miércoles, 11 de marzo de 2026


🔴La #CorteConstitucional señaló que los niños de Las Malvinas fueron víctimas de desaparición forzada
La Corte Constitucional declaró este martes, 10 de marzo de 2026, que los niños de Las Malvinas fueron víctimas de desaparición forzada, a manos de una patrulla militar en Guayaquil, por el cual 11 soldados implicados fueron condenados a 34 años de cárcel.
La Corte «reconoce que lo ocurrido con Josué, Ismael, Steven y Nehemías constituye una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos, incompatible con los principios del Estado constitucional de derechos y con una convivencia democrática fundada en el respeto a la dignidad humana».
Con la sentencia No. 1732-25-EP/26, la Corte aceptó la acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de apelación que negó una acción de hábeas corpus presentada en favor de los cuatro niños desaparecidos en diciembre de 2024 en Guayaquil.
La defensa de los familiares de los niños de Las Malvinas había presentado este recurso después de que el 19 de mayo de 2025 el Tribunal Penal de la Corte de Guayas había revocado un Hábeas Corpus -una medida de protección constitucional previa al proceso penal- que declaró la desaparición forzada de los menores. El caso finalmente tuvo su condena en la justicia ordinaria en diciembre 2025.
En su decisión, la Corte determinó que las autoridades judiciales vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, al no analizar de manera integral la detención denunciada ni responder a las pretensiones relevantes planteadas por los accionantes
En el examen de mérito del caso, se concluyó que los niños fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares y que el Estado no proporcionó información inmediata, satisfactoria ni convincente sobre su aprehensión ni sobre su paradero.
Con base en estos elementos, la Corte declaró en el ámbito constitucional que Josué, Ismael, Steven y Nehemías fueron víctimas de desaparición forzada.
Fuente: La Contra


 

Libertad de prensa en América cae a niveles críticos, según el Índice de Chapultepec

Por

Redacción La Hora,

11 de marzo 2026 • 09:06 hs

El 10 de marzo de 2026, se presentó en la sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa en un evento virtual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Este documento plantea un escenario preocupante para el periodismo en las Américas, ya que el promedio global alcanzó su nivel más bajo desde la creación del indicador con una cifra de 47,13 puntos sobre un máximo de 100.

El director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría, dijo que los resultados obtenidos significan "un deterioro significativo tanto en regímenes autoritarios como en democracias consolidadas”, por lo que estos evidencian una tendencia regional marcada por presiones políticas, violencia, acoso judicial y crecientes riesgos para el ejercicio del periodismo.

Ecuador experimentó deterioro en su libertad de prensa y de expresión

El informe también plantea que Ecuador experimentó un deterioro en su libertad de prensa y de expresión, en medio de un escenario que propone desafíos en dos frentes: la acción del crimen organizado y la censura impuesta por mecanismos administrativos y la represión impuesta por el Estado.

“Un descenso de 7,62 puntos, ubica a Ecuador en la franja de Alta Restricción, con 38,42 puntos, descendiendo de la casilla 12 a la 14, su nivel más bajo desde la primera edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, en 2020. La violencia contra comunicadores se incrementó en la nación”, explica el organismo.

Además, recalca que la dimensión de actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra
periodistas y medios “fue la peor evaluada, con 10,06 puntos de 40 posibles; en la Dimensión Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, obtuvo 10,06 puntos de un máximo teórico de 30; mientras que en la Dimensión Control de Medios y Periodismo, una estructura que aún permite la sostenibilidad financiera de los medios dejó a la nación con una calificación de 19 puntos sobre 30”.

También se menciona que se aprecia una influencia moderada por parte de los tres poderes del Estado en las incidencias desfavorables a las libertades de expresión y de prensa, pero que es el Ejecutivo con mayor impacto en dichas situaciones, “especialmente en la Dimensión Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, en la cual aparece con una influencia fuerte”.

