Un crimen contra la palabra: Informe sobre el asesinato de Robinson del Pezo
Por: Fundamedios
Robinson Del Pezo se definía como un ciudadano que decidió hablar cuando otros callaban. Desde 2020, a través de su plataforma digital, mantuvo una línea constante de denuncias y revelaciones sobre contratación pública, obras inconclusas y presuntas irregularidades en la administración local. Sus publicaciones, dirigidas principalmente a la fiscalización de las autoridades del cantón La Libertad y de la provincia de Santa Elena, se caracterizaban por un tono frontal, directo y persistente.
En los últimos años, su trabajo se volvió más confrontativo. Denunció bloqueos de su contenido, acusaciones en su contra y lo que describía como intentos de silenciar su voz. Días antes de su asesinato, publicó un comunicado en el que responsabilizaba a las autoridades locales si algo le llegara a pasar.
El presente informe reconstruye quién era Robinson del Pezo y qué denunciaba como contexto de su asesinato.
Porque su muerte no puede entenderse como un hecho aislado. Comprender lo que hubo detrás de su voz —y de su silencio forzado— es indispensable para dimensionar el estado actual de la libertad de expresión en Santa Elena y en el país.
Santa Elena: corrupción y despojo
Santa Elena no solo enfrenta un deterioro acelerado de la seguridad, sino también una acumulación de denuncias públicas sobre contratación, tierras y presuntas irregularidades administrativas, por parte de autoridades locales, que han escalado al debate nacional.
En 2025, Ecuador fue el sexto país más violento del mundo, según el Índice de Conflicto de ACLED, debido a sus altos niveles de homicidios intencionales, el riesgo para la población civil y fragmentación de grupos armados. Este diagnóstico global tiene una expresión concreta en Santa Elena.
Entre 2020 y junio de 2025, la tasa de muertes violentas en la provincia aumentó un 1126%, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio del Interior y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. A ello se suma el crecimiento del control territorial vinculado al narcotráfico y el aumento de la extorsión o “vacuna”, que subió un 83% entre 2023 y 2024.
En este entorno de violencia y fragmentación institucional, el conflicto por la tierra y los contratos públicos se ha convertido en el eje central de la disputa política y económica.
El caso de las 93 hectáreas en La Libertad —adquiridas por Jenny Ramírez, joven de 24 años por un valor de 2.7 millones de dólares— puso a Santa Elena en el centro del debate nacional a inicios del 2026.
La operación despertó interrogantes sobre la procedencia de los recursos, el valor real del terreno y los posibles vínculos políticos en el proceso de compra. La aparición de nombres de alto perfil político dentro de la investigación fiscal evidenció la magnitud de las tensiones en la provincia.
Sin embargo, ese episodio fue apenas la muestra de un problema más amplio. El caso conocido como “Bellitec” reveló la venta de 745 hectáreas de terrenos municipales a un ínfimo precio de 83 centavos el metro cuadrado, pese a que las tablas valorativas oficiales del municipio fijaban valores significativamente superiores. El proceso incluyó una ordenanza que permitió ventas directas sin subasta pública, la anulación de títulos previos mediante mecanismos jurídicos controversiales y decisiones administrativas que generaron cuestionamientos públicos.
La duda de la población se profundizó por la participación de funcionarios del registro de la propiedad en los procesos judiciales relacionados con actores involucrados y la ausencia de observaciones por parte de instancias de control en procedimientos, que fueron ampliamente debatidos en espacios ciudadanos.
Activistas y comunicadores locales comenzaron a recopilar información: escrituras públicas, actas municipales, expedientes judiciales.
Robinson del Pezo fue una de las personas que hizo un trabajo detallado de búsqueda de información. La acumulación de denuncias, las publicaciones constantes y el señalamiento directo de autoridades se convirtieron en materia de discusión pública sostenida.
La disputa por tierras, contratos y obras no ocurre en el vacío. Se desarrollan en zonas donde la presencia del crimen organizado y la expansión de economías ilícitas aumentan la presión sobre actores locales. El bajo perfil mediático que tradicionalmente han tenido los acontecimientos provinciales ha permitido que conflictos estructurales se mantengan durante años sin escrutinio sostenido.
