martes, 25 de agosto de 2026

 Tiempo Real

 
🚨 ETAPA DENUNCIA QUE SU CUENTA OFICIAL DE FACEBOOK FUE USURPADA Y CAMBIADA A “SOMOS ETAPA”
📱 ETAPA EP informó que su cuenta institucional de Facebook fue usurpada y que posteriormente sus responsables cambiaron el nombre a “Somos ETAPA”. La empresa sostiene que desde ese espacio comenzaron a difundirse contenidos ajenos a su gestión, incluso publicaciones de carácter político.
👥 La página fue creada por ETAPA EP el 24 de septiembre de 2013 y acumulaba más de 68.000 seguidores. La empresa remarcó que el canal fue administrado históricamente con recursos públicos y utilizado para informar sobre servicios, actividades y novedades institucionales.
⚖️ ETAPA presentó una denuncia ante la Fiscalía y pidió identificar y sancionar a los responsables. También dejó constancia de que no se responsabiliza por los contenidos publicados actualmente desde la cuenta ni por eventuales consecuencias administrativas o electorales derivadas de esas publicaciones.
🚫 La empresa solicitó a la ciudadanía no interactuar ni compartir publicaciones de “Somos ETAPA” y reportar la cuenta ante Facebook por suplantación. Mientras intenta recuperar el canal, pidió informarse únicamente mediante sus perfiles oficiales y verificados identificados como @ETAPAEPOficial.


 


 

Diario Expreso
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para las 10 personas que busca vincular al caso Progen por presunto peculado. Entre los señalados están José Manuel De Oliveira, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía durante la gestión de Roberto Luque, y Peter Dreher, exasesor del ministerio.


 

LaHistoria
El eterno esquivador.| 💡 Un apagón sorpresivo causó que la audiencia de juicio contra el ex presidente Abdalá Bucaram por presunto tráfico de armas se suspendiera en Guayaquil. Desde hace 41 años, ninguno de los juicios abiertos contra Bucaram han llegado a tener sentencia.


 

Caso "La Reina": Fiscalía pone bajo la lupa movimientos financieros de funcionaria de Aquiles Alvarez

La Fiscalía General del Estado investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos en el denominado Caso ‘La Reina’, una causa que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., quienes permanecen en prisión preventiva.

La investigación se inició a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El análisis comprende movimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026 y también incluye a Navila D. B., hermana de los dos procesados.

Según la información expuesta por Fiscalía, durante ese periodo se identificó el ingreso de USD 1.293.016,29 al Sistema Financiero Nacional, además de USD 683.894,42 correspondientes a movimientos entre cuentas.

El Ministerio Público busca determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si fueron incorporados al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.

Una brecha entre lo declarado y lo registrado en cuentas

Uno de los elementos que analiza la investigación es la diferencia entre los ingresos reportados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los valores registrados en cuentas del Sistema Financiero Nacional.

Los datos analizados muestran que la brecha comenzó a ampliarse especialmente desde 2022. Ese año, los ingresos declarados ante el SRI sumaron USD 33.039, mientras que los movimientos registrados como ingresos en el sistema financiero alcanzaron USD 376.525.

En 2023 se registró la diferencia más significativa de la serie analizada: frente a USD 40.488 declarados al SRI, las cuentas registraron ingresos por USD 440.781.

Aunque los valores disminuyeron posteriormente, la diferencia se mantuvo. En 2024 fueron USD 51.922 declarados frente a USD 182.267 registrados en el sistema financiero; mientras que en 2025 la relación fue de USD 30.071 frente a USD 224.853.

Fiscalía analiza estas diferencias como parte de los elementos destinados a determinar si existieron recursos cuyo origen no habría sido justificado adecuadamente.

El vínculo con el Municipio de Guayaquil

La investigación también pone atención en la actividad de Navila D. B., quien ingresó al Municipio de Guayaquil en 2023, luego de la creación de la Dirección de Eventos Especiales, dependencia en la que habría trabajado.

A partir de ese periodo, según el análisis financiero incorporado a la causa, se observa un incremento en los movimientos económicos relacionados con los tres hermanos.

Fiscalía investiga además un presunto flujo de recursos que habría llegado a Navila D. B. a través de Ternape Petroleum S. A., empresa que estaría relacionada con Aquiles A. H., de acuerdo con los elementos expuestos en la investigación.

Los hermanos David y Farid D. B., por su parte, son señalados como personas que habrían movilizado e inyectado recursos cuya procedencia es actualmente objeto de investigación.

Además del presunto lavado de activos, el Ministerio Público analiza posibles elementos relacionados con defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.

