El escándalo por el fraude en la graduación de la esposa de Noboa no es un simple desliz administrativo: es la radiografía descarnada de la crisis jurídica y ética que corroe a Ecuador, con la educación superior como epicentro del desastre. El repliegue del Estado ha sido total. Ya no hay regulaciones serias, ni monitoreos, ni evaluaciones reales de calidad; el sistema navega sin capitán, a la deriva, mientras los controles se desvanecen.
En ese vacío florece un segundo tumor: la educación convertida en vil mercancía. Un negocio donde lo que se vende no es conocimiento, sino un cartón. La lógica comercial lo devora todo, y las universidades operan como fábricas de títulos a la carta, sin pudor ni consecuencia.
La tercera arista exhibe algo aún más corrosivo: el desprecio absoluto por la ley. No es torpeza, es desdén. El gobierno de Noboa y su círculo íntimo se burlan de las normas, escupen sobre los procedimientos y pisotean la institucionalidad con una sonrisa cínica en el rostro. La regla es para los otros; para ellos, la impunidad como privilegio de casta.
Cuarto: este fraude pone al descubierto a una sociedad anestesiada, intelectualmente perezosa, que confunde verdades con bulos según la conveniencia. Antaño, personajes de otro espectro político fueron linchados con acusaciones de fraudes académicos jamás probados. Muchos de aquellos procesos fueron legítimos, pero sucumbieron ante campañas de odio orquestadas —con singular entusiasmo— por los mismos que hoy aplauden al oficialismo. La hipocresía es monumental.
Y finalmente, el mensaje que se le escupe a la juventud es devastador: el esfuerzo honesto no importa, el rigor académico es decorativo, el conocimiento es accesorio. El título se erige como un fetiche vacío, un fin en sí mismo cuyo valor real se desploma porque el proceso detrás es una farsa.
Esto es grave, profundamente grave. Tanto que el caso ya no debería quedarse en el terreno del escándalo mediático. Lo que aquí está en evidencia pública es el cometimiento flagrante de delitos. La acción legal contra las instituciones y los responsables no es una opción; es una obligación urgente e ineludible
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