viernes, 17 de abril de 2026

 


 


 


 En los pasillos de la UNAE, donde el viento debería llevar fórmulas pedagógicas y debates sin prisa, a veces se cuela un aroma inconfundible: tinta de campaña. No es que falten cátedras, es que el plan de estudios parece venir en edición aniversario: “Gestión Pública I: cuando la prefectura y el aula se saludan en el corredor”. Entre el Cañar y el Azuay, los prefectos cruzan fronteras con maletines de obra pública y, de paso, dejan un recordatorio de que la gobernanza también se enseña con visitas institucionales. ¿Y la academia? Pues toma apuntes, por si acaso.

En este campus de ideas, la rectoría luce más bien un ministerio en miniatura. Maribel Sarmiento Berrezueta , dicen, lleva el corazón RC tatuado en la carpeta de resoluciones. Gladys Portilla , si la lealtad ideológica fuera un crédito académico, tendría docencia vitalicia y seminario de posgrado. Y por si el currículo no estuviera completo, aparece María Eugenia Verdugo, heredera silenciosa de un ministerio que ya no existe en el organigrama, pero que parece respirar en los memorandos, como si la burocracia tuviera alma y linaje.
¿Será que la UNAE no es una universidad, sino un campus de formación política con prácticas en gestión territorial? Claro, esto es solo sátira. Porque si fuera en serio, habría que preguntar si los exámenes se corrigen con rúbricas pedagógicas o con alineación partidista, y si los congresos académicos incluyen stand de campaña como requisito de acreditación. Pero no, esto es un ejercicio literario para recordar que las aulas deben ser refugios de pensamiento crítico, no extensiones de comités de campaña.
La Revolución Ciudadana, como proyecto histórico, merece ser estudiada, no administrada. Y la academia, como espacio libre, merece respirar sin cuotas de herencia institucional. Que el debate siga, que la ironía sirva de espejo, y que los pasillos de la UNAE vuelvan a oler… bueno, a café, a libros y a preguntas incómodas. Para política, ya hay suficientes sedes.


jueves, 16 de abril de 2026

 


 

SIP alerta por denuncia penal contra Granasa y advierte riesgo para la libertad de prensa en Ecuador

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación frente a lo que considera una escalada de acciones judiciales y administrativas en Ecuador contra el Grupo Granasa, editor de los diarios Diario Expreso y Diario Extra. La organización advierte que este escenario refleja un deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en el país.

El pronunciamiento se da tras la presentación de una denuncia penal por presunta asociación ilícita contra directivos del grupo, interpuesta por el liquidador de Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, en medio de una disputa por el control del 40% del paquete accionario de la compañía. Entre los señalados están la accionista Ingrid Francisca Martínez Leisker, el presidente ejecutivo Galo Martínez Leisker y otros miembros del directorio.

Según la SIP, este proceso no puede entenderse de forma aislada, ya que forma parte de una serie de actuaciones judiciales, administrativas y regulatorias que podrían incidir en la estructura de propiedad y en la línea editorial. El conflicto se originó en un intento de revertir una transferencia de acciones realizada años atrás, lo que ha derivado en intervenciones de entidades como la Superintendencia de Compañías, decisiones judiciales y ahora acciones penales.

El propio Grupo Granasa ha denunciado un “escenario complejo para la libertad de expresión” y ha alertado sobre el uso de instituciones del Estado como mecanismos de presión política.

“El uso del sistema penal y de los organismos de control para dirimir disputas que involucran a medios de comunicación genera un efecto inhibidor profundamente dañino para la libertad de prensa.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, dijo: “La independencia editorial no puede verse condicionada por presiones estructurales desde el poder”. (DLH)


 Andrés Arauz incumple con su presentación periódica en el caso Ligados

Orlando Silva

El incumplimiento de la medida cautelar de presentación periódica por parte del excandidato presidencial Andrés Arauz quedó registrado en la Corte Nacional de Justicia. Ante esta situación, la jueza Daniella Camacho dispuso que la Fiscalía General del Estado conozca el hecho y se pronuncie dentro del proceso conocido como caso Ligados.


Incumplimiento de la medida cautelar queda en manos de la Fiscalía

La notificación consta en un informe remitido el 13 de abril de 2026 por la secretaria relatora de la Sala de lo Penal, Corrupción y Crimen Organizado. En ese documento se señala que Arauz no acudió a la Secretaría de la Sala Penal el viernes correspondiente a la segunda semana de abril, como establece la medida, y que hasta la fecha no se registró su comparecencia.

El proceso penal no solo involucra a Arauz. También figuran como investigados los exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, además de la exasambleísta Esther Cuesta, Raúl González —electo superintendente de Bancos en 2022— y la actual vocal Nicole Bonifaz.

La explicación presentada por Andrés Arauz

Desde el exterior, Arauz remitió un escrito para justificar su inasistencia. En el documento indicó que el 26 de marzo de 2026 compró un pasaje aéreo para viajar desde México a Quito el 10 de abril, con el objetivo de cumplir con su obligación judicial.

Sin embargo, detalló que el 8 de abril recibió un diagnóstico de otitis en el oído derecho. Según el certificado médico adjunto, el profesional de salud dispuso tratamiento y prohibió el desplazamiento aéreo por siete días. El documento incluye firma, notarización y apostilla.

Decisión pendiente y audiencia clave

La jueza Daniella Camacho indicó que el escrito presentado será valorado en el momento procesal correspondiente, sin emitir un pronunciamiento inmediato sobre la justificación.

En paralelo, la magistrada convocó a la reinstalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio para el viernes 17 de abril, a las 15:00. La diligencia se desarrollará de forma presencial en la Corte Nacional de Justicia y también contará con modalidad telemática.