El documento también recoge que hay una violencia letal, que segó la vida de cuatro periodistas ecuatorianos y que dejó la vulnerabilidad del ejercicio, ante la incapacidad de mecanismos de protección para los comunicadores. (PSR)



 


 La asambleísta independiente Jhajaira Urresta no se guardó nada en su entrevista con Ecuador TV. Las investigaciones contra Revolución Ciudadana por financiamiento irregular y lavado de activos “no son persecución política se veían venir”, aseguró. Urresta reveló que su salida del movimiento fue por un “cansancio absoluto” frente a las irregularidades internas, incluyendo un círculo de campaña de Luisa González con asesores internacionales vinculados a investigaciones en otros países. Todo mientras el partido intentaba mantener las apariencias. Pero la polémica no termina ahí: la legisladora denunció amenazas e intimidaciones tras su salida, incluyendo un motorizado que esperaba a su equipo fuera de su casa. “Salir de ahí es un acto de valentía”, afirmó. Con estas declaraciones, Urresta deja en evidencia que RC no es víctima de persecución, sino de su propia corrupción, y que quienes miraban hacia otro lado ahora deben enfrentar la cruda realidad de lo que ocurría dentro del movimiento @ladataec👈


 DESTRUYEN CASAS PATRIMONIALES

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA.
Por Jaime Cedillo F.
Cuenca, reconocida por la UNESCO desde 1999, enfrenta riesgos de perder su estatus de Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a la falta de un Plan de Gestión del Centro Histórico actualizado.
La UNESCO realiza evaluaciones periódicas a fin de comprobar la aplicación del plan de manejo que garantiza la permanencia de ese bien, decía Hernán Crespo Toral, allá por el año 2003, respondiendo las inquietudes de El Observador, sobre los atentados que se venían dando al patrimonio de la ciudad, apenas designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Al constatar que un bien puede sufrir modificaciones que alteren sus características de originalidad y autenticidad puede retirarlo de la lista del patrimonio mundial, o declararlo bien en peligro.
Intervenir en bienes culturales trae inmensas responsabilidades. Los bienes patrimoniales no son renovables; por lo mismo, antes de tocarlos no sólo que conviene conformar equipos interdisciplinarios de técnicos, científicos y expertos en historia del arte y de la cultura, sino que se debe consultar y poner al tanto a la comunidad.
Los bienes culturales no pueden ser motivo de experimentaciones sensacionalistas o de manejo poco serios.
La arquitectura es verdadera mientras haya una relación profunda entre el espacio interior y la fachada Si vaciamos el contenido y dejamos la fachada, estamos frente a una MENTIRA CERDOSA.
Qué vamos a dejar a nuestros hijos, preguntaba Hernán Crespo Toral: una especie de falsificación. La declaratoria es una obligación de conservar los bienes de la ciudad que es un ente vivo. Si se hacen intervenciones en el Centro Histórico, tienen que haber normas éticas en la intervención.
Desde 1999 (diciembre) año de la declaratoria del Centro Histórico de Cuenca, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuántos inmuebles se han destruído con la nefasta complicidad de las administraciones municipales, y el silencio de instituciones públicas y privadas, que por conveniencias políticas, por negocios económicos, por intercambio de favores, por contratos de consultorías y otras prebendas más, han jugado el papel de ciegos, sordos y mudos. La lista de la infamia es larga y dolorosa.
Sobre la reciente demolición de dos inmuebles más, bellos, incomparables, históricos, joyas culturales de la ciudad; conversamos con el doctor Felipe Díaz Heredia, autor de esa extraordinaria obra de investigación: " Epigrafía y Escultura Patrimonial de Cuenca", ciudadano, como pocos, que ha dedicado sus mejores años a defender a Cuenca y su invaluable patrimonio cultural.
Doctor Díaz, qué criterio le merece esta nueva acción perversa que han cometido, entre gallos y media noche, los enemigos del patrimonio cultural edificado en el corazón de la ciudad?
Las casas patrimoniales de Cuenca se desploman una tras otra en pleno Centro Histórico, no por accidente ni fatalidad, sino por el abandono deliberado y la negligencia criminal de los funcionarios de Áreas Históricas del Municipio. Cada derrumbe es una prueba del fracaso institucional y del desprecio absoluto por la memoria de la ciudad.
A esta situación se suma —con honrosas excepciones— el silencio de ciertos medios de comunicación que han renunciado a su deber de informar y fiscalizar para convertirse en espectadores mudos de una tragedia anunciada. Su silencio no es inocente: legitima la
destrucción.
Esta inacción institucional y periodística no solo permite, sino que facilita la desaparición progresiva del patrimonio arquitectónico y escultórico de Cuenca. Es un daño irreparable, cometido a plena luz del día, con responsables claros y con un silencio que ya no es omisión, sino complicidad. Cada inmueble que cae es una acusación directa contra quienes, teniendo la obligación de protegerlo, prefirieron mirar a otro lado. ¿Y qué más falta para reaccionar?
Y, la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales del Municipio de Cuenca, qué papel juega?
Una profunda preocupación ciudadana respecto a la grave inoperancia de la Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales de Cuenca en relación con la conservación, mantenimiento y protección del patrimonio arquitectónico, escultórico y material de nuestra ciudad.
