La audiencia para conocer la resolución judicial sobre el pedido de la Fiscalía General del Estado de prisión preventiva en contra de Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reinstaló este domingo 6 de septiembre, a las 09:00.
Fiscalía la investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por hechos ocurridos entre 2018 y 2025. Pidió esa medida cautelar para garantizar su presencia en el desarrollo del proceso. La formulación de cargos ocurrió el pasado miércoles 2 de septiembre.
Días atrás, sin embargo, la funcionaria calificó el caso como una calumnia. En esa ocasión manifestó que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía para que se esclarezcan los hechos investigados.
Johana Núñez llegó a la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas en 2019 y fue reelegida para un segundo periodo en las elecciones seccionales de 2023. En su segunda candidatura contó con el respaldo de la Revolución Ciudadana.
Argumentos judiciales
La jueza Anticorrupción Mabel Tapia Rosero aceptó el pedido fiscal, ordenó la prisión preventiva de la prefecta y dispuso a la Policía para que sea ubicada y detenida. Adujo, por ejemplo, que se debe resguardar el proceso investigativo frente a ocultamiento de activos.
Esto tras haber analizado documentación presentada por organismos de control, a través de elementos de convicción de Fiscalía, como movimientos financieros, adquisición de bienes, declaraciones patrimoniales.
El caso empezó con una denuncia anónima que ingresó al buzón de transparencia de la Fiscalía el 5 de junio de 2026 mediante la cual se puso en conocimiento presuntos hechos de corrupción relacionados con el manejo de fondos y recursos públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Agregó que presuntamente ha generado un patrimonio injustificado con miembros de su familia.
Ingresos patrimoniales en 3 años
Tapia indicó que de las declaraciones patrimoniales juradas ante la Contraloría General del Estado registra un incremento de $3'667.908 en un periodo de alrededor de tres años. Al inicio de gestión como prefecta, el 15 de mayo de 2019, el patrimonio era de $1'302.150, y en la declaración de 30 de junio de 2022 ascendió a $4'970.058.
En tanto los ingresos formales tomando como referencia el IESS percibidos durante el periodo analizado ascienden a $423.256, 90 por remuneración más un depósito recibido de $2.000, con lo que suman $425.256,90, cifra que, sostuvo la jueza, es notoriamente insuficiente frente al incremento patrimonial.
Además un RUC de Núñez se encuentra en suspensión definitiva por actividades privadas y la Superintendencia de Compañías certificó que no existía registro de participación societaria ni control sobre alguna compañía registrada a su nombre.
Pericia contable y financiera
La jueza señaló que durante la audiencia, la defensa de la autoridad provincial, mencionó que el enriquecimiento ilícito solo puede establecerse mediante una pericia contable y financiera integral, pero descartó ese argumento en este momento procesal.
La funcionaria siguió la audiencia vía telemática. (JGP)
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