En este contexto, denunciar no es una actividad neutra. Implica intervenir en escenarios donde convergen intereses políticos, económicos y, según diversas investigaciones judiciales abiertas en el país, dinámicas asociadas al crimen organizado.
Cuando Robinson del Pezo publicaba sobre contratos municipales irregulares, tierras frente al mar o adjudicaciones cuestionadas, lo hacía en medio de este entramado. Su voz comenzó a llamar la atención y, la línea entre conflicto político y riesgo personal se volvió cada vez más delgada.
Robinson del Pezo fue una de las personas que hizo un trabajo detallado de búsqueda de información. La acumulación de denuncias, las publicaciones constantes y el señalamiento directo de autoridades se convirtieron en materia de discusión pública sostenida.
¿Quién era Robinson del Pezo?: comunicador, comerciante, ciudadano
Tenía 50 años cuando lo asesinaron. En Santa Elena, su nombre era conocido por una razón concreta: no se limitó a comentar la realidad de la provincia, sino que decidió confrontarla.
Desde 2020 impulsó una página digital, La voz del pueblo vuelve por ti mi provincia, que se fue consolidando como un espacio de denuncia ciudadana sin el respaldo de auspiciantes ni vínculos institucionales. Robinson del Pezo fue un comunicador ciudadano, pero también comerciante: sostenía su vida cotidiana con un negocio propio y fue precisamente allí, en su espacio de trabajo, donde fue asesinado.
En sus propias publicaciones, Robinson se describía como alguien que hablaba “por conciencia” cuando otros guardaban silencio.
Su plataforma se convirtió en un altavoz incómodo para el poder local. Las publicaciones se centraron de manera persistente en temas que rara vez se mantienen con esa intensidad en el plano provincial: contratación pública, ejecución de obras, presupuestos, adjudicaciones y presuntas irregularidades. Su foco principal se concentró en dos autoridades: el alcalde del cantón La Libertad, Francisco Tamariz, y el prefecto de Santa Elena, José Daniel Villao. A partir de 2023, las denuncias se multiplicaron y el tono se volvió marcadamente frontal: interpelaciones directas, llamados a rendición de cuentas y acusaciones de un sistema de “silencio comprado”.
Esa transformación del discurso coincidió con un clima de creciente tensión. En sus contenidos, Robinson hablaba de bloqueos de publicaciones, de obstáculos para difundir reportajes y de intentos de desacreditarlo. La página comenzó a usar etiquetas de confrontación política —como #villaoytamariznuncamas— y a plantear su trabajo en términos de resistencia: insistir pese a las presiones, incluso cuando el peligro era, según su propio lenguaje, real.
Fuentes cercanas a su entorno relatan que Robinson no inició esta labor como activista profesional ni como parte de una estructura organizada. Su interés nació de observar, leer y acumular información y de una indignación sostenida por historias de abandono y falta de respuesta estatal frente a necesidades básicas en la provincia. En ese camino, recopiló documentación y material que, según se describe, incluía expedientes, actas y registros vinculados a sus denuncias. Esa acumulación de información alimentó la dinámica de su página, pero también incrementó el nivel de exposición.
Lo que comenzó como un proyecto ciudadano fue adquiriendo el peso de una confrontación pública prolongada. En el relato de personas que conocían de cerca su situación, Robinson era consciente del costo: se hablaba de presiones, de temor y de la dificultad de “luchar” contra estructuras de poder que, en la percepción local, resultaban demasiado grandes. Sin embargo, Robinson insistió. Incluso de episodios que lo afectaron profundamente —incluidos problemas graves de salud, crisis económicas y un periodo de privación de libertad—, retomó la página y continuó publicando.
Esa persistencia es parte central de su historia: Robinson no sólo denunciaba, lo hacía con nombre propio, con ironía, con indignación, y con una apuesta comunicacional que buscaba convertir documentos y contratos en información pública comprensible.
