La noche del jueves 9 los asambleístas prefirieron sacrificar lo poquísimo que le queda de legitimidad y de prestigio a la Asamblea a cambio de su estabilidad laboral y de su impunidad. La Asamblea fabricó esa noche un blindaje según el cual, para destituir a un asambleísta, se necesitará una mayoría calificada de la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea; es decir 91. Esto en vez de la mitad más uno de los presentes que, como mínimo, son 51 votos. Así destituir a un asambleísta será una tarea mucho más difícil y, dada la correlación de fuerzas actual, casi imposible.
La decisión fue tomada a propósito del trámite para la destitución de la asambleísta del correísmo radical, Sofía Espín. La asambleísta es procesada por haber ido a visitar a la cárcel a Diana Falcón, la autora confesa y testigo protegida del caso de secuestro de Fernando Balda, cuyo testimonio ha sido clave para la vinculación del ex presidente Rafael Correa en el caso del secuestro de Fernando Balda.
Fernando Flores, un asambleísta de CREO, fue quien, insólitamente, mocionó el blindaje a pesar de que su compañero de bancada, Esteban Bernal, es quien acusa a la fanática correísta. Gracias a Flores no solo que será más complicado destituir a Espín, sino también a Norma Vallejo (acusada por Fabricio Villamar, también de CREO) y, en el futuro, a otros asambleístas acusados de haber transgredido la ética pública. ¿Es ese su caso?
Los asambleístas con “rabo de paja” fueron los que comprometieron el prestigio y la legitimidad de la Asamblea, dijo Esteban Bernal de CREO a 4Pelagatos. Para Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, lo hecho por los asambleístas menoscaba el prestigio de la Asamblea porque fueron los mismos asambleístas los que decidieron cómo deben ser sancionados.
El blindaje conseguido a propósito del proceso en contra de Espín no hace sino poner en evidencia la inmensa ceguera de sector de asambleístas considerados como no correístas: ellos proyectan la imagen de que prefieren aferrarse a un cargo que les provee de inmunidad y un salario que bordea los 5 mil dólares, antes que proteger el patrimonio ético y la buena imagen de la Asamblea.
Los asambleístas hacen esto en un momento de inmensa fragilidad de las instituciones democráticas, cuando el correísmo busca el caos y torpedear la escasa confianza que la sociedad tiene en ellas. Precisamente al finalizar la semana, voceros del correísmo más transnochado, como Gabriela Rivadeneira, estaban promocionando una posible Asamblea Constituyente o la muerte cruzada y qué mejor para que esa idea germine que la Asamblea se inmole como lo hizo el jueves.
La aprobación de la resolución para que se apruebe la destitución con 91 votos contrasta con la forma en que se destituyó de la Presidencia de la Asamblea a José Serrano en marzo del 2018. En esa ocasión, si bien hubo 103 votos, la destitución se tramitó mediante una resolución que exigía, como establece el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para cualquier resolución, una mayoría simple de 51 votos. Los diputados correístas parecieron olvidar, igualmente, que cuando se destituyó a Cléver Jiménez, en el 2014, el único procedimiento que hubo fue la decisión del Consejo de Administración Legislativa, CAL, de echarlo del cargo.
En el caso de Espín, el blindaje de 91 votos establecido no sirvió al menos por el momento. Una maniobra de último momento ideada por los sus acusadores -aprobar una moción para darle tres días más para que sustente sus pruebas de descargo- hizo que la votación se postergue. De haber habido la votación, Espín hubiera salvado su pellejo la noche del jueves 8 de noviembre.
No solo es el candado, que ayer se estableció para protegerse en el futuro, lo que hipoteca el escaso apoyo y legitimidad de la Asamblea. También pasa factura la defensa leguleyesca y cínica que el correísmo ha hecho de su asambleísta Espín. Durante todas las intervenciones correístas del jueves, lo único que parecía importar eran los alegatos sobre si el procedimiento para el proceso de destitución había sido reglamentario o no. La bancada del correísmo trató, en efecto, con bastante éxito, de convertir un juicio que es político en un proceso judicial.
No hubo durante las intervenciones de la bancada correísta ni una sola defensa o justificación de lo que realmente estaba siendo juzgado ese momento: el hecho que la diputada Espín fue hasta donde estaba una testigo protegida para intentar cambiar su testimonio y así favorecer al ex presidente Correa. “Este documento demuestra que sí entregué la cédula al ingreso de la cárcel”, dijo Espín en su intervención mostrando, como si estuviera sosteniendo al Santo Grial, una certificación del Ministerio de Justicia en el que aparecía que sí entregó la cédula. “El asambleísta Bernal ni siquiera presentó una declaración juramentada”, agregaba casi inmediatamente. Espín y los compañeros suyos de bancada en ningún momento hablaron sobre el evidente delito de haber tratado de cometer un escandaloso fraude procesal.
El legalismo con el que se defendió a Espín tuvo su momento cúspide cuando intervino Luis Molina, un asambleísta alterno que se principalizó el jueves antes del debate. Molina es, juntoa Caupolicán Ochoa, parte del equipo de abogados que han defendido a Rafael Correa en el caso del secuestro a Fernando Balda junto. En ese equipo también ha estado Mayra Cadena, quien fue hasta la cárcel de mujeres junto a Espín para tratar de convencer a Falcón que modifique su testimonio a cambio de protección.
Con frases barrocas probablemente prestado de su colega y compañero Caupolicán Ochoa, Luis Molina habló extensamente del “procedimiento aprobado” como si el caso de Espín estuviera procesándose en un tribunal ante jueces comunes y no en una institución política como la Asamblea. La cereza del pastel en su discurso fue su argumentación de que un funcionario elegido a través de los votos, como es el caso de Espín, no puede ser destituido mediante una votación en el Parlamento, como si el voto popular fuera una patente de corso que despoja al asambleísta de límites legales y éticos.
Entre las intervenciones más exóticas que se escucharon para defender a Espín, estuvo el exhorto de género que hizo la también ultra correísta Dorís Solís. “Yo les pido a todas las mujeres parlamentarias que nuestro voto no sancione injustamente a una mujer parlamentaria. Yo invito a todos los que defienden la equidad que ningún voto por la equidad sancione a una parlamentaria esta noche”.
La Asamblea sigue quemando los escasos bonos de imagen que tenía. “El deterioro de la imagen de la Asamblea es terrible”, sostiene Esteban Bernal quien considera que la única forma de reparar lo que ocurrió el jueves es que la gobiernista Alianza País comprometa los votos que faltan para sancionar a Espín y a Norma Vallejo.
Por lo pronto, los ya bajos niveles de credibilidad, prestigio, aceptación y legitimidad de la Asamblea han sido trapeados por los propios asambleístas.
En la foto de la Asamblea Nacional, Sofía Espín durante su intervención
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