Han permitido la demolición casi total de la casa que perteneció a la familia Díaz Cueva, un inmueble que data de la década de 1850 y que formaba parte del tejido histórico del centro de Cuenca. La propiedad ubicaba frente a la antigua Clínica Vega, en la calle Bolívar, entre Padre Aguirre y General Torres, en un sector de alto valor patrimonial.
El inmueble tuvo como propietario original al filántropo Tadeo Torres, quien destinó su legado económico al amparo de niños huérfanos y ancianos desprotegidos. Posteriormente, la casona
fue adquirida por don David Díaz Mosquera, importador de mercaderías europeas, hijo político del doctor Mariano Cueva Vallejo, quien se desempeñó como Vicepresidente de la República,
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Segundo Rector de la Universidad de Cuenca y primer Decano de la Facultad de Jurisprudencia. En esta residencia vivió sus últimos años el
doctor Mariano Cueva Vallejo. Casa que se encontraba en perfecto estado de conservación.
Asimismo, en esta casa nació el doctor Miguel Díaz Cueva, reconocido como paladín de la justicia, motivo por el cual existe una placa epigráfica de bronce en el frontis del inmueble, testimonio material de su relevancia histórica, colocada en 1984
Sólo han dejado el frontis, son las mentiras cerdosas, como decía Hernán Toral?
La desaparición interna y posterior (solo quedó el frontis) de esta casona lo hizo el arquitecto Claudio Ullauri según información del Arquitecto Juan Izquierdo. Tras la adquisición por el señor Vera Vázquez compró adicionalmente otro inmueble colindante en la calle Padre Aguirre, desde donde se procedió a la demolición interna de la casona. Este caso no es aislado.
Hay una segunda casa patrimonial destruída en la calle Juan Jaramillo?
Situaciones similares han ocurrido con la casa Carrasco (ubicada en las calles Juan Jaramillo y Luis Cordero) y la casa Vintimilla, situada en la calle Hermano Miguel, inventariada como patrimonio por encontrarse dentro de los límites históricos de la ciudad,
anterior a 1872 y de características vernáculas.
La demolición, destrucción, no constituye únicamente la pérdida de una estructura física, sino un atentado directo contra la memoria histórica de la ciudad. Resulta alarmante que, pese al valor histórico y simbólico de estos inmuebles, las autoridades competentes no hayan actuado con la diligencia necesaria para garantizar su preservación. Esta reiterada falta de acción evidencia un preocupante patrón de desprotección institucional que pone en riesgo el legado cultural que identifica y da sentido a nuestra ciudad.
Qué le parece la poco o nula intervención de entidades como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, las facultades de arquitectura de las universidades, el Concejo Cantonal, sobre este política de dejar hacer, dejar pasar?
El punto central de mi pronunciamiento Jaime es abrir un debate serio y responsable sobre la verdadera función y el accionar de la Dirección de Áreas Históricas del Municipio de Cuenca,
frente a la pérdida sistemática de inmuebles patrimoniales en nuestra ciudad desde hace muchos años.
Lo que se percibe, lamentablemente, es que la actuación institucional se ha reducido a un enfoque meramente sancionatorio y recaudatorio: se derriba una casa patrimonial, se impone
una multa, se paga la sanción económica y el asunto se da por concluido. Sin embargo, la pregunta de fondo es inevitable: ¿es esa la finalidad de una entidad creada para proteger el patrimonio histórico?
Pobre el rol de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales?
Entendemos que la función esencial de Áreas Históricas debería ser preventiva antes que punitiva. Su rol no puede limitarse a registrar demoliciones consumadas y aplicar sanciones económicas. Por el contrario, su misión institucional —según el espíritu mismo de la normativa patrimonial— debe orientarse a velar por la conservación de la arquitectura vernácula y patrimonial, supervisar el mantenimiento adecuado de los inmuebles protegidos, promover su restauración, acompañar técnicamente a los propietarios y, sobre todo, evitar que las edificaciones históricas lleguen al punto de deterioro o demolición.
Cuando varias casas patrimoniales desaparecen de manera reiterada, no estamos frente a hechos aislados, sino ante un posible patrón de omisión institucional. La pérdida de estos bienes no puede considerarse un daño reparable únicamente con una multa, porque el patrimonio histórico no es sustituible ni cuantificable en términos económicos. Una vez demolido, el legado cultural desaparece de forma irreversible.
Un llamado a la reflexión, nunca es tarde?
El debate que propongo no es un ataque personal ni político; es un llamado a la reflexión ciudadana. Resulta legítimo preguntarse si la Dirección de Áreas Históricas está cumpliendo eficazmente con su mandato o si, por el contrario, existe una preocupante inoperancia que está permitiendo el progresivo debilitamiento del centro histórico.
Si la función de la institución es proteger, conservar y prevenir, entonces debe rendir cuentas claras sobre los mecanismos de control, seguimiento y acompañamiento que aplica. Pero si en
la práctica su intervención se limita a sancionar cuando el daño ya está consumado, estamos ante una falla estructural que debe ser revisada con urgencia.
Mi intención es sensibilizar tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación para que este tema no pase inadvertido.
El patrimonio cultural pertenece a todos y su defensa no puede
depender únicamente de trámites administrativos o de sanciones posteriores. Se requiere una política activa, transparente y eficaz.
"Cuenca merece más que buenas intenciones. De a poco se ha ido lesionando la imagen colonial".
Honorato Carvallo
Fotos: Felipe Díaz Heredia