Esa visibilidad —sumada a la naturaleza de sus denuncias— terminó por situar a Robinson en el punto más vulnerable: ser una voz local que nombra, insiste y desafía en un territorio atravesado por violencia, impunidad y disputas por recursos públicos. Su asesinato cortó esa voz. Lo que siguió —según su entorno— fue una secuela de miedo, silencios y reacomodos forzados que refuerzan una pregunta inevitable: ¿qué tan protegido puede estar alguien que denuncia en Santa Elena cuando la violencia ya no es una amenaza abstracta, sino una posibilidad cotidiana?
“No soy periodista. Soy un ciudadano común que se cansó de la mentira, del silencio comprado, y del abuso del poder”, decía Robinson.
Sujetos armados llegaron hasta el local y dispararon en repetidas ocasiones. Comerciantes y transeúntes corrieron en medio del pánico. Otra persona resultó herida durante el ataque.
Un crimen a la vista de todos
La tarde del jueves 20 de noviembre de 2025, Robinson del Pezo fue asesinado en su negocio de venta de carnes, en los alrededores del mercado número 4 del cantón La Libertad.
Sujetos armados llegaron hasta el local y dispararon en repetidas ocasiones. Comerciantes y transeúntes corrieron en medio del pánico. Otra persona resultó herida durante el ataque. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para intentar estabilizarlo. Fue trasladado a una casa de salud donde se confirmó su fallecimiento.
En una provincia donde los homicidios se han disparado, la escena no resultó excepcional. Lo excepcional era la víctima: un comunicador que, semanas antes, había advertido públicamente que temía por su vida.
El 2 de septiembre de 2025, Robinson denunció en su página que había sufrido un atentado en su domicilio. En un mensaje publicado esa misma madrugada escribió:
“Un artefacto explosivo fue colocado en mi domicilio, sembrando el pánico y recordándonos el precio que estamos pagando por alzar la voz contra la corrupción.” Añadió que la detonación se escuchó a varias cuadras de distancia y cuestionó la demora policial. Pero lo más significativo fue la interpretación que dio del hecho: “Este atentado no es un hecho aislado. Es la respuesta desesperada de aquellos políticos corruptos que ven en La Voz del Pueblo una amenaza para sus intereses.” En ese mismo mensaje, enumeró las denuncias que venía presentando: presunto direccionamiento de contratos, ventas irregulares de terrenos, abandono de obras, el caso Metástasis y presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios. También denunció el silencio de los medios locales.
Menos de dos meses después, el 23 de octubre de 2025, Robinson volvió a pronunciarse en un video. Esta vez el tono fue aún más explícito. Tras detallar un contrato municipal de combustible y presuntos conflictos de interés, afirmó: “Ante estos hechos, temo por mi vida y la de mi familia.” Y agregó que no era la primera vez que se intentaba silenciarlo, sino que había recibido amenazas por mensajes, llamadas anónimas y un atentado con explosivos en su casa. En su mensaje hizo una declaración grave: “Si a Robinson del Pezo, a mi familia, a mis hijos, me llega a pasar algo, hago responsable directamente al señor alcalde del cantón La Libertad, el señor Francisco Eugenio Tamariz Guerrero, a su círculo de empresarios y a quienes le ha entregado terrenos”. Cuatro semanas después, fue asesinado.
Las denuncias de Robinson contra las dos autoridades antes señaladas se iniciaron en 2023. Fundamedios ha recopilado más de 80 posts de denuncia, en orden cronológico y con el detalle de las mismas.
¿Qué denunciaba Robinson del Pezo?
Por más de dos años, su página “La Voz del Pueblo” se convirtió en un espacio constante de denuncia pública sobre la gestión municipal y provincial en Santa Elena, especialmente en el cantón La Libertad.
Su línea de trabajo fue clara y se centró en cuestionar el uso de los recursos públicos.
Con el tiempo, sus publicaciones dejaron de ser editoriales políticas para convertirse en señalamientos argumentados con documentos, números de contratos y montos específicos.
En 2023, Robinson inició cuestionamientos sobre las designaciones en el municipio y las decisiones administrativas que consideraba arbitrarias. El tono era político, confrontativo y ciudadano.
