Diccionario del Diablo: Edición “El Nuevo Ecuador”

Entre 1881 y 1906, Ambrose Bierce publicó su Diccionario del Diablo, destilando en definiciones mordaces la hipocresía del Gilded Age americano: aquella época dorada únicamente en la superficie, donde magnates erigían imperios sobre el despojo sistemático. Bierce, veterano de una guerra civil que le reveló la capacidad humana para la barbarie organizada, empleó la sátira no como ejercicio de ingenio literario sino como herramienta epistemológica. Su diccionario ensayó un desmantelamiento metódico de las máscaras retóricas con que el poder se cubría el rostro.

Han transcurrido más de cien años desde que Bierce desapareció en México durante la Revolución, extraviado entre el polvo de batallas ajenas. Pero su método ha sobrevivido con una pertinencia que el tiempo ha agudizado. La diferencia fundamental es esta: si Bierce operaba en un contexto donde la degeneración aún se disfrazaba de virtud cívica, nuestra época ha suprimido incluso esa cortesía elemental. El cinismo contemporáneo no oculta su rostro: lo exhibe con insolencia en cadena nacional, lo documenta en contratos públicos, lo defiende con la seguridad de quien conoce la impotencia de sus acusadores.

En el Ecuador de 2023-2025, bajo la administración de Daniel Noboa, este fenómeno alcanza su expresión paradigmática. El lenguaje oficial ha sufrido una distorsión tan sistemática que conceptos como “gestión” o “responsabilidad política” funcionan como espejismos semánticos: señales que apuntan con precisión implacable hacia aquello que no existe. Emerge así una República Aeronáutica donde el presidente gobierna desde treinta mil pies de altitud; donde empresas constituidas con cien dólares reciben contratos de treinta y siete millones; donde generadores prometidos nunca llegan, o llegan configurados para frecuencias eléctricas de países imaginarios; donde menores de once años son torturados por militares que califican el crimen como “caso único y aislado” pese a más de treinta denuncias con idéntico modus operandi.

La realidad del llamado “Nuevo Ecuador” ha desbordado la capacidad satírica no por exceso de imaginación sino por exceso de literalidad: cuando un Estado puede ser defraudado por cien millones de dólares mediante documentos oficiales, cuando puede desaparecer ciudadanos mediante protocolos militares y clasificar las investigaciones como “información reservada”, cuando el ministro de Defensa intimida en cadena nacional a la jueza que osa nombrar un crimen de lesa humanidad por su nombre verdadero, la sátira se encuentra desarmada ante su propio objeto. Ya no se trata de exagerar para revelar; basta con citar textualmente. El absurdo se ha vuelto auto-evidente; la corrupción, auto-documentada; el crimen de Estado, auto-confesado mediante la virulencia misma de su negación.

Lo que sigue adopta el método bierceano como instrumento de cordura intelectual. Navegar el abismo entre el discurso gubernamental y la experiencia observable requiere traducir el eufemismo oficial a la lengua de los hechos verificables. Requiere restituir a las palabras su contenido fáctico: recordar que “gestión” significa resultados verificables y no sellos en pasaportes diplomáticos; que “transparencia” implica documentación pública y no clasificación u omisión sistemática; que “información reservada” protege la seguridad nacional y no encubre potenciales crímenes de Estado.

A diferencia de Bierce, quien satirizaba conceptos abstractos, este diccionario añade nombres propios: los contratos tienen empresas específicas, las torturas tienen víctimas identificables, la responsabilidad política tiene ministros con nombre y apellido. La pura abstracción, en un país donde lo absurdo se ha vuelto cotidiano, es el último refugio de la complicidad.

Si Bierce escribió para una república que aún aspiraba a disimular su podredumbre, este texto se escribe para una que ha descubierto la liberadora inutilidad del simulacro. Lo que antes requería sobornos bajo la mesa, ahora se formaliza mediante decretos de emergencia renovados indefinidamente. Lo que antes se ocultaba en paraísos fiscales, ahora se registra en contratos públicos que nadie audita hasta que el dinero ha desaparecido. Lo que antes se susurraba en pasillos, ahora se anuncia en redes sociales con la certeza de quien sabe que la indignación ciudadana carece de mecanismos institucionales para traducirse en consecuencias.

Este texto satírico no pretende denunciar: la denuncia ya existe, documentada por contralorías, comisiones y organizaciones de derechos humanos. Pretende nombrar. Si al concluir su lectura el lector experimenta perplejidad ante la distancia entre lo que las palabras oficiales prometen y lo que los hechos verificables entregan, habrá cumplido su función. La perplejidad es el primer paso hacia la claridad. Y la claridad, la precondición de toda rendición de cuentas.

Bierce desapareció en México persiguiendo revoluciones ajenas. Este diccionario se escribe en un Ecuador que podría necesitar una propia: no de fusiles, sino de instituciones; no de caudillos, sino de mecanismos efectivos para el control democrático. Mientras tanto, queda el ejercicio más modesto pero no menos necesario: empezar a llamar a las cosas por su nombre, aunque ese nombre sea incómodo; documentar lo que el poder preferiría borrar; y resistir, mediante la precisión del lenguaje, la tentación del olvido que toda administración corrupta cultiva como su más seguro aliado.

La paciencia del ecuatoriano es realmente admirable. Su futuro, incierto. Su diccionario, sin embargo, está casi completo. El “casi” es deliberado: mientras este sistema persista, nuevas entradas seguirán escribiéndose solas, con la misma naturalidad de los escándalos que ya no escandalizan a nadie.

A

ADJUDICACIÓN DIRECTA. Mecanismo excepcional convertido en norma de gobierno, mediante el cual el Estado selecciona a un contratista omitiendo el tan fastidioso ritual de comparar ofertas. Se distingue de la licitación pública por su celeridad, su discreción y su notable capacidad para eludir testigos. Bajo la administración de Daniel Noboa, este instrumento jurídico ha trascendido su función administrativa para alcanzar la categoría de arte conceptual: PROGEN ($149,1 millones), ATM ($89 millones) y HealthBird ($37,7 millones) fueron premiadas mediante procesos tan expeditos que la sorpresa pareció alcanzar incluso a sus beneficiarios. Si Adam Smith postuló la mano invisible del mercado, Ecuador ha perfeccionado la mano invisible de la adjudicación: una que señala, con infalible precisión, hacia empresas sin historial comprobable ni activos existentes. La declaratoria de emergencia opera como el conjuro que hace posible esta magia contable. El país ha permanecido en emergencia energética durante gran parte del mandato de Noboa, lo que revela un descubrimiento administrativo: la “emergencia” no es la excepción, sino el estado natural de su gobierno. Como advirtió el filósofo Giorgio Agamben, a quien Noboa por supuesto que no ha leído, el estado de excepción que se perpetúa no es una crisis, sino un nuevo orden político. En el Ecuador noboísta, ese orden tiene un nombre fáctico: el régimen de la adjudicación directa permanente. (Véase: Austral Technical Management; Healthbird; PROGEN).

