Elizabeth Cabezas es una mujer a la que no le salen las cosas: perdió la Presidencia de la Asamblea porque, en una operación de espionaje, la pescaron diciendo, con palabras no muy repetibles, vela verde sobre los socialcristianos. Y ahora la pescan gastando más de medio millón de dólares para echarse flores promocionando la imagen de la Asamblea Nacional. Pues bien: es una indecencia lo que hace y no importa cuándo ni dónde se lea esto.
Aún bajo el supuesto de que ese gasto ha cumplido todos los artificios legales y burocráticos del mundo, y que en dicho pago no ha existido ni el más mínimo conflicto de interés o que se ha beneficiado ilegalmente a alguien en particular, pagar 648 597 dólares para lavar la imagen de los asambleístas es un acto de insensibilidad en el manejo de los dineros públicos. Y eso es lo que ha hecho la administración de Elizabeth Cabezas en la Asamblea Nacional, según lo ha reconocido la misma su directora de Comunicación Social, Carolina Jaramillo, luego de que el dato fuera publicado en diario El Universo.
En la firma de dos contratos de publicidad firmados por la Asamblea Nacional, en menos de seis meses, no parece haber únicamente insensibilidad en el manejo de fondos públicos: hay graves problemas éticos y muy probablemente otros tantos de tipo legal.
Según la información publicada y confirmada, los contratos para publicidad fueron firmados con Estratégika, una empresa cuya principal accionista, Jenny Silva, fue hasta hace pocos meses funcionaria del despacho de la presidenta del organismo, Elizabeth Cabezas. Según la curiosa y casi pintoresca explicación que dio Jaramillo (justificó que se contrate a una agencia externa porque en la Asamblea no hay actores profesionales ni locaciones como el mar) no existe nada ilegal ni extraño en que un funcionario público firme un contrato con el Estado, con la excepción de que ese funcionario sea empleado de la entidad que firma el contrato. Como esa persona dejó de trabajar hace unos meses en el despacho de Cabezas, dijo Jaramillo, el posible conflicto de interés ha desaparecido. En otras palabras, para ella sería perfectamente posible desde el punto de vista ético que un funcionario renuncie un día tal o sea despedido de un organismo y pocas semanas después firme suculentos contratos con su ex empleador. En su lenguaje tecnocrático en el que abundaban las citas sobre “levantamiento de necesidades” y eufemismos como el de decirle “socialización” a la propaganda, Jaramillo llegó a afirmar que un funcionario público puede contratar con el Estado, lo que es falso porque contradice el principio legal según el cual una misma persona no puede tener simultáneamente dos fuentes de ingreso del Estado: lo ratificó un abogado experto en derecho administrativo público a 4Pelagatos.
El gasto de la Asamblea en publicidad también es una indecencia porque se trata de justificarlo, como lo hizo Jaramillo, alegando que la Asamblea no tiene las capacidades institucionales para hacer la promoción por la que se ha contratado a Estratégika. ¿Cómo se puede argumentar sin ruborizarse siquiera que se justifica gastar más de medio millón de dólares en promocionar la carrera política de los asambleístas, si en la nómina de la Asamblea aparecen 354 funcionarios que trabajan en el departamento de medios legislativos? ¡354 funcionarios que deben costar una fortuna al Estado! ¿Y ninguno es capaz de hacer lo que deberá hacer la empresa contratada? “No cuento con actores profesionales ni con equipos técnicos para grabar en ciertas locaciones como en el mar”: no parece que Jaramillo sea consciente de lo que afirma. Según su tesis se podría decir que los organismos del Estado deberían tener en sus nóminas a actores profesionales para así no tener que recurrir a a agencias de publicidad. Cuando un periodista le preguntó las razones por las que la TV Legislativa (uno de los medios de la Asamblea como también lo es la radio) no hacía el trabajo, ella respondió que no era posible porque ese medio solo aparece en la provincia de Pichincha y “tenemos la obligación de llegar a todos los mandantes hasta en el último rincón del país”. ¿Obligación? ¿Solo para la propaganda se le ocurre que está obligada? ¿Y solo ahora se le ocurre?
Lo de fondo en este gasto indecente es el uso ilegítimo de fondos públicos. Se trata de un gasto que no es otra cosa que un impúdico subsidio del Estado, con dinero de los contribuyentes, para las carreras de los asambleístas. Mejorar su imagen es un tema que interesa y es útil solo a ellos. Pero por supuesto esto se hace, otra vez, bajo el eufemismo, tan explotado durante el gobierno de Rafael Correa, de la «socialización». Si hay mala imagen, no hay futuro político.
La administración de Cabezas ha dicho que el gasto en publicidad de la Asamblea es significativamente más bajo que el que hubo durante las administraciones anteriores, lo cual probablemente es cierto. Sin embargo, que haya habido más derroche y despilfarro en publicidad durante la década perdida, no convierte los dos contratos de publicidad firmados (el primero en noviembre de 2018 y el segundo el 23 de abril) en actos éticos.
Foto: Asamblea Nacional.
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