En 2024, su discurso cambió. Empezó a publicar resoluciones del Concejo Municipal, fragmentos de contratos, certificaciones presupuestarias y datos técnicos. El caso del área verde del barrio Jaime Nebot marcó un punto de inflexión: no solo denunciaba una decisión, sino que también exhibía el procedimiento administrativo irregular que la sustentaba.
En 2025, su contenido alcanzó un mayor alcance. Construyó una narrativa sistemática sobre tres grandes temas: contratos millonarios, venta de terrenos y obras inconclusas. Repetía los mismos ejes, acumulaba cifras y vinculaba actores.
Las denuncias de Robinson pueden agruparse en cinco grandes núcleos:
- Presunto direccionamiento de contratos y conflictos de interés: Señaló reiteradamente contratos de eventos, combustible, asfaltado y servicios municipales adjudicados a empresas o personas que, según sus publicaciones, tendrían vínculos con autoridades locales y con su entorno familiar. Publicaba montos acumulados y mostraba coincidencias entre contratistas recurrentes. Uno de los casos más relevantes fue el Contrato No. 038 de suministro de combustible, adjudicado por el Gobierno Municipal del Cantón La Libertad durante la administración del alcalde Francisco Eugenio Tamariz. Según Robinson, el contrato fue adjudicado a Jorge Manuel Trejo Valdez, quien figuraba además figuraba como comisario de la compañía TARLES S.A., en la que Paola Tamara Tamariz Guerrero, hermana del Alcalde, aparecía como gerente general. A su vez, la esposa del contratista, Andreína Estefanía Aquino Ortega, constaba como contadora de la misma empresa y como compradora de terrenos municipales. Robinson calificó este entramado como un posible conflicto de interés y como presunto direccionamiento contractual.
- Venta o transferencia de terrenos municipales y áreas verdes
Uno de los temas más sensibles fue la supuesta entrega o compraventa directa de terrenos municipales, incluidos espacios que moradores consideraban áreas verdes. Robinson insistió en que estas decisiones beneficiaban a allegados del poder y exigía transparencia en los procesos. En 2024 publicó documentos relacionados con la compraventa directa del solar 01 de la manzana 14 del sector 46 (barrio Jaime Nebot), inicialmente concedido en arrendamiento y luego aprobado para su venta directa a favor de Andreína Steffania Aquino Ortega. Robinson señaló que el terreno tenía un avalúo aproximado de 13.746 dólares y cuestionó el procedimiento de rectificación de la resolución municipal que permitió la compraventa. En 2025 amplió sus denuncias hacia otros terrenos: 1.200 m² en el barrio Jaime Nebot; 1.600 m 2 en el sector Autopista; 5.000 m² en zona industrial, terrenos en el barrio 11 de Diciembre, entre otros más. Sostenía que estas operaciones beneficiarían a allegados o cónyuges de contratistas y preguntaba públicamente por qué el alcalde y los concejales guardaban silencio. - Obras públicas inconclusas o de baja calidad
Denunció sobre el asfaltado que se deterioraba rápidamente y obras con anticipos elevados sin resultados visibles y proyectos paralizados durante años. Identificó fiscalizadores y cuestionó la repetición de actores técnicos en obras fallidas. En el caso del asfaltado en La Libertad, cuestionó que el alcalde Tamariz anunciara la entrega de 35 kilómetros de asfalto, mientras tanto el material se deterioraba prematuramente. Señaló como fiscalizador al ingeniero Víctor Hugo Balón Mateo, quien habría participado en obras anteriores también cuestionadas. A escala provincial, hizo denuncias contra el prefecto José Daniel Villao Villao, señalando una obra de aproximadamente 6 millones de dólares ejecutada con la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), con anticipo del 40%, pero que no se observaba ningún resultado, al contrario, evidenció cómo el río arrasó con todo y se llevó las aceras y los bordillos. Además, publicó la asignación adicional de 1’500.000 dólares a la empresa vinculada a la UPSE, pero la obra quedó inconclusa y afectó a la Unidad Educativa José Antonio García Cando. Otro caso grave son los proyectos abandonados durante más de dos años en los barrios de La Libertad. En mayo y agosto de 2025 publicó contenido bajo el eje “las obras inconclusas del prefecto”, denunciando el abandono, la mala calidad y la falta de supervisión de los trabajos municipales. - Uso de recursos públicos para publicidad y propaganda
