A través de un pronunciamiento oficial, la fiscal provincial encargada, Mayra Soria, determinó que la indagación penal debe continuar, argumentando que aún existen diligencias investigativas pendientes que son vitales para esclarecer el hecho, destacando la necesidad de garantizar la reparación integral de las víctimas, la tutela judicial efectiva y el derecho a la verdad.

El caso David Romo

Este caso empezó el 16 de mayo de 2013, cuando Santiago David Romo Córdova asistió a sus clases en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Durante la tarde, el joven acudió a la clase de Semiótica General entre las 15:00 y las 17:30.

Tras finalizar la jornada estudiantil, se reunió con un grupo de compañeros en las áreas verdes de la Facultad, donde, según testimonios posteriores, consumieron licor hasta el anochecer. Horas más tarde, aproximadamente a las 21:26, su enamorada se comunicó con él por teléfono y constató que el estudiante se encontraba en estado de embriaguez a bordo de un bus rumbo a su hogar.

La última señal de vida de David se registró a las 22:22 durante una llamada con su madre, Alexandra Córdova. En esa breve comunicación, el joven afirmó estar en el bus y le indicó que hablaría bajo, justificando su tono con una frase inquietante: "porque si alzo la voz, me sacan del bus".

Las indagaciones revelaron que el universitario se transportaba en el bus número 4 de la Cooperativa Transhemisféricos, con placas PUH0862, que cubría la ruta hacia la Mitad del Mundo.

La unidad era conducida por José Moisés C., acompañado por el controlador Edgar M. y su ayudante Gustavo de Jesús L.. Según las versiones recabadas a lo largo de los años, que no estuvieron exentas de contradicciones, el personal del transporte reconoció que Romo viajaba en la parte posterior del vehículo en estado etílico.

El recorrido terminó en la última parada del sector de Rumicucho cerca de la medianoche, punto donde el rastro del joven se desvaneció por completo, marcando el inicio de un laberinto judicial para sus familiares.

La investigación

Durante los primeros años, la investigación se fragmentó en múltiples teorías que alejaron el caso de una pronta resolución. En una etapa inicial, las autoridades procesaron el hecho bajo la figura de asociación ilícita y robo, argumentando que los trabajadores del bus se habían confabulado para sustraer el teléfono celular de la víctima.

Por este motivo, el controlador Edgar M. fue sometido a un procedimiento abreviado y sancionado con un año de prisión.

Tiempo después, la Fiscalía giró hacia la hipótesis de trata de personas y asesinato, sosteniendo que David Romo había sido trasladado contra su voluntad a una clínica clandestina de rehabilitación en Pisulí denominada Unión y Esperanza.

Bajo esta línea investigativa, se construyó la teoría de que el estudiante fue asesinado, desmembrado e incinerado en un camal, lo que llevó al juez Telmo Molina a dictar un auto de llamamiento a juicio en mayo de 2018 contra varias personas.

Esta versión oficial fue rechazada por Alexandra Córdova, quien denunció que el relato de la incineración era una maniobra de las autoridades para cerrar el expediente de forma abrupta sin haber encontrado restos biológicos comprobables ni el cuerpo de su hijo.

Ante estas presuntas negligencias, la madre presentó el 16 de agosto de 2018 una nueva denuncia, esta vez por el delito de desaparición forzada.

En este documento, acusó directamente la participación de agentes del Estado, apoyándose en testimonios que referían la presencia de personas con apariencia de policías dentro del bus aquella noche, además de apuntar al encubrimiento de altos funcionarios de la época, fiscales, agentes policiales e incluso exministros.

La madre de David Romo señaló como sospechosos al exministro del Interior, José Serrano Salgado, y a los agentes de la Policía Nacional Jorge P., Francisco H., Gabriel M. y Danilo L., así como a parte del círculo cercano del universitario, apuntando a su pareja sentimental, Diana L., y a Sara T., desde cuyas redes sociales presuntamente se emitieron mensajes para comunicarse con los familiares.

Asimismo, la acción penal fue dirigida contra el personal civil vinculado a la cooperativa de transporte que abordó David Romo.

Y, finalmente, contra los funcionarios judiciales, que participaron en el caso: los agentes fiscales Jenny Morales, Jorge Nogales, Jorge Flores, Alejandro Alemán, Laura Machuca, Tania Moreno, Andrés Cuasapaz y Paola Gallardo. Al igual que a los jueces Ivón Vásquez, Julio Obando, Edmundo Samaniego, Pablo Coello, Marcelo Narváez y Giovanny Freire.

El archivo y la reapertura

El 27 de mayo de 2025, el fiscal Polivio Meneses presentó un pedido formal ante los juzgados de Carcelén para archivar definitivamente la investigación por desaparición forzada, que se abrió tras la denuncia de la madre de Romo.

El funcionario argumentó que los plazos legales, que habían comenzado a correr en octubre de 2018, se encontraban excedidos. Además, justificó que no se habían encontrado elementos suficientes para probar la intervención de agentes estatales y señaló que existía el riesgo de juzgar dos veces el mismo hecho en relación con el anterior expediente por asesinato.

El mismo 27 de mayo de 2025, el juez Telmo Molina, a quien le fue asignada la solicitud, presentó su excusa para no conocer la causa. Su inhabilitación se debió a que él mismo había emitido el llamamiento a juicio en el proceso conexo por el presunto asesinato de David Romo en 2018, lo que comprometía su imparcialidad.

