El análisis
de reporteros sin fronteras sobre la situación de la prensa
Amenazas de
las autoridades nacionales y locales, juicios, pedidos de rectificación
constantes, cadenas de descrédito, uso de medios para descalificar..., son los
ecos de la Ley de Comunicación.
“Periodistas
ecuatorianos bajo presión, un año después de la aprobación de la Ley de
Comunicación”, dice el informe de Reporteros Sin Fronteras. Este es el balance
de esa organización.
”En un
inicio, esta ley fue creada para democratizar el espacio mediático ecuatoriano.
La nueva legislación también buscaba ofrecer un nuevo marco técnico de
regulación de los medios de comunicación, así como definir el oficio de
informar –objetivo con el que no estaba de acuerdo nuestra organización–. Si
bien el texto incluye algunos puntos favorables para la libertad de
información, las autoridades no han implementado las medidas necesarias para
que estos se concreten. En cambio, los aspectos de la ley que preocupaban a
nuestra organización cuando la legislación fue votada en la Asamblea..., han
sido ilustrados con numerosos ejemplos desde que se estableció el reglamento de
la ley...
RSF ha
registrado 66 agresiones a periodistas y medios de comunicación entre junio de
2013 y junio de 2014, entre ellas: 18 rectificaciones forzadas, 16 campañas de
desprestigio contra periodistas, la mayoría de ellas llevadas a cabo por
televisión y directamente por el presidente Rafael Correa a través de cadenas y
9 casos de censura directa. (...)
Durante el
proceso de aprobación de la ley, Reporteros sin Fronteras alabó ciertos
aspectos: la ley prohíbe toda forma de censura previa..., garantiza el derecho
de los periodistas a mantener el secreto profesional y establece el principio
de equidad en la concesión de frecuencias de radio y televisión. (...)
Desafortunadamente, esta disposición no se ha hecho efectiva y sigue existiendo
una gran desigualdad en la atribución de frecuencias: cerca de 78% de ellas
pertenece a los medios de comunicación privados, 20% a los públicos y solo 1% a
los medios comunitarios, según cifras de la Secretaría de Comunicación
(Secom)...
Por otra
parte, Reporteros sin Fronteras había expresado sus preocupaciones respecto al
artículo 22, según el cual 'todas las personas tienen derecho a que la
información de relevancia pública que reciben a través de los medios de
comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada'. Nos
preguntamos cuáles serán los criterios empleados para determinar el valor de la
información. En sí, los principios son buenos, pero al inscribirlos en la ley
se corre el riesgo de exponer a los periodistas a la subjetividad de un juez o
de la Supercom.
El derecho
de rectificación, una censura asumida. (...) La Ley Orgánica de Comunicación
prevé un control de la información imponiendo la obligación de rectificar
contenidos que hayan sido objetados: 'todas las personas tienen derecho a que
los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre
ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan
deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información'
(art. 23). Esta cláusula liberticida fue aplicada por primera vez en febrero de
2014, cuando se obligó al caricaturista Xavier Bonilla, (Bonil) acusado de
'difamar' al Gobierno, a 'rectificar' una de sus caricaturas –sobre un
allanamiento realizado por las fuerzas del orden en el domicilio de Fernando
Villavicencio (...) publicada en el diario El Universo en diciembre de 2013.
El periódico
fue condenado a pagar una multa de 2% de sus ingresos en los últimos tres meses
por haber publicado la caricatura...
En un abuso
de poder, muchas de estas rectificaciones pueden ir más allá de la simple
solicitud de clarificar o precisar una información, deshaciendo el texto
inicial e imponiendo una versión censurada. (...)