ARBITRAJE. Mecanismo extrajudicial al que recurren empresas defraudadoras para impedir que el Estado rescinda contratos que son, en esencia, estafas formalizadas. Véase el caso Austral Technical Management (ATM): tras 11 meses sin entregar la planta prometida y con $71,4 millones desembolsados, un árbitro de emergencia dictaminó que la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) no puede rescindir unilateralmente el contrato. Es la versión corporativa del ladrón que demanda porque la ventana por la que entró a robar no tenía el tamaño reglamentario y, en consecuencia, se lastimó la rodilla. Las sanciones por incumplimiento contractual —cuando existen— son tan risibles que las empresas simplemente proceden a demandar en arbitraje, transformando el robo consumado en derecho adquirido.

ASAMBLEA NACIONAL. Circo nacional ecuatoriano donde se escenifica el simulacro del control democrático. En este teatro constitucional, asambleístas con un rabo de paja tan largo que rozan con lo obsceno lanzan monólogos de escándalo, solicitan informes, amenazan con comisiones. El Ejecutivo, actor principal del entremés, responde con el silencio ensayado de quien conoce el desenlace de la obra. Ambas partes cumplen sus roles protocolarios: la oposición exhibe indignación, el oficialismo practica la indiferencia, y el pueblo ecuatoriano observa con el fatalismo de quien ha visto esta obra ya demasiadas veces. Los procesos de rendición de cuentas existen como abstracción conceptual y como aspiración ciudadana, pero han desaparecido como práctica gubernamental. La Asamblea Nacional no es un contrapeso: es el decorado que legitima la existencia fáctica de un peso único.

AUSTRAL TECHNICAL MANAGEMENT (ATM). Empresa uruguaya especializada en convertir $89 millones en chatarra obsoleta. Contratada en noviembre de 2024 para erigir la planta termoeléctrica Esmeraldas III en 140 días, culminó su hazaña once meses después: la entrega de 16 generadores semi-funcionales, meticulosamente configurados para la frecuencia eléctrica de un país paralelo (50 Hz), en franco desacuerdo con la de Ecuador (60 Hz). Abandonó la obra dejando a su paso un paisaje de bombas de aceite reventadas, filtros colapsados y un óxido que cumplía una función puramente estética, inaugurando así el primer museo al aire libre dedicado a la incompetencia contractual. Actualmente protegida por un árbitro de emergencia que considera que recibir $71,4 millones sin entregar producto funcional alguno constituye un derecho adquirido que el Estado no puede perturbar. Los términos de referencia del contrato fueron redactados con tal amplitud que empresas sin capacidad técnica básica pudieron calificar: fueron tan “referenciales” que no referenciaron nada concreto; tan “técnicos” que ninguna especificación técnica importó; tan “rigurosos” que el rigor fue opcional. Representan el triunfo del lenguaje como simulacro: palabras que simulan significado sin contener ninguno. (Véase: Capital social; Corrupción; Gestión.)

B

BARCAZA. En la mitología clásica: la embarcación de Caronte, el barquero del inframundo que transportaba almas hacia el reino de Hades a cambio de una moneda. En la mitología noboísta: artefacto flotante contratado bajo decreto de emergencia que, invirtiendo el sentido del viaje, se especializa en trasladar millones de dólares desde las arcas del Estado hacia las del contratista privado, a cambio de una energía tan espectral como las almas que transportaba su antecesora griega. El arquetipo perfecto es Karpowership: sus barcazas, ancladas a un contrato de 110 millones de dólares por un año, lograron la proeza de generar potencia mínima —o directamente nula— entre 2024 y 2025. De los 100 MW prometidos, en ocasiones apenas produjeron 12 MW, sin que esta irrelevante particularidad técnica alterara la regularidad casi monástica de los pagos estatales. 

Mientras el país se asomaba a una nueva temporada de sequía con capacidad disminuida, el único trayecto que operó sin fallas fue el del capital: estas barcazas se revelaron así no como infraestructura energética sino como eficientes transbordadores fiscales, una travesía mucho más lucrativa que aquella del mítico barquero. Caronte, al menos, cumplía su promesa: entregaba a las almas el pasaje hacia el otro mundo. La barcaza noboísta ofrece algo más contemporáneo: la ilusión de electricidad y la certeza del desfalco.

C

CAPITAL SOCIAL. Suma mediante la cual se constituye legalmente una empresa, representando en teoría su seriedad financiera. Los tratadistas del derecho comercial enseñan que este monto debe guardar proporción razonable con la magnitud de las operaciones proyectadas: un principio que asume, ingenuamente, que quienes redactan las leyes y quienes las aplican habitan en el mismo universo moral. En el Ecuador noboísta, el capital social devino un teatro legal: el mínimo gesto formal que abre acceso al máximo beneficio.

Un caso emblemático es el de Healthbird: constituida con un capital de $100 —aproximadamente el costo de una cena entre un grupo de amigos—, le fue adjudicado un contrato de $37,7 millones para digitalizar el sistema de salud del IESS. La proporción merece contemplación: por cada dólar de capital social, $377.000 en contrato público. Otro caso emblemático es el de Austral Technical Management (ATM): constituida con un capital de $250 —una cena entre un grupo más grande de amigos—, le fue adjudicado un contrato de $89 millones: una relación de $356.000 de contrato público por cada dólar de capital.

Para sorpresa de nadie, tanto Healthbird como ATM fracasaron escandalosamente e incumplieron sus obligaciones contractuales. Si los economistas clásicos teorizaban cómo el capital protegía a terceros mediante un colchón financiero, el modelo noboísta ha invertido eficazmente la lógica: el capital simbólico proporciona a la empresa barniz de legalidad necesario para extraer fondos públicos y luego abandonar el país. (Véase: Austral Technical Management; Healthbird).

