miércoles, 24 de junio de 2026
martes, 23 de junio de 2026
Se oficializa la designación de Martha Urgilés como directora de Comunicación (E) de la Alcaldía de Cuenca
El día de hoy en horas de la tarde, en el Sistema de Gestión Documental se oficializó el encargo.
Urgilés, comunicadora de amplia trayectoria, cumplía el rol de analista de apoyo de la misma dirección.
Trayectoria:
Martha Urgilés es licenciada en Comunicación y Publicidad por la Universidad del Azuay y tiene una maestría presencial en Comunicación Institucional y Política por la Universidad de Sevilla, España, casa de estudios que le otorgó la matrícula de honor por su investigación en comunicación de crisis.
En sus más de 10 años de trayectoria, ha sido directora de comunicación de empresas de gran prestigio como la Cámara de Comercio de Cuenca, la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP) y de la Empresa Pública de Desarrollo Económico de Cuenca (EDEC EP), fue especialista de comunicación en la Secretaría Nacional de la Administración Pública.
El encargo ha sido realizado por la Alcaldesa Marisol Peñaloza, quién hasta hoy se encontraba en al análisis de el perfil más idóneo para este cargo.
ÚLTIMA HORA: Esta es la primera imagen del doctor Abu Safiya que vemos en más de un año. Con señales evidentes de malos tratos, el médico que salvó la vida de recién nacidos en Gaza compareció ante un tribunal con una serenidad admirable mientras las autoridades israelíes han intentado que esta imagen no llegara a la prensa.
jaime, mientras estas imágenes están dando la vuelta al mundo, súmate a más de 600 000 personas que reclaman acción a los gobiernos europeos y presionan a Israel para lograr su liberación inmediata. Firma y comparte la campaña para liberar al doctor Abu Safiya y al resto del personal médico de Gaza:
El doctor Hussam Abu Safiya es un verdadero héroe. Sacrificó absolutamente todo por salvar vidas en Gaza. Ahora Israel lo mantiene detenido y, según reportes, sometido a brutales torturas sin que se hayan presentado cargos en su contra. Médicos y médicas de todos los continentes están alzando la voz, pidiendo su liberación y la de otros colegas en Gaza. Sumemos nuestro apoyo: firma y comparte ahora mismo para ayudarles a regresar a casa con sus familias.
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Publica diario inglés THE GUARDIAN
"UNA DENUNCIANTE QUE INVESTIGABA EL NEGOCIO FAMILIAR DEL PRESIDENTE ECUATORIANO FUE ASESINADA, SEGÚN AFIRMAN LOS ACTIVISTAS
Monika Silva Koniuszek murió a causa de un golpe en la cabeza y estrangulamiento, según reveló la autopsia, a pesar de que el Gobierno afirma que se trató de un suicidio"
Texto en inglés:
WHISTLEBLOWER INVESTIGATING ECUADORIAN PRESIDENT’S FAMILY BUSINESS WAS MURDERED, ACTIVISTS SAY
Monika Silva Koniuszek died from a blow to the head and strangulation, a postmortem found, despite government claim of suicide
Campaigners in Ecuador say a Polish anti-corruption activist who investigated allegations against the family business of the country’s rightwing president was murdered to silence her.
Monika Silva Koniuszek, 41, was found dead in her home in Montañita, a coastal town in Ecuador’s Santa Elena province. The single mother of daughters aged four and nine, was found on the floor with a noose around her neck on 8 June.
A day after her death, and before autopsy results had been released, Ecuador’s interior minister John Reimberg said that the initial hypothesis was that it was a suicide: “The necessary evidence to reach that conclusion was found at the scene,” he told local media.
However, on Friday, a postmortem in Guayaquil found that the cause of death was a blow to the head and strangulation.
“Based on the forensic reports, we are certain that this was a violent death; therefore, the alleged suggestion that it was a suicide falls apart,” said attorney Lita Martínez, director of the Ecuadorian Centre for the Promotion and Action of Women.
Silva Koniuszek had spent the last decade denouncing environmental crimes and corruption on social media, and working with local journalists. She stated in her social media profiles: “You don’t need to be born in Ecuador to love it and defend what is right.”
