El observador

 Guangarcucho: La danza de los millones...

POR JAIME CEDILLO FEIJÓO

El proceso de licitación de la obra de la planta de tratamiento de aguas residuales de Guangarcucho para Cuenca, ha puesto en apuros al ejecutivo cantonal en la persona del alcalde Pedro Palacios Ullauri, (que aspira a la reelección,  auto-calificándose como la mejor opción para la ciudad patrimonial); desde varios frentes del Concejo Cantonal se está ejerciendo una fiscalización activa que se ampara en el Art. 58 del COOTAD, que hace referencia a las facultades de los concejales, artículo que los declara responsables ante los mandantes y demás autoridades por las acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, y es que la fiscalización es una acción necesaria y oportuna que tiene que aplicarse sobre
este proceso contractual.

La percepción ciudadana y de ciertos sectores, subraya el silencio y premura incomprensibles del proceso, que cuenta con una difusión casi nula sumada al secretismo frente a información y datos en extremo importantes.

En el marco de la licitación internacional se ha creado la Comisión y Subcomisión de Evaluación, que deben muchas explicaciones. Por su parte, la empresa municipal ETAPA, debería dar a conocer, por ejemplo, por qué se cambió la Comisión Técnica de evaluación de oferta a pocas horas de apertura del proceso; también de la ausencia de un informe con las firmas de responsabilidad en torno a la evaluación de las ofertas, e indicar si ha existido presencia de terceros en reuniones en las que no puede estar presente ni siquiera el gerente general, Rubén Benítez Arias.

 Frente a estas posibles fallas a nivel administrativo y de
procedimientos claramente se habría perdido la independencia y autonomía de la Comisión, al haber solicitado mantener permanentemente informada a la gerencia general de ETAPA, sobre cualquier novedad, sabiendo que las comisiones deben operar con completa libertad y emitir un informe final al ente contratante, sin ningún direccionamiento o asistencia de carácter permanente, todo ello conlleva a la lectura de posibles vicios en el proceso.
Los miembros de las comisiones no estarían entregando informes de resultados, y hasta la fecha se habría dado una serie de omisiones, principalmente en la entrega de información a los concejales, quienes mantienen una preocupación latente que gira en torno a la calidad del gasto público y de los procesos adecuados de contratación para la construcción y fiscalización de la obra.

Una licitación de esta naturaleza, tienen que ser evaluados los parámetros técnicos frente a la oferta económica para garantizar la calidad de inversión pública; el proceso de contratación LICO-PTARG-001-2020 para la “Construcción y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Guangarcucho (PTAR-G)” cuenta con un presupuesto referencial aproximado de $56 millones de dólares, que será financiado con
contratos de crédito de la CAF y el Banco Europeo de Inversión, y hasta la fecha muestra varias incongruencias y omisiones como la ausencia de cronograma de adjudicación del proceso de contratación que no se ha compartido de manera adecuada en páginas oficiales, también destacan las observaciones realizadas sobre el Consorcio seleccionado, empezando por la falta de cumplimiento de requisitos indispensables como la experiencia
general del oferente, experiencia específica del oferente y representante del
contratista y personal clave, situación que abre un posible debate en torno a la
idoneidad del proponente.  Se conoce que el proponente, que sería beneficiado con este contrato, ha incumplido un contrato de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Loja, enconctràndose màs de una año sin poder entregar la obra porque la Municipalidad no la acepta con las deficiencias constructivas y técnicas evidenciadas por el contratante.

Un proceso contractual como el mencionado exige igualdad de oportunidad y de condiciones para todos los proponentes, el fin único en cualquier caso es el de precautelar los intereses económicos de la entidad contratante, en este caso de una Empresa Pública como ETAPA, por ende, cualquier decisión incide en la lectura de la percepción ciudadana frente al proceso y hacia la institución.

Las características particulares de este proceso en el que intervienen los más variados factores, han generado incertidumbre e incluso la Comisión Nacional Anticorrupción, Núcleo del Azuay, ha solicitado tener conocimiento del proceso precontractual.
Queda esperar a que se respondan a toda la serie de cuestionamientos a los ediles que representan a los intereses ciudadanos, quienes piden precautelar y vigilar la calidad de inversión pública, y que sobre todo, se subsanen todas las dudas pendientes. Pero, además, esta comisiòn, está actuando en calidad de investigadora de este cuestionado proceso, con una comisiòn designada para el efecto por el Comitè Cìvico de Participaciòn Ciudadana y Control Social.

 Este organismo, con fecha 25 de julio de 2025, ha solicitado la información del caso al Gerente General de ETAPA, amparado en la Ley Orgánica de Participación Social.
Como punto final hay que preguntarse: Cuál es la posición de las entidades que brindan los créditos para la construcción de esta obra pública? Si están informados y al tanto de todos los pormenores del actual proceso, de las omisiones y fallas asociadas al mismo, después de todo hay que pensar en que un proceso de esa naturaleza requiere de toda la meticulosidad del caso para mantener alejados posibles oscuros intereses de por medio.