El observador

Versiones siembran dudas sobre la policía de San Lorenzo

Dos jefes policiales se contradicen respecto a la información sobre supuestos actos de corrupción en la policía de San Lorenzo. También sobre sobre si conocían amenazas a los uniformados y a la infraestructura policial. Sus versiones consta en los expedientes de las investigaciones tras la explosión del coche bomba en esa ciudad fronteriza. Un abogado de los procesados por ese atentado cuestiona también la labor de los agentes.

27 de agosto del 2018

REDACCIÓN PLAN V

“Sí”. Es la respuesta que dio el excomandante de Esmeraldas, Romel Tapia, a la pregunta que le hiciera la Fiscalía acerca de si recibió alguna queja o denuncia sobre casos de corrupción relacionados con el personal policial del Comando del Distrito de San  Lorenzo. “Sí, varias denuncias que fueron tramitadas a la Unidad Subzonal de Asuntos Internos y también recomendando presenten a Fiscalía para que se den las investigaciones administrativas y legales correspondientes”, dijo Tapia en su versión del pasado 21 de mayo dentro de las indagaciones por la explosión del coche bomba en San Lorenzo.

En este proceso están involucradas 28 personas, entre ellas Walther Patricio Arízala Vernaza, alias ‘Guacho’, buscado en Colombia y Ecuador por varios atentados, secuestros y asesinatos como el del equipo periodístico de diario El Comercio y de la pareja Óscar Villacís y Katy Velasco. Los sospechosos han sido acusados por el supuesto delito de delincuencia organizada. La audiencia preparatoria de juicio se realizará el próximo 13 de septiembre, después de que esta fuera aplazada; en principio había sido convocada para el 17 de agosto.

Pero durante las investigaciones, altos y medios mandos policiales han sido llamados a declarar. Entre ellos Tapia, quien primero fue Jefe del Distrito de Quinindé y luego desde el 30 de junio hasta mayo de 2018 se desempeñó como Jefe de Esmeraldas. Él fue uno de los oficiales que salió de la provincia después de la crisis de seguridad en la frontera norte tras la bomba en San Lorenzo y el secuestro de los periodistas. Ahora es comandante en Tungurahua.

En la versión, la Fiscalía le hizo una segunda pregunta sobre el tema: “Indique si usted llegó a conocer de parte del teniente coronel Luis Cando respecto de las irregularidades en investigaciones que se daban en la Policía Judicial de San Lorenzo”. Tapia contestó: “No me hizo conocer sobre las irregularidades en las investigaciones pero sí se informó sobre procedimientos que eran necesarios se investiguen de varios servidores policiales entre ellos los que recuerdo uno contra el teniente coronel C., el otro contra el capitán P. por lesiones; y otra contra el policía C., los mismos que se dispuso las investigaciones en la unidad  subzonal de asuntos internos”.

El jefe policial Romel Tapia dijo que no recibió información del comando de San Lorenzo sobre amenazas del crimen organizado contra el personal y las instalaciones policiales.

El jefe policial dijo además que “jamás” se le dio a conocer sobre la investigación que había estado realizando la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República (UGSI) respecto de organizaciones de crimen organizado en la zona de frontera. En un informe que envió la UGSI a la Fiscalía, dentro de las investigaciones por el atentado contra el destacamento de San Lorenzo, se menciona que el mayor Pablo Luna, director de la UGSI, informó a Santiago Mena, director de Inteligencia de entonces, las pesquisas que venían realizando a la organización de ‘Guacho’ y los números telefónicos que usaban para comunicarse desde noviembre de 2017. El narcoguerrillero fue señalado, en aquella época, como la persona que habría organizado el atentado contra la patrulla del GEMA.

Después de la explosión del coche bomba, el pasado 27 de enero, las actividades de los uniformados de San Lorenzo llamaron la atención de las autoridades. Por ejemplo, los chats entre el mayor Alejandro Zaldumbide y las llamadas que recibiera de parte de presuntamente alias ‘Guacho’ generaron rechazo en la opinión pública. Al menos 18 veces se habría comunicado el oficial con el narcoguerrillero como lo publicó este portal el pasado 18 de mayo. En los mensajes ‘Guacho’ pide de forma insistente llegar a un “acuerdo” para evitar llevar “la guerra” al territorio ecuatoriano y se muestra exigente por una respuesta. Tras varios operativos en la zona, en especial en Mataje donde vivía su madre, a través de chats llega a amenazar a civiles, policías y militares.