Robinson del Pezo sostuvo que la Alcaldía y la Prefectura habrían destinado sumas significativas de dinero a contratos con medios locales y agencias de publicidad, lo que —según su lectura— explicaría el silencio mediático frente a las irregularidades. Robinson sostuvo que la Alcaldía de La Libertad y la Prefectura de Santa Elena habrían destinado más de un millón de dólares en 2024 a contratos con radios, medios digitales y prensa escrita. En una publicación del 4 de noviembre de 2025, pocos días antes de su asesinato, afirmó que la “cuña radial más cara del país” se pagaba en Santa Elena, mencionando valores de 14 dólares por 35 segundos. En ese contexto, acusó a medios locales de guardar silencio frente a irregularidades debido a la pauta institucional. - Incremento patrimonial y estilo de vida: También cuestionó el incremento patrimonial y el estilo de vida de las autoridades, lo que amplió el conflicto al terreno reputacional y personal. En varias publicaciones analizó el crecimiento patrimonial del prefecto Villao y del alcalde En octubre de 2025 afirmó que el patrimonio del prefecto habría pasado de aproximadamente 70.000 a más de 285.000 dólares. El alcalde habría pasado de 30.000 a cerca de 160.000 dólares en un año.
También cuestionó públicamente la adquisición de vehículos de alta gama, preguntando por el origen de los fondos.
En un contexto de alta violencia en Santa Elena, donde confluyen intereses económicos, disputas territoriales y fragilidad institucional, este tipo de denuncias públicas —reiteradas y con nombres propios— colocó a Robinson en una posición de confrontación directa con las estructuras de poder criminal, político y económico locales.
También cuestionó el incremento patrimonial y el estilo de vida de las autoridades, lo que amplió el conflicto al terreno reputacional y personal.
Las últimas publicaciones
El día de su asesinato, Robinson del Pezo publicó cuatro contenidos en su página “La Voz del Pueblo”. No fueron mensajes personales ni despedidas ambiguas. Fueron, una vez más, denuncias.
Incluso en sus últimas horas, Robinson siguió señalando la gestión pública, la fiscalización y el uso de los recursos del Estado.
“2382 días y más de 175 mil dólares”
En su primera publicación del día, Robinson cuestionó una supuesta fiscalización tardía, tras 2.382 días y más de 175.000 dólares recibidos.
No mencionó el nombre del funcionario, solo indicó que se trataba de un psicólogo. La cifra coincide con el tiempo aproximado de un periodo de cuatro años en funciones públicas y con el salario acumulado durante ese tiempo.
El mensaje no detallaba un caso concreto de corrupción, pero sí insinuaba que la fiscalización llegaba demasiado tarde, cuando el funcionario ya había recibido una suma significativa de dinero público.
Cuestionamiento a un concejal: 108.192 dólares en cuatro años
En su segunda publicación del día, Robinson fue más directo. Señaló que un concejal del cantón La Libertad habría recibido 108.192 dólares en cuatro años de periodo y cuestionó cuál había sido su labor real.
Escribió: “¿Fiscalización? ¿Ordenanzas? ¿Propuestas?… Ah, no: pero eso sí, TikTok, Facebook Lives y poses de ‘figureti’ nunca faltan.”
El mensaje apuntaba a la función de control político que corresponde al Concejo Municipal. Robinson sugería que no existía una fiscalización efectiva sobre el alcalde y que el trabajo del concejal se concentraba más en las redes sociales que en el control administrativo.
Aquí la denuncia no era económica en el sentido de un contrato irregular, sino política: el salario público frente a la ausencia de resultados.
Video del concejal Bruno Dede y tráfico de tierras
En la tercera publicación, Robinson repostea un video del concejal Bruno Dede, quien también había presentado denuncias relacionadas con presunto tráfico de tierras que involucraría al Alcalde.
Sin embargo, Robinson no respalda al concejal sin matices. Lo interpela. Escribió que en cuatro años se habrían pagado 108.192 dólares y sumando dos años más, la cifra alcanzaría aproximadamente 175.812 dólares.