CASO ÚNICO Y AISLADO. Fórmula encantatoria del poder político para desintegrar patrones criminales sistemáticos en hechos llanamente inconexos. Su aplicación tras el asesinato de los Cuatro de las Malvinas buscó disolver ese crimen en una anomalía estadística, omitiendo el detalle de las más de treinta desapariciones forzadas documentadas con un modus operandi idéntico: la camioneta blanca o gris, la captura ilegal, el traslado, la tortura, el abandono del cuerpo desnudo. Amnistía Internacional documentó cinco casos con precisión forense; en todos, el Ministerio del Interior respondió a familias desesperadas con la locución “información reservada”, una respuesta estándar que transforma la tragedia privada en obscenidad burocrática: no sólo se desaparece a la persona sino que se clasifica el expediente de su desaparición, convirtiendo el derecho a saber en un delito de curiosidad. Llamar “caso único y aislado” a un patrón repetido treinta veces requiere el mismo tipo de contabilidad creativa que permite declarar “nueva” a maquinaria usada o “funcionales” generadores con la frecuencia errónea. Este es el principio unificador de la administración noboísta: la negación como política de Estado: una epistemología donde lo que se niega deja de existir, aunque la evidencia —y los cadáveres— persistan. (Véase: Cuatro de Las Malvinas; Loffredo, Gian Carlo; Responsabilidad Política.)

CORRUPCIÓN. Apropiación de lo público para beneficio privado. La administración noboísta ha retocado el concepto hasta ameritar una nueva taxonomía: «corrupción institucionalizada por diseño», disciplina que merece cátedra en las escuelas de administración pública como ejemplo de innovación gubernamental. A diferencia de su versión clásica —que demandaba el ritual clandestino del sobre manila o la cuenta numerada en paraísos fiscales—, esta modalidad opera a plena luz: se materializa en contratos con empresas espectrales, se ampara en estados de emergencia perpetuos y se acompaña de un silencio oficial tan estridente que funciona como confesión. Su elegancia reside en la eficiencia: ¿para qué ocultar un delito cuando se lo puede facilitar por decreto y rebautizar como “gestión”?

Cuando esta práctica despierta observaciones impertinentes, queda el recurso supremo: declarar la información como “clasificada” o “reservada”, convirtiendo la opacidad en patriotismo y la pregunta en sedición. El arquetipo de esta metodología lo representa CNT, custodia del 38% de toda la información reservada en Ecuador  —hazaña que relega incluso al Ministerio de Defensa a un segundo lugar en las olimpiadas ecuatorianas del secretismo—, que selló por quince años el contrato con HealthBird para “proteger su competitividad y secretos comerciales”. Así, el público no podrá examinar hasta 2040 los términos de un acuerdo que fracasó de manera espectacular en 2025, transformando la transparencia en una herencia para la próxima generación. (Véase: Transparencia.)

Esta opacidad no constituye defecto del sistema: es su manual de operaciones. Se erige sobre un principio epistemológico tan imbatible como elegante: lo sellado por quince años resulta ontológicamente inauditable e inescrutable. Se trata, en términos más pedagógicos, de una variante burocrática del célebre kōan budista sobre el árbol que cae en el bosque despoblado: si el Estado es saqueado pero los documentos permanecen sellados, ¿ocurrió realmente el saqueo?

CUATRO DE LAS MALVINAS. Ismael, Josué, Nehemías y Steven. Edades: 15, 14, 15 y 11 años. Sus nombres y edades constituyen las primeras líneas de una crónica que el Estado intentó borrar antes de que pudiera escribirse. Capturados ilegalmente por militares en el sector guayaquileño que lleva ese nombre —topónimo que ya era epitafio, recordando a otros jóvenes sacrificados en un conflicto argentino lejano—, fueron trasladados 40 kilómetros, torturados y abandonados desnudos en una vía secundaria de Taura donde sicarios, en “coincidencia fortuita” según la versión oficial, los esperaban para ejecutarlos. El menor tenía once años. La diferencia con aquellas islas argentinas atlánticas es que allá, al menos, se admitió que hubo una guerra; en Las Malvinas de Guayaquil, el Estado que entregó a los niños a sus verdugos luego sugirió que quizá eran delincuentes y su asesinato un “caso único y aislado”, convirtiendo víctimas en anomalías estadísticas mediante el expediente más antiguo de la infamia: la calumnia póstuma a quien ya no puede defenderse, una práctica común en la política ecuatoriana. 

Carondelet no erigirá monumentos a estos nombres: su política es el olvido activo; la transformación de crimen de Estado en información reservada, de desaparición forzada en incidente administrativo, de niños torturados en cifras que no merecen mención en ninguno de los discursos presidenciales hasta la fecha. Así se escribe la historia oficial del Nuevo Ecuador: borrando líneas antes de que la tinta tenga la oportunidad de secarse.

D

DEMANDA RICO. Recurso legal bajo estatuto estadounidense contra el crimen organizado (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), cuyo nombre revela una honestidad terminológica infrecuente: si tu adversario se comporta como mafioso, demándalo como tal. El gobierno noboísta lo esgrimió contra PROGEN en diciembre de 2025, descubriendo así una afinidad jurídica insospechada con la legislación antimafia. Un gobierno cuyas prácticas contractuales han sido catalogadas por analistas como “sistémicamente corruptas” demanda a una empresa por fraude sistémico con la naturalidad de quien invoca principios que sistemáticamente viola: es el notario Cabrera presentando una denuncia contra “Don Naza” por estafa. La demanda no carece de fundamento —PROGEN efectivamente defraudó al Estado por cien millones de dólares— pero la autoridad moral del demandante es tan sólida como los generadores que nunca llegaron. 

