Grave crisis moral

Grave crisis moral
Alberto Ordóñez Ortiz

Por AGN - 10 noviembre, 2018119
El país sufre los sobresaltos de una grave crisis moral, instalada, también, ahora, en la propia Asamblea Nacional. Los acuerdos legislativos entre “morenistas” y “correístas”, son una perversa constante. Su dudosa probidad ha determinado que pese a comprometedoras acusaciones, varios funcionarios de alto rango del gobierno anterior no hayan sido sancionados. Por el contrario, han salido incólumes. Limpios. Incorruptos. Con esa negligente conducta, la Asamblea ha incumplido o cumplido mal con una de sus obligaciones capitales: la de fiscalizar. Es así como en días recientes, el Economista Carlos de la Torre, ex-Ministro de Finanzas de Correa fue librado de toda culpa por falta de votos. El asunto, dada su escabrosa consistencia, bien podría ingresar a esa delicada zona en que la complicidad extiende su oscuro manto y hace posible que entre morenistas y correístas se cubran olímpicamente las espaldas. Ni más, ni menos.

Si acercamos la mirada al explosivo tema de los diezmos, el desprestigio de la Asamblea se torna patético y amplia su negativo espectro si se considera que su práctica se habría ampliado a otras autoridades de los más altos niveles. Por cierto que, no con esto pretendo justificar semejante delincuencial conducta, sino señalar la dolorosa generalización de la corrupción. La anunciada “cirugía mayor” debería dejar de ser una frase de ocasión para convertirse en rotunda realidad.
La Asambleísta Norma Vallejo, principal cuestionada por los alegres diezmos, asegura en actitud desafiante que no hay disposición legal que la sancione. Sin embargo, al haber hecho de agente de retención de los sueldos de sus subalternos y ejercer en esa calidad una función privada, estaría incursa en el numeral 1. del Art. 127 de la Constitución en cuanto dispone: “…Las asambleístas y los asambleístas no podrán: “1. … Desempeñar ninguna otra función pública o privada,” y, agrega: “… Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de Asambleísta…”. Entonces la pérdida de su calidad de Asambleísta es la sanción a imponerse, a menos que se viole la Constitución. Señores asambleístas.

Pero, no sólo es el tema de los diezmos el que sacude a la Asamblea, es también la inescrupulosa injerencia en la función judicial efectuada por la asambleísta Sofía Espín, quien violó protocolos carcelarios y judiciales con el propósito de lograr que dentro del caso Balda la detenida Jessica Falcón se retracte de sus acusaciones en contra de Correa. No hay norma legal para sancionarme, alegó en tono altanero, criterio que al ser compartido por varios asambleístas deja entrever que estaríamos asistiendo a un tongo marcado por el espíritu de cuerpo del hoy por ti, mañana por mí. Empero, el numeral 1 del Art. 168 de la Constitución ordena que: “1.- Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación de este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.” Si la Asamblea no aplica la ley, amplificará la grave crisis moral en que hoy por hoy se ahoga. Y no es que no haya normas, sino que se pretendería ocultarlas. (O)