Este mensaje es relevante porque muestra que Robinson no solo cuestionaba al alcalde y al prefecto, sino también a otros. También cuestionaba a los concejales, incluso a quienes se presentaban como denunciantes.
Es decir, su confrontación abarcaba todo el espectro político local.
Referencia a Carlos y John Pólit
La última publicación del día fue un contenido sobre una entrevista en la que se hablaba de Carlos y John Pólit, ambos sentenciados en el caso Odebrecht. Aunque no estaba directamente vinculada a Santa Elena, la publicación encajaba con el patrón discursivo de Robinson: corrupción, responsabilidades públicas y consecuencias judiciales.
Un mensaje ciudadano
Tres días antes de su asesinato, el 17 de noviembre de 2025, Robinson del Pezo publicó un mensaje que, leído en retrospectiva, adquiere un peso especial. Fue un pronunciamiento sobre el resultado de un referendo nacional y el momento político que vivía el país.
El tono era distinto al de muchas de sus publicaciones anteriores. Habló de unidad, de serenidad, de madurez cívica. Escribió que “no es momento de ofensas ni de divisiones”, que “la decisión del país merece respeto” y que la lucha real no debía ser “entre ecuatorianos”, sino contra la delincuencia, la impunidad y la corrupción. No mencionó nombres propios ni contratos, pero mantuvo intacto el eje que atravesaba toda su narrativa: la necesidad de enfrentar la corrupción y exigir responsabilidad a quienes ejercen funciones públicas.
En ese mensaje también reafirmó su identidad. Se presentó como “hombre de a pie” y reiteró el compromiso de “seguir informando con transparencia, dentro de la ley, defendiendo la libertad de expresión y la voz de la ciudadanía”. Esa frase cobra especial relevancia si se considera que ya había denunciado un atentado con explosivos en su domicilio, así como amenazas previas. A pesar de ello, no habló de retirarse ni de callar. Por el contrario, reafirmó la continuidad.
Tres días antes de su asesinato, Robinson del Pezo publicó un mensaje que, leído en retrospectiva, adquiere un peso especial. Fue un pronunciamiento sobre el resultado de un referendo nacional y el momento político que vivía el país.
La trampa: un caso de extorsión
El 11 de febrero de 2025, la Fiscalía inició una instrucción fiscal contra Robinson Del Pezo Cañarte por el presunto delito de extorsión, tipificado en el artículo 185, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proceso avanzó bajo el procedimiento directo y culminó con una sentencia condenatoria dictada el 6 de agosto de 2025 por la Unidad Judicial Penal del cantón La Libertad.
De acuerdo con la sentencia, la Fiscalía sostuvo que, desde septiembre de 2024, Robinson habría contactado a Nelly Aurora Reyes Rodríguez —directora provincial de la Contraloría— a través de distintos números telefónicos, exigiéndole el pago de USD 10.000 a cambio de no publicar fotografías y videos que, según la acusación, afectarían su honra e integridad en la página de Facebook denominada “La Voz del Pueblo Vuelve por Ti Mi Provincia”.
De acuerdo con el relato recogido en la sentencia, la denunciante afirmó que, desde septiembre de 2024, comenzó a recibir comunicaciones por WhatsApp de varios números telefónicos. En esos mensajes, según su versión, se le exigía dinero para evitar publicaciones en una página de Facebook vinculada a “La Voz del Pueblo”.
El caso, tal como lo describe la sentencia, no se limita a mensajes: incluye tres reuniones presenciales que la denunciante dice haber aceptado por temor. La acusación sostiene que en esas reuniones se le habría fijado una exigencia total de USD 10.000, con pagos iniciales y un plazo posterior para completar el saldo. En el texto se lee que el 14 de septiembre se habría realizado una primera reunión presencial (en La Libertad, calle 9, entre calles 39 y 40) y un primer pago de USD 1.000. El 29 de septiembre, se habría realizado una segunda entrega de USD 1000. Según Reyes, la exigencia total seguía siendo de USD 10.000 y persistían presiones para completar lo restante. El 10 de febrero de 2025, Reyes indica que se contacta con las autoridades.En la sentencia se detalla que es ahí cuando el departamento de la UNASE de la Policía se despliega ante la alerta. Según el relato judicial, la denunciante propuso cambiar el punto de encuentro a un espacio público (Paseo Shopping, La Libertad). Robinson llega al lugar, se acerca al patio de comidas y, tras algunos minutos, recibe una bolsa (en la sentencia se describe como una bolsa azul con un sobre manila y cinco billetes con apariencia de USD 20). Minutos después, los agentes identificaron a Robinson y lo aprehendieron por presunto delito flagrante.
