jueves, 19 de noviembre de 2026

 ¡LOS CONCEJALES ALZAMANOS HAN SIDO FISCALIZADORES!

Por Jaime Cedillo F.
Ahora resulta que la mayoría de concejales alzamanos, que formaron parte del equipazo del prófugo, han sido fiscalizadores. Recién nos enteramos, y vaya que ha sido una sorpresa para los cuencanos, que pensamos que se pasaban de agache, negociando votos y silencio a cambio de prebendas y viajes de turismo con fondos de los ciudadanos que aportamos con esfuerzo y sacrificio. No sean mal pensados, han sabido fiscalizar desde las sombras, es que odian el show político, eso le delegaban al investigado por enriquecimiento ilícito y peculado.
Pero los resultados de los procesos de fiscalización no asoman por ningún lado, pero lo que sí es público y notorio, es un largo listado de familiares en puestos de la cloaca, perdón, digo, de la administración municipal, pero esa lista de burócratas dorados, tampoco aparece, a pesar de que la señora alcaldesa Marisol Peñaloza, en acto público, frente a una avalancha de cámaras, micrófonos, grabadoras, y en medio de un caos completo (porque así son las ruedas de prensa, un mercadillo, donde nadie pone orden), se comprometió entregar con lujo de detalles, con nombres y apellidos, en dónde están, cuántos son, cuándo ingresaron, qué hacen, ´cuánto ganan, su formación académica.
Por qué el silencio alcaldesa, por qué calla, a cambio de qué, acaso pactó en secreto, bajo la mesa con los concejales alzamanos para que no se conozca esta trama de corrupción y reparto de cargos.
Otro caso que usted prefiere mirar a otro lado, hacerse la desentendida, son los mercados donde reina el caos, la desorganización y esa mafia que se conoce como negociado de puestos tanto al interior como en el exterior de estos lugares, convertidos en lacras, gracias a la "brillante gestión" de su amigo y protegido jefe de mercados, Usted baila, come y bebe (los rompenucas) en esos mercados, mientras la gente sufre en silencio los abusos por miedo a la represión, a la intimidación, al acoso, a la multa, a la humillación. ¿Por qué calla?
Por qué no dice nada sobre el reparto del presupuesto para las fiestas de Cuenca. Cómo fue la participación del dinero, quiénes fueron los nuevos suertudos que se alzaron con los contratos. Aclare si hubo direccionamiento desde la dirección de Cultura, si el río suena piedras tormentosas trae. La ciudadanía quiere saber si los contratos se entregaron con "manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes". No es mucho pedir.
"Se aprende más observando a un perro que escuchando los discursos vacíos de los políticos".
El Observador


miércoles, 18 de noviembre de 2026

 "Cuando el municipio no planifica, el mercado planifica por él. Esa es, en síntesis, la situación que hoy vive Cuenca".