El proceso judicial, de prosperar, culminará años después de consumados los hechos: para entonces, los responsables habrán disuelto PROGEN, reconstituido sus activos bajo razones sociales vírgenes, y contratado bufetes especializados en prolongar litigios hasta que prescriban o los jueces mueran de vejez, lo que ocurra primero. Mientras tanto, el dinero permanecerá desaparecido y los ecuatorianos sin electricidad confiable. La DEMANDA RICO se revela así como la fase terminal del ciclo de saqueo: el gesto legal que permite declarar, ante la historia y ante organismos internacionales de crédito, que el Estado combate la corrupción; pero omitiendo el detalle de que la combate exclusivamente después de facilitarla, lucrar de ella, y agotar todas las alternativas al escrutinio público. (Véase: PROGEN)

E

ECUATORIANO. Gentilicio que ha trascendido su función geográfica para designar una condición existencial de notable interés antropológico y psicoanalítico: el homo ecuadorensis representa quizá la única especie capaz de financiar metódicamente su propia extinción mientras documenta el proceso con una indignación tan chillona como estéril. Observado en su hábitat natural, exhibe una adaptación fascinante al entorno de corrupción sistémica: ha desarrollado umbrales de tolerancia al desprecio y la deshonra que desafían modelos previos de comportamiento racional, metabolizando escándalos públicos a una velocidad superior a su alta tasa de reproducción.

Particularmente notable es el repertorio comunicativo del homo ecuadorensis: ha refinado formas expresivas que simulan resistencia —la denuncia en redes sociales, el comentario indignado, el podcast— sin traducirse jamás en acción política coordinada, creando un sistema de señales que exhala impotencia disfrazada de crítica y permite satisfacer la necesidad psicológica de oposición sin incurrir en riesgo real alguno: es el grito que se agota en su propia enunciación, la protesta digital como válvula de escape. La ironía es que esta conducta resulta funcionalmente indistinguible al de la colaboración: el ecuatoriano renuncia tácitamente a la insurrección a cambio del derecho a quejarse indefinidamente, privilegio cuya inocuidad el poder conoce y explota. 

El homo ecuadorensis no es víctima pasiva de sus condiciones materiales de existencia, sino colaborador activo en un sistema que no podría funcionar sin su perseverante consentimiento, su capacidad verdaderamente extraordinaria para absorber el desprecio que las autoridades públicas sienten hacia su especie, y su habilidad para transformar la desesperanza en una rutina cotidiana que se ejecuta con la normalidad de quien ha olvidado que existen alternativas (o, al menos, aquellas alternativas que aún no han tenido la oportunidad de ser asesinadas).

G

GESTIÓN. En el lenguaje administrativo tradicional: conjunto de acciones orientadas al logro de objetivos verificables. En el lenguaje noboísta: talismán retórico diseñado para convertir la ausencia presidencial en proeza diplomática y los contratos ruinosos en “atracción de inversión extranjera”. La ministra Nataly Morillo defiende los constantes periplos presidenciales como gestión internacional destinada a atraer capital foráneo, una fórmula que, en sentido estrictamente literal, se cumplió: empresas extranjeras efectivamente fueron atraídas y efectivamente invirtieron, aunque la dirección del flujo revela una comprensión heterodoxa del concepto. No es capital extranjero ingresando a Ecuador sino capital ecuatoriano emigrando hacia el exterior, con intermediación de entidades cuya principal competencia consiste en emitir facturas por servicios inexistentes o bienes jamás entregados.

La gestión noboísta ha conseguido así una hazaña semántica adicional: invertir no solo recursos, sino el significado mismo del verbo “atraer”: en su acepción clásica, significa traer hacia sí; en su acepción administrativa contemporánea, significa facilitar la extracción mediante contratos que funcionan como autorizaciones formalizadas de saqueo. Si esta es la gestión que produce la presencia presidencial en países extranjeros, uno experimenta cierta aprensión ante la perspectiva de una gestión más intensa.

GODOY, MARIO. Presidente del Consejo de la Judicatura cuya designación ejemplifica la captura institucional mediante la perversión sistemática de los mecanismos democráticos. Accedió al cargo mediante la distorsión de los mecanismos democráticos llamados a garantizar independencia judicial: ternas alteradas, conflictos de interés normalizados y votaciones coordinadas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Una vez instalado en el cargo, funcionarios de la Judicatura presionaron al juez anticorrupción Carlos Serrano para absolver al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, defendido —en una cósmica casualidad del destino— por Dolores Vintimilla, cónyuge de Godoy. Para el siempre perspicaz tribunal de la opinión pública, aquello no se trató de una interferencia abstracta ni de una mediación filosófica-jurídica, sino de una gestión funcional orientada a algún beneficio personal tangible.

Cuando el juez Serrano condenó conforme a derecho, fue amenazado de muerte y, pese al incremento objetivo de su riesgo, se le retiró la protección policial; cuando renunció para preservar su vida —resolviendo así el pequeñísimo problema administrativo que su inaceptable integridad había generado—, la Judicatura se negó a aceptar su dimisión, revelando que un juez íntegro constituye una anomalía institucional que debe administrarse, no protegerse. Este episodio no describe un conflicto de interés —noción que supone tensión entre lealtades divergentes— sino una alineación perfecta: el esposo administra el sistema que procesa criminales; la esposa los defiende; y cuando algún juez anacrónico insiste en aplicar la ley, la maquinaria se activa para neutralizar la desviación. Así, en el Nuevo Ecuador, la independencia judicial puede conservarse en la teoría mientras se desmantela en la práctica, siempre que la documentación formal permanezca impecable.

Godoy conecta, además, con un pasado discretamente sepultado como abogado de los hermanos Larrea, cuñados narcotraficantes, relación que negó sistemáticamente hasta que la evidencia documental tornó el desmentido insostenible. La mentira, quedó demostrado, no constituye obstáculo para administrar la justicia sino, acaso, credencial habilitante.

H

HEALTHBIRD, n. Startup estadounidense constituida el 11 de junio de 2024 en Ecuador con $100 de capital social que, tres meses después, fue adjudicataria de contrato por $37,7 millones para digitalizar el sistema de salud del IESS: un logro empresarial cuyo mérito se vio apenas eclipsado por el detalle de que el presidente anunciara la adjudicación 24 minutos antes del cierre oficial de la convocatoria, sugiriendo o bien capacidades precognitivas dignas de estudio metafísico o bien un proceso cuyo desenlace había sido determinado con anterioridad a su inicio. La aplicación resultante, «CNT Salud+», agendó 86 citas médicas de 3,7 millones de solicitudes posibles, alcanzando un ratio de efectividad del 0,002% que representa, en cierto sentido, un triunfo técnico: algo que casi no funciona es cuantificablemente superior a algo que definitivamente no funciona, consuelo estadístico que sin duda alivió a los afiliados del IESS cuya esperanza en la digitalización prometida fue metódicamente cultivada y luego sistemáticamente pulverizada. HealthBird abandonó Ecuador en diciembre de 2025 alegando «oscuros intereses e inseguridad jurídica», una proyección psicológica digna de estudio psicoanalítico. (Véase: Adjudicación directa; Capital Social; Gestión.)

