20 de Septiembre del 2023
El próximo 10 de octubre cerrará la instrucción fiscal en el proceso que la Fiscalía sigue por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio contra 13 sospechosos. Los detenidos se encuentran en distintas cárceles del país e incluso han sido trasladados por su seguridad. Mientras eso ocurre, la Fiscalía continúa con las pericias para sustentar su acusación contra los supuestos autores materiales del crimen que ocurrió el pasado 9 de agosto.
En la última semana, la jueza de la causa autorizó dos solicitudes del Ministerio Público. La primera tiene que ver con la obtención de muestras de sangre de Óscar Andrés F.F, José Leonardo M.C., Alexandra Elizabeth C.F., Laura Dayanara C.V., Víctor Alfonso F., Erick Marcelo R.P. y Carlos Edwin A.L. La Policía detuvo a los siete el pasado 8 de septiembre, a casi un mes del ataque contra Villavicencio. La Fiscalía los vinculó al proceso y se sumaron a otros seis que fueron arrestados un día después del asesinato. El objetivo es realizarles un examen de ADN y cotejarlo con los indicios recogidos durante la investigación.
La segunda pericia que el magistrado aprobó, el pasado 14 de septiembre, fue la audiencia privada para la apertura, exhibición, extracción y análisis de la información de cinco teléfonos recogidos en este último operativo, de los cuales dos tienen su pantalla rota. Pero no son los únicos celulares, a estos se suman 18 dispositivos (14 celulares, tres tablets y un drone) que fueron hallados en los primeros allanamientos del 9 de agosto. El 16 de agosto, la jueza autorizó también la extracción de sus datos en una audiencia privada.
Los móviles son piezas claves. Una fuente que conoció sobre el avance de estas investigaciones y prefirió su reserva, dijo que cuando la Policía hizo los primeros allanamientos, el mismo día del asesinato, encontraron teléfonos metidos en frascos con ácido, pero por la rápida reacción de los agentes se pudo recuperar un buen número de celulares.
Para el segundo operativo, del 8 de septiembre, y la vinculación de los nuevos siete involucrados, la Fiscalía presentó como evidencias el teléfono que perteneció a Jhojan David Castillo López, uno de los sicarios que disparó contra la camioneta donde se subió Villavicencio y que murió momentos después por las heridas. También interceptaciones telefónicas de Alexandra Elizabeth C.F. y un análisis de sus llamadas entrantes y salientes.
Un video enviado a través de WhatsApp por la mañana del día del asesinato y mensajes entre dos números son parte de los elementos que tiene la Fiscalía. En este último caso, uno de esos textos fue enviado desde un número que tiene como código de área Chicago, EEUU, y registrado bajo el nombre de contacto Inv1.
Christian Zurita, periodista y amigo de Villavicencio, explicó que aunque el proceso está en instrucción fiscal y es público, existen partes de ese expediente que son reservadas, por ejemplo, lo relacionado a la explotación de los celulares incautados.
El también excandidato presidencial, que reemplazó a Villavicencio, afirmó que en el gran complot que terminó con la vida de su amigo pudo haber entre tres y cuatro jerarquías entre los autores materiales del delito. Pero, ¿a qué organización pertenecen? Esa es una de las preguntas que aún se investiga.
Dos procesados, piezas claves
Laura Dayanara C.V., alias Laura, se ha convertido en el centro de las investigaciones. Su relación con el caso comenzó el pasado 2 de septiembre cuando fue detenida junto a ocho personas por otro delito: delincuencia organizada. Un juez anticorrupción dictó prisión preventiva contra seis de los procesados, incluida alias Laura. Ese fue el desenlace de una investigación que inició el pasado 13 de enero por tráfico de droga y de armas, robo y receptación.
En ese proceso, la mujer es señalada como la líder de esa organización que opera sobre todo en los distritos Eloy Alfaro, Quitumbe y Los Chillos, en Quito. “Su modo de operación es abastecerse de sustancias ilícitas (marihuana y pasta base de cocaína) proporcionadas por el GDO ‘Los Lobos’ para luego almacenarla y posteriormente distribuirla a los sectores detallados, movilizándose en vehículos taxis informales, motocicletas, bicicletas, e inclusive vehículos reportados como robados”, dice el acta de la formulación de cargos de ese caso.
Los Lobos es una de las bandas que se desprendió de Los Choneros, tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o JL. Su relación con el magnicidio aún no está clara, pero en el expediente de alias Laura se menciona la existencia de un parte policial que advierte que ese grupo del sur de Quito es liderado por Los Lobos. Entre sus miembros incluso hay otra mujer con el alias de Loba que se encargaría de la distribución de la droga. ¿Esta banda es parte de Los Lobos o es independiente? Es una de las preguntas que se han planteado los investigadores. Los Lobos es considerada como una organización criminal estratégica que actúa con fuerza y violencia.
