relaciones entre el gobierno y la Alcaldía de Guayaquil, que la ministra tuvo la seguridad que el avalúo de la Dinac era el precio conveniente. Con el oficio 267, del 20 de agosto del 2010, la Senplades informo al ministerio del Ambiente, que para la expropiación del terreno Los Samanes están asignados 50 millones de dólares. Entonces cuando ellos hacen el avalúo y les sale 43 millones más el 10% que permite la ley, sale en 48 millones y dicen que están dentro de lo que dice el presupuesto. Pienso que si se hace lo que dice la ley, un avalúo actualizado comercial de la zona salía mucho más caro. En ese momento ese avalúo en el sector era de 40 dólares el metro y el Issfa nos pagó a 21,90 dólares el metro: por 220 hectáreas. el avalúo catastral decía a 2,95 dólares el metro, lo cual es una barbaridad. Diez años antes le habíamos vendido al municipio, en ese mismo sector, 21 hectáreas a 4,80 el metro, sin que exista la avenida Terminar Terrestre Pascuales. El avalúo catastral es estrictamente para pago de impuestos. Por eso es bajo.
"Nosotros como Issfa compramos esos terrenos y pagamos 21 millones de dólares. El ministerio de Defensa nos descontó unos valores, porque no podían pagar a la seguridad social. Luego compramos otra franja de terrenos para ampliar para hacer un gran proyecto de vivienda. Y años después viene el avalúo catastral y nos dice que valen algo más de seis millones de dólares.
"El propio presidente Correa, en un Enlace Ciudadano en el 2010 anuncia la compra de esos terrenos del Issfa y que valían 80 millones. Es claro que él tenía el avalúo comercial, no el catastral. Era un precio racional.
El entonces secretario nacional jurídico, Alexis Mera, dijo que en todo esto la ministra Aguiñaga había cometido un error de buena fe. Yo pienso al contrario, que la ministra cometió un error de mala fe.
"El entonces secretario nacional jurídico, Alexis Mera, dijo que en todo esto la ministra Aguiñaga había cometido un error de buena fe. Yo pienso al contrario, que la ministra cometió un error de mala fe. Porque una vez que ya estaban firmadas las escrituras, luego de cinco años, ella denuncia el trato al procurador del Estado y dice que ha pagado demás. Ese fue su gran error, al decir que han pagado demás, pero si ya compraron con escrituras y todo. Entonces la Procuraduría acude al avalúo catastral y no al comercial actualizado, que está en la ley, y ese fue el gran problema. Todo este error de mala fe se le devolvió.
"Nosotros hemos desistido ya del proyecto que queríamos hacer. Fuerzas Armadas tienen un déficit de diez mil viviendas en Guayaquil. Tengo las estadísticas porque como director hice un diagnóstico. La población que atiende el Issfa es de 80 mil personas entre activos y pasivos, pero en Guayaquil y alrededores vive un tercio de las Fuerzas Armadas. Queríamos atender eso.
"Ahora estoy en el gran problema que por haber cumplido la orden del Consejo Directivo, el único que por el Issfa está señalado por la Contraloría soy yo. ¿Quién firma la escritura? La viceministra de Ambiente, Borbor, por delegación de la ministra Aguiñaga. De nuestro lado, la escritura la firmo yo, como delegado del Consejo Directivo, que preside Javier Ponce, pero el ex ministro, quien me delegó, no aparece por ningún lado. Algo extraño es esto que quien aparece por el Issfa soy solo yo.
"Hay algunas cosas que van al ámbito político que legal. Creo que hay un escritura, un documento firmado por las partes, y en Derecho, las cosas se deshacen como se hacen. El Issfa puede devolver el dinero, claro, pero únicamente si lo ordena un juez. Así podemos ser parte actuante. Un juez puede decidir que se pagó demás por esos terrenos, pero también puede decir que no pagaron según el avalúo comercial y entonces cuestan el doble, y el Estado deberá pagar la diferencia.
Soy un oficial de Fuerzas Armadas y he seguido la problemática de estos últimos diez años. Pienso que el gran problema nacional de esta década ha sido el no respeto a las instituciones.
"Los ocho funcionarios que estamos señalados por la Contraloría, se nos ha confirmado la glosa. Aquí nos quedan dos pendientes en lo judicial. Yo presentaré un recurso de revisión a Contraloría, debo de hacerlo dentro de los 60 días a la fecha en que se firmó el informe, que fue el 26 de octubre del 2017. Y lo segundo que haré, cuando ya me constaté al recurso, iré al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la segunda instancia.
"Soy un oficial de Fuerzas Armadas y he seguido la problemática de estos últimos diez años. Pienso que el gran problema nacional de esta década ha sido el no respeto a las instituciones. Comencemos por las fundamentales, que son Asamblea, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Fuerzas Armadas, institutos de seguridad social, universidades... Se dio todo el irrespeto a las instituciones porque se ha hecho lo que se ha querido. Se han amoldado las leyes para que les den el trámite de acuerdo a la conveniencia política. Recuperar ese respeto a las instituciones, recuperar la institucionalidad nos va a demorar siquiera unos dos periodos presidenciales. Retornemos a la famosa "noche neoliberal", al menos había respeto institucional; el contralor era una persona decente, de trayectoria, los miembros de la Corte eran muy respetables, las Fuerzas Armadas tenían su respeto; quienes ahora están en el mando militar son oficiales muy jóvenes, generales y contralmirantes recién ascendidos, se perdió esa jerarquización donde la experiencia y el conocimiento les da sabiduría para dirigir las instituciones. En el IESS pasa de igual forma, los trabajadores, que son los dueños, no toman las decisiones. Hay que recuperar toda la institucionalidad del país, pero va a ser muy difícil". PLAN V
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