L

LOFFREDO, GIAN CARLO. Ministro de Defensa que se mantiene en el cargo tras haber intentado encubrir el crimen de los Cuatro de las Malvinas y amenazar, en cadena nacional, a la jueza que calificó los hechos como desaparición forzada. Su aparición pública, rodeado de militares uniformados en una escenografía de abierta intimidación al Poder Judicial, le ha valido el apelativo de “Diosdado Cabello en versión bolsillo”: una descripción precisa tanto en estatura moral como en métodos.

Loffredo personifica al responsable político del crimen de Estado en el expediente Las Malvinas: no ejecutó personalmente la tortura ni el abandono de los menores, pero creó y sostiene el ecosistema de impunidad donde tales actos son posibles, luego encubiertos y, por último, negados. Su continuidad al frente del ministerio demuestra que, en el gobierno noboísta, los esfuerzos por encubrir crímenes de lesa humanidad no son causal de remoción, sino, más bien, un mérito que garantiza estabilidad laboral. (Véase: Cuatro de Las Malvinas; Responsabilidad Política)

M

MORILLO, NATALY. Ministra de Gobierno cuyas declaraciones del 23 de diciembre de 2025 han enriquecido el léxico administrativo con aportes de honestidad involuntaria raramente documentados en el discurso oficial. Ante un nuevo y extendido viaje presidencial al exterior en plena crisis generalizada, declaró: “No vamos a sentir la ausencia del presidente”. Frase que será estudiada en futuros cursos de ciencia política como ejemplo paradigmático de un fenómeno que podríamos denominar confesión por inadvertencia: que el presidente puede ausentarse indefinidamente sin alterar el funcionamiento del Estado porque su presencia es, de hecho, absolutamente prescindible. Es la muerte del presidencialismo enunciada como virtud administrativa: la irrelevancia convertida en mérito. La ministra Morillo encarna esa figura administrativa cuyo valor gubernativo consiste en su capacidad para defender lo indefendible: no mediante la negación de los hechos sino mediante su reformulación en un lenguaje donde el fracaso se convierte en logro, la ausencia en presencia estratégica, y la incompetencia en experimentación creativa.

N

NOBOA, DANIEL. Presidente cuyo nombre quedará inscrito en los anales de la República por el caso Las Malvinas: como observó con precisión un reputado analista político ecuatoriano, “nada más ha hecho que importe más que este crimen”. Su ausencia física (19% del mandato fuera del país) se complementa perfectamente con su ausencia moral: no ha considerado oportuno ofrecer disculpas públicas por el crimen de Estado perpetrado contra los Cuatro de Las Malvinas; no ha estimado conveniente la remoción del ministro Loffredo; no ha ordenado la investigación de los más de treinta casos documentados de desaparición forzada.

Su declaración desde Madrid —”Los sufridores de siempre dicen que el presidente viaja mucho”— adquiere una cualidad particularmente obscena cuando uno repara en que, entre esos “sufridores”, figuran familias cuyos menores fueron sometidos a tortura por personal militar bajo su autoridad constitucional.

Su administración será recordada por esta santísima trinidad de fracasos: corrupción contractual (PROGEN, HealthBird, ATM), captura del poder judicial (Mario Godoy) y crimen de Estado (Las Malvinas). Una trayectoria que demuestra que la incompetencia y la falta de escrúpulos, cuando se practican con suficiente consistencia, pueden alcanzar la categoría de sistema de gobierno. (Véase: Presidente.)

P

PRESIDENTE. [1.] Figura decorativa del Estado noboísta cuya principal función ejecutiva consiste en acumular millas de viajero frecuente mientras el territorio que nominalmente administra se consume en llamas de naturaleza variada: energéticas, institucionales, éticas. Del latín praesidens, “el que se sienta delante” —para presidir, se entiende—, aunque en su acepción ecuatoriana contemporánea el término ha experimentado una deriva semántica notable hasta significar: “el que rara vez se sienta en absoluto, y cuando lo hace, prefiere las salas VIP de aeropuertos internacionales a las incómodas sillas del despacho presidencial”. [2.] Jefe de Estado en perpetuo estado de tránsito, cuya modalidad de gobernanza mediante la ausencia ha resultado sorprendentemente eficaz para la elusión de responsabilidades domésticas: cuando el presidente se encuentra físicamente ausente del territorio, técnicamente no puede imputársele responsabilidad política alguna sobre los acontecimientos que en él se desarrollan. (Véase: Noboa, Daniel. Véase también: cualquier itinerario de vuelos internacionales del período reciente, donde su nombre aparecerá con mayor frecuencia que en la agenda nacional.)

PROGEN. Entidad corporativa estadounidense que recibió $149,1 millones bajo el imperativo de resolver una crisis energética y logró, con encomiable versatilidad, crear una crisis fiscal equivalente. Comprometió generadores “nuevos” contractualmente; suministró equipos cuya novedad resultó concepto interpretable y cuyo origen mantiene esa cualidad nebulosa tan apreciada en auditorías forenses. Perjuicio determinado: $100 millones, dos tercios del presupuesto destinado a la salvación lumínica nacional.

Enfrenta una demanda bajo el estatuto RICO (Véase: Demanda RICO), instrumento jurídico que el legislador estadounidense reserva para organizaciones criminales con estructura empresarial (o empresas con estructura de organización criminal, según el caso). La paradoja posee cierta elegancia: corporación contratada para generar megavatios terminó generando litigio antimafia; firma convocada para producir electricidad acabó produciendo jurisprudencia sobre crimen organizado.

PROGEN encarna el summum de la adjudicación directa noboísta: urgencia máxima en suscripción contractual, diligencia cero en verificación de antecedentes y pérdidas monumentales en ejecución. Representa ese matrimonio entre emergencia declarada y oportunismo comercial donde el estado de excepción suspende protocolos de prudencia, permitiendo que intermediarios cobren como fabricantes originales, entreguen como “nuevo” lo que la nomenclatura técnica clasificaría generosamente como “de segunda mano”, y conviertan los recursos públicas en más chatarra operativa.