 

‘La función judicial en Ecuador está bajo sospecha’, alerta la académica Lolo Miño, del Observatorio de Derechos

El diagnóstico es demoledor. La justicia ecuatoriana atraviesa una crisis de legitimidad frente al país. “Mientras la clase política tenga como objetivo tomarse la justicia, porque tomarse la justicia implica impunidad para sí mismos y mecanismos de persecución para el enemigo político, no habrá modelo que funcione”. Quien hace esta reflexión es la académica María Dolores Miño.


 ¿Qué pasa en el Consejo de la Judicatura? Un presidente enjuiciado políticamente, otro encargado de la presidencia

Una designación en horas de la madrugada lanza focos rojos de preocupación. En una democracia los hechos institucionales relevantes se deben hacer a la luz del día. No hay norma que impida sesionar en la noche. Pero el espíritu democrático exige que cuando se van a tomar decisiones que afectan el liderazgo de una institución tan comprometida ante la opinión pública como el Consejo de la Judicatura tenga que hacerse con la debida transparencia.

¿Por qué es grave esto?

Recordemos cuando fue el incidente del doctor Álvaro Román (quien asumió temporalmente la presidencia del CJ en enero de 2023), la Corte Constitucional dijo que quien debe ocupar la presidencia del CJ es alguien de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. En esa terna estaban el doctor Godoy, eso fue objeto de controversia, y la doctora Alexandra Villacís. Jurídicamente, quien ocupe el cargo del presidente va a ser alguien de esa terna. Ella fue inhabilitada, extrañamente.

Si uno ve la línea del tiempo en que ocurren estos actos administrativos, parecería que son hechos coordinados para lograr una transición en la presidencia de la CJ. Quizás se tomó la decisión de que mantener al doctor Godoy ya no era políticamente adecuado, (como efectivamente ocurrió en el epílogo del juicio, ndlr.).

¿Debe ser el presidente del CJ un abogado?