Cuenca, 17 de noviembre de 2026
Señora Magíster
Marisol Peñaloza Baculima
ALCALDESA (S) DEL CANTÓN CUENCA
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca
Señoras y señores
CONCEJALES DEL CANTÓN CUENCA
Comisión de Urbanismo
Señores
Arq. Santiago Vanegas Peña, Ph.D
Arq. Gina Mavel Dávila Pontón
Directora de Control Municipal
Presente. -
De nuestra consideración:
Luego de expresarles un atento saludo, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 66 numeral 23 de la Constitución de la República, y de los derechos de participación en los asuntos de interés público previstos en sus artículos 61 numeral 2 y 95, nos dirigimos a ustedes como ciudadanos cuencanos que, desde el año 2023, hemos advertido a la administración municipal sobre las intervenciones que vienen afectando a las zonas de El Barranco del Tomebamba, Bajada de Todos Santos, Centro Histórico de Cuenca, El Ejido, y las colinas que rodean a la ciudad; así como la desobligada gestión del suelo rural.
Lo que entonces se señaló respecto de casos concretos, se ha convertido hoy en un problema estructural: Cuenca se está transformando sin un plan, al ritmo de proyectos inmobiliarios, y los costos de esa transformación lo asumen sus habitantes. Los fundamentos de estas preocupaciones, se exponen en cuatro partes: la deficiente o nula planificación urbana; sus efectos en la calidad de vida y en el derecho a la ciudad; la situación de la población rural frente a los fraccionamientos agrícolas; y las medidas concretas que solicitamos al Concejo Cantonal adoptar.
PRIMERO. - LA DEFICIENTE O NULA PLANIFICACIÓN URBANA
1.1. La Constitución asigna a los GAD Municipales, como competencias exclusivas, planificar el desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo, y preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón (artículo 264 numerales 1, 2 y 😎. El artículo 415 ordena, además, que los gobiernos autónomos descentralizados adopten políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo que permitan regular el crecimiento urbano e incentiven el establecimiento de zonas verdes. El COOTAD desarrolla estas competencias en sus artículos 54 literales c) y o), 55 literales a), b) y h), y 57 literales e), w) y x). Planificar la ciudad, por tanto, no es una opción de gestión: es un deber jurídico cuyo incumplimiento compromete derechos.
1.2. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS) establece como principio rector la función pública del urbanismo, en virtud de la cual toda decisión sobre planificación y gestión del suelo debe adoptarse sobre la base del interés público, ponderando las necesidades de la población y garantizando la vivienda adecuada, el hábitat seguro y saludable, un espacio público de calidad y el disfrute del patrimonio natural y cultural (artículo 5 numeral 7). La misma ley dispone que el plan de uso y gestión de suelo y sus planes complementarios son vinculantes, y que son nulos los actos administrativos de autorización contrarios a ellos (artículo 15); que los planes parciales son obligatorios cuando se modifican usos de suelo o se autoriza un mayor aprovechamiento (artículo 34, sustituido por la reforma publicada en el Registro Oficial 320-4S de 7 de julio de 2026); y que solo puede autorizarse un mayor aprovechamiento en los polígonos que el plan de uso y gestión de suelo o sus planes complementarios expresamente permitan, siendo inválida cualquier otra autorización (artículo 72).
1.3. Frente a ese marco, la realidad de Cuenca muestra que la densificación y el incremento de alturas en sectores urbanos consolidados se han venido autorizando sin planes parciales o especiales que determinen previamente la capacidad de soporte de las redes de agua potable y alcantarillado, de la vialidad, de la movilidad, del espacio público y de los equipamientos; sin estudios de tramo ni de paisaje; y sin una evaluación del impacto acumulado de las autorizaciones otorgadas. La norma general ha sido sustituida, en la práctica, por resoluciones y criterios particulares.
1.4. Esta ausencia de planificación es especialmente grave en tres sectores:
a) El Centro Histórico y El Barranco del Tomebamba. El Centro Histórico de Cuenca integra la Lista del Patrimonio Mundial desde 1999. El Plan Especial de El Barranco, aprobado por el Concejo Cantonal el 31 de enero de 2003, ha sido contradicho por autorizaciones posteriores, como la edificación levantada en el espacio que ese plan reservaba para el Parque Puente Roto y dos edificaciones, que impiden las visuales hacia la Iglesia de Todos Santos. Por más de dos décadas se ha ofrecido un plan especial de manejo que hasta hoy no se ha concretado en un instrumento actualizado, y esa falta de norma no puede seguir sirviendo de pretexto para aprobaciones lesivas. Seguro existirán observaciones por parte del Comité del Patrimonio Mundial, como responsable de supervisar la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial y de su órgano asesor ICOMOS, que es urgente realice un monitoreo y observaciones a fin de que esta degradación no continúe.
Esta debilidad no es nueva. Mauricio Montalvo, ex Delegado Permanente Adjunto del Ecuador ante la UNESCO (1996-2001), relata en su artículo “La diplomacia ecuatoriana y el patrimonio mundial” (Revista AFESE No. 37, pp. 81-96) que, al evaluar la candidatura de Cuenca, el ICOMOS, organismo consultor que examina las nominaciones para el Comité, formuló dos observaciones principales: “la ausencia de una adecuada zona de protección del Centro Histórico y la falta de un inventario detallado y actualizado de los bienes culturales protegidos en el Centro Histórico”, y recomendó posponer la inscripción. Según el mismo autor, fue una urgente gestión de la Delegación Permanente, apoyada en la respuesta técnica de la Municipalidad, la que logró que la Mesa del Comité (París, julio de 1999) descartara esa recomendación; la inscripción se confirmó en Marrakech el 4 de diciembre de 1999.
Aunque el autor sostiene que la Alcaldía de entonces había atendido esos criterios, lo cierto es que la zona de protección y el inventario fueron precisamente los aspectos que el órgano técnico consideró deficientes, y son hoy los que más se han debilitado. Cuenca obtuvo la declaratoria asumiendo el compromiso de proteger adecuadamente su Centro Histórico y su entorno. Veintisiete años después, no se ha delimitado un área de protección hacia El Barranco del Tomebamba, el área histórica se ha reducido y se autorizan edificaciones en altura en su entorno inmediato. Lo que en 1999 fue una observación superada por la vía diplomática podría convertirse hoy en fundamento para que el Comité incluya al Centro Histórico de Cuenca en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
