miércoles, 9 de septiembre de 2026
Caso Villavicencio: expolicía y espía delator de José Serrano acepta ser extraditado a EE.UU.
Ronald H., testigo protegido en el caso Villavicencio, aceptó ser extraditado a Estados Unidos. El expolicía fue el principal delator de José Serrano en el marco de la investigación del asesinato contra el excandidato presidencial.
La mañana de este miércoles, 9 de septiembre de 2026, se llevó a cabo la audiencia de extradición pasiva del privado de la libertad para conocer si es consciente su traslado, requerido por el país norteamericano.
El exteniente aceptó ser entregado a Estados Unidos tras ser consultado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez.
La diligencia fue breve, duró algunos minutos. Mientras que para la tarde se espera que se realice el mismo proceso para Daniel Salcedo Bonilla, quien también es pedido por investigaciones de delincuencia transaccional.
¿Qué dijo Ronald H. sobre José Serrano?
A finales de noviembre de 2025, el sujeto narró que fue reclutado por José Serrano, cuando este fungía como ministro del Interior, para hacer trabajos de espionaje. Luego cayó en desgracia, fue a parar a la cárcel y conoció a Daniel Salcedo, para quien también laboró.
En 2022 se reunió con Salcedo y Serrano, vía videollamada para planificar seguimientos a Fernando Villavicencio.
Relató que Salcedo había sido contactado por Xavier Jordán y el fallecido narcotraficante Leandro Norero, quienes tenían intención de acabar con Fernando Villavicencio por las denuncias que hacía como asambleísta. Ese plan se paralizó por la muerte de Norero y luego se reactivó en 2023.
De hecho, en su acusación en la audiencia preparatoria de juicio, la fiscal Ana Hidalgo señaló a José Serrano como el artífice para proveer las capacidades institucionales al usar sus contactos dentro de las unidades de inteligencia de la Policía, lo que tendría relación con la versión del expolicía Ronald H.
Ronald H. temía por su vida
“Tengo miedo, pero sé que, si llego vivo hasta el lunes, el Ecuador sabrá la verdad sobre la muerte de Fernando Villavicencio”, escribió el exteniente en un mensaje de Whatsapp a su esposa previo a dar su testimonio en el caso Magnicidio FV.
En los mensajes que envió, adjuntó imágenes, audios y otros datos para que su pareja hiciera públicos si es que algo le llegaba a pasar. “Me quieren meter 300 mil (dólares) para cambiar mi testimonio (...) a los que se niegan los intentan matar”, añadió, según un reportaje publicado por Vistazo en julio de 2026.
Lo decía en un tiempo en que había estallado la polémica porque uno de los testigos estrella de los casos Metástasis y Magnicidio FV, Marcelo Lasso Saavedra, había modificado su versión a cambio de dinero que presuntamente le había ofreció Xavier Jordán, otro de los procesados como autor intelectual del crimen.
Exgerente de hospital demanda a periodista por daño moral
Hace más de tres años que un periodista de Babahoyo enfrenta un proceso judicial en su contra, con todo el desgaste que ello conlleva. Se trata de Martín Alfonso Soto Albán, director del medio digital Clicknoticias (clicknoticias.com.ec)El 26 de julio de 2022, el medio digital publicó un reportaje sobre funcionarios de salud que consumieron bebidas alcohólicas en el interior del Hospital público Martín Icaza, en Babahoyo. La nota periodística incluía la fotografía en la que se veía a personal del hospital bebiendo licor en las instalaciones. Ese mismo día, la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado oficial anunciando la desvinculación de «la máxima autoridad» del hospital «luego de la difusión de una fotografía donde se constata una falta grave», además de la salida del funcionario de asesoría jurídica de la Coordinación Zonal y el inicio de 13 acciones administrativas disciplinarias contra funcionarios del hospital. La entonces gerente del hospital, Grace Vanessa Bayas Huilcapi, fue separada de su cargo.
