lunes, 5 de septiembre de 2016

La cuestión militar

Simón Pachano
spachano@yahoo.com
Lunes, 5 de septiembre, 2016


Con sobradas razones se ha debatido largamente sobre las implicaciones jurídicas del fallo de la jueza Vanessa Wolf. No es para menos, si su decisión abrió una cantidad de frentes que traerán larga cola. Un primer asunto, que la jueza no consideró y que deberá ser aclarado, alude al momento en que ella intervino. La defensa del capitán Ortega sostiene que la falta ya había prescrito, lo que anularía todo lo resuelto. Un segundo problema a resolver es el envío del caso a un nuevo tribunal de disciplina, lo que significaría que se pueda juzgar al oficial dos veces por la misma falta. Un tercer tema conflictivo es el estatus que la jueza atribuye al presidente de la República y que ha sido interpretado por varios juristas como la inclusión de esta autoridad netamente política en la jerarquía militar. En consecuencia, demasiadas y muy filudas aristas a partir de un fallo expedido en pocos minutos.
El debate jurídico es solo una pequeña parte, y quizás la menos importante, en la batalla que se viene dando entre el presidente y las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que esta se arrastra por lo menos desde el inicio del presente año, cuando salió a la luz pública el tema de los terrenos vendidos por el Issfa al Ministerio del Ambiente. Continuó con los cuestionamientos a los montos de las jubilaciones de los oficiales, que aún está pendiente, y siempre tuvo como telón de fondo las observaciones sobre las diferencias entre oficialidad y tropa. No se inició con la respuesta del marino ni se reduce a este episodio que, ciertamente, pudo haberse manejado como un asunto disciplinario si el presidente no lo hubiera convertido en posible causa para su renuncia.
El tema de fondo es netamente político. Lo es porque, por un lado, ha habido una sucesión de decisiones emanadas desde el poder político que han afectado la relación con las instituciones militares. Ha sido una cadena de errores propios de personas que no tienen la mínima comprensión del papel de los militares en el Estado moderno y en particular dentro de un régimen democrático. Basta recordar los intentos de destinarlos a actividades ajenas a su formación y a su razón de ser en el ordenamiento estatal. Por otro lado, es político también porque se hace evidente que hay una corriente dentro del Gobierno que quisiera contar con unas fuerzas armadas funcionales a su proyecto ideológico. La fórmula “caudillo, ejército, pueblo” recomendada para Venezuela por un fascistoide de apellido Ceresole ahora se intenta aplicarla en Bolivia. Aún resuenan los llamados a los uniformados por parte de una ministra para que se comprometan con la revolución y las proclamas del presidente para que, en ocasiones específicas, tomen decisiones claramente políticas.
Lo que está en debate es el papel de los militares y su sujeción al poder político, lo que se conoce como la cuestión militar. Es peligroso convertirla en una disputa, como se lo ha hecho hasta ahora. Felizmente no ha encontrado un contrincante dispuesto a entrar al ruedo. (O)

No hay comentarios:

Publicar un comentario