b) El Ejido. Sector concebido bajo el modelo de ciudad jardín del plan regulador de mediados del siglo XX (Gatto Sobral 1947) y reconocido por su valor urbanístico y patrimonial, viene siendo sometido a sustituciones y edificaciones en altura que alteran su morfología, su arbolado, sus retiros y su carácter residencial, sin un instrumento de planificación que ordene esa transformación y, más aún, afecta las visuales hacia el área patrimonial Barranco de El Tomebamba.
c) Cazhapata – Puertas del Sol. Sector residencial consolidado junto al río Tomebamba, en el que se ha concentrado la construcción vertical de alto costo. El resultado ha sido la degradación que se expresa en: la congestión vehicular, presión sobre los servicios, pérdida de asoleamiento y de visuales, y afectación del paisaje ribereño.
1.5. ONU-Hábitat ha señalado que el control urbanístico es una función pública esencial para la gobernanza de las ciudades, que ese control debe ejercerse sin quedar permeado por intereses particulares, en especial rentistas, que desplacen al bien común, y que la porosidad de los sistemas normativos y la escasa eficacia del control están entre los principales obstáculos para una transformación urbana adecuada. En la misma línea, la investigación en salud urbana del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal, 2024) muestra que la forma urbana, el transporte, la calidad ambiental y la salud están profundamente interconectados, por lo que la planificación debe integrar consideraciones de salud, sostenibilidad ambiental y cultural, con equidad social, y no limitarse a la edificabilidad.
Cuando el municipio no planifica, el mercado planifica por él. Esa es, en síntesis, la situación que hoy vive Cuenca.
Se ha escuchado que, las decisiones municipales de densificación del suelo, permiten un crecimiento concéntrico de la ciudad, argumento válido; se ha señalado que permitirá el acceso a un suelo menos costoso, falso, se ha generado una especulación en beneficio de pocos actores; y, se han degradado las áreas patrimoniales y las áreas urbanas consolidadas.
SEGUNDO. - EFECTOS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EN EL DERECHO A LA CIUDAD
2.1. El artículo 31 de la Constitución reconoce a las personas el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural, y establece que su ejercicio se basa en la gestión democrática de la ciudad y en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad. El artículo 30 garantiza el derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna. La LOOTUGS recoge el derecho a la ciudad como principio rector, exigiendo que la función social y ambiental de la propiedad anteponga el interés general al particular (artículo 5 numeral 6), y orienta todas las competencias urbanísticas a la efectividad de esos derechos (artículo 6).
Normas que atienden intereses particulares
2.2. Cuando los parámetros de altura, ocupación y uso se incrementan sin plan, la plusvalía que esa decisión pública genera es apropiada privadamente por los promotores, mientras los costos (redes saturadas, congestión, pérdida de paisaje, desplazamiento de residentes) se trasladan a la colectividad. Ello contraviene el principio de distribución equitativa de cargas y beneficios (artículo 5 numeral 8 de la LOOTUGS), el derecho de la sociedad a participar en los beneficios producidos por la planificación y la obligación de controlar las prácticas especulativas sobre inmuebles, en materialización de la función social y ambiental de la propiedad(artículo 7 numerales 3 y 4), así como el régimen de concesión onerosa de derechos, cuyos recursos deben destinarse a infraestructura, vivienda de interés social, equipamiento y garantía del derecho a la ciudad (artículos 72 y 73).
Destrucción de áreas urbanas consolidadas y de valor urbanístico
2.3. La LOOTUGS dispone que al suelo urbano consolidado se le apliquen tratamientos de conservación, sostenimiento o renovación (artículo 42 numeral 1), no una densificación indiscriminada. Más aún, la reforma de julio de 2026, al incorporar el artículo 39.3, reconoce expresamente el valor jurídico de los entornos urbanos consolidados cuya morfología, volumetría, perfil urbano, alineaciones y alturas se encuentran homogéneamente definidos, y considera relevante la ruptura de la continuidad urbana, del paisaje urbano o de la imagen de conjunto. Si el propio legislador protege la coherencia de esos tejidos, no puede ser la Municipalidad la que, con sus autorizaciones, los rompa. Es urgente la intervención de los legisladores cantonales para corregir estas distorsiones y evitar sanciones.
2.4. El Centro Histórico, El Ejido y Cazhapata - Puertas del Sol, son precisamente tejidos consolidados que dan identidad y valor a la Cuenca patrimonial. Su sustitución por edificaciones que compiten con el paisaje, anula visuales y alteran la escala del conjunto, constituye una pérdida irreversible, que además expone a la ciudad al supuesto previsto en el artículo 11 numeral 4 de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, esto es, su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Recordamos que, según el artículo 144 del COOTAD, los bienes declarados patrimonio de la humanidad se sujetan a los instrumentos internacionales, y que los artículos 4 y 5 de dicha Convención, obligan al Estado, y con él a la Municipalidad, a su identificación, protección, conservación y rehabilitación, la que ha sido nula.
Las edificaciones en altura que están autorizadas no han considerado el impacto urbanístico, la pérdida de área verde, soleamiento, servidumbres de vista, entre otras afecciones a la calidad de vida urbana. La explotación del suelo y su rentabilidad parece que se ha convertido en el elemento sustancial que orienta y define la planificación.
Colapso de servicios en beneficio económico de los promotores
2.5. Las redes de agua potable y alcantarillado, las vías locales, la capacidad de estacionamiento, la recolección de desechos y los espacios verdes de estos sectores fueron dimensionados para densidades muy inferiores a las que hoy se autorizan. La densificación sin estudio previo de capacidad de soporte produce sobrecarga, deterioro de la calidad del servicio y obras correctivas que termina financiando toda la ciudadanía, mientras la rentabilidad queda en manos privadas. La evidencia científica citada advierte que los beneficios atribuidos a la “ciudad compacta” no son automáticos ni universales: dependen de que la densidad venga acompañada de transporte público, espacios verdes y servicios suficientes, que es exactamente lo que no se ha planificado.
