lunes, 22 de diciembre de 2025
El Tribunal Electoral anunció que María Augusta Hermida y Rodrigo Mendieta, son los candidatos finalistas que disputarán el rectorado de la Universidad de Cuenca, en segunda vuelta. Se viene una intensa campaña para captar los votos que alcanzaron los otros tres aspirantes que se quedaron en el camino: Juan Peña, Fabián León y Nancy Auquilla. La balanza, finalmente, hacia quién se inclinará.
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El Observador
Sin perdón ni olvido. 16 militares fueron declarados culpables por la desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas: 11 de los uniformados fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión, mientras que cinco a 30 meses por ser cooperadores eficaces. Un Teniente Coronel fue declarado inocente.
#IC / El Colegio de Abogados del Guayas exigió públicamente la renuncia inmediata del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, y solicitó a la Asamblea Nacional iniciar un juicio político en su contra, así como contra los vocales del organismo, en medio de crecientes denuncias de interferencia en la justicia y presunto tráfico de influencias.
El pronunciamiento surge tras la decisión del juez Carlos Serrano de abandonar su cargo, luego de denunciar amenazas y presiones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, un hecho que, según el gremio de abogados, evidencia la grave vulnerabilidad del sistema judicial ecuatoriano.
En un comunicado firmado por el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Yánez Barrera, la organización advirtió que el país merece una respuesta urgente y transparente por parte del Consejo de la Judicatura. “Las explicaciones individuales de un funcionario no son suficientes ni éticas. El CJ es un cuerpo colegiado y, hasta la fecha, no existe un pronunciamiento oficial del pleno”, señala el documento.
El gremio sostuvo que los casos de presunto tráfico de influencias son solo una parte de una problemática más amplia que viene siendo denunciada desde hace tiempo por abogados, jueces y partes procesales. Entre las acusaciones constan interferencias directas en decisiones judiciales, persecución en procesos de alto perfil político, así como en casos relacionados con narcotráfico y corrupción, situaciones que —según el Colegio— no se limitan a Quito, sino que se replican a nivel nacional.
Asimismo, el comunicado cuestiona el silencio del Consejo de la Judicatura frente a las denuncias públicas y advierte que la falta de un pronunciamiento institucional podría interpretarse como complicidad, incapacidad o irresponsabilidad frente a la administración de justicia.
El Colegio de Abogados también instó a la Asamblea Nacional a convocar al presidente del CJ para que rinda explicaciones y active los mecanismos de fiscalización correspondientes. “La sociedad y quienes formamos parte del sistema de justicia requerimos un pronunciamiento objetivo y transparente”, enfatiza el documento.
Finalmente, el gremio reiteró su pedido de renuncia de Mario Godoy y demandó que, como mínimo, se inicie un juicio político en su contra, al considerar que la crisis de credibilidad del sistema judicial requiere acciones inmediatas y no solo declaraciones.
El liderazgo de ADN en la Asamblea Nacional se ve comprometido en 2026; cuatro razones lo explican
La Asamblea Nacional cerrará 2025 con un escenario político tensionado y con un oficialismo que llega debilitado a un año clave. Aunque el Gobierno de Daniel Noboa plantea impulsar en 2026 cambios a la Constitución, el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) enfrenta una mayoría frágil, un Legislativo fragmentado y un calendario político que condiciona cualquier intento de liderazgo.
Daniel Noboa retomará la vía legislativa para impulsar enmiendas
El presidente Daniel Noboa anunció que impulsará reformas constitucionales mediante enmiendas tramitadas en la Asamblea Nacional, luego de los resultados de la consulta popular.
Noboa sostuvo que su Gobierno ha logrado avances en la estabilidad económica, al señalar que el riesgo país alcanzó su nivel más bajo desde 2019, que se han transferido recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y que provincias como Cotopaxi registran un crecimiento en el empleo.
Con base en esos resultados, explicó que insistirá en reformas como la eliminación del estatus de grupo de atención prioritaria para las personas privadas de libertad, esta vez mediante el mecanismo de enmienda constitucional previsto en los artículos 441 y 442 de la Constitución, que permite realizar cambios sin convocatoria a una nueva consulta popular.
Las enmiendas que plantea el Ejecutivo y la vacancia legislativa de fin de año
El Ejecutivo ha anticipado que en 2026 buscará impulsar enmiendas y reformas constitucionales desde la Asamblea Nacional. Sin embargo, el calendario legislativo marca un primer freno: el Pleno entrará en vacancia el 22 de diciembre de 2025 y retomará sus sesiones el 5 de enero de 2026, lo que posterga cualquier discusión de fondo y deja los temas estructurales para un año políticamente más complejo.
A este factor se suma la diferencia entre los tipos de cambios constitucionales. Mientras las reformas parciales requieren 77 votos, las enmiendas constitucionales exigen al menos 101 voluntades.
