Los hechos no necesitan calificativos. Pero, al unir hechos
se pueden sacar conclusiones. por ejemplo, al unir las decenas de
procesamientos a medios, el montaje de sistemas de vigilancia a medios 24/7 a
cargo de empresas privadas.
La contratación de consultorías con supuestos “expertos” para
completar la vigilancia a los medios y el montaje de observatorios estatales
para ofrecer los parámetros supuestamente técnicos para refinar la persecución
en contra de medios y periodistas. Y con todos estos hechos, podemos decir que
a un año de su vigencia la Ley de Comunicación superó con creces las peores
expectativas y se ha convertido en un verdadera masacre de la libertad de
expresión. Una vez dejemos hablar a los hechos.
El 20 de mayo de 2014, Ecuavisa, en la edición nocturna de su
noticiero, decidió abstenerse de informar sobre denuncias de restricciones a
los derechos civiles en una comunidad ubicada en la provincia de Imbabura, al
norte del país, para cumplir con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El presentador
del informativo, Alfonso Espinosa de los Monteros anunció así la decisión del
medio de comunicación: “La Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos denunció
una supuesta restricción de derechos civiles por parte de autoridades a los
habitantes del sector de Íntag, provincia de Imbabura, en donde la Empresa
Nacional Minera desarrolla un proyecto de exploración de cobre. En vista de que
no se presentaron evidencias de la denuncia y de que tampoco podemos tener
acceso al lugar, ni logramos una respuesta de la empresa minera nacional, nos
abstenemos de informar sobre estas denuncias para dar cumplimiento a la Ley
Orgánica de Comunicación”. ¿Pede haber ejemplo más explícito de la autocensura?
El presidente Rafael Correa, en su Enlace Ciudadano N° 374 del
17 de mayo reclamó la falta de cobertura
que dieron los medios a su visita a Chile y pidió a sus partidarios que actúen.
El cumplimiento a la orden presidencial no se hizo esperar y el 4 de junio de
2014, la Supercom admitió a trámite la primera denuncia presentada por Carlos
Vera Quintana -coordinador de un “Observatorio de Comunicación y Derechos y
Fundación Pensar Crítico”- en contra de La Hora, El Universo, El Comercio y
HOY. Su argumento fue la falta de información “suficiente” sobre la visita del
presidente Correa al país del cono sur. Dicha denuncia también se fundamentó en
el artículo 18 de la LOC que establece, entre otros puntos que “la omisión
deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye
un acto de censura previa”.
Alguna organización internacional, que en algún momento de
los años ochentas y noventas jugó un papel destacado en la defensa de la
democracia y los Derechos Humanos en América Latina, ha llegado a plantear un
“debate entre dos modelos de libertad de expresión: el liberal y el
democratizador.
En realidad, plantear tal debate es una falacia. No existen
dos modelos de libertades o de derechos humanos: el modelo anglosajón o liberal
y el modelo de los países del sur o democratizador. Tal cosa solo la sostienen los gobiernos que
irrespetan o abiertamente violan los derechos humanos con el fin de justificar
sus acciones.
Los únicos modelos en pugna es el respeto a los derechos y
libertades fundamentales o la censura y la restricción directa o sofisticada de
tales derechos.
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