viernes, 14 de agosto de 2026

 

Ataques contra barcos pesqueros en Ecuador habrían sido una operación secreta de la CIA, según The Washington Post

Los ataques a barcos pesqueros en aguas ecuatorianas ocurridos a principio de año, entre ellos uno en el que desaparecieron ocho personas, formaron parte de una operación encubierta de la CIA, según publica este jueves The Washington Post.

Una fuente anónima con conocimiento de los hechos dijo al diario que los ataques formaban parte de un programa de “acción encubierta”, un tipo de operación secreta en el extranjero con autorización presidencial en la que no se reconoce públicamente el papel del Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, el rotativo advierte que aún no están claros detalles sobre el alcance de la implicación de la agencia de inteligencia estadounidense en estos incidentes.

En concreto, se trata de la desaparición en enero del barco pesquero ecuatoriano Fiorella y buena parte de su tripulación, y ataques con drones de origen desconocido en marzo contra los navíos La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, cerca de las islas Galápagos.

The Washington Post precisó que esta presunta operación de la CIA es independiente a la campaña contra el narcotráfico que EE. UU. libra desde septiembre pasado en el Caribe y el Pacífico, donde han sido destruidas decenas de lanchas supuestamente cargadas de droga y muerto más de 200 personas, ante las duras críticas de grupos de derechos humanos.

En el caso de los pesqueros ecuatorianos, las autoridades del país suramericano no han confirmado los hechos, mientras que el Pentágono y la Guardia Costera de EE. UU. han negado cualquier implicación, precisó Human Rights Watch (HRW) en un informe presentado en julio sobre la “peligrosa” cooperación de seguridad entre los dos países.

Trece sobrevivientes entrevistados por HRW dijeron que, “tras los ataques, fueron detenidos a bordo de un barco por personas a las que identificaron como ciudadanos estadounidenses armados que vestían uniformes de estilo militar”, reveló la investigación.

Los pescadores entrevistados por The Washington Post mencionan ataques de drones sobre las embarcaciones y contaron que luego fueron trasladados a un barco cercano, donde hombres armados los esposaron y les cubrieron la cabeza para después llevarlos a El Salvador, desde donde fueron devueltos sin explicación a Ecuador.

Según el rotativo, en cada uno de los incidentes, un avión equipado con tecnología de vigilancia especializada voló desde El Salvador en dirección a los barcos pesqueros. Los sobrevivientes aseguran no tener vínculos con el tráfico de drogas.

“Los detalles sobre el avión y el patrón de sus vuelos antes de los incidentes sugieren que podría estar vinculado al programa secreto de la CIA”, afirma el diario.

Las transmisiones de radio indican que un aparato que volaba con una matrícula estadounidense aterrizó en suelo salvadoreño y se dirigió a una zona militar del Aeropuerto Internacional de Ilopango. Sin embargo, registros de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) no muestran ninguna aeronave registrada con ese número.

La agencia de inteligencia declinó comentar sobre los hallazgos de The Washington Post, que afirma que no queda claro si contratistas privados o autoridades de otros países también participaron en los incidentes.

Organizaciones como Amnistía Internacional y HRW han denunciado la desaparición de los ocho pescadores del Fiorella y los ataques contra los otros dos barcos, además de pedir explicaciones a Washington y Quito. Legisladores demócratas también han exigido que se esclarezcan estos incidentes.

Ilopango, una pequeña terminal en las afueras de San Salvador, sirvió de centro de operaciones encubiertas de Washington en Nicaragua durante la década de 1980. (I)


jueves, 13 de agosto de 2026

 


 

⚖️ #CasoMagnicidioFV: Los abogados de Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, presuntos autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio, presentaron sus defensas. Juan Carlos Salazar intentó desestimar las pruebas contra Jordán, pero terminó reconociendo tácitamente que quien redactó un documento presentado por Marcelo Lasso, habría sido su cliente. Para él lo importante es quién firmó, no quién lo redactó. 🚨 Jonathan Espín, defensor de Aleaga, sostuvo que no existen pruebas de participación de su cliente en el asesinato. Trató de desacreditar testimonios sobre reuniones en cárceles y en Guayaquil, pero su intervención careció de fuerza y claridad. 🧐 Renato Montero, abogado de Salcedo, adoptó otra estrategia: reconoció la colaboración de su defendido y validó los indicios de Fiscalía. Explicó que no se trata de creer a delincuentes, sino de comprobar hechos con pruebas, y detalló testimonios que confirman reuniones entre Salcedo y Aleaga. Estos son los detalles relevantes de la audiencia del caso Magnicidio FV.


 


 Un tribunal en Ecuador frenó a las petroleras internacionales en el 2019... y todo gracias a una mujer indígena que decidió no rendirse. La activista waorani Nemonte Nenquimo lideró a su comunidad hasta los tribunales para defender sus tierras ancestrales en la provincia de Pastaza, territorio que el gobierno ya tenía planeado fraccionar y subastar a conglomerados petroleros internacionales.

⚖️ El punto clave del juicio: la Constitución ecuatoriana garantiza a las comunidades indígenas el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada antes de permitir cualquier extracción de recursos en sus territorios. El Estado alegó que ya había cumplido con esto en 2012, en unas reuniones que presentó como consulta oficial. Pero los Waorani demostraron que todo fue un fraude: nada de traducción para los ancianos que no hablan español, tácticas engañosas y simples listas de asistencia que el gobierno quiso hacer pasar como consentimiento firmado.
🗺️ Mientras tanto, las comunidades waorani pasaron años mapeando su propio territorio a mano: sitios sagrados, fuentes de agua, ecosistemas completos, todo documentado para demostrar exactamente lo que estaba en juego.
✅ El resultado: un tribunal de tres jueces en la Corte Provincial de Pastaza falló a favor de los Waorani, canceló de inmediato la licitación del "Bloque 22" y protegió para siempre casi 500,000 acres de selva amazónica virgen. La corte fue clara: los intereses petroleros del gobierno no están por encima de los derechos constitucionales de sus propios ciudadanos indígenas.
🌍 Este fallo no se quedó en Ecuador. Se convirtió en el precedente legal que tumbó procesos de consulta idénticos en el sur de la Amazonía y hoy es la guía que usan comunidades indígenas en todo el mundo para defender su territorio frente a la explotación industrial.


 


 

Un día después de que Fabián Calero, exgerente de Celec, emitiera un comunicado a la ciudadanía en el que denunció un sesgo procesal por parte de la Fiscalía en el manejo de la investigación del caso Progen, surgen las primeras respuestas.