En el Legislativo, donde el oficialismo apenas ha logrado reunir alrededor de 78 votos en las últimas decisiones clave, el margen para avanzar en transformaciones de mayor calado se reduce.
El resultado es un arranque de 2026 con una agenda ambiciosa, pero sin certezas sobre la capacidad real del oficialismo para sostenerla en el Legislativo.
1. Una mayoría frágil de ADN en la Asamblea Nacional tras la consulta popular de 2025
Andrés Obando, especialista en comunicación política, señala que el balance legislativo de 2025 condiciona directamente lo que pueda ocurrir en 2026. Explica que los resultados negativos de la consulta popular de 2025 para el Gobierno alteraron por completo la planificación política dentro de la Asamblea Nacional.
Según Obando, antes de la votación existía un ambiente de cierre de ciclo, con conversaciones internas tanto en ADN como en la Revolución Ciudadana sobre posibles candidaturas para una Asamblea Constituyente. La derrota del oficialismo aceleró su desgaste político y dejó en evidencia una mayoría frágil.
El especialista añade que esa debilidad se refleja en las votaciones recientes, donde el oficialismo apenas alcanzó 78 votos en decisiones relevantes, como la aprobación de la Proforma Presupuestaria.
Para 2026, advierte, esa mayoría no solo es insuficiente para cambios constitucionales profundos, sino que podría erosionarse aún más con el paso de los meses.
2. Enmiendas constitucionales sin votos suficientes
Obando sostiene que la Asamblea llega mal preparada para tramitar enmiendas constitucionales en un escenario de fragmentación política. Explica que, mientras las reformas parciales requieren 77 votos, las enmiendas demandan 101, una cifra hoy inalcanzable para el oficialismo.
Desde su análisis, ADN apenas completa alrededor de 78 votos y existe el riesgo de que incluso pierda esa mayoría durante 2026. En ese contexto, cualquier intento de modificar la Constitución se convierte en un escenario incierto y altamente riesgoso.
El especialista agrega que, en términos técnicos y políticos, aprobar enmiendas resulta prácticamente imposible sin el apoyo del correísmo.
Por ello, prevé que el funcionamiento de la Asamblea en 2026 mantendrá la misma dinámica de conflictos y polarización que ha marcado los últimos meses, lo que seguirá afectando la imagen institucional del Parlamento.
3. 2026, un año preelectoral y alianzas inestables
El analista político, Maximiliano Donoso-Muller, advierte que 2026 será aún más complejo por tratarse de un año preelectoral. Señala que muchos asambleístas ya piensan en dejar su curul para participar en las elecciones seccionales, una práctica que, según las cifras históricas, suele ser un error político.
Desde su perspectiva, el oficialismo tendrá serias dificultades para mantener y administrar alianzas legislativas estables que le permitan aprobar leyes prioritarias. En ese escenario, las enmiendas constitucionales, que requieren acuerdos de largo plazo, enfrentan obstáculos adicionales.
Donoso-Muller considera que solo un trabajo intenso de negociación por parte de los operadores políticos del Gobierno podría abrir alguna posibilidad, siempre que logren acuerdos atractivos con legisladores independientes o bancadas afines. Sin consensos amplios, sostiene, es poco probable que las enmiendas avancen en un año marcado por la lógica de campaña.
4. Falencias técnicas y una estrategia política cuestionada
Tanto Obando como Donoso-Muller coinciden en que la calidad técnica del trabajo legislativo es uno de los puntos más débiles de la Asamblea.
Obando recuerda que, en audiencias ante la Corte Constitucional, representantes del Legislativo no lograron defender la constitucionalidad de leyes impulsadas por el Ejecutivo, lo que evidencia deficiencias en el rigor técnico.
Donoso-Muller añade que existen errores recurrentes en la redacción de leyes, propuestas y procedimientos, producto de la falta de experticia en los equipos legales. Esto, explica, ha derivado en que varias normas sean derogadas por la Corte Constitucional por errores de fondo y forma.
En este contexto, Pablo Rosales, experto en comunicación política, ha señalado en análisis previos que insistir en impulsar enmiendas constitucionales sin una base sólida de consensos puede convertirse en una mala estrategia política para el oficialismo.
Desde su enfoque, la falta de acuerdos amplios y el uso de la confrontación como eje central del discurso terminan debilitando el liderazgo de ADN en la Asamblea, en lugar de fortalecerlo.
A ese diagnóstico, Rosales añade que el problema es comunicacional y estratégico. El experto en comunicación política ha explicado que cuando un gobierno impulsa cambios constitucionales sin contar previamente con acuerdos sólidos y verificables dentro de la Asamblea, traslada el debate del terreno institucional al terreno del conflicto político.
Según Rosales, esa dinámica termina por desgastar al propio oficialismo, porque refuerza la percepción de improvisación y debilita su capacidad de liderazgo frente a otras bancadas y ante la opinión pública, especialmente en un año preelectoral donde cada movimiento es leído en clave de campaña.
Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO.
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