Ahora bien, quien lo reemplaza transitoriamente no es abogado. El Código Orgánico de la Función Judicial no establece el requisito de que sea abogado quien presida el CJ. Sin embargo, esa presidencia está relacionada con la toma de decisiones jurídicas y un abogado debería conocerlas. Lejos de que el juicio político al doctor Godoy fuera la oportunidad para atraer la confianza hacia el sistema de justicia, todos los días y de manera estrepitosa, la confianza se pierde aún más. En medio de estos incidentes no se logra limpiar la imagen del CJ y aumentan las sospechas de un contubernio entre el CJ, el Ejecutivo y otros grupos. Los usuarios del sistema de justicia pueden tener sospechas de un sistema. Esto es gravísimo, decir que la función judicial está bajo sospecha hace que todo haya escalado a dimensiones preocupantes.

Desde que Wilman Terán presidió el CJ, ya no solo hay intereses políticos en la justicia, sino intereses del crimen organizado.

Desafortunadamente, el andamiaje jurídico que se construyó para la designación de estos cargos que inevitablemente van a tener un componente político falló. Quienes lo crearon se esforzaron tanto en exigir los méritos y oposición, que fallaron en ver que estos cargos sí tienen un componente político. Esto no significa que deban ser capturados por intereses políticos o de otro tipo. La decisión de llevar a ese cargo depende de ciertos políticos. El caso más evidente es el de los jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos, nominarlos es una decisión política. Si el presidente de turno resulta ser republicano, probablemente enviará una terna de jueces más conservadores, más afines al partido. Y luego el senado, en un ejercicio de pesos y contrapesos, escogerá a quien mejor le parezca. Es una dinámica política que no compromete la independencia de esa corte.

¿En qué nos equivocamos?

El error es pensar que estos concursos de selección de altas autoridades del sistema de justicia tenían que estar totalmente desprovistos de política y lo reemplazamos por el mal llamado tema de méritos y oposición. Esto ha sido un engaño porque finalmente como son cargos cercanos a la política, la política va a querer captarlos. Por el mecanismo de que casi cualquier persona se puede presentar, el sistema puede ser poco transparente a la hora de calificar carpetas. Es susceptible de ser manipulado. Eso sin hablar del examen oral. El problema de diseño no solo afecta al Consejo de Judicatura sino también lo vemos en el proceso de designación del Fiscal general. Lo hemos visto con el proceso de la Corte Nacional que se ha suspendido dos veces y no hay visos de que se vaya a reanudar. Lo vimos en el proceso de selección de Corte Constitucional. El diseño fracasó, ante el primer momento donde los mecanismos de selección y reemplazo fallan.

¿Es solo un error de diseño?

Hay una erosión fuerte de la cultura democrática en las otras instituciones del Estado que están llamadas a ser pesos y contrapesos. Han abandonado su vocación democrática y están enfocados en cooptar la función judicial. El Consejo de la Judicatura es la llave que abre y cierra todo en la función judicial. Decide qué jueces entran, qué jueces son evaluados, qué jueces son sancionados, qué jueces son destituidos. Las direcciones provinciales se vuelven una suerte de microbotines políticos para satisfacer ciertos compadrazgos o acuerdos políticos, se mueven intereses. Quien controla el Consejo de la Judicatura controla la función judicial. Por eso es la joya de la corona.

¿Conviene desaparecerlo y encargar a la Corte Nacional sus atribuciones?

Soy escéptica del cambio de las fachadas porque la estructura va a terminar siendo la misma. Es más, hay un informe del relator especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, de 2018, en el cual decía que es una buena práctica establecer consejos de la magistratura y separar la cuestión administrativa del manejo de las cortes de la función jurisdiccional. Se puede instaurar el modelo, pero si los otros poderes no tienen interés en respetar la independencia judicial no cambia nada. El tema no es el modelo, es descorazonador, porque hay una erosión democrática fuerte que atraviesa las otras funciones del Estado. Y aparecen estos ejercicios de cooptación. Mientras la clase política tenga como objetivo tomarse la justicia, porque tomarse la justicia implica impunidad para sí mismos y mecanismos de persecución para el enemigo político, no habrá modelo que funcione.

