Carta Abierta al Presidente de la República Daniel Noboa
EXIGIMOS LA SALIDA DE INÉS MANZANO DÍAZ, MINISTRA DE
AMBIENTE Y ENERGÍA
Frente a la crisis que experimenta la gestión gubernamental, que oscila entre la
ineficiencia, la arbitrariedad y el engaño; las organizaciones sociales que suscribimos la
presente, expresamos:
1. Crisis energética.
El país enfrenta una realidad compleja en materia energética y ambiental que contrasta
con la narrativa oficial de control y estabilidad; existe un cúmulo de hechos
preocupantes: déficit energético, pérdidas millonarias, contratos fallidos, dependencia
de soluciones temporales y una débil respuesta frente a problemas ambientales.
El
déficit energético bordea los 1.000 MW y, por efecto del aumento de aranceles, se
bloquea la compra de energía a Colombia. Esta brecha no es reciente, pero su manejo
actual evidencia la falta de soluciones estructurales. Mientras se insiste en que no habrá
apagones, la realidad muestra un sistema altamente dependiente de factores climáticos,
particularmente de la disponibilidad hídrica, y no pocos casos de negligencia. A esto se
suma el alquiler de barcazas termoeléctricas, lo cual, de ser una medida de emergencia,
se ha convertido en una dependencia costosa de cientos de millones de dólares, sin
resolver el problema de fondo.
2. Contratos fallidos y recursos públicos comprometidos.
Los casos de contrataciones con Progen Industries LLC (Estados Unidos) y Austral
Technical Management (Uruguay), constituyen un episodio crítico. Millones de dólares
destinados a proyectos de generación que nunca se materializaron en energía efectiva,
equipos usados e incompatibles, plantas que no operan, procesos judiciales por
negociados, fallas graves en la contratación pública; producto de decisiones que
impactan en la seguridad energética del país y representan perjuicios millonarios para
el Estado.
Mientras se buscan nuevas fuentes de generación, el país pierde anualmente alrededor
de 200 millones de dólares en el sistema de distribución eléctrica, especialmente en
CNEL. El robo de energía, la ineficiencia técnica y la falta de control reflejan una gestión
operativa deficiente. Antes de hablar de nuevas inversiones, el país debería preguntarse
por qué pierde una parte significativa de la energía que ya produce.
3. Contaminación minera y petrolera: un problema persistente.
En el sur del país, particularmente en Zaruma y Portovelo, la contaminación minera
continúa afectando ríos y comunidades. Está documentada la presencia de metales
pesados como mercurio y arsénico en cuencas como la del Jubones y Puyango–Tumbes;
esta contaminación trasciende fronteras, afectando a poblaciones en Perú que han
demandado ante la CIDH. Los graves impactos de la minería “legal” e ilegal, afectan a
vastas zonas del país. La falta de control efectivo y de remediación ambiental revela
una debilidad institucional que no puede ser ignorada. A esto se suma la actuación
dolosa en la concesión de licencias ambientales como es el caso del proyecto Loma Larga
en Kimsakocha, incumpliendo además decisiones judiciales.
Los derrames de petróleo en el país, como en Esmeraldas, han generado daños
ambientales severos.
Las explicaciones oficiales, que en algunos casos apuntan a
posibles sabotajes, no han venido acompañadas de investigaciones concluyentes ni de
responsabilidades claras. En el caso del Campo Sacha, es preocupante la gestión
ambiental, la remediación y el control de riesgos asociados a la explotación petrolera.
Hay que resaltar además que no se cumple con la debida celeridad, la sentencia de 2021
que obliga a apagar los mecheros en Sucumbíos y Orellana, para proteger la salud y el
medio ambiente. Por otra parte, se incumple la Consulta Popular de 2023 en la que se
decidió mantener el crudo del bloque 43 (ITT) en el subsuelo, lo cual, además de
irrespetar el mandato popular, pone en peligro la supervivencia de pueblos indígenas y
causa daños irreversibles a los ecosistemas.
4. La manipulación de la Regulación y Control del Agua.
Cuenca tiene uno de los mejores sistemas de tratamiento de agua, lo cual, además de
ser reconocido internacionalmente, está respaldado por estudios técnicos y monitoreo
permanente por parte de ETAPA-EP.
Sin embargo, el gobierno, en una clara maniobra
politiquera e instrumentalizando a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA),
de manera irresponsable, escandaliza a la ciudad con análisis tendenciosos e imprecisos,
poniendo en duda la calidad del agua, con una demanda penal de por medio; de manera
confusa el Presidente Noboa asevera la presencia exorbitante de coliformes en el agua
potable que bebemos los cuencanos. ARCA, entidad adscrita a la Autoridad Única del
Agua y por tanto al MAE, dócilmente se presta para este tipo de maniobras, lo cual es
lamentable, pues se trata de la agencia llamada a un control serio y profesional para la
garantía del derecho al agua.
5. Una decisión necesaria.
El elemento transversal en todos estos casos es una desconexión evidente entre el
discurso oficial y los hechos. Se habla de control, pero hay déficit. Se habla de eficiencia,
pero hay pérdidas millonarias. Se habla de sostenibilidad, pero persiste la contaminación
y destrucción. Se habla de transparencia y se multiplican las denuncias por malos
manejos.
Esta brecha erosiona la credibilidad institucional y debilita la capacidad del
Estado para liderar soluciones.
Sobran por tanto argumentos para cesar a la actual dirección del Ministerio de Ambiente
y Energía, el país no puede estar sometido a la incompetencia, ineficiencia y falta de
decisiones estratégicas que solventen los problemas acuciantes del país en materia
ambiental y energética, en el marco del más alto respeto a la Constitución.
La crisis que atravesamos amerita determinar responsabilidades, por ello,
demandamos la salida de la Ministra Inés Manzano Díaz, quien es directamente
responsable de una gestión deficiente y carente de legitimidad.
Instamos además a que, de manera urgente, se tomen decisiones estratégicas para
resolver la problemática ambiental y de energía, dando respuesta a los aspectos
estructurales, así como en el corto y mediano plazo. Entre ellos: diversificación
energética hacia energías sostenibles, limpias y renovables; promover la eficiencia
energética; repotenciar y fortalecer la infraestructura; priorizar el cuidado de los
páramos, fuentes de agua y cuencas hidrográficas; resolver pérdidas e ineficiencia en
la distribución; gestión eficaz de riesgos y vulnerabilidades; capacitación y
concienciación; reducción de la demanda; y, una auditoría integral. Todo ello en el
marco del respeto a los derechos, la equidad social y la reducción de impactos
ambientales.
En toda democracia, cuando la gestión no responde a los desafíos del país, corresponde
tomar decisiones que permitan recuperar la confianza, corregir el rumbo y priorizar el
interés público.
Cuenca, 20 de abril de 2026.
CABILDO POPULAR POR EL AGUA DE CUENCA
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DEL AZUAY