Deterioro de la calidad de vida y desplazamiento de residentes
2.6. Los efectos ya son visibles. Diario El Mercurio (10 de agosto de 2025) documentó como síntomas de gentrificación y turistificación en Cuenca, el aumento del valor del suelo, el desplazamiento de residentes del Centro Histórico, más de 3.000 inmuebles ofertados en plataformas de alquiler temporal y la canasta básica más cara del país (USD 861,46 según el IPC de julio de 2025 del INEC). En la misma publicación, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana reconoció que el alquiler temporal pasó de alrededor de 400 a 2.000 unidades en cuatro años y que cerca del 30 % de las transacciones corresponde a inversionistas.
Por su parte, representantes estudiantiles de la FEUE Cuenca han alertado que los arriendos ya no están pensados para quienes trabajan y estudian en la ciudad (Radio Pichincha, 11 de julio de 2025), en un contexto en el que los especialistas recuerdan que una vivienda adecuada no debería absorber más del 30 % del ingreso del hogar.
2.7. La doctrina latinoamericana sobre el derecho a la ciudad (Carrión y Dammert-Guardia, editores, Derecho a la ciudad: una evocación de las transformaciones urbanas en América Latina, CLACSO, FLACSO Ecuador e IFEA, 2019) advierte que los bienes urbanos encierran una tensión permanente entre su valor de uso y su valor de cambio, y que cuando la ciudad se convierte en mercancía y la especulación prioriza el valor de cambio, la ciudad se vuelve excluyente y deja de funcionar como tal. La experiencia de otras ciudades de la región, analizada en esa misma obra, muestra cómo determinadas tendencias de edificación terminaron por destruir el valor de uso de la ciudad y de la vivienda. Cuenca todavía está a tiempo de evitar ese resultado.
TERCERO. - LA RURALIDAD: SE OFRECE RESPETAR LA PROPIEDAD Y REDUCIR EL LOTE MÍNIMO, PERO SE NIEGAN LOS FRACCIONAMIENTOS
El derecho a la ciudad se ejerce, según el artículo 31 de la Constitución, bajo el principio de equilibrio entre lo urbano y lo rural. La falta de coherencia de la gestión municipal no afecta solo al área urbana: alcanza también, y con especial dureza, a la población rural del cantón.
El compromiso público asumido con la población rural
3.1. Como es de conocimiento público, en el debate de las últimas reformas al Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), que se suspendieron por el reclamo ciudadano, fundamentalmente de la población rural gravemente afectada por la pretensión de intromisión y lesión de su derecho de libertad de propiedad, el señor Alcalde, Ing. Cristian Zamora Matute, junto con el Concejo Cantonal, desechó la propuesta aprobada en primer debate relativa al artículo 8 innumerado a continuación del artículo 117 de la Ordenanza que reforma a la Ordenanza que regula el uso, gestión y aprovechamiento del suelo urbano y rural, y actualiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la sanción del Plan de Uso y Gestión de Suelo.
3.2. En el seno del Concejo, y ante las múltiples reclamaciones de la población rural, se discutió la legalidad y constitucionalidad de esa propuesta, que pretendía calificar, en contra de normas expresas, como urbanizaciones a los fraccionamientos agrícolas del suelo rural de producción (artículo 471 del COOTAD), y exigir en ellos vías de 8 metros de ancho, la ejecución de obras y la cesión de suelo. Esas exigencias son propias de los procesos de urbanización de predios urbanos y de predios rurales de expansión urbana, esto es, de la consolidación del suelo urbano o de la conversión del suelo de expansión en suelo efectivamente urbanizado. Trasladarlas al suelo rural de producción desconoce su naturaleza: un fraccionamiento agrícola no encaja en la descripción jurídica de un proceso de urbanización ni en sus exigencias, precisamente porque se ubica en suelo rural de producción.
3.3. El debate supuso varios encuentros y socializaciones. En ellos, el señor Alcalde afirmó de manera pública y expresa que en la ruralidad se respetaría el derecho de propiedad y el derecho a dividir, vender y donar los predios rurales, siempre respetando las condiciones de ese suelo, sin la obligación de dotar de vías ni de infraestructura, y reconociendo la accesibilidad a las propiedades a través de senderos, caminos vecinales y servidumbres. Se afirmó, además, que se respetaría el acceso a la vivienda rural, es decir, el derecho a una vivienda digna como componente del Buen Vivir y obligación de todos los niveles de gobierno, de acuerdo con las determinantes establecidas en las ordenanzas vigentes y en la normativa nacional.
La actuación de la Dirección General de Control Municipal
3.4. A pesar de que las máximas instancias legislativa y ejecutiva de la Municipalidad, órganos de representación popular, decidieron no aprobar los artículos en mención, la Dirección General de Control Municipal, que parece ajena a esos acontecimientos públicos pese a haber participado en el debate del Ilustre Concejo por medio de sus personeros, aplica hoy indebidamente, en sus respuestas a los administrados, una norma no atinente y contraria, que el legislativo cantonal no aceptó por oponerse al ordenamiento orgánico y cantonal. El Concejo Cantonal y el Ejecutivo expresaron su respaldo a la real naturaleza del suelo rural de producción, que no implica cesión de suelo ni ninguna de las obligaciones propias de la urbanización.
El paisaje natural, parte del área rural de protección, que envuelve a la ciudad está siendo degradado por la ampliación de la frontera agrícola y por la invasión de las colinas con vivienda y la mancha urbana, lo que conlleva la destrucción del hábitat rural, la biodiversidad, los bosques y la vegetación protectora de las fuentes hídricas.
3.5. Esa Dirección no ha permitido que los propietarios de predios rurales de producción fraccionen su suelo siguiendo los procedimientos determinados por la ley. Para justificar su negativa, y encubrir la desviación de poder y la arbitrariedad, recurre a interpretaciones extensivas y a analogías que en derecho público no caben, desconociendo las normas orgánicas que regulan dichos fraccionamientos.
Exige obras, cesiones gratuitas y niega la aprobación por decir no tener competencia para aprobar los accesos, cuando es claro, que esos accesos son privados y que su cesión gratuita y voluntaria permite la conformación de una estructura vial pública.
3.6. Además, omite dar respuesta, dilata e incumple los términos que tiene para atender las peticiones y actúa, por decir lo menos, de manera irresponsable: inventa requisitos, genera trabas sin sustento, desvía el poder y desconoce su obligación de servicio. Solo genera caos en el área rural.