En el propio relato de Fiscalía se menciona un “lapsus” y referencias a diligencias no realizadas (por ejemplo, la identidad de huellas). La defensa cuestionó aspectos sobre cadena de custodia.
La sentencia señala que, tras la aprehensión, se realizó un allanamiento en un domicilio donde se encontraron documentos vinculados a la denunciante (se mencionan papeles con el nombre “Nelly Reyes”) y elementos asociados a la producción de videos (se menciona una gigantografía/fondo).
La jueza concluyó que la Fiscalía acreditó la existencia del delito y la participación de Robinson como autor directo, y lo condenó a cinco años de pena privativa de libertad, una multa de 24 salarios básicos unificados, una reparación material de USD 3.000 a favor de la víctima, medidas de rehabilitación (tratamiento psicológico para la víctima) e incluso como garantía de no repetición el cierre de la página de Facebook.
Sin embargo, en su momento la defensa de Robinson insistió en diligencias como revisión de cámaras del lugar, y en general cuestionó que no se realizaron ciertas actuaciones solicitadas.
La sentencia, sin embargo, da por válida la prueba de la Fiscalía y sostiene que no hubo indefensión. En el propio relato de Fiscalía se menciona un “lapsus” y referencias a diligencias no realizadas (por ejemplo, la identidad de huellas). La defensa cuestionó aspectos sobre cadena de custodia, especialmente cuando el dispositivo o evidencia llega desde la víctima.
¿Un caso orquestado?
Más allá de lo establecido en la sentencia, fuentes cercanas a Robinson Del Pezo ofrecen una reconstrucción distinta de los hechos que precedieron a su detención y a su posterior condena. Fundamedios conversó con ellos y, por razones de seguridad, se mantendrá la reserva de su identidad.
Según estos relatos, en los meses previos al operativo policial, Robinson atravesaba una situación económica compleja. Su negocio —una tercena de venta de carnes— enfrentaba bajas ventas, acumulaba deudas y, además, habría contraído compromisos financieros con prestamistas informales. En ese contexto, describen que se encontraba presionado y emocionalmente afectado.
De acuerdo con estas fuentes, Robinson fue contactado para una reunión bajo el pretexto de dialogar sobre publicaciones en su página digital. Sostienen que él acudió al encuentro sin imaginar que se trataba de un operativo preparado. Afirman que, en el momento en que se entregó el sobre con dinero, la intervención policial fue inmediata, lo que —según su interpretación— indicaría que la detención formaba parte de una acción previamente coordinada.
Las fuentes también señalan que, tras la aprehensión, el interés principal no habría sido únicamente la presunta entrega de dinero, sino el acceso a los dispositivos electrónicos y documentos que Robinson poseía sobre la denunciante y otros actores públicos. Desde esta perspectiva, el proceso penal habría tenido como consecuencia directa la neutralización de su actividad digital y la incautación de material que, según allegados, contenía información sensible. Se llevaron documentación importante de las denuncias que se estaban realizando.
Pese a ello, indican que Robinson retomó gradualmente su actividad en redes sociales, continuando con denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la gestión pública local.
La detención: amenazas y violencia
Tras su aprehensión el 10 de febrero de 2025 y el avance del proceso penal, Robinson Del Pezo fue trasladado a la Penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más complejas y violentas del país. Este momento marcó un nuevo punto crítico en su trayectoria personal y profesional.
Durante su permanencia en el centro carcelario, familiares de Robinson recibieron llamadas en las que se les exigía dinero a cambio de garantizar su seguridad dentro del pabellón. Según el relato recogido por Fundamedios, se trataba de pagos destinados a evitar agresiones físicas o traslados a celdas consideradas de alto riesgo. En al menos un caso, un familiar habría realizado un depósito cercano a los mil dólares ante el temor a que atentaran contra su integridad.
