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Destituyen a juez de Guayas que benefició al exasambleísta Pablo Muentes: hubo intercambio de mensajes

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó, este jueves 21 de agosto, al juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, José Daniel Poveda Araus, quien, a través de un fallo irregular, benefició al exasambleísta Pablo Muentes, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Purga.

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Dentro de esta causa se presentó un peritaje que evidenció que, previo a emitir la sentencia, Muentes y el juez destituido intercambiaron llamadas y mensajes de texto para coordinar la extinción de una obligación que el exparlamentario mantenía en el sistema financiero nacional.

Una investigación de Fiscalía determinó que Pablo Muentes y su cónyuge adquirieron préstamos del Banco del Pacífico que nunca pagaron. En 2020, ambos presentaron una acción de habeas data en contra de esa institución financiera, presentando notas de crédito falsas para justificar el pago de sus deudas.

Se descubrió que la red de corrupción –manipulando los procesos judiciales en la Corte de Guayas– consiguió para ellos la indemnización casi cuatro millones de dólares.

El CJ también concluyó que, al beneficiar a miembros de organizaciones delictivas, el magistrado Poveda puso en tela de duda la imparcialidad y honestidad con la que debía actuar en cumplimiento de sus funciones.

Adicionalmente, el servidor judicial no informó a la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura que había personas que se acercaron para solicitarle favores o entregarle dinero a cambio de decisiones judiciales.

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Con toda esta información, en el sistema judicial se formularon cargos contra el juzgador. Además, se emitió el auto de llamamiento a juicio, pero el funcionario se encuentra prófugo.

Mientras que, Muentes fue condenado a trece años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada, en calidad de líder de la estructura de delincuencia organizada en el Caso Purga.

En este marco, el Consejo de la Judicatura ratificó su compromiso de "velar por la transparencia y la probidad en la Función Judicial".

Por último, recordó que la independencia y la imparcialidad son principios fundamentales que se deben resguardar en todo proceso, con el fin de garantizar la confianza ciudadana en la justicia.