3.7. Ese accionar, contrario a todos los pronunciamientos de los ediles y del burgomaestre, provoca desorden en la tenencia y propiedad del suelo rural, termina precarizándola y promueve, en la práctica, los mismos fraccionamientos irregulares que esta administración denuncia.
3.8. Surge así una paradoja: cuando los administrados acuden a las vías legítimas diseñadas por el ordenamiento jurídico, encuentran trabas constantes, traducidas en interpretaciones aisladas y arbitrarias que demoran trámites apegados a las normas cantonales y nacionales.
3.9. La postura de la administración busca frenar los fraccionamientos irregulares del suelo rural de producción y del suelo rural de protección, que se han intensificado y agravado en los últimos años por la falta de control municipal, desnaturalizando la vocación y el destino que debe darse al uso del suelo en esos sectores. Esa finalidad, sin embargo, no puede alcanzarse cerrando la puerta a quienes, precisamente, siguen los canales regulares, sin fraude a la ley, respetando el lote mínimo, las regulaciones de uso y ocupación vigentes y los demás requisitos y condiciones previstos en la normativa.
La presión sobre el suelo rural se explica también por la deficiente planificación urbana que favorece la gentrificación, expulsando a los habitantes urbanos hacia el suelo rural.
Las consecuencias de negar los fraccionamientos regulares: posesión irregular, prescripciones y caos catastral
3.10. El fraccionamiento agrícola autorizado no es una concesión graciosa al propietario: es la herramienta de orden territorial con la que la Municipalidad controla que las parcelas resultantes respeten el lote mínimo, el uso y la vocación del suelo rural de producción, y que cada nuevo predio quede debidamente identificado, inscrito y catastrado. Por ello el artículo 472 del COOTAD exige a notarios y registradores de la propiedad la autorización municipal para suscribir e inscribir una escritura de fraccionamiento. Aprobar oportunamente los fraccionamientos que cumplen la norma es, en consecuencia, la forma más eficaz de garantizar el orden en el área rural.
3.11. A ello se suma un efecto aún más grave: la negativa empuja a los propietarios hacia prácticas cuestionadas, como el uso de juicios de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sobre fracciones de predios rurales, con frecuencia entre familiares o con el allanamiento del propio titular, con el único propósito de obtener por vía judicial el título individual que la Municipalidad no permite obtener por la vía administrativa. Por ese camino se eluden el lote mínimo y los demás parámetros del Plan de Uso y Gestión de Suelo, se recarga a la Función Judicial con procesos que no responden a una posesión real y se consolida, con apariencia de legalidad, la división desordenada del territorio rural. Lejos de contener el caos, la negativa lo multiplica.
3.12. Finalmente, los fraccionamientos de hecho y las adjudicaciones por prescripción impiden un catastro adecuado de la propiedad rural. El artículo 139 del COOTAD obliga a la Municipalidad a formar, administrar y actualizar cada dos años los catastros urbanos y rurales, y el artículo 100 de la LOOTUGS dispone que la información catastral sea el insumo principal de los procesos de planificación y ordenamiento territorial. Cuando la tenencia real del suelo discurre por fuera de los registros, la Municipalidad se priva de información fundamental para planificar, dotar de servicios, prevenir riesgos y recaudar con equidad los tributos prediales. Un municipio que no sabe cómo está dividido su suelo rural no puede ordenarlo.
Resulta una falacia que se diga y se proclame a viva voz que se reduce el lote mínimo, mientras se niega la aprobación de los fraccionamientos: de nada sirve un lote mínimo menor si la Dirección General de Control Municipal no permite fraccionar. Persistir en esta negativa sería una burla a los habitantes y propietarios del suelo rural de producción.
CUARTO. - PETICIONES
Con fundamento en las normas constitucionales y legales vigentes, solicitamos al I. Concejo Cantonal, lo siguiente:
4.1. Suspensión de autorizaciones por el plazo de un año
El artículo 475 del COOTAD faculta al Concejo a acordar la suspensión, hasta por un año, del otorgamiento de autorizaciones de fraccionamiento de terrenos y de edificación, en sectores comprendidos en un perímetro determinado, con el fin de estudiar actualizaciones en los planes de ordenamiento territorial. En aplicación de esa norma, solicitamos:
4.1.1. Que se acuerde la suspensión, por el plazo de un año, del otorgamiento de autorizaciones de fraccionamiento y de edificación nueva o de ampliación en altura o volumen, en los perímetros que la resolución delimite técnicamente para: a) el Centro Histórico de Cuenca, incluidos El Barranco del Tomebamba y su área de influencia, suspensión que deberá mantenerse hasta contar con el plan solicitado en el numeral 3, el cual deberá aprobarse dentro de ese mismo plazo; b) El Ejido; y, c) el sector Cazhapata – Puertas del Sol, cuyas condiciones urbanas se han degradado. La suspensión no alcanzaría a las intervenciones de conservación, mantenimiento, restauración o rehabilitación que no incrementen alturas ni volumen.
4.1.2. Que, durante ese año, la administración municipal realice un balance técnico de las autorizaciones otorgadas en esos perímetros y de su impacto sobre los servicios públicos (en coordinación con ETAPA EP y CENTRO SUR), la movilidad, el espacio público, el paisaje, el patrimonio y la población residente, y que sobre esa base se ajuste la normativa urbanística correspondiente.
4.1.3. Que las autorizaciones ya otorgadas en dichos perímetros y aún no ejecutadas sean revisadas a la luz del artículo 39.1 de la LOOTUGS, que permite modificar, suspender o revocar, mediante resolución motivada, aquellas incompatibles con declaratorias patrimoniales o con proyectos de interés público, y que niega la calidad de derecho adquirido a las autorizaciones obtenidas con fines especulativos o para congelar parámetros urbanísticos; así como del artículo 15 de la misma ley, respecto de los actos contrarios al plan de uso y gestión de suelo.
4.1.4. Que la Municipalidad convoque formalmente a promotores e inversionistas inmobiliarios a dirigir su inversión hacia el suelo urbano no consolidado, en el que la LOOTUGS prevé tratamientos de mejoramiento integral, consolidación o desarrollo (artículo 42 numeral 2), mediante planes parciales, unidades de actuación urbanística e incentivos regulados por ordenanza, de modo que su actividad genere valor urbanístico, espacio público, equipamientos y vivienda, en lugar de degradar las áreas consolidadas que sostienen a la Cuenca patrimonial.