Estas presiones no eran aisladas. De acuerdo con varios testimonios, Robinson comunicaba por teléfono que estaba siendo intimidado y que temía por su vida. Las exigencias económicas continuaron incluso después de que saliera bajo medidas sustitutivas.
Fundamedios tuvo acceso a fotografías tomadas tras su salida del centro penitenciario, en las que se observa a Robinson con múltiples hematomas en la espalda y en la zona baja del cuerpo, así como lesiones compatibles con golpes contundentes. En algunas imágenes se aprecian marcas que, según el entorno familiar, podrían corresponder a quemaduras o laceraciones producidas durante las agresiones.
Estas lesiones habrían agravado una condición médica preexistente —una hernia inguinal— que posteriormente requirió intervención quirúrgica. Familiares describen que la complicación fue severa, con pérdida significativa de sangre y una recuperación prolongada.
El contexto penitenciario ecuatoriano, caracterizado por altos niveles de violencia estructural y por el control ejercido por grupos internos, constituye un elemento que no puede ignorarse en el análisis. La situación de Robinson dentro del centro carcelario no puede evaluarse únicamente como un episodio aislado, sino en un entorno donde las extorsiones internas y las agresiones físicas forman parte de dinámicas recurrentes, documentadas en informes nacionales e internacionales.
Tras su detención y en medio del proceso penal, la cuenta digital asociada a “La Voz del Pueblo Vuelve por Ti Mi Provincia” dejó de operar. De acuerdo con fuentes cercanas, Robinson decidió cerrar o suspender la página mientras permanecía privado de libertad.
Sin embargo, una vez que obtuvo medidas sustitutivas y fue puesto bajo arresto domiciliario, la página fue reactivada. Según su entorno, esta decisión se debió a su convicción de continuar denunciando presuntas irregularidades en la gestión pública local.
Estas lesiones habrían agravado una condición médica preexistente —una hernia inguinal— que posteriormente requirió intervención quirúrgica. Familiares describen que la complicación fue severa.
El Estado es el responsable
El asesinato de Robinson Del Pezo no puede analizarse como un hecho aislado. Su proceso penal, la violencia sufrida bajo custodia estatal, las amenazas recibidas y el contexto de confrontación pública derivado de sus denuncias configuran un escenario de riesgo que exige respuestas integrales del Estado ecuatoriano, dijo Fundamedios.
Más allá de la responsabilidad penal ya determinada en el proceso por extorsión, el Estado tiene obligaciones claras en materia de protección de la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y las garantías judiciales, especialmente cuando se trata de personas que ejercen actividades de comunicación y denuncia públicas, señaló la Fundación.
En ese marco, Fundamedios formuló las siguientes exigencias:
- Investigación exhaustiva, independiente y con enfoque de libertad de expresión:Los estándares interamericanos establecen que cuando una persona que realiza actividades informativas es asesinada, el Estado debe investigar considerando el posible móvil vinculado al ejercicio de la libertad de expresión.
- Investigación sobre la violencia sufrida bajo custodia estatal: La integridad física de una persona bajo custodia es responsabilidad directa del Estado. Cualquier acto de violencia o de extorsión dentro de un centro penitenciario compromete esa responsabilidad.
- Protección efectiva de familiares y fuentes: dado el contexto de amenazas y violencia previa, el Estado debe evaluar el nivel de riesgo actual de familiares y personas cercanas y activar mecanismos de protección adecuados.
- Fortalecimiento de mecanismos de prevención: Este caso evidencia la necesidad de implementar protocolos diferenciados de protección para comunicadores digitales, incluidos aquellos que no pertenecen a medios tradicionales.
- Desarrollar políticas públicas que reconozcan la creciente relevancia de las plataformas digitales como espacios de denuncia ciudadana.
- Garantía de no repetición estructural. Exigimos la creación de mecanismos institucionales que permitan canalizar los conflictos entre autoridades y comunicadores sin recurrir a la violencia, la intimidación ni las represalias.
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