Permanecerá en los anales como breviario de aquella sabiduría administrativa que privilegia la velocidad de contratación sobre la tediosidad de verificación: un modelo de gestión que eventualmente requiere más abogados que ingenieros para su resolución. (Véase: Adjudicación directa; Gestión.)

R

REIMBERG, JOHN. Ministro del Interior cuya gestión ilustra una de las variantes más crueles de la futilidad burocrática: la eficacia operativa desplegada dentro de un régimen de captura institucional sistémica. Durante su mandato (2024–2025) acumuló cifras que, en cualquier Estado funcional, constituirían un triunfo administrativo incuestionable. Según datos oficiales, desarticuló 18 objetivos de alto valor —entre ellos alias “Pipo”, líder supremo de Los Lobos y presunto responsable de más de 400 asesinatos—, capturó 143 objetivos de mediano valor, incrementó los operativos policiales de 767.406 a 1.414.031 anuales, aprehendió a más de 100.000 personas, decomisó 20.000 armas y aproximadamente 500 toneladas de droga, con una afectación económica estimada en $9.000 millones.

Cifras que no revelan incompetencia, sino exactamente lo contrario: un ministro que cumple, con diligencia casi heroica, la función para la cual fue designado, capturando a los criminales que su presidente, simultánea e irónicamente, ha garantizado que serán liberados mediante un aparato judicial cuya administración entregó a Mario Godoy, exdefensor de narcotraficantes y esposo de una abogada especializada en liberar, precisamente, el tipo de delincuentes que Reimberg captura. (Véase: Godoy, Mario).

De este absurdo estructural emergen dos hipótesis, cada una más cómica o más trágica que la anterior, según el ángulo desde el cual se observe.

Primera hipótesis: Reimberg ejecuta estos esfuerzos monumentales con plena conciencia de la futilidad sistémica de su labor, impulsado por un sentido del deber tan admirable como inútil, tan heroico como ridículo. Una suerte de Sísifo tropical que empuja la piedra cuesta arriba no por ignorancia, sino por convicción existencial. En este escenario, estaríamos ante un funcionario de integridad casi patológica, condenado a la lúcida comprensión de su propia irrelevancia.

Segunda hipótesis: Reimberg despliega esta hercúlea actividad en genuina ignorancia del hecho de que el Presidente ha dejado la justicia bajo influencia directa del narcotráfico, mientras él —un pobre diablo laborioso— se desgasta en capturas que alimentan un sistema de rotación judicial perpetua. Su situación evocaría aquella clásica desventura conyugal en la que uno se parte la espalda trabajando honradamente, mientras ciertos acontecimientos de naturaleza delicada tienen lugar en el domicilio durante su ausencia. El proveedor exhausto que regresa sin advertir que el proyecto común ha sido, digamos, reinterpretado por la presencia de un tercero.

Todo indica que nos encontramos ante este segundo escenario, lo cual sugiere la urgencia de enriquecer el léxico administrativo ecuatoriano con una nueva categoría analítica: Cornudo institucional. Funcionario que trabaja con denuedo ejemplar dentro de un sistema cuya arquitectura garantiza que sus esfuerzos alimenten precisamente aquello que combate, mientras él permanece en beatífica ignorancia del mecanismo que hace girar la rueda.

RESPONSABLE POLÍTICO. Autoridad que, sin mancharse las manos en la ejecución material de un acto, crea —por acción deliberada o por omisión negligente— las condiciones para su consumación, gestiona su posterior encubrimiento y se desintegra en el aire cuando llega la hora de las cuentas.

El ministro Gian Carlo Loffredo, por ejemplo, no torturó personalmente a los Cuatro de Las Malvinas, pero sí intentó disfrazar la naturaleza del crimen e intimidó a la jueza que lo catalogó como desaparición forzada; hoy permanece en su despacho como si nada hubiera ocurrido. El presidente Daniel Noboa no falsificó facturas de PROGEN ni manipuló los obsoletos generadores de Austral Technical Management (ATM), pero sí declaró emergencias energéticas que habilitaron adjudicaciones directas, omitió controles con una constancia casi admirable y ha erigido la opacidad en doctrina de Estado. Los ministros Roberto Luque e Inés Manzano, por su parte, no suscribieron personalmente contratos irregulares, pero sí impulsaron, avalaron y supervisaron con su autoridad política todo el proceso que condujo a los escándalos de PROGEN y ATM; no obstante, una comisión legislativa los eximió de toda responsabilidad, considerando suficiente que otros —situados en escalones inferiores de la jerarquía— cargaran con las culpas.

Así, la responsabilidad política es la gran ausencia que estructura al gobierno noboísta: la responsabilidad fluye siempre hacia abajo, jamás hacia arriba. Es la impunidad convertida en privilegio de rango: a mayor altura del cargo, menor la gravedad de la caída. Una suerte de meritocracia invertida, donde el verdadero mérito consiste, precisamente, en nunca ser responsable de nada.

S

SCHENGEN. Espacio europeo de libre circulación al que Ecuador aspira adherirse mediante la supresión del requisito de visa. Para materializar este anhelo colectivo, el presidente Daniel Noboa viajará a Bruselas en enero de 2026. Su objetivo: gestionar lo que constituiría su legado social más tangible: un visado que consagre el éxodo como solución definitiva al problema de la gobernabilidad. La política exterior deviene así en la política social más honesta de toda su administración: si no podemos ofrecerles seguridad, empleo ni justicia, al menos les abriremos las puertas de salida con la cortesía de quien comprende que, en ocasiones, la verdadera solidaridad consiste en no obstaculizar la huida. 

T

TRANSPARENCIA. Principio republicano que garantiza el escrutinio público sobre la gestión estatal. En su formulación noboísta, ha sido refinado hasta constituir el mecanismo de opacidad institucionalizada que hace posible la corrupción por diseño: opera mediante la exhibición estratégica de lo irrelevante y el sellado sistemático de lo fundamental. (Véase: Corrupción.)

