|  |
|  |
 |
|
A propósito del mal uso de los bienes públicos, por parte de servidores de las instituciones del Estado, sean estas seccionales o nacionales, El Observador, ha puesto el dedo en la llaga de la corrupción, por así llamar a estas malas prácticas, cuando se han presentado denuncias en este sentido, para que sean las entidades encargadas de investigar y sancionar con la ley en la mano, estos actos reprochables y reprochados por la ciudadanía; pero la mayoría de veces, quedan en el olvido, en los archivos de las autoridades responsables de ejercer un control riguroso. La prensa consulta; qué pasó con aquel caso, y la respuesta es siempre la misma: el poder político (corrupto y corruptor) ordenó que se mande a la “congeladora”. Todavía seguimos esperando que la Fiscalía del Azuay, presente el informe de la indagación sobre el mal uso de maquinaria pesada (asfaltadora) que un funcionario de la pasada administración del Municipio de Cuenca, hizo en su propio beneficio. De la noche a la mañana, como por arte de magia, el abusivo empleado hizo desaparecer los pesados equipos. Realizada la investigación por parte de funcionarios honestos de la institución, ·descubrieron” que había sido trasladada a un lugar privado, ara beneficio personal. Y aquí, en este país, podrido por la corrupción, no pasa nada, los pájaros de alto vuelo, es decir, los culpables de los delitos, siguen tan campantes, bien protegidos, afilando uñas y dientes, para continuar metiendo las manos sucias, apenas se presente una nueva oportunidad en la función pública. O el caso que se dió en la empresa municipal ETAPA, donde el que fungía de subgerente administrativo, fue denunciado por mal utilizar un bien de propiedad de la institución, para su provecho personal. La denuncia se presentó para que la Contraloría haga una auditoría. Algún día se podrá conocer el resultado y sancionar, si es del caso, al abusivo funcionarios (de alta jerarquía). El tiempo lo dirá, Les ofrecemos algunas opiniones sobre el abuso de bienes y recursos públicos, como un aporte de El Observador a la comunidad. Los bienes y recursos públicos son “sagrados” deberían ser manejados con la más transparente pulcritud. Hacerlo en beneficio personal es inmoral, constituye delito de peculado imprescriptible, que debería ser pesquisado. Aurelio Aguilar Uno, que ya es perro viejo, no aprecia desgraciadamente nada nuevo, ni bueno, bajo el sol, aunque no me es indiferente, entre otros aspectos, esos comportamientos generalizados y aceptados, que pueden catalogarse perfectamente de acciones corruptas y mafiosas, de aquellos que bajo el amparo de su condición de servidores públicos traicionan su lealtad al cargo y a su representatividad social, bien sea en sus parcelas políticas, institucionales, sociales o académicas, y que asumen con pleno descaro y sin rubor alguno que el patrimonio público que administran es “su bien privado, personal o grupal”. Esa común apropiación de recursos humanos, económicos y de servicios, además, del uso de información privilegiada, junto a la práctica de negocios irregulares e ilícitos, al establecimiento de un clima de sumisión, discriminación, vigilancia y acoso hacia el personal bajo su mando, que combinan paralelamente con políticas de favoritismo, nepotismo y endogámico, llevan a consolidar estructuras organizativas propias del feudalismo y del caciquismo, que son revestidas con tintes democráticos estéticos superficiales, que transgreden principios, normas, valores, obligaciones y derechos. Es muy probable que algún lector, alejado del conocimiento o de la experiencia de esa realidad, pueda vincular esta caracterización a teorías conspiranoicas o a un juicio negativo. En cambio, para una inmensa mayoría de los ciudadanos, que se desenvuelven en esos contextos bajo el silencio cómplice o la acción participante, es pan de cada día. En cualquier caso, para unos y para otros, es muy recomendable que evalúen internamente sus propios valores y que realicen un chequeo hemerográfico general, no sólo para adquirir un conocimiento somero de la verdadera dimensión de este asunto clave sino para que puedan intervenir en la erradicación de estas prácticas vejatorias, que atentan contra los fundamentos sociales y democráticos y que en un futuro muy cercano sufrirán, con toda probabilidad, sus descendientes en sus propias carnes, en el caso de seguir mirando hacia otro lado. Desde mi visión, la realidad es extremadamente cruda y creo que vivimos en una sociedad global construida entre todos a través de la hipocresía, la mentira, el egoísmo, la pasividad, el conformismo, la insolidaridad y, por consiguientemente, una sociedad derrotada. Dr. José Manuel Castellano De acuerdo con nuestra legislación los bienes nacionales son aquellos cuyo dominio pertenecen a todo el País y se clasifican en bienes de uso público y bienes fiscales. Los bienes nacionales de uso público son aquellos que, a más de pertenecer a toda la Nación, su uso corresponde o está atribuido a todos los habitantes del País tales como las calles, plazas, parques, caminos y carreteras públicas, puentes, playas de mar, de ríos y lagos. Los Bienes fiscales son aquellos que, a más de pertenecer a la Nación, su uso no pertenece generalmente a todos los habitantes ya que está restringido al cumplimiento de los fines del Estado. El uso de los bienes tanto públicos como fiscales está definido en la Constitución y más normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, de manera que su contravención puede acarrear responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría y su Reglamento. Carlos