“Monika was the bravest person I have ever met,” said Beth Pitts, 47, a British author and fellow activist who collaborated with her in local campaigns.
“She was often a lone voice, publicly and vociferously denouncing corruption and environmental crimes when everyone else was too afraid to speak out,” said Pitts, who has lived in Ecuador for 13 years and lived near Silva Koniuszek in a neighbouring village.
“Beyond her activism, she was a dedicated single mother and a wonderful friend. Even when she was receiving death threats, she would still take the time to ask how I was doing and offer her support,” she added.
Colleagues say Silva Koniuszek had begun to investigate Noboa Trading, the fruit conglomerate belonging to the family of the rightwing president, Daniel Noboa. They said she had been pursuing allegations that several tonnes of cocaine had been seized in Noboa Trading banana containers, but high-ranking Ecuadorian judicial officials were stalling the investigations.
Shortly before she was killed, she told friends that she had delivered a dossier of allegations to the US embassy in Quito.
She had also investigated allegations that politically connected figures in Santa Elena province were implicated in a massive land-trafficking ring.
Friends say Silva Koniuszek was facing judicial harassment and explicit death threats, allegedly linked to the same crime networks that assassinated a fellow activist, local journalist Robinson del Pezo, in November 2025.
Silva Koniuszek’s death made headlines in her native Poland, with scepticism over early reports suggesting she took her own life.
Her friend, Joanna Cuper, told the Polish broadcaster TVP Info that the activist had claimed she was “followed and observed”. “None of us believe she killed herself,” she said.
“She said that the cartels had put a price on her head. Three years ago, her then husband took the children to Brazil because she was receiving threats that she and her children would be murdered,” Cuper added.
The Polish prosecutor’s office confirmed last week that it had requested mutual legal assistance from the Ecuadorian authorities probing her death, and suggested it would want to be closely involved in the investigation.
The Polish embassy in neighbouring Peru said it hoped “the competent authorities will conduct a swift, thorough, independent and transparent investigation” to “clarify the circumstances of the case and ensure accountability”.
It pointedly added: “The embassy of the Republic of Poland emphasises the importance of protecting human rights defenders, journalists, social activists and all individuals engaging in civic life.”
The community in Montañita created a shrine to Silva Koniuszek, with photos and flowers, and kept candles burning for several days. Local street artists painted a mural, with neighbours renaming a street after her.
https://www.theguardian.com/world/2026/jun/23/monika-silva-koniuszek-ecuador-president-family-business
EL CAPITAL MINERO DESTROZA LAS NAVES
Otro territorio de sacrificio
Alberto Acosta (1), Pocho Álvarez (2)
Los casos de violencia minera en contra de las comunidades que defienden sus territorios y de la Naturaleza se expanden en Ecuador. Uno de ellos, brutal como tantos otros, es el del proyecto minero Curipamba Sur – El Domo que ha empezado a arrasar con Las Naves, un cantón, en el subtrópico, en una de las provincias pobres y olvidadas de los Andes, la provincia de Bolívar.
Con el cuento de una “minería responsable” se despliegan varias cifras y mensajes que forman parte de un libreto por lo demás conocido. Pongamos en contexto estos argumentos de las mineras en el caso del yacimiento en cuestión. Y planteemos algunas conclusiones.
La realidad detrás de la propaganda
Allí se encuentra un yacimiento de oro, cobre y zinc. Se trata de un proyecto operado por la minera canadiense Curimining S.A, que espera iniciar la fase de explotación en el año 2027. La vida útil de la mina a cielo abierto se estima en 10 años.
Sus niveles de gigantismo son inocultables. Para obtener apenas 2,5 gramos de oro se requiere mover una tonelada de material del subsuelo; la relación para los otros minerales es similar 46 g/t de plata, 1,9 % de cobre, 0,2 % de plomo y 2,5% de zinc; Minerales que vienen acompañados de muchos otros metales no ferrosos, altamente contaminantes.