4.2. Ajustes a la normativa urbanística que restablezcan y garanticen la calidad de vida
Que, dentro del mismo plazo y con participación ciudadana (artículo 38 de la LOOTUGS y artículo 54 literal d) del COOTAD), se reformen el plan de uso y gestión de suelo y las ordenanzas pertinentes para, al menos:
a) Exigir, como requisito previo a toda autorización que incremente densidad o altura, un informe de capacidad de soporte de los servicios de agua potable, alcantarillado, vialidad y movilidad, y una evaluación del impacto acumulado por sector;
b) Fijar alturas, retiros y coeficientes de ocupación compatibles con el tramo.
c) Exigir estudios sobre los impactos en el paisaje y la atención a las condiciones de asoleamiento, ventilación y privacidad de los predios colindantes;
d) Impedir que resoluciones o autorizaciones singulares sustituyan a la reforma de la norma general;
e) Condicionar todo mayor aprovechamiento a la existencia de un plan parcial y al pago de la concesión onerosa de derechos, con destino preferente a infraestructura y espacio público del sector afectado (artículos 34, 72 y 73 de la LOOTUGS);
f) Establecer los estándares urbanísticos de espacio público, áreas verdes, protección del paisaje y previsión de vivienda social que exige el artículo 43 de la LOOTUGS;
g) Regular los usos que desplazan la vivienda permanente, en particular el alquiler temporal, en el Centro Histórico y en los sectores residenciales consolidados; y,
h) Transparentar, en un registro público y accesible, todas las autorizaciones urbanísticas otorgadas, con sus parámetros y fundamentos.
4.3. Plan urgente para el Centro Histórico
Que se disponga la formulación y aprobación urgente, dentro del plazo de suspensión, de un plan especial o plan urbanístico complementario para el Centro Histórico de Cuenca (artículos 31, 32 y 38 de la LOOTUGS y 144 del COOTAD), que integre y actualice el Plan Especial de El Barranco de 2003 y que contenga, como mínimo: la gestión y conservación del patrimonio edificado, del paisaje y de las visuales, con especial atención a El Barranco y a la Bajada de Todos Santos; la delimitación de una zona de protección o de amortiguamiento del Centro Histórico que comprenda El Barranco del Tomebamba y su área de influencia, y la actualización del inventario detallado de los bienes culturales protegidos, deficiencias que ya advirtió el ICOMOS en 1999; una política de vivienda y de permanencia de sus residentes, con incentivos para habitar el centro y vivienda de interés social; la regulación de usos de suelo y del alquiler temporal; la movilidad y el espacio público; y mecanismos eficaces de control y sanción. Su elaboración debe contar con la participación de los barrios, la academia, el Colegio de Arquitectos, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Vice Ministerio de Cultura, y guardar coherencia con los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador ante la UNESCO.
4.4. Fiscalización de la Dirección General de Control Municipal por la negativa a aprobar fraccionamientos rurales
Que el Concejo Cantonal, en ejercicio de su facultad de fiscalización (artículos 29, 57 literal m) y 58 literal d) del COOTAD), inicie un proceso de fiscalización de la actuación de la Dirección General de Control Municipal y el ejecutivo cantonal respecto de los trámites de fraccionamiento agrícola en suelo rural de producción, y que, para el efecto:
a) Requiera a dicha Dirección un informe pormenorizado de los trámites de fraccionamiento agrícola presentados desde el debate de las reformas al Plan de Uso y Gestión de Suelo, con indicación de su estado, de los tiempos de atención y de los fundamentos normativos de cada negativa, observación o requerimiento;
b) Verifique si en esos trámites se han exigido cesión de suelo, apertura de vías, dotación de infraestructura u otros requisitos propios de la urbanización, o si se ha aplicado, directa o indirectamente, el contenido de los artículos innumerados 7 y 8 a continuación del artículo 117 que el Concejo Cantonal no aprobó;
c) Verifique el cumplimiento de los términos legales para atender las peticiones de los administrados y del criterio expresado por el señor Alcalde en la Resolución No. SG-239-2025, de 29 de septiembre de 2025, sobre la naturaleza de los fraccionamientos agrícolas y la cesión gratuita y voluntaria de caminos privados para que se conviertan en caminos públicos;
d) Convoque al titular de la Dirección General de Control Municipal a comparecer ante el Concejo Cantonal o ante la comisión que corresponda, para que explique los fundamentos de su actuación frente a lo expresado por el Ejecutivo y el Legislativo cantonal;
e) De verificarse irregularidades, disponga las acciones administrativas y disciplinarias que correspondan y requiera al Ejecutivo que instruya a la Dirección General de Control Municipal tramitar los fraccionamientos agrícolas conforme al artículo 471 del COOTAD y a la real naturaleza del suelo rural de producción; y,
f) Ponga en conocimiento de la ciudadanía, y en particular de los suscritos, los resultados de la fiscalización.
Adicionalmente, solicitamos ser recibidos en Comisión General ante el Concejo Cantonal para exponer y ampliar los fundamentos de este pedido, y que se nos dé respuesta motivada dentro del término legal.
Cuenca no se opone a la inversión ni al crecimiento. Se opone a que su crecimiento se decida sin plan, a espaldas de quienes la habitan y en contra de los valores que la hicieron Patrimonio Cultural de la Humanidad. Son nuestros derechos, los de la ciudad, los de nuestra identidad y pertenencia, los que están en riesgo; por ello es imprescindible una decisión urgente del Concejo Cantonal.
Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en los correos electrónicos tarquino.orellana@gmail.com, jpvidalegal@gmail.com, ccastroriera@hotmail.com y en la oficina jurídica VBC ubicada en la avenida Remigio Tamariz 4-49 y Remigio Romero de esta ciudad de Cuenca.
Suscribimos en el respeto a sus autoridades y en el compromiso con los más altos intereses de Cuenca.
Dra. Ana Luz Borrero Vega, Ph.D. Dr. Carlos Castro Riera
Lcdo. René Cardoso Segarra Arq. Gustavo González Galarza
Dr. Tarquino Orellana Serrano Dr. Juan Pablo Vidal Durán
C.c.
Señores candidatos a la Alcaldía y Concejalía del cantón Cuenca
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 Oficio Nro. OFICIO-FMMN-DIREC-0451-2026

