Como toda guerra, la que hay por el control de las aduanas produce efectos colaterales. En lo político, por ejemplo, son evidentes las disputas que hay en la Asamblea para controlar la fiscalización de la administración de las aduanas, a propósito de los escándalos que han saltado durante las últimas semanas.
En el centro de esta disputa está Carola Ríos, directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Por un lado, están el Partido Social Cristiano y del correísmo empeñados en destituirla por no tener el título académico de tercer nivel que su cargo exige. Ese es el pretexto. Por el otro, hay sectores que se aglutinan alrededor de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, que creen que lo relevante en este caso es la trama de corrupción que deben aclarar Ríos y las personas que la sostienen en el cargo.
Según Villavicencio, la gran diferencia es que socialcristianos y correístas tratan de evitar que las investigaciones lleguen hasta las conexiones que Carlos Vallejo, ex gerente de operaciones de las Aduanas (nombrado por Ríos) tendría con mafias. Mafias, dice, operadas por Javier Jordán, sindicado por el escándalos de las medicinas con sobreprecios en cuya piscina en Miami apareció el asambleísta correísta Ronny Aleaga. Villavicencio dice que quieren proteger a Jordan y a su gente.
Un episodio de esta pugna ocurrió ayer en la noche durante un debate en la Asamblea. Correístas y socialcristianos intervinieron en contra de Ríos para que comparezca ante el pleno y forzar su destitución. El tema recurrente fue su título obtenido en 1996 en el Instituto Profesional DUOC, de Santiago de Chile y que no tiene, según dijeron, equivalencia de tercer nivel en el Ecuador. El socialcristiano Luis Almeida, que hizo de buque insignia de ese grupo, invirtió sus pocas capacidades de oratoria para dramatizar lo que es, a sus ojos, el nombramiento más escandaloso del Gobierno. Su compañera Geraldine Weber también arremetió contra Ríos y dio detalles de su acusación: el título chileno de la funcionaria llegó tres meses luego de que se había posesionado de su cargo.
En el correísmo la ofensiva fue igualmente virulenta. Paola Cabezas acusó a Ríos de estar trabajando con la Embajada de los Estados Unidos. Blasco Luna pidió que, a la moción que había presentado su compañero Ángel Maita contra Carola Ríos, se agregue que el caso vaya a la Comisión de lo Económico. Así el correísmo intentó que esta investigación la maneje la correísta ex Pachakutik, Mireya Pazmiño. No lo lograron. La Comisión de Fiscalización aprobó una moción para que los que fueron convocados para rendir testimonio ante el pleno en ocho días, lo hagan este viernes en esa comisión.
Villavicencio cambió la dinámica de la sesión. Para él lo que se juega en este caso es mantener el control de los contenedores que salen a Europa y EEUU con droga. Eso es lo que quieren ocultar al sacar el caso de la Comisión de Fiscalización para hablar en el Pleno de temas accesorios. Villavicencio contextualizó este caso, llamado Danubio, sobre supuestas ventas de cargos. Según recordó, fue Carola Ríos que llevó la denuncia a la Fiscalía en septiembre de 2021. Sin embargo la funcionaria no investigó una denuncia que él le entregó con pruebas de cómo su anterior gerente de operaciones, Carlos Vallejo, operaba con un grupo de mafiosos liderada por Javier Jordán Mendoza, «el hombre de la piscina de Miami», en sociedad con Leonardo Cortázar, quien «maneja el sector eléctrico ayer y ahora, en este gobierno».
Carola Ríos no ha dado, además, una versión convincente sobre sus nexos con el abogado Francisco Gottifredi, acusado de operar en las aduanas sin ser funcionario. Ni en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Fiscalización ni en la entrevista con Carlos Vera, Ríos explicó su relación con Gottifredi, con quien trabajaba antes de ser funcionaria en un estudio jurídico del que también es socio Fabián Pozo, actual secretario jurídico de la Presidencia. En la Asamblea, donde corren rumores, se ha dicho que Gottifredi, Ríos y Pozo trabajaban para el grupo El Juri, de Cuenca, y que están operando en su beneficio en aduanas. La socialcristiana Geraldine Weber habló ayer de esos supuestos nexos.
En esta maraña de acusaciones y descargos, Carola Ríos parece contar con el apoyo de la Embajada de los EEUU, interesada en instalar escáneres en las aduanas. El 11 de agosto, cuando ya había reventado el escándalo y se había activado el operativo para sacarla del cargo, la Embajada puso un tuit favorable a la funcionaria: “gobierno de los EEUU respalda a @SENAE_Aduana en su implementación de tecnología moderna y no-intrusiva para facilitar el comercio y prevenir, detectar y combatir el contrabando y narcotráfico en los puertos».
El tuit de la Embajada estuvo acompañado de una fotografía en la que está Ríos junto al cónsul de los EEUU en Guayaquil, Brian Quigley y otro funcionario de ese país. ¿Un mensaje de la diplomacia de EEUU para el Gobierno y la Asamblea? El espíritu del texto, la fotografía y las circunstancias en las que salió hace pensar que sí.
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