REVISE TAMBIÉN: Damián Larco pidió la renuncia a todos los directores del Consejo de la Judicatura: ¿Cuáles son las causas?

¿Qué tenemos que hacer para que la cultura política cambie?

Hemos llegado a un momento de profundo miedo de la ciudadanía. Hoy estamos frente a una sociedad civil autocensurada por temor a las retaliaciones a través del sistema de justicia. El deterioro democrático no se da únicamente por el permanente acoso a la función judicial, sino especialmente se debe al cierre y la asfixia progresiva del espacio público.

Vemos el avance del juicio político contra el presidente de la Judicatura Mario Godoy; pero de inicio no debió llegar a ese cargo.

Hay que aclarar el concepto de imparcialidad del operador de justicia. Se refiere a cómo percibe el usuario al sistema de justicia. Cuando este usuario sospecha de la imparcialidad, es razón suficiente para que el titular dé un paso al costado. Que renuncie no implica que acepta los cargos que se le imputan, sino que se hace un lado para que la institución continúe funcionando.

Si uno de los problemas es el diseño de concursos, ¿Cuál debe ser un mecanismo de corrección, si acaso existe?

En Ecuador ensayamos todas las formas de elección de altas autoridades de justicia existentes. Si yo pudiera mejorar algo, mejoraría la edad para acceder a los concursos. Hablamos de diez años en la función judicial. Yo, que tengo casi 20 años de experiencia, no siento tener la madurez ni la trayectoria para ocupar uno de esos cargos. Con ese requisito, te expones a que abogados inexpertos y manipulables puedan postular. Sería más honesto que el Gobierno mocione a su candidato. Luego, simplificar los concursos. Un recoveco es quién hace los exámenes, esas personas quizás no tienen las credenciales y no rinden cuentas. Luego, quién califica. Hay distorsiones entre los candidatos y entre los que califican. Esto se ve en la comisión para elegir el Fiscal. Preside alguien que se graduó en derecho hace un año.

¿Todo está perdido?

Ninguna reforma legal, ninguna reforma constitucional va a ser la solución por sí misma para depurar el sistema de justicia. Esto tiene que ser un compromiso político que viene tanto de las autoridades como de la ciudadanía. Porque si ves un asalto a la justicia y ves actores silenciados, el mensaje que estamos enviando es que no pasa nada. En esa inacción de la ciudadanía ocurre la erosión democrática. El cambio estructural que deseamos no se lo podemos encargar a los políticos. Tiene que venir de nosotros como ciudadanos. Parte de la erosión democrática implica la captura progresiva de las instituciones que son los pilares del sistema democrático.

Esto es más complejo por el rol del crimen organizado

Como un virus entra a infectar el sistema. No solo son grupos de poder político, los grupos de delincuencia organizada intentan captar a la justicia para crear una suerte de puerta giratoria para entrar y salir y seguir delinquiendo. Esos ejercicios van acompañados de captura de otras instancias del Estado, jueces, abogados, órganos de regulación y control. Se instala en el imaginario que todos los jueces son corruptos. El desprestigio de la justicia también es un mecanismo para cooptarla. Si los ciudadanos están convencidos que todos los jueces son malos, mañana llega un presidente y pide permiso para meter las manos en la justicia. Eso ya sucedió.

En el Observatorio de Justicia ustedes denunciaron funcionarios desprotegidos

Hay jueces y directores provinciales que sí hacen bien su trabajo pero están estigmatizados. Y cuando detectan problemas se han encontrado con abandono. Identificamos este patrón en direcciones provinciales. Dos funcionarias hacían bien su trabajo y en respuesta fueron abandonadas a su suerte, como el juez Serrano.

Si Ecuador no estaba preparado para el embate del crimen organizado en el ámbito de la seguridad pública, tampoco está preparado para enfrentar la corrupción del sistemas de justicia. La desprotección tiene un efecto intimidante. Si un juez cumple la ley no tiene garantías que va a ser blindado y protegido.




 Jaime Vicente Chuchuca Serrano

La ruptura de toda lógica jurídica desde el inicio.
El Acuerdo 059 pretende prevalecer sobre el Código de Trabajo y la Constitución.
No a la aplicación de la Jornada Laboral de 10 horas.