Cuenca, 05 de noviembre de 2026
Magister Adriana Marisol Peñaloza Bacuilima Alcaldesa del Cantón Cuenca, Subrogante GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA
En su Despacho. De mi consideración: Por medio de la presente me permito poner en conocimiento de su Autoridad las reiteradas novedades identificadas por la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca durante la verificación, recepción y operación del equipamiento de los hospitales municipales, especialmente del Hospital Municipal de El Valle, que ya se encuentra en funcionamiento. Los informes y comunicaciones adjuntos documentan bienes pendientes de entrega, equipos que presentan diferencias frente a las especificaciones contratadas y fallas detectadas durante la operación. En varios casos, pese a las gestiones efectuadas ante la Unidad Ejecutora de Proyectos y de esta Dirección aún no cuenta con confirmación de que se haya completado la entrega, reparación o reposición correspondiente. 1. Hospital Municipal de El Valle Bienes pendientes de entrega. En la verificación del 31 de agosto de 2026 y en el informe de seguimiento del 15 de septiembre se dejó constancia de que existen bienes como por ejemplos las ambulancias no había sido entregada y permanecían pendientes sus accesorios. Asi como también se registró la falta de entrega de nueve pulsioxímetros pediátricos, componentes del analizador de tirillas de orina, accesorios de ventilación neonatal y documentación técnica y certificaciones de diversos equipos entre otros.
El informe de seguimiento señaló que, tras la revisión conjunta con personal de la Unidad Ejecutora de Proyectos, más de la mitad de los pendientes inicialmente identificados continuaban sin resolverse a la fecha de ese informe. Estos antecedentes se remitieron mediante el Oficio Nro. OFICIO-FMMN-DIREC-0341-2026, de 17 de septiembre de 2026. Se han determinado diferencias frente a las especificaciones contratadas y los bienes entregados, entre los casos documentados constan las bombas de vacío de los aspiradores quirúrgicos continuos y portátiles, observadas por incumplimiento de la ficha técnica. También se registraron 13 monitores de signos vitales con pantalla de 12 pulgadas, cuando se requería una pantalla táctil de 15 pulgadas, así como diferencias en la pantalla y el cable de ECG de los desfibriladores bifásicos y observaciones en las básculas con tallímetro y los pesabebés electrónicos. El Informe Técnico Nro. M-CDM-0510202601, de 5 de octubre, también advirtió posibles diferencias entre las características de los servidores instalados y las especificaciones requeridas, cuya conformidad debería ser verificada. Así también, durante la operación.
El equipo de rayos X quedó fuera de servicio el 16 de octubre. El informe técnico remitido el 30 de octubre identifica una pérdida de fase como causa de la avería del equipo, y los reportes registran daños en tarjetas electrónicas. La novedad fue comunicada mediante los oficios Nros. OFICIO-FMMN-DIREC-0417-2026 y OFICIO-FMMN-DIREC-0448-2026, sin que hasta la fecha se tenga una respuesta favorable, al momento el equipo se encuentra fuera de servicio. En el tomógrafo Canon Aquilion Start se reportaron fallas que requirieron intervención técnica, incluida una novedad en el disco duro. Además, el proveedor comunicó el aplazamiento del mantenimiento preventivo programado para el 2 de octubre por valores pendientes de pago del consorcio al proveedor del equipo, particular que se nos ha hecho conocer que se replica en los otros dos hospitales, situación trasladada a la Unidad Ejecutora mediante el Oficio Nro. OFICIO-FMMN-DIREC-0364-2026.
También se reportaron fallas recurrentes del ecógrafo, inconvenientes en el compresor que abastece al autoclave Tuttnauer 5596, daños en el UPS de la cuna de calor radiante y en las tarjetas de alimentación de su monitor multiparámetro y del equipo LigaSure. Los correos técnicos de mayo y junio documentan, además, incidentes con la cámara laparoscópica y el electrocauterio durante procedimientos quirúrgicos, así como observaciones sobre oxidación de instrumental. Mediante el Oficio Nro. OFICIO-FMMN-DIREC-0446-2026, de 4 de noviembre, se solicitó la inspección prioritaria del ventilador de transporte de Emergencia, que presentaba el mensaje «Equipo inoperativo». Respaldo eléctrico y gases medicinales.
Los informes registran dificultades en la entrada en operación del generador ante interrupciones del suministro y señalan que su mantenimiento preventivo estaba pendiente. También advierten posibles anomalías en la puesta a tierra y en las conexiones del tablero principal de transferencia, que requieren verificación. El informe del 5 de octubre documenta, además, incidencias en el sistema de gases medicinales y demoras en la atención técnica.
Estas novedades afectan sistemas de los que depende la continuidad de los servicios hospitalario y la vida del paciente. 2. Hospital Municipal de Baños Mediante el Oficio Nro. OFICIO-FMMN-DIREC-0447-2026, de 4 de noviembre, se comunicaron las novedades de la torre laparoscópica, incluido el daño en el adaptador de la cámara y la falta de ópticas que no constaban en la ficha de adquisición. Asimismo, se notificó la entrega pendiente de instrumental quirúrgico, entre ellos reductores para laparoscopia y pinzas, y la falta del kit de reactivos de arranque del coagulómetro, que impide su puesta en funcionamiento.
También se informó que se encuentra pendiente la dotación de equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos y que los flujómetros para la administración de oxígeno en hospitalización no fueron contemplados en el contrato deequipamiento, particularidades que si bien no obstaculizarían el funcionamiento del hospital de Baños son situaciones que deben ser exigidas para que el contratista cumpla a cabalidad las obligaciones determinadas en el contrato. Las novedades expuestas en el presente oficio y detalladas en los documentos adjuntos han impedido que la Unidad Ejecutora de Proyectos formalice la recepción de los bienes observados.
En consecuencia, la Dirección Administrativa no ha podido gestionar su aseguramiento de los mismos ni formalizar su entrega a la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca. Por otra parte, los equipos pendientes de entrega no han podido ser puestos en servicio ni sometidos a las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento. Entretanto, en los casos en que el plazo de garantía ya se encuentra en curso, se reduce el tiempo disponible para detectar fallas y gestionar su atención bajo garantía.
Por lo expuesto, salvando su mejor criterio, considero se debería solicitar a la Dirección General de la Unidad Ejecutora de Proyectos, en coordinación con los administradores de los contratos, los contratistas, que atienda con carácter prioritario las siguientes acciones: Verificar el cumplimiento contractual, bien por bien, contrastando las fichas técnicas, las actas y los respaldos de entrega con la constatación física, donde se pueda evidenciar las características, accesorios así Y demás documentos pendientes, con la finalidad de establecer fechas para completar su entrega. Subsanar las diferencias frente a las especificaciones contratadas y gestionar, según corresponda, la corrección, reposición o entrega de los bienes y accesorios observados. Para determinar los elementos, equipos y accesorios que quedaron fuera del alcance contractual, y estos puedan ser adquiridos. Exigir la reparación o reposición de los equipos averiados y la aplicación de las garantías que correspondan, priorizando los equipos fuera de servicio y aquellos de los que dependen Emergencia, Quirófano, Esterilización y Diagnóstico por Imágenes. Solicito que el cierre de cada caso se respalde con el informe técnico y las pruebas de funcionamiento que corresponde.
Disponer la revisión integral del respaldo eléctrico y del sistema de gases medicinales, con un cronograma para ejecutar los mantenimientos y las correcciones que se determinen. Ante el incumplimiento de las obligaciones del proveedor, deberían las instancias competentes adoptar medidas previstas en el contrato y en la normativa aplicable, incluida la imposición de las multas que correspondan o incluso la efectivización de la garantía de fiel cumplimiento además de la exigencia de atención bajo las garantías técnicas, a fin de obtener una solución oportuna a las novedades reportadas.
Pongo estas circunstancias y las gestiones realizadas por la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca en su conocimiento, con la única finalidad de que se puedan disponer las acciones necesarias que permitan garantizar el adecuado funcionamiento de los hospitales municipales. Reitero mi disposición y la de mi equipo para colaborar, dentro del ámbito de nuestras competencias, en la atención y solución de los inconvenientes señalados. Atentamente, **FIRMA_ELECTRONICA_0103556148**
Mba. Fabián Rodrigo Zamora Barzallo
DIRECTOR GENERAL FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA


