3 de Febrero del 2022
María del Carmen Maldonado concluyó una gestión al frente del Consejo de la Judicatura marcada por tensiones y polémicas. En su carta de renuncia, que hizo pública el 3 de febrero de 2022 por medio de su cuenta de Twitter, la jurista presentó una serie de razones para dejar la presidencia de la instancia administrativa de la Función Judicial.
En la renuncia, explica que, como una reciente sentencia de la Corte Constitucional ha conferido al Pleno del Consejo de la Judicatura la aplicación de las llamadas "sanciones preventivas", que antes eran una atribución exclusiva de la Presidencia del Consejo, la ex funcionaria perdió una herramienta "fundamental en mi lucha contra la corrupción y la violencia". El reclamo de la ex presidenta ya había sido publicado, sin mayor contexto, por algunos canales de TV, dando a entender que, sin esa atribución, el cargo casi quedaba sin sentido, a pesar de la gran cantidad de atribuciones que tiene la Presidencia del Consejo.
Maldonado destacó que, en los tres años que ejerció el cargo, dictó 16 medidas preventivas de suspensión, que consisten en apartar del cargo y hasta dejar sin sueldo a jueces, fiscales y otros funcionarios por indicios de irregularidades y corrupción.
Entre ellas, destacó casos como el de los agentes fiscales de Naranjal que actuaron de manera incorrecta frente a la denuncia de un niño abusado; el de una jueza de Quito y varios funcionarios judiciales presuntamente vinculados a un sorteo irregular de las causas que planteó el ex alcalde Jorge Yunda, el de un ayudante judicial en Puerto Quito acusado de violencia sexual y el de un sicólogo en Pastaza que presuntamente abusaba de sus pacientes.
Para Maldonado, la decisión de la Corte Constitucional impedirá que estos casos de "conmoción social" sean atendidos de manera oportuna, aunque lo que la Corte resolvió es que el sea el pleno del Consejo el que los trate.
Al hacer un balance de su gestión, la ex presidenta sostiene que ha combatido la corrupción, al haber conformado una unidad y un tribunal de juzgamiento de delitos de crimen organizado.
También destacó la realización de 700 cursos de capacitación que sumados acumulan 125 mil participaciones, y la creción de una página web sobre estadísticas relacionadas con presuntos femicidios.
La trayectoria de Maldonado
La ex funcionaria aseguró en su renuncia que tiene "20 años de servicio público" en los cuales ha roto "el techo de cristal". Nacida en Quito el 24 de mayo de 1971, está próxima a cumplir 52 años. Se licenció en Ciencias Públicas en la Universidad Central, en 1994, y en 1998 obtuvo su título de abogada. Es doctora en Jurisprudencia, magíster en Cooperación Internacional, magíster en Derecho Constitucional y PhD en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha en España.
Maldonado ejerció la presidencia de la Judicatura durante tres años. Foto: Twitter Consejo Judicatura
Se dedicó al ejercicio profesional desde 2001, como directora de Asesoría Jurídica del Ministerio de Bienestar Social, luego pasó al Municipio de Quito como subprocuradora, fue miembro del último Congreso Nacional en 2006, y estuvo los dos años siguientes en instituciones como la Procuraduría General del Estado y el IESS.
Entre 2010 y 2012, ya en pleno correato, fue asesora jurídica del Consejo de Participación Ciudadana, trabajando de manera estrecha con el consejero Fernando Cedeño, quien fue primero vicepresidente y luego presidente del Consejo de Participación de la época, considerado un apéndice del Ejecutivo correísta. Entre agosto y noviembre de 2012, trabajó en la Asociación CFE-PYPSA-CVA-ICA, una entidad encargada de la fiscalización del proyecto Coca Codo Sinclair, en donde ocupó la asesoría jurídica.
Designación del trujillato
Para noviembre de 2012, ingresó como jueza a la Corte Constitucional, donde se mantuvo hasta 2015 y desde esa fecha hasta 2018 abrió su propio estudio, que dejó cuando el Consejo de Participación Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, la designó como integrante del Consejo de la Judicatura en representación de la Corte Nacional, lo que le permitió llegar a la presidencia del organismo.
Su paso, sobre todo por la fiscalizadora de Coca Codo, fue marcado por la polémica. Durante la fase de impugnación de ese concurso, en diciembre de 2018, Ana Vera Sánchez la impugnó, por falta de probidad, idoneidad y ética.
