SESIÓN SOLEMNE POR LOS 204 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA CORTE DE JUSTICIA DEL AZUAY.

En primera fila (anda con cara de perro apaleado), el que dice que la justicia le persigue, que es persecución política las auditorías de la Contraloría General del Estadio, con 18 indicios de RESPONSABILIDAD PENAL; que es persecución política, el allanamiento de la Fiscalía General del Estado, a sus viviendas y al despacho, por indicios de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

A las dos instituciones de Estado les ha llenado de calificativos despectivos y ofensivos: les ha dicho de todo: alfombras del poder político, ingenuos, gallinas cluecas, infelices, etc. Hay que ser caraduras para haberse atrevido a asistir a la sesión solemne de la Honorable Corte de Justicia del Azuay.

Busquenme nomás, ya van a ver lo que les hago, gritaba a los cuatro vientos, envalentonado, muy sobrado, el maltratador de mujeres. Ahora tiene que responder ante esa misma justicia que le ha basureado, una y otra vez. Más pronto que tarde, será huésped ilustre de ese lindo hotel que construyó el gobierno, al que le puso el nombre de "ENCUENTRO", porque allí se encuentran los peligrosos delincuentes de cuello blanco, junto con jefes de bandas narcodelictivas.

"HAY QUE CUIDARSE DE LOS CUERVOS, PORQUE AL MENOR DESCUIDO TE SACAN LOS OJOS

EL OBSERVADOR

 En SÍNTESIS. La ley minera es una ley de saqueo y despojo para los ecuatorianos, dice el Dr. Diego Delgado. La Ley fue inicialmente promulgada, en el año 2009, por el Gobierno de Rafael Correa y todos los últimos gobiernos han entregado concesiones mineras. El objetivo de la actual ley es acelerar los trámites legales y entregar autorizaciones obviando las garantías constitucionales.

Las regalías que entregarán las empresas mineras no superará el 8%, por ello se pregunta por qué no lo explota el gobierno nacional.? Y si debe haber concesiones mineras no puede ser en las zonas donde hay peligro de contaminación en las fuentes de agua para la población como en el caso de Qimsacocha.

 

 

Fundamedios, en alianza con Ecuador Chequea y Plan V, presentó el informe especial “Un crimen contra la palabra”, una reconstrucción documentada del contexto, las denuncias y los hechos que rodearon el asesinato de Robinson del Pezo, comunicador digital de 50 años y fundador de la página La Voz del Pueblo vuelve por ti mi provincia.

El crimen ocurrió el 20 de noviembre de 2025 en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, y constituye un hecho de enorme gravedad para la libertad de expresión en Ecuador.

Durante varios años, Del Pezo mantuvo una línea sostenida de publicaciones en las que cuestionaba contratos municipales y provinciales, presuntos conflictos de interés, obras inconclusas, el manejo de recursos destinados a la publicidad oficial, la venta de terrenos y posibles vínculos entre actores políticos y contratistas.

Pese a la gravedad del asesinato, el caso no generó la atención nacional que merecía, aun cuando ocurrió en una provincia atravesada por el aumento de la violencia, el crecimiento de las economías ilícitas y las fuertes tensiones políticas vinculadas a la contratación pública y la adjudicación de tierras.

El informe examina también el proceso judicial por presunta extorsión iniciado en su contra, las circunstancias de su detención y su traslado a la Penitenciaría del Litoral, así como las decisiones judiciales y los vacíos probatorios señalados por su defensa.

Asimismo, recoge testimonios de personas cercanas a la víctima que describen amenazas, presiones económicas y agresiones físicas sufridas durante su reclusión. Fundamedios tuvo acceso a fotografías que evidencian estas lesiones.

Tras alrededor de 18 días en prisión, Del Pezo obtuvo medidas sustitutivas y retomó su actividad digital, continuando con sus denuncias públicas.

Su muerte no puede leerse como un hecho aislado. El caso revela las condiciones de vulnerabilidad en las que operan comunicadores y periodistas en territorios donde convergen violencia, debilidad institucional y disputas de poder locales.

Este informe busca aportar memoria, contexto y evidencia sobre un crimen que interpela directamente al Estado y a la sociedad respecto de su deber de proteger la palabra crítica.