En resumen, la extracción de los minerales demanda un procesamiento de 1.850 toneladas por día. Al final de la vida útil quedará en las escombreras o depósitos de rocas más de 6 millones de toneladas de materiales y millones de metros cúbicos de desechos altamente contaminantes en las relaveras o dique de cola. Tomando como referencia unos datos de otras minas similares, se sabe que para obtener 30 kg de cobre se requiere extraer unas 150 toneladas de roca, se generan 100 toneladas de desecho de roca y se generan alrededor de 115 toneladas de relaves. Hay que considerar que el tajo abierto de la mina, la relavera, las escombreras y el depósito de saprolitos se superponen al cauce de cursos de agua superficiales y existe un gran riesgo de generación de drenaje ácido.
Esta no es una anomalía, las incertidumbres sobre los impactos ambientales son otra de aquellas repetidas características de la minería en Ecuador. Así el impacto sobre las fuentes de agua superficiales y subterráneas carecen de análisis cuantitativos en distintos escenarios temporales. El análisis hidrogeológico, de vulnerabilidad y de riesgos de contaminación del agua subterránea y del drenaje ácido es deficiente, tanto como el análisis de otros impactos ambientales y por supuesto de los sociales.
El monto de inversión del proyecto estimado es de 497 millones de dólares durante el tiempo de vida útil de la mina. Se ofrecen ingresos al Estado por 376 millones de dólares. Un monto anual minúsculo, de menos de 40 millones, que no llegan ni al 1% del Presupuesto General del Estado del año 2026. No hay duda alguna que, en este proyecto, como en todos los otros en marcha, no se cumplirá con una disposición constitucional (art. 408), que dispone textualmente que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.
El empleo llegaría a 800 personas, dicen en la propaganda oficial; los datos que se establecen para el funcionamiento de la planta hablan de 54 personas. Estos ofrecimientos, como se constata de forma permanente, se desvanecen muy pronto. Es más, al no tener los pobladores de la zona conocimientos sobre la minería y sobre las tecnologías utilizadas, la mayoría de la fuerza laboral calificada vendrá de otras ciudades e, incluso, de otros países. La presencia de personal de otras partes y sus necesidades culturales suele generar más conflictos, delincuencia, y otros problemas sociales, como la prostitución, aumento del alcoholismo, drogadicción y violencia intrafamiliar. Por estas y otras razones, las mujeres son las más afectadas por la minería. Adicionalmente, una cuestión que se soslaya siempre: entre el 80 y 90 porciento de los empleos benefician a los varones, pues se trata de actividades dominadas por la impronta patriarcal.
En este caso, las comunidades de la zona, en su mayoría campesinas, se dedican a actividades agrícolas, a la ganadería y al comercio. Se identifican como mestizos y montubios. Se trata de grupos humanos desechables desde la lógica de acumulación justificada por el desarrollo… de otros, lo que transforma sus territorios, su cultura y modo de existencia en sacrificables.
Y como es ya una costumbre generalizada, a este proyecto de “minería responsable” se le presenta como una oportunidad para el desarrollo de la provincia y de su gente.
Lo realmente responsable es conocer cómo funcionan estos proyectos, así como el cumplimiento de las disposiciones legales existentes, teniendo en consideración siempre sus impactos socioambientales locales y nacionales.
Como complemento indispensable, hay que tener siempre presente que es práctica común que las mineras incrementen sus costos para ocultar sus ganancias, provocando la reducción aparente de sus beneficios. Adicionalmente, cuando se explota cobre u otro mineral como el oro, por ejemplo, no se conocen cuáles otros minerales se extraen y exportan, como pueden ser las tan cotizadas tierras raras. También es frecuente que, las empresas se declaren “en quiebra” antes de cumplir con sus obligaciones cuando las minas están a punto de cerrar. Punto básico, estas empresas recurren a subsidiaras afincadas en paraísos fiscales, por lo que, terminadas las operaciones, no hay manera de conseguir que asuman su responsabilidad de reparar los destrozos provocados, pues, como se ha demostrado en el mundo, estas compañías son expertas en fraudes de todo tipo, no solo tributarios, más aún cuando no hay los mínimos controles estales o peor aún si el gobierno es “cómplice” de las mineras.