Órdenes de prisión

El caso tomó un nuevo impulso el 5 de agosto de 2026, cuando Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de varios allanamientos, incautaciones y retenciones de vehículos.

Durante ese operativo, Navila D. B. no fue localizada.

En cambio, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. fueron detenidos y posteriormente llevados ante la justicia. En la audiencia correspondiente, un juez dictó prisión preventiva para ambos mientras avanza la investigación.

La Fiscalía deberá continuar determinando el origen de los más de USD 1,2 millones identificados en el sistema financiero, así como la posible relación entre los movimientos económicos, las actividades empresariales y los vínculos investigados alrededor del Municipio de Guayaquil.



 CRÓNICA DE UN CONCURSO DIRECCIONADO

"La justicia más peligrosa es la que se disfraza de ley, porque cuando el poder la firma, la verdad queda sin defensa".
Por Jaime Cedillo F.
Con el visto bueno de la gerente general de ETAPA, Inés Luzuriaga, se arma un contrato direccionado, para beneficiar a un funcionario de la propia empresa pública, que luego del proceso resultó el ganador.
Nos ha llegado una denuncia documentada de un caso denominado: Contratación de un Analista de Gestión Ambiental. Con fecha 13 de agosto del presente año, el gerente de agua potable y saneamiento, ingeniero civil, Fabián Cazar Andrade, pone en conocimiento de la gerente general, magister Inés Luzuriaga Larriva, la necesidad de contratar un analista de calidad ambiental "para fortalecer la capacidad operativa del área, asegurar la continuidad de los procesos, atender oportunamente las obligaciones ambientales institucionales y minimizar el riesgo de incumplimientos ante las entidades de control". Memorando número M-1810-2026-GAPASA.
La empresa realiza la "convocatoria", participan tres profesionales: Félix Rigoberto Guerrero Coronel (subgerente de gestión ambiental de ETAPA), Javier Mateo Minchalo Castill y Gianni Carolina Defaz Visuete.
El 12 de agosto la gerente general de ETAPA acepta la renuncia voluntaria de Rigoberto Guerrero, como subgerente de Gestión Ambiental, con funciones hasta el 14 del presente mes de agosto.
En el resultado del proceso de selección, Guerrero obtiene 89 puntos, Minchalo 87 y Defaz 87.
Lo curioso es que un día antes de presentar la renuncia al cargo de subgerente de gestión ambiental (de libre nombramiento y remoción), Rigoberto Guerrero, interviene en la elaboración del requerimiento para contratar un analista de calidad de gestión ambiental, dentro de la misma subgerencia.
Se realiza el proceso de selección y él mismo termina seleccionado, y el 19 de agosto recibe el nombramiento provisional para ese cargo con una remuneración 1.632 dólares mensuales. Copia del informe técnico para la elaboración del nombramiento provisional, envían a una lista larga de funcionarios, menos al nuevo subgerente de gestión ambiental, ingeniero Juan Segarra Rojas.
El 18 de agosto, la dirección de Talento Humano de ETAPA, emite el informe técnico, expresando que el proceso de selección se inició el 6 de agosto, pero el requerimiento para autorizar el inicio de la contratación, está fechado 13 de agosto: es decir, el proceso aparece iniciado siete días antes de que se solicitara formalmente la autorización para iniciarlo. Guerrero estando todavía en funciones como subgerente de gestión ambiental, un día antes de renunciar, intervino en el requerimiento del contrato de analista de calidad ambiental, de su propia área, y él mismo termina seleccionado y recibe el nombramiento provisional.(114-SGTH-2026-GAPASA)
En el memorando número ,-4120-2026-SGTH, de fecha 18 de agosto, el resultado del análisis señala: "considerando la documentación revisada, se pudo constatar que el MGST Guerrero Coronel Félix Rigoberto, cumple con el perfil y experiencia requerida para su desempeño. La Subgerencia de Talento Humano,considera procedente su selección para ocupar la vacante del cargo de Analista de Gestión Ambiental".
Se puede catalogar a este concurso como una "especie de estafa", una burla para los otros dos profesionales que participaron, creyendo, seguramente, que se trataba de una competencia en igualdad de condiciones, sin dedicatorias, pero, al parecer resultaron siendo tontos útiles, les tomaron el pelo, fueron engañados. Este es un hecho gravísimo, que debe ser analizado por el directorio de ETAPA, para que los involucrados reciban las sanciones correspondientes; aparte de las acciones legales que puedan plantear por parte de los profesionales utilizados para el supuesto concurso.
"La antiética se define como todo aquello que es contrario a la ética, a la moral y a las buenas costumbres establecidas en una sociedad".
El Observador