Sobre este tema, la Fiscalía consultó a Tapia si conocía algún tipo de comunicación entre miembros policiales de San Lorenzo con integrantes del grupo Óliver Sinisterra antes del 27 de enero de 2018 cuando estalló la bomba. El exjefe policial de Esmeraldas dijo que no conocía. También le preguntaron si recibió información del comando de San Lorenzo sobre amenazas del crimen organizado contra el personal y las instalaciones policiales. A lo cual respondió: “No se recibió información sobre lo consultado, pero sí debo informar que desde el momento que me hice cargo de la Subzona se manifestaba que el territorio de San Lorenzo era peligroso y difícil para la actividad policial e inclusive varios servidores policiales habían sido atacados con armas de fuego, armas blancas y agredidos físicamente por ciudadanos como resultado policías heridos y que habían sido evacuados a otras ciudades (sic)”.

Pero esto lo contradice la versión del teniente coronel Edwin Cando, exjefe policial de San Lorenzo. Él en su declaración del 21 de mayo pasado aseguró que sí dio a conocer amenazas contra la Policía por las detenciones efectuadas. Esto en diciembre de 2017. El relato que hace sobre este tema es el siguiente:

“El día lunes en la mañana (dice que fue en diciembre de 2017, pero no recuerda el día exacto) me dieron parte tanto el comandante encargado, mayor Luis Bedón, así como el mayor (Alejandro Zaldumbide), jefe de logística, quienes eran los dos oficiales que se encontraban en el grupo de quedada. Supieron indicarme que personal de las unidades especiales habían realizado un operativo en la que habían detenidos tres sujetos colombianos y a su vez habían dado parte a la superioridad mediantes los partes y en forma verbal. Así como también habían indicado que iban a tomar represalias por estas detenciones por lo que les pregunté si esto ya sabían la superioridad o el señor comandante de la Subzona, caso contrario para dar parte, recibiendo como respuesta de los dos señores oficiales que ya tenían conocimiento y habían hecho conocer en su debido momento. Y que además habían dispuesto que se refuercen las seguridades tanto de la prevención como del rastrillo, así como también del personal que salga a patrullar no solo sino en pareja o en forma conjunta, manteniendo esta disposición que se había impartido hasta cuando fue mi salida”.

Edwin Cando dejó la Jefatura Policial de San Lorenzo el 22 de enero de 2018, cinco días antes de la explosión en el destacamento. Ahora trabaja en Quito. 

Edwin Cando estuvo al frente de la Policía en San Lorenzo un año, 4 meses y 27 días. Dejó este puesto el 22 de enero de 2018, cinco días antes de la explosión en el destacamento de San Lorenzo. Dijo que durante este tiempo ha desarrollado sus actividades de forma honesta y profesional, e informando de forma verbal o mediante informes al Comandante de Esmeraldas. Pero su declaración sobre si conocía sobre denuncias por temas de corrupción en esa estación policial es contradictoria. “Cabe indicar que en el tiempo que he permanecido en el lugar no he tenido denuncias de personas o instituciones en contra del personal policial. De igual manera debo informar que en el caso de personal policial relacionado con actos o denuncias que van contra la imagen institucional ha sido canalizados inmediatamente a la Subzona a través de Asuntos Internos como reposan las documentaciones en ella”. Plan V solicitó al general Nelson Villegas información sobre las denuncias contra policías en San Lorenzo que han llegado a Asuntos Internos de la Policía. El oficio aún no tiene respuesta.  