La violencia como condición necesaria de la minería
Es evidente que no hay que esperar que la fase de explotación empiece para constatar los impactos de este proyecto. Desde hace muchos años, Las Naves enfrenta profundos conflictos socioambientales provocados por el Proyecto de Minería Curipamba Sur. Esta empresa posee siete concesiones, que se encuentran en varios cantones, tanto de la provincia de Bolívar como la de Los Ríos. Pero el punto donde está la mira minera es especialmente en Las Naves.
Como ha sucedido en todos los proyectos mineros, sin una real consulta a las comunidades de la zona, se concesionó su territorio para dedicarlo a la actividad minera. Dicha concesión fue autorizada en enero de 2024 para continuar hacia la fase de explotación a cielo abierto y beneficio. En enero de 2025, se inició la fase de construcción: se autorizó la construcción del tajo de la mina y de la piscina de relaves.
Tal como acontece en otras regiones, Las Naves es una zona de alta importancia hídrica. Origen de fuentes de agua que nacen en sus montañas y que alimentan a muchos ríos de la zona y de la costa. Se conoce, también, que existen varias especies amenazadas.
Como ya se anotó al inició, es muy importante en esa región la agricultura familiar campesina de pequeña escala, de producción diversificada, con ganadería y cultivos perennes, caracterizadas por prácticas sostenibles, que ocupa el 86% del territorio cantonal. Su producción asegura el autoconsumo y la autosuficiencia, con excedentes que se comercializan especialmente en mercados locales. Estas comunidades se han organizado y constituido asociaciones de productores. Incluso se han conformado instituciones que ofrecen el acceso a servicios financieros, créditos, préstamos agrícolas.
Pero desde la llegada de minería estas comunidades se ven permanentemente confrontadas con problemas graves. Sufren la afectación de su ecosistema: en especial, por los destrozos en la cobertura vegetal, que se ampliará en las zonas de remanentes de bosque que garantizan la presencia de lluvias como parte esencial del ciclo hidrológico.
La situación se agudiza a pasos agigantados. Ya han aparecido problemas el el sistema de agua potable. Avanza el proceso de proceso de deforestación de árboles nativos y retiro de material vegetal de la montaña. El agua baja contaminada con lodos. Las explosiones propias de estos proyectos anuncían nuevas dificultades. Todas estas son demostraciones fehacientes de la violencia que se ejerce en contra de la Madre Tierra, que en nuestro país tiene derechos constitucionales.
Como un paso más en este largo trajinar de atropellos, la empresa Curimining, empezó a utilizar una de las vías comunitarias, que fue construida por las familias campesinas que habitan la zona. Ahora grandes volquetas y otros vehículos de la compañía circulan por esa vía de segundo orden, afectando el tráfico de los usuarios que la construyeron. En este atropello está involucrado el Estado, que ha desplegado a policías y militares en el territorio para proteger los intereses mineros en lugar de precautelar a la población campesina. Por cierto, Curimining no cuenta con el consentimiento para usar la vía. Todo esto provocaría el desplazamiento forzado de la población campesina que actualmente ocupa el territorio.
La comunidad se mantiene en permanente tensión. La intimidación y las amenazas para defensores y defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza se multiplican. En paralelo, con acciones de libreto practicadas en otros lados, la compañía abusa del derecho penal para acusar a personas campesinas de diferentes delitos. Con este tipo demandas, que cuentan con la asesoría jurídica de los abogados de la empresa, se acosa de forma sistemática a los comuneros. Y durante las audiencias judiciales se intenta posicionar la idea de que los acusados son violentos y peligrosos, todo por expresar públicamente su oposición a la explotación minera en su territorio, por ser parte de las protestas pacíficas en contra de las decisiones estatales impuestas de manera arbitraria que acarrearán su desplazamiento forzado y la destrucción de sus formas de vida campesina. Para cerrar este listado, en un sostenido esfuerzo de acoso y hostigamiento, se pretende inclusive sancionar a personas y organizaciones de la sociedad civil que osan apoyar a estas comunidades frente al vandalismo minero.
La criminalización ampliada de quienes defienden los territorios y la vida misma se expresa de múltiples maneras. Lo perverso, como lo hemos visto en otros lugares, es que los intereses minero-estatales no dudan un minuto en acusar a quienes defienden la vida como personas opuestas al desarrollo.