Casi un año después, el 22 de agosto de 2023, Bayas Huilcapi presentó una demanda civil ordinaria por daños y perjuicios (proceso No. 12334-2023-00763) ante la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Babahoyo. Se trata de una denuncia contra el periodista Soto Albán y contra la persona jurídica del medio, Medios Digitales del Ecuador Clicknoticias S.A. B.I.C. (representada por su gerente general, Carmen Piedad Tapia Núñez). Según el acta de la audiencia preliminar, entre las pruebas documentales admitidas a la actora constan un certificado médico y un informe de laboratorio clínico, ambos del 22 de agosto de 2022, y dos informes periciales psicológicos (de abril y mayo de 2023), con los que la parte actora sustenta un cuadro de afectación de la salud derivado de la exposición pública generada por la publicación.En entrevista con Fundamedios, Soto relató que fue notificado en el primer trimestre de 2023: «El motivo que ella aduce es un supuesto daño moral y exige una reparación económica por 500 mil dólares». Dice que (…) tuvo un proceso de estrés postraumático que le había significado que fue señalada por la ciudadanía (…) y que eso la afectó en su salud y que tampoco podía trabajar». El periodista indicó que ha afrontado el proceso con una defensa particular contratada. Sobre el reportaje, sostuvo: «yo sé que hice bien mi trabajo (…) y más que todo el Ministerio tomó inmediatamente la decisión de separarla (…) indudablemente porque estábamos en lo correcto». Señaló además, que la publicación original ya no es visible en el medio digital porque lo habrían dado de baja la misma afectada.
Fundamedios tuvo acceso al expediente judicial del proceso No. 12334-2023-00763 (Unidad Judicial Civil, cantón Babahoyo), que registra, entre otros hitos, el acta de sorteo (22 de agosto de 2023), la citación a Soto Albán (completada el 15 de octubre de 2023), la calificación de la contestación a la demanda (13 de febrero de 2025), el acta de la audiencia preliminar (4 de junio de 2026) y los sucesivos diferimientos de la audiencia de juicio.
La información difundida era de evidente interés público y fue seguida de acciones administrativas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública. La interposición de una demanda civil por daño moral, que plantea una reparación económica excesiva, constituye un mecanismo que ejerce un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico y afecta la capacidad de los medios y de los periodistas para investigar y reportar asuntos de relevancia para la sociedad.
Fundamedios hace un llamado a que los procesos judiciales relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión observen estrictamente los estándares de protección de la labor periodística y garanticen que las acciones legales no se utilicen para intimidar, silenciar o desalentar la difusión de información de interés público.
Relatora de ONU cuestiona eliminación de la unidad de jueces anticorrupción en Ecuador
"Los Estados deben garantizar los recursos y la capacidad necesarios para que los tribunales administren justicia de manera efectiva", dice Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU, ante decisión de la Judicatura de Ecuador.
martes, 8 de septiembre de 2026
Alerta en la educación ecuatoriana: las pruebas PISA reflejan un deterioro en el aprendizaje escolar
A pesar de la disminución en las puntuaciones en comparación con el desempeño obtenido en 2017, el informe técnico de la OCDE enfatiza que este fenómeno coincide con una mayor inclusión de jóvenes de sectores vulnerables al sistema educativo secundario, lo que amplió la cobertura escolar durante los últimos años.
Así cayeron los puntajes de los estudiantes ecuatorianos
El reporte nacional refleja un descenso en las tres materias evaluadas en relación con los primeros resultados registrados por el país hace ocho años:
Las cifras se mantienen alejadas de la media global de la OCDE, fijada en 484 puntos para ciencias, 463 para lectura y 465 para matemáticas, así como de los liderazgos globales que ostentan potencias como China y Singapur.
Inclusión escolar y deficiencias en los centros educativos
Pese a las bajas calificaciones, el organismo internacional considera que el ingreso de poblaciones marginadas al sistema escolar redujo la brecha de rendimiento en materias como matemáticas. Los datos demuestran que la proporción de estudiantes de 15 años habilitados para la prueba creció en el país, lo que sugiere un mayor acceso a la educación secundaria.