 

FIRMA YA
URGENTE: Acabamos de enterarnos de que la COP31 podría dejar en el aire el compromiso de abandonar los combustibles fósiles, ¡pero tenemos 24 horas para impedirlo! La presión ciudadana podría ser el empujón que los responsables de las negociaciones necesitan para exigir medidas concretas. Firma ya para que Avaaz entregue la petición en la cumbre junto a nuestros aliados.
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Queridos amigos y amigas:
Nos han llegado noticias preocupantes de la COP31: el compromiso de abandonar los combustibles fósiles corre el riesgo de quedar en papel mojado. Pero aún tenemos 24 horas para movilizarnos e impedirlo.

El texto actual reconoce la necesidad de dejar atrás el carbón, el petróleo y el gas, pero no incluye pasos concretos para hacerlo.

Australia y Turquía llevan el timón de las negociaciones y la presión ciudadana podría ser el empujón que necesitan para no perder el rumbo. Exijamos que incluyan una hoja de ruta clara para que el fin de los hidrocarburos llegue con una transición justa, recursos suficientes y alternativas renovables al alcance de todos los bolsillos.

El equipo de Avaaz está en la cumbre junto a nuestros aliados y mañana entregaremos nuestras firmas a los principales negociadores. Suma tu nombre para que oigan nuestro clamor alto y claro antes de cerrar ningún acuerdo.
Los avances logrados hasta ahora corren peligro. La industria fósil se beneficia de cada retraso, mientras los ciudadanos pagamos el precio con olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos que arrasan nuestros territorios. Traducir las promesas en medidas concretas enviaría un mensaje rotundo: la transición ya está aquí y los gobiernos deben ponerse las pilas.

Ahora mismo, nuestros aliados están dando la batalla dentro de la cumbre. Respaldémoslos sumando miles de firmas a esta petición para que Australia y Turquía sepan que la ciudadanía confía en ellas para avanzar.

 César Ulloa

ELECCIONES EN QUITO

 Quito y el voto entre tres maquinarias
No es un choque de trenes, es una carrera entre tres maquinarias de distinta naturaleza. Se encuentra la maquinaria del Gobierno central, su candidato y otros aliados entre quienes no podrían ganar las elecciones pero sí tendrían concejales. En segundo lugar, está la maquinaria mediática del exalcalde Jorge Yunda con su presencia permanente desde sus micrófonos y la amplificación que tiene en las redes sociales, no desde ayer sino a lo largo de los años. Y luego se ubica, el alcalde candidato que lidera la maquinaria del gobierno local que no es menor, pues es la ciudad con mayor presupuesto, baja ejecución presupuestaria, alto crecimiento demográfico y segunda en importancia después de la presidencia.
En este contexto, los votos del Presidente no son transferibles a Burbano, aunque la estrategia sea el anticorreísmo, ese que trata de reinventarse desde el 2017 con distintos rostros. Sin embargo, esta elección no es nacional ni tampoco cuenta con la presencia de Correa, quien fungió y empujó a la derrota a Barrera. Ahora bien, Muñoz no llena estadios, pero tiene una segmento fidelizado en las parroquias más grandes urbanas y rurales. Al día de hoy, sigue disputando esas parroquias con el Loro Homero, pues su electorado tiene la misma matriz en la Revolución Ciudadana. De otro lado, Wilson Merino, quien estuvo con los dos exalcaldes como aliado y ahora es rival.
¿Qué difícil le resulta a Jorge Yunda salir del micrófono y la comedia para crear una figura de estadista local? La reinvención puede ser tardía, porque sus intervenciones radiales siguen apostando a lo mismo y las réplicas en redes sociales multiplican lo mismo. La campaña no ha sido corta para los dos alcaldes, Muñoz y el Loro Homero, pues tienen notoriedad y presencia permanente en la opinión pública. ¿Con esto les alcanza para ganar holgadamente? No, porque la fragmentación está presente en una ciudadanía fatigada de tanta elección desde el 2023.
¿Y qué pasa con los demás candidatos? Pedalear cuesta arriba contra estas maquinarias, pero con el propósito de lograr representación en el Cabildo y seguir construyendo espacios nuevos para una ciudad distinta como enfatiza Carla Larrea. Por el momento, todos disputan voto a voto, mientras la ciudad sigue en espera de despegar. ¡Ojalá y pronto!


 LA SOCIEDAD PERVERSA

La Prefectura del Azuay ha sido cuestionada por adquisiciones de materiales de construcción a la empresa El Hierro, vinculada al entorno familiar del alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora.
Las cifras cuestionadas: El asambleísta Adrián Castro denunció que las compras de la Prefectura y su empresa pública (Asfaltar EP) a El Hierro y entidades relacionadas aumentaron de 71.088 dólares en 2023 a 1.348.945 dólares entre enero y agosto de 2026 (un incremento cercano al 1.798%), de los cuales 1.258.000 dólares corresponden directamente a la Prefectura.
Investigaciones en curso: El caso se da en paralelo a las investigaciones y denuncias presentadas por el Gobierno Nacional y la Secretaría General de Integridad Pública ante la Fiscalía del Azuay por presunto peculado, vinculando a diversas empresas de entornos familiares en contratos de obras municipales en Cuenca.