La defensa de la vida continúa
Ante esta imposición arbitraria e inconsulta de actividades extractivas y ante los daños evidentes que ha causado y causará la actividad minera en estos territorios que traerá la destrucción de sus formas de vida campesina, la única opción que les ha quedado es la protesta y resistencia pacífica, garantizada en el artículo 98 de la Constitución. Sin embargo, expresar abiertamente su oposición y, peor aún, liderar el proceso de resistencia de las comunidades afectadas ha derivado en varios momentos de criminalización, en violación de su derecho a defender derechos.
La lista de casos iniciados en la justicia crece. Se acusa a los comuneros, que defienden sus territorios y sus modos de vida, de una multiplicidad de delitos. Las acusaciones van desde violación y daño a la propiedad privada, asociación ilícita, robo, resistencia, intimidación y contravenciones diversas. Con esta política de criminalización, prácticada en otros lugares atacados por la minería, se mantiene atemorizada a la comunidad.
Por ese motivo, más 300 campesinas y campesinos de Las Naves, a quienes se han sumado cerca de 180 personas provenientes de San Luis de Pambil y de Zapotal, han presentado una demanda de acción de protección en contra del Estado y de Curimining S.A., contando con la asesoría de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - CEDHU.
La lista de violación de derechos es larga. Se han irrespetado, en términos globales los Derechos Humanos y los de la Naturaleza. Entre ellos se destaca la no realización de la consulta ambiental previa, la destrucción de la Naturaleza, que incluyen los impactos a los ciclos hidrológicos del agua. A los que se suma una serie de acciones de cooptación y de represión que afectan por igual y gravemente la cohesión de las comunidades.
Las Naves, como tantos otros rincones del Ecuador, es un punto más de conflicto generado por la codicia y la voracidad del capital, que actúa en contubernio con el gobierno. Son territorios de campesinos y campesinas destinados al sacrificio para seguir en la inútil carrera en pos del desarrollo: un verdadero espejismo. Y por eso mismo, Las Naves, su resistencia, es una eslabón más de la red de lucha para preservar los territorios y defender opciones de vida digna.-
EL PRECIO DEL SILENCIO
Auge complicidad y caída en el Municipio
El colapso de la gestión del exalcalde Zamora no es solo el resultado de decisiones individuales, sino de la claudicación ética de una mayoría en el Concejo Cantonal. Al subordinar su voto a la voluntad del Ejecutivo local a cambio de cuotas de poder y puestos para familiares directos, los concejales anularon el debate democrático y el análisis crítico. Esta maniobra blindó de fiscalización tanto las cuestionables "obras" del exalcalde como a su denominado "equipo intocable".
Radiografía de la corrupción.
Las cifras de Contraloría
El costo de esta inoperancia legislativa ya tiene reflejo en datos duros. La Contraloría General del Estado, como máximo organismo de control, examinó de oficio 37 procesos administrativos de dicha gestión, arrojando un saldo alarmante:
* 37 procesos analizados.
* 18 procesos con indicios de responsabilidad penal.
* 48.6% de efectividad delictiva (estadísticamente, casi la mitad de lo que Zamora ordenaba ejecutar en el municipio se hacía al margen de la ley -según Contraloría-).
Este silencio cómplice sitúa a la mayoría de los concejales en el radar de la justicia, enfrentando posibles repercusiones penales, como mínimo, en calidad de encubridores.
El declive y las expectativas del nuevo rumbo
Tras el auge artificial sostenido por redes de trolls, la caída del líder es inminente, y con él, se anticipa un efecto dominó que arrastrará a decenas de funcionarios implicados. Es solo cuestión de tiempo.
En este escenario de transición, la ciudadanía mantiene la expectativa sobre el rol de la nueva Vicealcaldesa. Su desafío inmediato será actuar con inteligencia técnica y rectitud ética para desmantelar al "equipo intocable" del antiguo régimen. Solo mediante una distancia radical de las prácticas pasadas podrá evitar verse salpicada por los procesos judiciales que hoy siguen su curso.
Jorge Enrique Salazar Atiencia
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