V

VIÁTICO. Asignación pecuniaria destinada a cubrir gastos de funcionarios en comisión oficial. Del latín viaticum, «provisión para el camino». En su formulación noboísta, el término ha adquirido una cualidad casi fantasmagórica que merece examen detenido, si no forense. El presidente Noboa ha declarado un solo desglose de viáticos (6.253 euros por hospedaje en España) tras 29 viajes internacionales. Esto plantea tres explicaciones posibles, mutuamente excluyentes: (a) en los 28 viajes restantes no hubo gasto alguno, lo que indicaría una generosa hospitalidad dispensada por los gobiernos anfitriones; (b) los gastos fueron tan modestos que declararlos sería embarazoso para un presidente; o (c) los gastos existieron, pero documentarlos violaría la política de opacidad sistemática que caracteriza al gobierno noboísta. De este modo, los viáticos se han convertido en el equivalente financiero de la materia oscura: sabemos que existen porque el presidente presumiblemente come y duerme, pero su rastro documental permanece invisible al escrutinio. (Véase: Transparencia; Presidente)

Z

Zeitgeist. Espíritu de la época. En el Ecuador de 2023-2025, sin embargo, este término adquiere un ligero matiz: designa no tanto un espíritu cuanto una anestesia colectiva: el estado mediante el cual una sociedad continúa funcionando después de que su capacidad para el horror se ha agotado, pero las razones para horrorizarse persisten, se multiplican, y se vuelven cotidianas.

Considérese la progresión sintomática. Cuando PROGEN, en lugar de resolver la crisis energética, terminó defraudando por $100 millones al Estado, la reacción fue la esperada: escándalo, indignación, exigencias de rendición de cuentas. Cuando cuatro menores fueron torturados y asesinados con participación de personal militar, y el ministro Loffredo no tuvo mejor idea que salir en cadena nacional rodeado de militares para intimidar a la jueza que tuvo la osadía de catalogar el caso como desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad, el horror alcanzó registros más viscerales aún. Ambas respuestas correspondían a una sociedad cuyos reflejos morales, aunque debilitados, permanecían operativos.

Pero casi inmediatamente sobrevino la desensibilización: cuando ambos casos se revelaron no como aberraciones aisladas, sino como patrones —treinta desapariciones forzadas documentadas, contratos fraudulentos en cadena, tortura como protocolo—, la indignación se transformó en fatalismo. No porque los crímenes cesaran, sino porque la sorpresa ante ellos dejó de ser posible. El zeitgeist noboísta se define por esta transición: del escándalo al inventario, de la protesta a la contabilidad pasiva de atrocidades.

La vida ecuatoriana transcurre ahora en una penumbra que es simultáneamente literal y metafórica. Los apagones programados —aquellos que probablemente ocurrirán porque los generadores nunca llegaron, o los que llegaron eran chatarra— producen oscuridad física. La impunidad sistémica —aquella donde todos saben quién robó, quién torturó, y que nadie será siquiera enjuiciado políticamente— produce su equivalente moral. En ambos casos, la población ha aprendido a navegar la oscuridad con una normalidad que debería resultar alarmante pero que, por razones que constituyen el núcleo mismo del zeitgeist, ya no alarma a nadie.

Mientras los muertos se acumulan y el dinero público desaparece en un escándalo tras otro, el presidente tuitea desde altitudes que varían entre lo aeronáutico y lo metafísico que sus críticos son “los sufridores de siempre”, locución que merece análisis semántico propio: pues sugiere que el sufrimiento no responde a condiciones objetivas, sino a rasgos subjetivos del carácter; que la queja no refleja la realidad, sino el temperamento. Es la inversión retórica perfecta para una época en la que el problema no es que las cosas estén mal, sino que algunos insistan en notarlo.

El zeitgeist ecuatoriano contemporáneo es un estado de lucidez anestesiada: todos saben, nadie actúa, y la brecha entre el conocimiento y las consecuencias se ha vuelto tan vasta que ya no produce disonancia cognitiva, sino rutina. La corrupción ocurre porque así siempre han sido las cosas en este país; el crimen se repite porque así ha sido siempre; la ausencia presidencial se racionaliza porque, al fin y al cabo, ¿qué diferencia haría su presencia?

El espíritu de la época resulta ser, en definitiva, esto: la capacidad colectiva de seguir viviendo cuando las razones para vivir de cierta manera se han evaporado, pero la inercia persiste porque la alternativa requeriría un esfuerzo que la anestesia moral ha vuelto, sencillamente, impensable.

LA FUENTE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

 IMPOSIBLE TAPAR EL CHÉRNOBIL AMAZÓNICO CON ARBITRAJES

O como el caso Chevron- Texaco pone al mundo patas arriba

Por Alberto Acosta

Celebrar una derrota como que fuera un triunfo resulta aberrante. Eso acaba de suceder en tierras ecuatoriales. El gobierno de Daniel Noboa y la Procuraduría General del Estado festejaron como un éxito que el Estado ecuatoriano solo tenga que pagar 220 millones de dólares a la petrolera Chevron, heredera de la Texaco. La aspiración de la transnacional era obtener unos 3,3 mil millones de dólares a través de un nuevo arbitraje internacional. Es cierto que ese monto se redujo considerablemente. Mas ese no es el punto: la petrolera fue sentenciado en Ecuador a pagar por lo menos 9,5 mil millones de dólares por los inocultables destrozos -documentadamente demostrados- que ocasionó en la Amazonía.

Ese hecho es el punto de partida o al menos debería serlo, entendiendo que las víctimas -representadas por el Estado ecuatoriano- no tienen que pagar nada... al contrario, es la petrolera la que tiene asumir la reparación y la restauración de los daños provocados.

La magnitud del desastre ambiental dejado por Texaco ha llevado incluso a que se lo describa como una de las mayores catástrofes ambientales asociadas a la actividad petrolera, como se reconoció en The New York Times. El legado de contaminación y destrucción ecológica configura un verdadero Chernóbil amazónico. De hecho, entre 1964 y 1992, Texaco, responsable directa de todas las operaciones en su concesión, utilizó inclusive prácticas de perforación y eliminación de desechos prohibidas desde 1939 en el estado de Texas.

Aparte de los estragos ambientales, las afectaciones humanas fueron brutales. Desaparecieron pueblos originarios como los tetete y sansahuari. Se produjeron crueles impactos a la salud, la alimentación, la territorialidad, la dignidad y la cultura de los pueblos siona, secoya, cofán, kichwa y waorani; así como, a la vida de las comunidades de colonos.

