jueves, 16 de abril de 2026

 


 

SIP alerta por denuncia penal contra Granasa y advierte riesgo para la libertad de prensa en Ecuador

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación frente a lo que considera una escalada de acciones judiciales y administrativas en Ecuador contra el Grupo Granasa, editor de los diarios Diario Expreso y Diario Extra. La organización advierte que este escenario refleja un deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en el país.

El pronunciamiento se da tras la presentación de una denuncia penal por presunta asociación ilícita contra directivos del grupo, interpuesta por el liquidador de Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, en medio de una disputa por el control del 40% del paquete accionario de la compañía. Entre los señalados están la accionista Ingrid Francisca Martínez Leisker, el presidente ejecutivo Galo Martínez Leisker y otros miembros del directorio.

Según la SIP, este proceso no puede entenderse de forma aislada, ya que forma parte de una serie de actuaciones judiciales, administrativas y regulatorias que podrían incidir en la estructura de propiedad y en la línea editorial. El conflicto se originó en un intento de revertir una transferencia de acciones realizada años atrás, lo que ha derivado en intervenciones de entidades como la Superintendencia de Compañías, decisiones judiciales y ahora acciones penales.

El propio Grupo Granasa ha denunciado un “escenario complejo para la libertad de expresión” y ha alertado sobre el uso de instituciones del Estado como mecanismos de presión política.

“El uso del sistema penal y de los organismos de control para dirimir disputas que involucran a medios de comunicación genera un efecto inhibidor profundamente dañino para la libertad de prensa.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, dijo: “La independencia editorial no puede verse condicionada por presiones estructurales desde el poder”. (DLH)


 Andrés Arauz incumple con su presentación periódica en el caso Ligados

Orlando Silva

El incumplimiento de la medida cautelar de presentación periódica por parte del excandidato presidencial Andrés Arauz quedó registrado en la Corte Nacional de Justicia. Ante esta situación, la jueza Daniella Camacho dispuso que la Fiscalía General del Estado conozca el hecho y se pronuncie dentro del proceso conocido como caso Ligados.


Incumplimiento de la medida cautelar queda en manos de la Fiscalía

La notificación consta en un informe remitido el 13 de abril de 2026 por la secretaria relatora de la Sala de lo Penal, Corrupción y Crimen Organizado. En ese documento se señala que Arauz no acudió a la Secretaría de la Sala Penal el viernes correspondiente a la segunda semana de abril, como establece la medida, y que hasta la fecha no se registró su comparecencia.

El proceso penal no solo involucra a Arauz. También figuran como investigados los exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, además de la exasambleísta Esther Cuesta, Raúl González —electo superintendente de Bancos en 2022— y la actual vocal Nicole Bonifaz.

La explicación presentada por Andrés Arauz

Desde el exterior, Arauz remitió un escrito para justificar su inasistencia. En el documento indicó que el 26 de marzo de 2026 compró un pasaje aéreo para viajar desde México a Quito el 10 de abril, con el objetivo de cumplir con su obligación judicial.

Sin embargo, detalló que el 8 de abril recibió un diagnóstico de otitis en el oído derecho. Según el certificado médico adjunto, el profesional de salud dispuso tratamiento y prohibió el desplazamiento aéreo por siete días. El documento incluye firma, notarización y apostilla.

Decisión pendiente y audiencia clave

La jueza Daniella Camacho indicó que el escrito presentado será valorado en el momento procesal correspondiente, sin emitir un pronunciamiento inmediato sobre la justificación.

En paralelo, la magistrada convocó a la reinstalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio para el viernes 17 de abril, a las 15:00. La diligencia se desarrollará de forma presencial en la Corte Nacional de Justicia y también contará con modalidad telemática.


 


 


 

 


 Un trabajador trata de desenredar el enjambre de cables colocados por las empresas privadas de telefonía y otros servicios, sin control. Este monstruo, de mil patas, con el paso del tiempo se ha vuelto un problema insostenible. Ni la paupérrima administración municipal, ni a Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, han sido capaces de poner orden en el caos. La tercera ciudad más importante del país, la ciudad patrimonial, ofrece a propios y extraños, una pobre imagen visual, donde reina la falta de autoridad y planificación.

"Nadie piensa donde todos lucran, nadie sueña donde todos tragan".
El Observador


 


 

Expreso: defender lo indefendible

Silencio. Así responden quienes defienden al Gobierno, pero callan cuando se cuestiona el ataque del que es víctima la empresa editora de los diarios Expreso y Extra, Gráficos Nacionales S.A., su dueño, Galo Martínez Leisker, y su familia.

Lejos de ser dueña de la verdad —y siendo cada vez más escasa en Ecuador— la prensa independiente cumple el rol de observar y cuestionar aspectos de la realidad que el ciudadano no alcanza a ver. Piedra en el zapato del poder: eso es, en esencia, el periodismo libre.

También le corresponde llamar a las cosas por su nombre. Y lo que hoy hace el Estado contra una empresa que sostiene cientos de empleos y acumula medio siglo de trabajo honesto en el país, se llama persecución.

En las distintas medidas emprendidas contra Granasa participan funcionarios del sector judicial, la UAFE, el SRI y la Superintendencia de Compañías. Esto constituye, sin duda, una medida ejemplificadora y una clara señal a todo el sector privado: Correa dejó escrito el libreto.

Expreso y La Hora ya vivieron el cierre de la revista Vanguardia, ejecutado por Vinicio y Fernando Alvarado, entonces operadores del poder. Lo que ocurre hoy no es distinto.

Cuando recibió a la Sociedad Interamericana de Prensa y firmó la Declaración de Chapultepeccomprometiéndose a respetar la libertad de prensa, el presidente Daniel Noboa recordó que “él también” fue víctima de la persecución del correísmo.

Si algo enseñó esa década es que, en la cúspide del poder, quien gobierna es tan implacable como poderoso. El silencio de quienes hoy socapan este atropello podrá protegerlos ahora, pero no los blindará ante el juicio de la historia.