Pero la pista que relaciona a alias Laura con el crimen de Villavicencio salió de los videos de las cámaras de videovigilancia que existen cerca al coliseo del colegio Anderson. Los agentes observaron que el 8 de agosto, un día antes del asesinato, circuló por esa zona un vehículo blanco tipo Jeep, marca KIA, modelo Sportage, entre las 23:03 y las 23:23.
El día del crimen, el 9 de agosto, alias Laura y otro de sus colaboradores, alias Cholun, fueron vistos en ese mismo auto, en el sur de Quito. Se trasladaban desde el sector de La Ecuatoriana hasta Conocoto. Los custodió dos motocicletas, una de color negro y sin placas y la otra es blanca, de placas ABO88J.
“El 9 de agosto del 2023 se procedió a verificar una información acerca de la muerte del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, donde existiría una presunta participación de la motocicleta de placas ABO88J en dicho evento delictivo; la motocicleta en mención había sido abandonada cerca del lugar de los hechos a las afueras de una panadería”, dicen los registros judiciales.
Alias Laura también fue hallada en compañía de Jhojan David Castillo López cuando este fue detenido el 18 de junio por tenencia de armas, en Guayllabamba. En el vehículo estaban alias Laura y otras dos personas. Ella no fue procesada.
De acuerdo con las investigaciones, hay otro sospechoso relevante. La Fiscalía sostiene que la orden para ejecutar el asesinato habría salido, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono de uno de los procesados que estuvo en la cárcel de Latacunga, el día del crimen.
Se trata de Carlos Edwin A. L., relacionado supuestamente con Los Lobos. En el sistema judicial registra siete procesos judiciales que incluyen tráfico de drogas, armas, robo y receptación. Uno de sus últimos procesos inició el 31 de enero de 2022 cuando fue detenido junto a dos personas más en una casa en La Ecuatoriana, en el sur de Quito. En el inmueble había drogas y armas. Se acogió al procedimiento abreviado y fue condenado a 72 meses de cárcel que los cumplía en Latacunga.
Tras el asesinato de Villavicencio, Carlos Edwin A. L. fue trasladado a la Penitenciaría del Litoral, el 30 de agosto; después a la Cárcel N. 4 de Quito y finalmente al Centro de Privación de Libertad de El Inca, denunció su abogado. Por esa razón, Carlos Edwin A. L. solicitó un hábeas corpus. Según su defensa, se le atribuyó un delito que desconocía. Pero su solicitud fue inadmitida.
El factor Ricardo Vanegas
“¿Dónde está?”, escribió el pasado 27 de agosto, en su cuenta de X, el exasambleísta Ricardo Vanegas en referencia al celular de Fernando Villavicencio. Aseguró que este dispositivo fue entregado a una persona cercana del candidato en la Clínica de la Mujer y que ese momento quedó registrado por una cámara de seguridad. En esa casa de salud fue atendido Villavicencio, pero llegó casi sin signos vitales. Para Vanegas, este celular “es muy importante por la información que tiene”.
Pero, ¿cuál es su interés detrás de ese teléfono? Zurita es claro: “Vanegas y el correísmo lo quieren para saber qué información tiene y con quién Fernando se relacionaba y cruzaba información. Por el teléfono de Fernando no van a llegar a tener entendimiento del crimen. A ellos les interesa la información y las relaciones de Fernando, quien fue el hombre mejor informado de este país”.
“No sé a qué contactos y relaciones se refiere. Cuando nosotros integramos el Frente Parlamentario Anticorrupción hicimos los casos de corrupción que son públicos, los presentamos en la Asamblea Nacional y allí hablamos sobre la narcopolítica. Y presentamos juntos la denuncia en la Fiscalía”, respondió Vanegas. El exasambleísta dice que el celular de Villavicencio podría ayudar a conocer los antecedentes del asesinato e investigar los mensajes amenazantes que pudieron haber existido.
Este es solo uno de los cruces que han tenido Vanegas y Zurita sobre el caso. Vanegas es el abogado de Galo Valencia (tío), Patricia Villavicencio (hermana) y Selva Osorio Villavicencio (sobrina), quienes solicitaron comparecer a la Fiscalía durante la instrucción fiscal que se solicite una Asistencia Penal Internacional a Colombia para que se esclarezca quiénes son los autores intelectuales. Esto a raíz de las declaraciones del general (r) Jorge Luis Vargas, excomandante de la Policía, quien dijo que los colombianos capturados tenían nexos con el narcotráfico.