La inoperancia y hasta complicidad del Estado han impedido que la transnacional indemnice a las comunidades afectadas y restaure los destrozos a la Naturaleza. En síntesis, más allá de las discusiones jurídicas, lo de fondo es el inocultable desastre social y ambiental causado por Texaco, hoy Chevron-Texaco, durante su operación en la Amazonía ecuatoriana.

Como consecuencia de tanta depredación se abrió la puerta a un largo proceso de litigios liderados, en una lucha incansable, por los pueblos y las comunidades de colonos afectados. Luego de recabar evidencias del desastre socio-ambiental, que acabamos de enunciar, el 3 de noviembre de 1993 un grupo de 88 indígenas y colonos presentaron una primera demanda en contra de Texaco en la corte de White Plains en Nueva York (donde se ubicaba la sede de la petrolera) en representación de 30 mil habitantes de la Amazonía afectados por las actividades de la empresa. Si bien en un inicio se aceptó la competencia para que la corte del Distrito Sur de Nueva York conozca la demanda, la presión de Texaco logró que en el 2002 se rechace la jurisdicción en los Estados Unidos; sin embargo, la Corte de Nueva York dictaminó que la empresa se someta a las cortes ecuatorianas y cumpla la sentencia que éstas emitan.

En 1995, buscando evitar dicho juicio, Texaco realizó una supuesta “remediación ambiental” de apenas 40 millones de dólares, con la que apenas se cubrió con tierra un 16% de las 916 piscinas que la petrolera dejó abandonadas. Tal “remediación”, realizada bajo un “Contrato para la ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas” fue aceptada por el gobierno, al punto que en 1998 se suscribió un acta final de entrega con la cual el Estado liberaba de responsabilidades a Texaco. Y desde entonces, casi sin excepción, la norma fue la postura cómplice de los gobernantes y de varias instituciones del Estado ecuatoriano.

Años más tarde, el 14 de febrero de 2011 la Corte Superior de Nueva Loja falló a favor de los demandantes y condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares, montó que se debía duplicar si Chevron no pedía disculpas a las dos semanas de conocerse el fallo (cosa que la petrolera no hizo). Tal fallo incluía la obligación de embargar los bienes que la Chevron llegara a mantener en el Ecuador e inclusive fuera del país… algo que se intentó, pero fracasó en el Ecuador, como veremos a continuación, y en el exterior inclusive por la complicidad con la Chevron de otros gobiernos, tal como sucedió en Canadá y Brasil, inclusive en Argentina durante el gobierno progresista de Cristina Kirchner.

Desde entonces, Chevron desató una campaña -cargada muchas veces de infundios y desinformaciones- buscando embarrar la sentencia acusándola de fraude procesal; argumentos asumidos a pie juntillas por los defensores criollos de los intereses transnacionales; defensores que no tienen empacho alguno en construir una lectura sesgada acusando del actual fallo a Rafael Correa de ser el responsable de la derrota en el arbitraje… por haber organizado en su gobierno la campaña la Mano Sucia de Chevron, justo después de haber dispuesto la explotación del petróleo en el Yasuni-ITT en agosto del 2013. Vale mencionar que en el laudo arbitral no se han encontrado afirmaciones de interferencia política en el juicio cuestionado por Texaco. Es más, el laudo arbitral parte de los documentos suscritos por el Estado y Texaco en los años 90, en los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Jamil Mahuad.

Lo que pretenden los felipillos al servicio de los intereses transnacionales es proteger al capital extranjero, procurando, en este caso concreto, que se ignore olímpicamente los brutales destrozos que cometió la Chevrón-Texaco y por cierto las acciones y omisiones cómplices de anteriores y posteriores gobernantes. Y todo para mantener una imagen favorable a las inversiones extranjeras.

Vale la pena recordar que, en el año 2016, durante el gobierno de Correa, en uno de los arbitrajes en contra del Estado, se dispuso el pago a la transnacional de 112 millones (96 millones de la indemnización y 16 millones de intereses). Ese dinero no llegó a los afectados, puesto que el gobierno presionó a los afectados por Chevron para que levanten una orden de embargo sobre los recursos de la petrolera en Ecuador; recursos que legalmente les correspondía. Recurriendo al peregrino argumento de evitar que Chevron “quiebre” al país, afectando las negociaciones financieras internacionales, el gobierno evitó el embargo y pudo colocar 2 mil millones de dólares en bonos soberanos en el mercado.

Recordemos que no cumplir la disposición judicial del 2011, creo el año 2016 un grave precedente: el Estado al no viabilizar el embargo aceptó el proceso de arbitraje, aún cuando la Constitución de Montecristi -vigente desde el 2008: artículo 422- prohíbe estas instancias de arbitraje internacional; prohibición que ha sido ratificada en dos ocasiones en las consultas populares de abril del 2024 y de noviembre del 2025, cabría anotar.

No cumplir con la sentencia del 2011 apuntaló, una vez más, una aberración jurídica: recordemos que Texaco concluyó sus actividades en el año 1992 y que el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, firmado en 1993, entró en vigencia desde 1997. De hecho, los arbitrajes derivados de dicho tratado, en la práctica, han servido para que Texaco no cumpla con sus obligaciones con las comunidades y la Naturaleza; arbitrajes en contra del Estado, en los que, para completar este esquema perverso, las personas afectadas no tienen derecho alguno para participar.

Esperemos que eso no se repita en la actualidad lo del año 2016. La Justicia debe ordenar inmediatamente el embargo de los 220 millones de dólares. Cumpliendo con la sentencia del 2011, ratificada por la Corte Constitucional el año 2018. Ese dinero que el laudo arbitral dispone entregar a la transnacional por parte del Estado constituye un activo que debe ser embargado en beneficio de los afectados, más aún teniendo en cuenta que dicha sentencia prevalece sobre dicho laudo.

Lo peor que puede pasar es que el silencio y la complicidad permitan que se termine nuevamente pisoteando la soberanía del país. El caso Chevron-Texaco devela la lógica perversa con la que funciona el capital transnacional, contando, muchas veces, con la complicidad de gobernantes nacionales, acompañados por el coro de la fanaticada neoliberal y el infaltable respaldo de la gran prensa mercantil. Lógica que también se expresa en la sistemática destrucción de la Amazonía transformada en una zona de sacrificio para seguir buscando el imposible desarrollo.

En resumen, mientras la Chevron-Texaco no page su deuda social y ecológica no hay absolutamente nada que celebrar.