Tras un nuevo sorteo, el proceso recayó en el juez Mauricio Estrella, quien el 11 de junio de 2025 notificó el pedido de la Fiscalía a los sujetos procesales.

Dos días después, Alexandra Córdova ingresó un documento expresando su oposición, reclamando que el Fiscal se basaba en investigaciones previas incoherentes y que se negaba deliberadamente a agotar las líneas de búsqueda sugeridas por las víctimas.

Atendiendo los reclamos de la madre, el 17 de julio de 2025, el juez Estrella emitió un auto considerando que existía una aparente inactividad fiscal y recordó que las investigaciones estatales no pueden ser tratadas como simples formalidades destinadas al fracaso.

 

 

 

 

 El Ministerio de Salud Pública lanzó en el portal del Sercop la licitación LICS-MSP-2026-001 para contratar logística y montaje de eventos institucionales por $714.088,70 más IVA, en medio de retrasos en la entrega de al menos 15 medicamentos ya adjudicados a farmacéuticas mediante compras centralizadas en el mismo sistema de contratación pública y de los problemas de corrupción en hospitales reconocidos por el Ejecutivo. El proceso está en estado “por adjudicar” y contempla un anticipo del 20% y el pago del 80% restante conforme a los términos de referencia. El servicio tendrá alcance nacional durante 2026.

María José Pinto: "Tenemos 15 medicamentos que la empresa privada no ha entregado"

El objeto del proceso es contratar un servicio integral para visibilizar programas, proyectos y servicios del sector salud en territorio. La convocatoria se enmarca en la promoción de la salud y prevención de enfermedades en todo el país. El plazo de entrega previsto es de 120 días y la vigencia de la oferta es de 90 días. El funcionario encargado del proceso pertenece a la matriz del Ministerio.

El documento oficial señala que el servicio cubrirá eventos comunicacionales en distintas provincias, ciudades y cantones. El cronograma será definido por la entidad según necesidades institucionales y coyuntura nacional. El proveedor deberá responder a requerimientos con hasta 24 horas de anticipación. También se contempla la posibilidad de eventos simultáneos en hasta tres localidades.

Lista maestra: equipos, escenarios y producción técnica

La lista maestra del proceso incluye más de 40 ítems previstos para eventos comunicacionales a escala nacional, entre ellos:

Carpas impermeables de distintos tamaños con paredes laterales

Puntos de luz y extensiones eléctricas

Pantallas LED de alta resolución

Sistemas de audio para exteriores y espacios cerrados

Tarimas y escenarios móviles

Generadores eléctricos

Sillas plásticas para público

Micrófonos y pódiums institucionales

Separadores de prensa y señalética institucional

Baterías sanitarias móviles

Dispensadores de gel y elementos de bioseguridad

Servicio de internet corporativo para eventos

Transmisión en streaming

Registro fotográfico profesional

Servicio de dron para cobertura audiovisual

Coffee break y personal de apoyo logístico

Vicepresidencia denuncia incumplimientos de farmacéuticas

Este proceso de logística y montaje para eventos del Ministerio de Salud Pública que visibilizan la gestión institucional ocurre mientras la vicepresidenta encargada del Ministerio de Salud afirmó que al menos 15 medicamentos adquiridos mediante compras centralizadas no han sido entregados por farmacéuticas privadas. Explicó que estas adquisiciones ya fueron realizadas bajo este modelo de compra nacional, cuyo objetivo es cubrir la demanda de fármacos en todo el país.

La funcionaria señaló que este mecanismo transparenta la necesidad total de medicamentos del sistema público e indicó que la información está publicada para que las farmacéuticas conozcan los volúmenes requeridos. Sin embargo, los incumplimientos de los proveedores afectan el abastecimiento. El tema se expuso en medio de la crisis sanitaria.

Licitación del MSP para la contratación de proveedores de eventos

Portal del Sercop muestra la licitación logística del Ministerio de Salud Pública.Captura de pantalla

Ejecutivo reconoce crisis por abastecimiento de medicinas

Daniel Noboa

Daniel Noboa: "El problema de salud no es médico, es administrativo y de corrupción"

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El proceso ocurre mientras el Ejecutivo no ha delimitado todavía una política clara para evitar el robo de medicamentos y problemas de abastecimiento en hospitales públicos. El presidente Daniel Noboa se refirió el 27 de febrero a la crisis del sistema de salud durante una entrevista en Radio Centro. Reconoció que, pese a los esfuerzos del Gobierno, la ciudadanía continúa reportando escasez de medicinas y fallas en la atención. “El problema que tenemos… es corrupción dentro de los hospitales”, afirmó el mandatario, señalando que la situación impacta con mayor fuerza en Guayas, Manabí y Los Ríos, donde —según dijo— la gestión presenta mayores debilidades.

Noboa detalló que existen irregularidades en bodegas y contratos administrativos. “Tenemos gente en el cuerpo administrativo conectada a GDOs, contratos de limpieza entregados a ellos”, indicó, al advertir que estas prácticas han derivado en robo de medicinas y mala distribución de recursos. Aseguró que revertir la situación tomará tiempo y control permanente, y aclaró que la ausencia de un ministro titular no frena la gestión: "Hay una ministra encargada con experiencia administrativa y asesoría médica especializada". El mandatario insistió en que “El problema no es médico, es administrativo y de corrupción”, y sostuvo que el Gobierno combate a mafias que afectan el abastecimiento hospitalario.