LOS DE MANOS LIMPIAS, MENTES LÚCIDAS Y CORAZONES ARDIENTES
martes, 21 de abril de 2026
La comunicación del Gobierno está perdida en un jardín de infantes
Análisis | Irene Vélez y María José Pinto son responsables de mensajes oficiales "infantiles" criticados entre tiktoks borrados y cosméticos coreanos
- María José Pinto agravó su crisis de credibilidad al borrar videos de sus redes, culpando a la prensa de no aplaudir su agenda protocolar.
- El reciente video de la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, priorizando la compra de cosméticos coreanos en lugar de gestionar el relato oficial fue tildado como "desconexión" con las urgencias del país.
- Expertas advierten que el uso de redes para mostrar "lo bonito" y eludir el debate técnico no es mera torpeza, sino una peligrosa táctica política para subestimar al ciudadano y anular la rendición de cuentas.
DEL COLUMPIO AL MUSEO DEL PRADO
Carta Abierta al Presidente de la República Daniel Noboa
EXIGIMOS LA SALIDA DE INÉS MANZANO DÍAZ, MINISTRA DE AMBIENTE Y ENERGÍA
Frente a la crisis que experimenta la gestión gubernamental, que oscila entre la ineficiencia, la arbitrariedad y el engaño; las organizaciones sociales que suscribimos la presente, expresamos: 1. Crisis energética. El país enfrenta una realidad compleja en materia energética y ambiental que contrasta con la narrativa oficial de control y estabilidad; existe un cúmulo de hechos preocupantes: déficit energético, pérdidas millonarias, contratos fallidos, dependencia de soluciones temporales y una débil respuesta frente a problemas ambientales.
El déficit energético bordea los 1.000 MW y, por efecto del aumento de aranceles, se bloquea la compra de energía a Colombia. Esta brecha no es reciente, pero su manejo actual evidencia la falta de soluciones estructurales. Mientras se insiste en que no habrá apagones, la realidad muestra un sistema altamente dependiente de factores climáticos, particularmente de la disponibilidad hídrica, y no pocos casos de negligencia. A esto se suma el alquiler de barcazas termoeléctricas, lo cual, de ser una medida de emergencia, se ha convertido en una dependencia costosa de cientos de millones de dólares, sin resolver el problema de fondo. 2. Contratos fallidos y recursos públicos comprometidos. Los casos de contrataciones con Progen Industries LLC (Estados Unidos) y Austral Technical Management (Uruguay), constituyen un episodio crítico. Millones de dólares destinados a proyectos de generación que nunca se materializaron en energía efectiva, equipos usados e incompatibles, plantas que no operan, procesos judiciales por negociados, fallas graves en la contratación pública; producto de decisiones que impactan en la seguridad energética del país y representan perjuicios millonarios para el Estado.
Mientras se buscan nuevas fuentes de generación, el país pierde anualmente alrededor de 200 millones de dólares en el sistema de distribución eléctrica, especialmente en CNEL. El robo de energía, la ineficiencia técnica y la falta de control reflejan una gestión operativa deficiente. Antes de hablar de nuevas inversiones, el país debería preguntarse por qué pierde una parte significativa de la energía que ya produce. 3. Contaminación minera y petrolera: un problema persistente. En el sur del país, particularmente en Zaruma y Portovelo, la contaminación minera continúa afectando ríos y comunidades. Está documentada la presencia de metales pesados como mercurio y arsénico en cuencas como la del Jubones y Puyango–Tumbes; esta contaminación trasciende fronteras, afectando a poblaciones en Perú que han demandado ante la CIDH. Los graves impactos de la minería “legal” e ilegal, afectan a vastas zonas del país. La falta de control efectivo y de remediación ambiental revela una debilidad institucional que no puede ser ignorada. A esto se suma la actuación dolosa en la concesión de licencias ambientales como es el caso del proyecto Loma Larga en Kimsakocha, incumpliendo además decisiones judiciales. Los derrames de petróleo en el país, como en Esmeraldas, han generado daños ambientales severos.
Las explicaciones oficiales, que en algunos casos apuntan a posibles sabotajes, no han venido acompañadas de investigaciones concluyentes ni de responsabilidades claras. En el caso del Campo Sacha, es preocupante la gestión ambiental, la remediación y el control de riesgos asociados a la explotación petrolera. Hay que resaltar además que no se cumple con la debida celeridad, la sentencia de 2021 que obliga a apagar los mecheros en Sucumbíos y Orellana, para proteger la salud y el medio ambiente. Por otra parte, se incumple la Consulta Popular de 2023 en la que se decidió mantener el crudo del bloque 43 (ITT) en el subsuelo, lo cual, además de irrespetar el mandato popular, pone en peligro la supervivencia de pueblos indígenas y causa daños irreversibles a los ecosistemas. 4. La manipulación de la Regulación y Control del Agua. Cuenca tiene uno de los mejores sistemas de tratamiento de agua, lo cual, además de ser reconocido internacionalmente, está respaldado por estudios técnicos y monitoreo permanente por parte de ETAPA-EP.
Sin embargo, el gobierno, en una clara maniobra politiquera e instrumentalizando a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), de manera irresponsable, escandaliza a la ciudad con análisis tendenciosos e imprecisos, poniendo en duda la calidad del agua, con una demanda penal de por medio; de manera confusa el Presidente Noboa asevera la presencia exorbitante de coliformes en el agua potable que bebemos los cuencanos. ARCA, entidad adscrita a la Autoridad Única del Agua y por tanto al MAE, dócilmente se presta para este tipo de maniobras, lo cual es lamentable, pues se trata de la agencia llamada a un control serio y profesional para la garantía del derecho al agua. 5. Una decisión necesaria. El elemento transversal en todos estos casos es una desconexión evidente entre el discurso oficial y los hechos. Se habla de control, pero hay déficit. Se habla de eficiencia, pero hay pérdidas millonarias. Se habla de sostenibilidad, pero persiste la contaminación y destrucción. Se habla de transparencia y se multiplican las denuncias por malos manejos.
Esta brecha erosiona la credibilidad institucional y debilita la capacidad del Estado para liderar soluciones. Sobran por tanto argumentos para cesar a la actual dirección del Ministerio de Ambiente y Energía, el país no puede estar sometido a la incompetencia, ineficiencia y falta de decisiones estratégicas que solventen los problemas acuciantes del país en materia ambiental y energética, en el marco del más alto respeto a la Constitución. La crisis que atravesamos amerita determinar responsabilidades, por ello, demandamos la salida de la Ministra Inés Manzano Díaz, quien es directamente responsable de una gestión deficiente y carente de legitimidad. Instamos además a que, de manera urgente, se tomen decisiones estratégicas para resolver la problemática ambiental y de energía, dando respuesta a los aspectos estructurales, así como en el corto y mediano plazo. Entre ellos: diversificación energética hacia energías sostenibles, limpias y renovables; promover la eficiencia energética; repotenciar y fortalecer la infraestructura; priorizar el cuidado de los páramos, fuentes de agua y cuencas hidrográficas; resolver pérdidas e ineficiencia en la distribución; gestión eficaz de riesgos y vulnerabilidades; capacitación y concienciación; reducción de la demanda; y, una auditoría integral. Todo ello en el marco del respeto a los derechos, la equidad social y la reducción de impactos ambientales.
En toda democracia, cuando la gestión no responde a los desafíos del país, corresponde tomar decisiones que permitan recuperar la confianza, corregir el rumbo y priorizar el interés público. Cuenca, 20 de abril de 2026.
CABILDO POPULAR POR EL AGUA DE CUENCA FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DEL AZUAY