Contra Punto

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El caso Goleada ya no golpea solo la puerta política de Aquiles Alvarez: ahora entra al círculo familiar.

La Fiscalía apunta directamente a Fiorella Icaza, esposa del alcalde, y a Gioconda Henriques, su madre, como presuntas beneficiarias de bienes vinculados al supuesto lavado de activos investigado. Sueldos de USD 8.000, departamentos en Isla Mocolí, vehículos de alta gama y transferencias de acciones aparecen en un expediente donde, curiosamente, todo parece moverse justo cuando la lupa judicial empieza a acercarse.

Aquí no se trata de condenar por apellido ni de celebrar persecuciones. Se trata de algo más serio: cuando la riqueza familiar crece alrededor del poder, las explicaciones deben ser más sólidas que los discursos. La institucionalidad no puede depender del aplauso militante ni del libreto de victimización. La justicia tendrá que probar, y la defensa tendrá que responder. Pero la ciudadanía ya tiene derecho a preguntar.

 

 YA BASTA DE TANTA NEGLIGENCIA

Si su cita médica fue suspendida, sin previo aviso, por parte de la administración del hospital del IESS "José Carrasco Arteaga", es obligación, primero pedir disculpas públicas a los pacientes perjudicados por la negligencia, y acto seguido, reagendar la cita y comunicar a través de correo electrónico, así como envían el mensaje indicando que (usted tiene una cita con el doctor....el día...a las.....) El Observador.

Pretenden que el afiliado-jubilado vaya al hospital personamente, entre las 7 y 8 de mañana, en medio del caos vehicular que se presenta a esa hora, para que se acerque a ventanilla a reagendar la cita, es un abuso sin nombre, irresponsabilidad de una administración indolente, que no se compadece con las personas de la tercera edad, especialmente.

Las autoridades del hospital del IESS deben actuar inmediatamente para ordenar el reagendamiento de las citas médicas, porque la culpa no es de los pacientes, sino del profesional, que por A o B motivo no asiste a laborar. Insisto, lo ético es que se pida disculpas a las personas, por la inasistencia del galeno, y se notifique la nueva cita, por vía electrónica. Ya basta tanta negligencia.

"La negligencia médica ocurre cuando un profesional de la salud no cumple con el estándar de atención médica establecido, causando lesiones o daños al paciente".

El Observador

 

Catalina Gómez Ángel, la voz latinoamericana en las guerras del mundo, recibe el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026 La Fundación Gabo anuncia como ganadora del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026 a la periodista colombiana Catalina Gómez Ángel, corresponsal freelance radicada en Teherán, por su valentía, independencia y rigor narrativo al cubrir algunos de los conflictos más complejos del mundo contemporáneo desde una mirada latinoamericana que pone a las víctimas y a la experiencia humana en el centro de la historia. El Consejo Rector del Premio Gabo tomó la decisión por consenso el 30 de abril de 2026, al considerar a Gómez Ángel como “una periodista que encarna, con independencia inquebrantable y vocación férrea, el mejor periodismo de una época en que el espacio público está siendo arrebatado por el autoritarismo y los grandes poderes tecnológicos y económicos”.

 

 LOS DERECHOS DE LAS MUJERES NO PUEDEN DEPENDER DEL COLOR POLÍTICO

Cuando la víctima es correísta, hablan de derechos. Cuando no lo es, gritan persecución. Así de brutal es la doble moral política que hoy exhibe RC5.

Los correístas llevan años defendiendo a la Constitución de Montecristi como la “constitución de los derechos”, especialmente los derechos de las mujeres. Y tienen razón: la violencia política de género es grave y debe sancionarse, sin importar ideologías.

Pero ahora, tras la sanción del TCE a Cristian Zamora por violencia política de género contra Diana González, aplicada bajo el artículo 280 del Código de la Democracia, el correísmo intenta instalar otro relato: que todo fue ordenado desde “la dictadura” de Carondelet para bloquear una candidatura. De pronto, la discusión ya no es la violencia denunciada ni los derechos de una mujer, sino una supuesta conspiración política.

Y ahí queda expuesta la hipocresía. Porque cuando RC5 defendió a Paola Cabezas por la violencia política ejercida en su contra por Niels Olsen, jamás dijeron que las denuncias eran una maniobra del poder. Al contrario: invocaron Montecristi, reparación y protección de derechos incluso después de disculpas públicas. Exigieron sanciones y se presentaron como defensores de las mujeres.

Pero ahora que el sancionado es un aliado político, las mismas voces relativizan el hecho, atacan al sistema y convierten a Zamora en víctima. Convenientemente se olvidan de Diana González y del fondo del caso: una denuncia por violencia política de género.

La pregunta es inevitable: ¿la violencia política solo existe cuando la denunciante es correísta? ¿Los derechos de las mujeres valen únicamente si sirven al relato político de RC5?

Y sí, Cristian Zamora tiene derecho a apelar. Así funciona el debido proceso. Pero una apelación no borra la obscena doble moral de quienes usan los derechos de las mujeres como arma política cuando les conviene y los desechan cuando afectan a los suyos.

Los derechos no pueden ser garrote para enemigos y blindaje para aliados. Si Montecristi sirve para defender a Paola Cabezas, también debe servir para proteger a Diana González y sancionar a Cristian Zamora. Lo demás es puro cinismo político.

Dr Fernando Arias

 Se hizo justicia. Todos fuimos testigos de la violencia con la que el alcalde arremetió contra Diana Gonzalez, la forma con la que la atacó en redes sociales y como trató de impedir que se audite su gestión (que es deber de todo concejal). Definitivamente, se hizo justicia. Zamora deberá pagar una multa de USD 12.050 y completar un curso de sensibilización sobre violencia de género tras la denuncia presentada por la concejala Diana González. Espero que eso deje la lección de que se debe tratar a la gente con respeto y no jugar con la dignidad de nadie. Veamos si aprueba el curso de no violencia.

Algo que debo reconocer es que Christian Zamora tiene una gran facilidad de palabra, que le da la experiencia en política. Pero es muy poco ético hacer lo que está haciendo con su discurso. Al tratar de convertir un asunto personal con bases jurídicas y evidencias reales en "un ataque a la ciudad", lo que está haciendo es polarizar a la ciudadanía haciéndole sentir que se trata de un ataque a la ciudad y no a su persona. Apelando a ese sentimiento de ataque a la población, provoca el enojo de una parte de la ciudadanía y divide a la opinión, incitando indirectamente a la violencia.

Eso no es ético. Convierte un asunto personal en el cual el es el agresor, en una riña ciudadana dónde el ser auto-convierte en la víctima. Y claro, dado el pasado político de este país, la gente cae de lleno en su engaño. Eso para mi es peor que el cargo por el cual se le impugna. Triste realidad ... solo hace falta leer los comentarios de este post para darse cuenta de que una gran parte de la ciudadanía cayó de lleno en su trampa. En lugar de enfrentar la acusación y aceptar su error, como un hombre de bien y valiente, pasó el problema a la ciudad y la dividió.

Gustavo Morejón