Cando también manifestó que no conoció si hubo comunicaciones de personal policial de San Lorenzo con presuntos integrantes del grupo Oliver Sinisterra antes del 21 de enero de 2018. Esto en referencia a los chats entre el mayor Zaldumbide con quien supuestamente era alias ‘Guacho’. Zaldumbide dijo que estos mensajes le empezaron a llegar porque su número y el de siete policías más habían sido colocado en papeles impresos en las Unidades de Policías Comunitarias (UPC) para que los ciudadanos pudiera presentar alguna queja. Esto fue confirmado por Cando quien dijo que eso se hizo para que la “ciudadanía denuncie o llame a cualquiera de estos números en caso de auxilio inmediato o se queje al ver cerrado el UPC por no contar la presencia policial en el sector”.

La Fiscalía también le consultó si conoció sobre la permeabilización del crimen organizado en poblaciones como Mataje, el Pan y otras. Dijo que durante su administración ha tenido continuas reuniones con los presidentes de las juntas parroquiales y realizaban operativos conjuntos a fin de garantizar la paz. Candó reveló que en reuniones con el exministro del Interior, César Navas, solicitó la adquisición de vehículos 4 por 4 y una lancha para estos sectores que son alejados de la urbe. También pidió la construcción de un cuartel en el sector de Mataje, lugar donde habrían sido secuestrados los periodistas de El Comercio.

En el descamento Naval de Mataje, los militares revisan a quienes transitan por allí.  Foto: Diario El Universo

Es precisamente en Mataje donde surge una nueva declaración sobre la actuación de la Policía. Dentro de las investigaciones después de la bomba en San Lorenzo y el secuestro y crimen de los periodistas, aparece esta versión que consta en uno de los procesos por tráfico de armas. “Hace tiempo atrás señor Fiscal, antes que pasara esto, sabían entrar los patrulleros y se sabían reunir con un señor de Colombia que lo llamaban Andrés, el señor sabía andar armado con botas de caucho, sabía conversar con los señores policías, se embarcaban en el carro, pensábamos que se lo iban a llevar por lo que andaba armado, lo devolvían, volvía ese señor y cruzaba porque el pueblo de Mataje, señor Fiscal, lo divide el río que es Ecuador y Colombia, en donde existe un caserío”.

En Mataje, la semana pasada, fue velada una joven de 19 años que supuestamente sería la sobrina de alias ‘Guacho’. De cabello ensortijado, su nombre es María José Arízala Jaramillo. Según la autopsia que se le efectuó en Esmeraldas presentaba una herida de bala. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, confirmó que el asesinato ocurrió en Colombia. Después de la autopsia, los restos de la joven fueron velados bajo una carpa blanca junto a la casa de la mamá de Guacho, una de las edificaciones más grandes en la población. Se colocaron sillas blancas. Pero según un testigo que estuvo en el velorio, la carpa casi todo el tiempo pasó vacía debido a la fuerte presencia policial y militar. “Solo niños correteaban por el lugar”, mencionó.

Velorio de una supuesta familiar de alias 'Guacho' en Mataje. Una carpa blanca junto a la casa de la madre del narcoguerrillero fue el lugar para la despedida de María José Arízala Jaramillo (der.). 

Un abogado cuestiona a la Policía

El abogado Segundo Caicedo, que defiende a cuatro de los procesados por delincuencia organizada en el caso del coche bomba en San Lorenzo, envió dos comunicaciones a la Fiscalía que reposan en el expediente. Allí pone en duda sobre el paradero de la información de la cámara que fue hallada en la casa de la mamá de Guacho y donde fue detenido Rubén Darío J. También menciona la existencia de operaciones policiales que no habrían sido informadas por los uniformados, como el derrumbe de torres de comunicación un sector cercano a Puerto Rico, en el lado ecuatoriano. “Los señores policías no cuentan esas novedades”.

También menciona la muerte de un joven de 24 años, Óscar David C., quien tenía una orden de captura por transporte ilegal de combustible en la frontera. Algunos señores policías de San Lorenzo, dice el jurista en el escrito, “lo presionaban a Oscar David C. (para) que le entreguen información si no le metían preso”. El joven falleció el 7 de diciembre de 2017, según su partida de defunción. Las circunstancias son desconocidas. “Nadie quiere hablar porque no existe la confianza que lo que alguien diga no llegue a los oídos de las personas que controlan el cordón fronterizo”, concluyó Caicedo.