PENSAR DIFERENTE NO ES UN DELITO, RESISTIR NO ES UNA FALTA
Santiago Rosano es un ejemplo de lucha y resistencia. Hoy pretenden sancionarlo por pensar diferente, por no someterse a la línea política de quienes, desde las estructuras de poder (llámense autoridades universitarias o gobierno de turno), confunden la autoridad con la imposición y la disciplina con la obediencia ciega. Pero pensar diferente no es una falta, disentir no es un delito y rebelarse frente a la injusticia no puede convertirse en motivo de persecución.
La residencia universitaria no es un privilegio ni una concesión de las autoridades: es parte de las condiciones necesarias para garantizar el derecho a una educación digna. Como lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo la lucha histórica por una educación pública, gratuita y de calidad. Los derechos no se mendigan ni se agradecen como favores; se conquistan, se defienden y se ejercen.
La xenofobia, la discriminación y el linchamiento mediático contra quienes han defendido, defienden y defenderán la autonomía universitaria y la autodeterminación de los pueblos no pueden normalizarse, silenciarse ni utilizarse como herramientas de persecución política. Mucho menos pueden quedar subordinados a los intereses mezquinos de una campaña, al cálculo electoral o a las ambiciones de quienes pretenden convertir la universidad en un espacio de obediencia y control.
¡Las preguntas son inevitables y las respuestas, impostergables!
¿Quién o quiénes permitieron que, en dos ocasiones, los predios universitarios fueran militarizados? ¿Bajo qué argumentos se justificó semejante vulneración de la autonomía universitaria? ¿Qué esperaban las autoridades cuando estudiantes y docentes vieron cómo su casa de estudios era mancillada por la presencia de fuerzas armadas? ¿Acaso pretendían que la comunidad universitaria guardara silencio, agachara la cabeza y aceptara como normal la militarización de un espacio que debe estar consagrado al pensamiento crítico, al conocimiento y a la libertad?
La protesta no nace de la nada: nace de la indignación, de los derechos vulnerados y de la dignidad que se niega a arrodillarse. Antes de buscar culpables entre quienes levantan la voz, habría que exigir responsabilidades a quienes toman las decisiones, a quienes autorizan el ingreso de la fuerza pública y a quienes pretenden resolver con amenazas lo que debería enfrentarse con diálogo, democracia y respeto.
¡Cuidado con subestimar a la juventud! La juventud está despertando, organizándose, cuestionando y resistiendo. No está obligada a obedecer sin pensar ni a guardar silencio para complacer al poder. Cuando se intenta castigar la disidencia, intimidar la protesta y disciplinar las conciencias, no se construye gobernabilidad: se alimenta la indignación, se profundiza la desconfianza y se enciende una llama colectiva que ninguna sanción podrá apagar fácilmente.
Quienes creen tener el poder absoluto para juzgar, castigar y silenciar deberían recordar que ninguna autoridad es dueña de la universidad, que ningún cargo está por encima de los derechos y que ninguna línea política puede imponerse sobre la conciencia crítica de un pueblo. La democracia no consiste en permitir que todos hablen siempre que digan lo que el poder quiere escuchar; consiste, precisamente, en garantizar que también puedan hablar quienes lo cuestionan.
Las universidades deben ser territorios de libertad, pensamiento crítico, debate y organización popular; espacios libres de militarización, de intimidación policial, de vallas que dividen y de francotiradores que convierten el conocimiento en un escenario de miedo. Donde debería haber libros, argumentos y diálogo, no puede imponerse la lógica de las armas. Donde debería florecer el pensamiento, no puede gobernar la amenaza.
Porque una universidad sin autonomía es una institución sometida; una universidad sin pensamiento crítico es una institución domesticada; y una universidad que persigue a quienes disienten renuncia a su razón de existir.
¡La universidad no se arrodilla! ¡La conciencia crítica no se sanciona! ¡Los derechos no se negocian bajo amenaza!
Mi solidaridad con Santiago Rosano y con todas las personas que defienden una universidad verdaderamente autónoma, democrática, popular y libre. Que no se confunda la rebeldía con el delito, la protesta con la amenaza ni la dignidad con la indisciplina.
¡Frente al autoritarismo, más democracia! ¡Frente a la persecución, más organización! ¡Frente al miedo, más conciencia y resistencia!
Porque la universidad pertenece a su comunidad, no a quienes circunstancialmente la administran. Y porque la historia demuestra, una y otra vez, que ningún poder puede apagar para siempre las ideas de una juventud que ha decidido pensar, organizarse y luchar.