Además del
control de la información que permite el artículo 23, el artículo 28, relativo
a las copias de programas o impresos, da a la Supercom el derecho de vigilar
los contenidos de los medios de comunicación al imponerles la obligación de
proporcionar una copia de sus programas: 'toda persona que se sienta afectada
por informaciones de un medio de comunicación, podrá solicitar fundadamente
copias de los programas o publicaciones'. El 4 de abril de 2014, Verónica
Zurita Castro, alcaldesa de Santo Domingo de las Tsáchilas, recurrió a la
Supercom para acusar a la radio Súper W de incumplimiento de la ley porque la
estación se negó a entregarle las grabaciones de uno de sus programas. La
Supercom sancionó a la radio con una multa de $1 360. Un mes después, la
alcaldesa presentó una nueva demanda ante la Supercom contra otra estación
local, Radio Megaestación de Santo Domingo de las Tsáchilas, por no haberle
entregado copias de grabaciones de algunos de sus programas. El procurador
síndico, Juan Carlos Mariño Bustamante, se unió a la demanda de la alcaldesa.
La Supercom dio de nuevo razón a los funcionarios e impuso a la Radio
Megaestación una multa equivalente a $1 360. Estas sanciones repetidas ilustran
la postura del Poder Ejecutivo respecto al contenido de los medios de
comunicación: las radios Súper W y Megaestación no fueron condenadas por haber
difundido información falsa sino por no haber rendido cuentas a la Supercom
respecto a la petición de los dos funcionarios.
Bajo la losa
que constituye la amenaza de la censura a través de la obligación de
rectificar, los periodistas ecuatorianos no tienen otra opción que ceder a las
exigencias del Gobierno, de los medios de comunicación y de las autoridades
locales. En su edición del 20 de mayo de 2014, el noticiero de Ecuavisa puso en
evidencia esta obligación de autocensura al presentar un tema con una prudencia
excesiva: 'En vista de que no se presentaron evidencias de la denuncia y de que
tampoco podemos tener acceso al lugar, ni logramos una respuesta de la empresa
minera nacional, nos abstenemos de informar sobre estas denuncias para dar
cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación'. Fue así como el conductor del
programa se refirió a una denuncia de violación de los derechos civiles en la
región de Íntag, en la que se acusaba a las autoridades locales y a una empresa
de explotación minera.
La
autocensura. En medio de un clima hostil, la autocensura es una de las
realidades más alarmantes: las líneas editoriales de los diarios –incluso de
los independientes–, se doblegan ante el efecto disuasivo de los procesos
penales que los amenazan a la mínima crítica. Desde luego, se aplica la
autocensura. . (...)
El clima
hostil que enfrenta la libertad de prensa no sólo puede atribuirse a la
Supercom. La amenaza constante de sanciones a periodistas y medios de
comunicación proviene de diversas autoridades e instancias judiciales. El 4 de
octubre de 2013 la abogada y exjueza Ivonne Boada Ortiz logró que el Juzgado
Tercero de Garantías Penales de Esmeraldas aceptara una demanda contra la
dirección y una parte del equipo de la redacción del diario El Universo. El 19
de abril de 2013 el periódico publicó una nota en la que mencionaba
declaraciones del ministro del Interior, José Serrano, en las que acusaba a la
exjueza de haber sido sobornada por un narcotraficante. Boada Ortiz consideró
que la nota lesionaba su 'buena fama, prestigio e imagen', por lo que exigió a
El Universo una indemnización por daños y perjuicios de 20 millones. (...)
Reporteros
sin Fronteras denuncia la voluntad declarada del Gobierno de controlar la
información y de asfixiar ciertas voces contestatarias. Los buenos principios
subrayados por nuestra organización en junio de 2013 no constituyen un
contrapeso frente a los abusos registrados (...).
Ecuador se
encuentra actualmente en el lugar 95 en la Clasificación Mundial de la Libertad
de Prensa. Respecto a 2013, el país avanzó 25 lugares, lo que algunos atribuyen
a la Ley Orgánica de Comunicación, pero esto se debe sobre todo a que en 2013
no se registraron casos de asesinato de periodistas relacionados con su
profesión y a que numerosos países cayeron en la clasificación, lo que
automáticamente hizo subir a Ecuador. Recordamos que la edición 2014 de la
Clasificación, publicada en febrero pasado, es retroactiva y toma en cuenta el
período entre octubre de 2012 y noviembre de 2013, por lo que las agresiones
mencionadas afectarán la edición 2015”.
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