Según el documento que Vanegas publicó, otro de los pedidos es la extracción de información de los celulares de quienes integraban el buró político de Villavicencio. Es decir, buscan que se revisen los teléfonos de 10 personas, entre ellos el de Zurita, Carlos Figueroa -médico y amigo del excandidato- y de Martha Roldós, activista política. “Solicitamos estas diligencias para establecer datos importantes y quién de ellos llamó a Fernando Villavicencio Valencia e insistió que vaya al evento del Colegio Anderson, así como determina si es que alguno de ellos tuvo algún contacto con los sicarios”, dice el escrito del pasado 5 de septiembre.
Esta fue una reacción a otra carta que publicó Zurita, también en la red X. Es un documento firmado por la madre de Villavicencio, Gloria Valencia, quien desautorizó a Vanegas a dar declaraciones sobre el caso. “Nos ha sorprendido enormemente que usted está utilizando nuestro nombre en beneficio político y personal, lo cual está entorpeciendo el proceso de investigación del asesinato de mi hijo”.
Los pedidos de los familiares de Villavicencio han sido usados de manera política primero por Vanegas y luego José Serrano, exministro del Interior del correísmo, sostuvo Zurita. “El interés de ellos es deslindarse a toda costa del crimen de Fernando. La caída estrepitosa de Luisa González en la primera vuelta está directamente relacionada a que la gente relacionó a la Revolución Ciudadana con el crimen de Fernando. Ellos tratan de lavarse la cara a toda costa de su responsabilidad política. Ellos construyeron un contexto violento contra Fernando y ahora contra otros. A través de Serrano se ha construido este discurso”.
Ahora, Diego Vallejo, exasesor de Serrano, se ha sumado a las versiones que existen sobre el magnicidio. De igual manera publicó en su cuenta de X una solicitud a la Fiscalía para rendir su versión. Vallejo dice que recibió una llamada de personas vinculadas a Serrano, “quienes se presume habrían realizado seguimientos” a Villavicencio.
Cronología del caso
9 de agosto. Hombres armados asesinan al candidato presidencial Fernando Villavicencio en los exteriores del colegio Anderson, en el norte de Quito. Uno de los sicarios, Johan David Castillo López, murió minutos después por las heridas. El crimen y la huida de los atacantes ocurrió en ocho minutos como lo reveló Plan V.
10 de agosto. La Policía detuvo a seis hombres de nacionalidad colombiana. Durante el operativo, algunos sospechosos intentaron fugarse, según el informe de los agentes aprehensores. Ellos son Jhon Gregore Rodríguez Góngora, José Neyder López Hitaz, Andrés Manuel Mosquera Ortiz, Adey Fernando García García y Jules Osmin Castaño Alzate y Camilo Andrés Romero Reyes. Ese día, Construye -el movimiento que impulsó la candidatura de Villavicencio- pidió una veeduría internacional para investigar el caso junto con la Defensoría del Pueblo.
13 de agosto. Llegó una delegación del FBI para apoyar la investigación del crimen. Esto después de que el presidente Guillermo Lasso solicitara su presencia. “He solicitado apoyo al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EEUU aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país”, escribió en la red X.
15 de agosto. Juan Zapata, ministro del Interior, afirmó que una de las armas que se usaron en el asesinato de Villavicencio coincide con una que fue utilizada en un sicariato en una peluquería de Caupicho, en el sur de Quito. Este hecho se registró el 21 de julio pasado y dejó dos víctimas. Esto sucedió 20 días antes del crimen contra el político.
18 de agosto. Zapata informó que se abrieron dos investigaciones administrativas internas en la Policía sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
26 de agosto. Christian Zurita rindió su versión en la Fiscalía dentro de las investigaciones del crimen.
28 de agosto. Zapata aseguró que la Policía tiene listo el informe técnico sobre los protocolos de seguridad que dio la institución al candidato presidencial. El ministro informó que conversarán con la Fiscalía para determinar si ese documento puede ser o no público.
31 de agosto. Los seis sospechosos del crimen fueron trasladados de prisión por su seguridad, informó ese día el general (sp) Wagner Bravo, secretario de Seguridad. Esto ocurrió después de que Inteligencia penitenciaria hiciera un análisis de riesgo de los detenidos. El funcionario no mencionó a qué nueva cárcel ingresaron.
7 y 8 de septiembre. La Fiscalía y la Policía arrestaron a siete personas. Ellos son Óscar Andrés F.F, José Leonardo M.C., Alexandra Elizabeth C.F., Laura Dayanara C.V., Víctor Alfonso F. (colombiano), Erick Marcelo R.P. y Carlos Edwin A.L. Los operativos se ejecutaron en Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo.
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