Vera Sánchez argumentó en esa época que Maldonado participó en la fiscalización de Coca Codo Sinclair como asesora judírica, pero según la Contraloría, se detectaron fallas en la obra construida por una empresa china, como por ejemplo por lo menos 7648 fisuras. La impugnante citó varias publicaciones de un periódico al respecto, en donde se precisa que el costo de la fiscalización aumentó de USD 72.4 millones a USD 134.7 millones. La denunciante sostuvo que hubo graves negligencias en la fiscalizadora, lo que en su opinión, ponía en duda la idoneidad de Maldonado, quien había formado parte de esa empresa por algunos meses. De ahí que pedía que Maldonado no continúe en el concurso.
Las pruebas presentadas por la impugnante fueron artículos de un periódico de Quito, por lo que la impugnación fue desechada y Maldonado no solo que continúo en el concurso, sino que además, al ser parte de la terna de la Corte Nacional, presidió el organismo.
El punto más bajo de su administración ocurrió en 2019, cuando Oscar Rivera, Fernando Pavón y Héctor Rojas hicieron llegar a la Asamblea Nacional una denuncia, según la cual, Diego Molina Restrepo, esposo de la ex presidante de la Judicatura, y la vocal del Consejo, Maribel Barreno, habrían estado "vendiendo" los nombramientos de notarios a cambio de por lo menos USD 120 mil.
“Ellos se iban a encargar de que se haga la designación a mi favor y de los que asistieron, siempre y cuando colaboremos con ellos y les reconozca la cantidad de $120 mil dólares para otorgarnos una notaría en Quito o $70 mil dólares para otra ciudad de la Sierra ecuatoriana”, dijeron los denunciantes, quienes, inclusive, afirmaron que en junio de 2019 entregaron a un emisario por lo menos USD 210 mil en efectivo y quedaron pendienes USD 60 mil para cuando les entregaran la notaría.
Maldonado negó todas las acusaciones y sostuvo que terceros se habían tomado su nombre y el de su esposo, pero el caso se denunció en la Fiscalía donde aún se investiga.
El rotundo sí a la Ley de Comunicación
Su paso por la Corte Constitucional también fue cuestionado. En enero de 2014, la Corte Constitucional admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que plantearon 60 ciudadanos. Sin embargo, la Corte negó las medidas cautelares solicitadas por considerarlas improcedentes. En la sala de admisión que negó las medidas cautelares estuvieron María del Carmen Maldonado Sánchez, Ruth Seni Pinoargote y Antonio Gagliardo Loor, quiene en ese momento eran jueces constitucionales.
Por lo menos 60 ciudadanos presentaron la acción el 3 de septiembre de 2013, bajo el patrocinio de los abogados Enrique Herrería y Mauricio Alarcón Salvador.
Maldonado formó parte de los jueces que, en septiembre de 2014, declararon la constitucionalidad de la polémica ley, asegurando que el dudoso texto legal, actualmente ya derogado en la práctica, protegía la libertad de expresión, pues establecía la prohibición de la censura previa y se respetaba el artículo 18 de la Constitución sobre la información. La ex presidenta de la Judicatura fue quien preparó la sentencia y sustanció el caso, enfatizando que la Ley de Comunicación del correato no violaba la Constitución de Montecristi.
¿Quién debe reemplazarla?
Al despedirse, Maldonado sostuvo que Álvaro Román, otro de los participantes en el concurso en el cual fue designada, debía sucederla, pero enseguida se lo cuestionó porque Román fue propuesto por la Fiscalía y la norma dice que quien preside el Consejo de la Judicatura debe provenir de los nombres enviados por la Corte Nacional.
En un comunicado, la Corte reiteró ese criterio, mientras empezó la conformación de una terna. Esta deberá ser enviada al Consejo de Participación Ciudadana para que se realice un nuevo concurso, de que deberá salir una persona que presida el Consejo de la Judicatura, para cumplir con el artículo 179 de la Constitución, advirtieron los jueces nacionales. La Corte se puso enseguida a preparar una terna, que podría ser enviada la próxima semana.
Por su parte, el consejero de Participación, Hernán Ulloa, precisó que Álvaro Román debe seguir siendo vocal suplente, debido al blindaje que la Corte Constitucional estableció para las decisiones del Consejo Transitorio de Trujillo, pero, en su opinión, sí cabría que la Corte Nacional mande una terna y el Consejo de Participación designe al vocal de la Judicatura que presida el Consejo.
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