Indicios penales recaen sobre exfuncionario por el caso Progen
El exfuncionario José de Oliveira aparece como un actor clave dentro de los contratos. Una disposición de Roberto Luque centralizaba las adjudicaciones
Los fallidos contratos con Progen suman un nuevo actor: el excoordinador Jurídico del Ministerio de Energía y Minas, José Manuel de Oliveira Allu, quien, según la Contraloría General, tiene indicios de responsabilidad penal por este caso.
El nombre de este abogado guayaquileño, con experiencia en Derecho Corporativo y Financiero, aparece en el entramado que permitió la estructuración, aprobación y avance de los contratos que hoy generan un perjuicio millonario al Estado ecuatoriano.
¿Quién es José Manuel de Oliveira Allu?
De Oliveira llegó al Ministerio de Energía en abril de 2024 junto a Roberto Luque, en pleno estallido de la crisis eléctrica. Permaneció en funciones con Antonio Gonçalves y, por algunos meses, con Inés Manzano, hasta diciembre de 2025.
Ese periodo coincide con la fase más crítica de toma de decisiones para enfrentar la crisis energética, cuando el Gobierno optó por acelerar procesos de contratación por régimen de emergencia para incorporar generación térmica.
El rol De Oliveira como coordinador Jurídico resultó clave. Desde ese cargo se convirtió el filtro encargado de analizar la legalidad y riesgos de la acuerdos con Progen.
EXPRESO buscó a De Oliveira para conocer cuál fue su rol en la emergencia energética de 2024, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.
Roberto Luque dispuso reglas para contrataciones
Sin embargo, su actuación se limitó a cumplir una disposición directa emitida por el ministro Luque. A través de la circular MEM-MEM-2024-0003-CIR, del 23 de abril de 2024, el ministro estableció reglas obligatorias para todas las contrataciones del sector eléctrico durante la emergencia.
El documento se dirigió a las dos grandes corporaciones estatales: la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) y CELEC. Además, a 12 empresas eléctricas del país, como las compañías regionales de Ambato, Centro Sur, Cotopaxi, Galápagos, Quito y otras generadoras, lo que evidencia el alcance nacional de la disposición.
La circular fijó una línea clara: ninguna contratación podía avanzar sin control del Ministerio de Electricidad. En términos expresos, Luque ordenó que “todos los procesos de contratación pública” ejecutados en el marco de la crisis debían ser “previamente comunicados y coordinados” con la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Energía, “para su análisis y aprobación”. Esto convirtió al área jurídica, que encabezaba De Oliveira, en un actor indispensable para firmar los contratos.
El tono de la circular es, además, una advertencia. Señala que el incumplimiento de estas disposiciones generará “responsabilidades administrativas, civiles y penales”, conforme a la Constitución
Pese a este marco de control reforzado, los resultados de los contratos con Progen evidencian lo contrario. Los hallazgos de la Contraloría muestran una cadena de fallas que cuestiona la eficacia de ese control jurídico previo.
El organismo determinó que los equipos entregados no cumplían con las especificaciones contractuales, ya que no eran nuevos ni adquiridos directamente al fabricante. También identificó irregularidades en las adendas que modificaron condiciones clave, especialmente en materia de pagos.
A esto se suma la entrega de anticipos millonarios sin garantías suficientes para proteger al Estado, así como la falta de verificación técnica integral de los equipos, en algunos casos bajo el argumento de no afectar supuestas garantías. Finalmente, el incumplimiento del objeto contractual es total: las plantas no entraron en operación, pese a los pagos realizados, lo que consolidó un perjuicio millonario para el Estado.
Para la Fiscalía, esta serie de acciones configuran un posible peculado. Desde octubre de 2025 está abierta una investigación para establecer si hubo mal uso de fondos públicos, sin que se conozca mayor avance porque está bajo reservada.
Demanda en Estados Unidos
Para el 8 de junio de 2026 está prevista la fase de presentación de pruebas en la demanda iniciada por la Corporación Eléctrica del Ecuador EP en contra de Progen, en Estados Unidos.
Por ahora Astrobryxa, subcontratista de Progen, ha presentado una moción para que el caso sea manejado de forma confidencial y no se publique en la prensa.
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