Castro Los bienes públicos son bienes que deben estar disponibles para el uso de todos, y ser compartidos entre todos los ciudadanos; en definitiva, son para el bien común. Para su buen uso se deben respetar las reglas y normas a fin de no malograrlos, y permitir que todos se beneficien, evitando la corrupta práctica conocida, de que “ciertas o pocas personas saquen beneficio personal”, perjudicando el derecho de todos. Las responsabilidades del buen uso de los bienes públicos recae tanto en los usuarios y, fundamentalmente en las personas que administran estos bienes. Lamentablemente vivimos el uso ilegitimo, ilegal y no ético del poder público en relación con los bienes públicos puesto que se los ha utilizado para el beneficio privado o personal. Los servidores públicos actúan en contra de la ley, con prácticas deshonestas para beneficio personal, o favorecer intereses particulares, en perjuicio del interés común de la sociedad. Benefician a familiares, amigos, élites, grupos políticos, culturales y económicos, una organización, una causa o movimiento social; sin embargo, este comportamiento constituye una vulneración de los derechos humanos ya que generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, llegando, inclusive a vulnerar los principios democráticos, puesto que sustituye el interés público por el interés privado corrupto. Este tipo de corrupción con los bienes públicos disminuye la credibilidad y respeto hacia los gobernantes y servidores públicos, erosiona el bienestar social, se operan leyes injustas, programas y políticas sin legitimidad popular, y contribuye a la proliferación de una sociedad corrupta, a la que después será difícil gobernar. Puesto que la corrupción en relación a los bienes públicos es un mal que afecta a la administración pública, es indispensable que aquellos que forman parte del sector público sean individuos íntegros, que realicen bien sus tareas y que custodien los bienes públicos con sujeción a la ley, y al logro del bien común. Como ciudadanos honrados debemos denunciar todo acto deshonesto en la función pública respecto al mal uso de los bienes públicos, y apoyar las denuncias justas al respecto. Es nuestro deber elegir gobernantes y servidores públicos con ética pública a fin de establecer una política pública con moral, principios y valores, dando nueva vida a las instituciones. La ética en los servidores públicos es vital para concientizar y generar una mayor excelencia en la calidad, gestión y administración de los intereses colectivos. Martha Encalada Torres Art. 278.- Peculado.-Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida, para el desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera. REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO Art. 47.- Utilización de bienes e inventarios.- Los bienes o inventarios de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento, se utilizarán únicamente para los fines institucionales. Se prohíbe el uso de dichos bienes e inventarios para fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos, o para actividades particulares y/o extrañas al servicio público o al objetivo misional de la entidad u organismo. Adrián Castro De acuerdo con el Art. 227 de la Constitución de la República, La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia y eficiencia. Para que el servicio público sea eficiente y eficaz, el Estado debe proveer de todos los insumos que se requieran, a fin de que la ciudadanía esté siempre bien atendida y exista plena satisfacción por el razonable retorno de la contribución y financiamiento que esforzadamente cumple el ciudadano a través del pago de sus impuestos. Huelga decir de los recursos destinados a la capacitación permanente del servidor público para que cumpla su trabajo con calidad y eficacia. Por ello resultará inconcebible e imperdonable que los servidores públicos se aprovechen de los bienes públicos y se destinen en beneficio personal, violentando el deber ético y moral de cuidar del uso correcto exclusivo para servir a la ciudadanía. La Contraloria es responsable de velar porque su utilización sea correcta y sancionar a quienes infringen. Franklin Robles EL MURO DE LA INFAMIA SIGUE FIRME Las cosas que suceden en Cuenca son de Ripley, increíbles, por decir lo menos. Cuando hay intereses poderosos, oscuros, de por medio, las ordenanzas son papel (...........). Hoy se realizó un nuevo intento por derrocar el conocido muro de la infamia, construído con la complicidad de funcionarios municipales de turno, en la subida del camino viejo a Turi; impidiendo el ingreso de varias familias a sus hogares. Una vez más, sí, una más, llegaron personal de la administración municipal para cumplir con las resoluciones de las autoridades competentes, pero, como siempre, entró la llamada de algún “capataz” de alto rango administrativo, ordenando el retiro de la maquinaria y personal, porque donde manda don dinero, no manda la justicia. Así, la injusticia, vuelve a brillar por lo más alto. Claro, no faltarán pretextos, encogida de hombros, explicaciones absurdas, lavados de manos del Alcalde, concejales (de la mayoría), que les importa un comino hacer cumplir las ley. Una vez más, el infractor se sale con las suyas, con el apoyo de la administración municipal, que preside el alcalde Pedro Palacios Ullauri, que ofreció en campaña maravillas, una gestión de manos limpias, que hará cumplir las leyes y ordenanzas, duela a quien duela. Cuánta decepción. Cuánta infamia. Cuánta inmoralidad. Cuánta corrupción. |
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/MVDA7WNDRVADBJ2UI2KFWUD2HY.jpg)