Cuando un gobierno empieza a prohibir el uso de buses para movilizaciones, no lo hace por temor al tráfico, sino por miedo a la organización popular.
Resulta revelador cómo se amenaza con sanciones a quienes faciliten transporte para protestas, pero no se aplica el mismo rigor cuando se movilizan servidores públicos o simpatizantes oficialistas para llenar los plantones de Daniel Noboa. Ahí, la normativa desaparece como por arte de poder.
Esta doble vara evidencia un Estado más preocupado por controlar la calle que por escucharla, más atento a reprimir la expresión ciudadana que a garantizar derechos. Y cuando las instituciones se utilizan para frenar la protesta en lugar de protegerla, se cruzan líneas peligrosas para cualquier democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario