SESIÓN SOLEMNE POR LOS 204 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA CORTE DE JUSTICIA DEL AZUAY.
En primera fila (anda con cara de perro apaleado), el que dice que la justicia le persigue, que es persecución política las auditorías de la Contraloría General del Estadio, con 18 indicios de RESPONSABILIDAD PENAL; que es persecución política, el allanamiento de la Fiscalía General del Estado, a sus viviendas y al despacho, por indicios de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.
A las dos instituciones de Estado les ha llenado de calificativos despectivos y ofensivos: les ha dicho de todo: alfombras del poder político, ingenuos, gallinas cluecas, infelices, etc. Hay que ser caraduras para haberse atrevido a asistir a la sesión solemne de la Honorable Corte de Justicia del Azuay.
Busquenme nomás, ya van a ver lo que les hago, gritaba a los cuatro vientos, envalentonado, muy sobrado, el maltratador de mujeres. Ahora tiene que responder ante esa misma justicia que le ha basureado, una y otra vez. Más pronto que tarde, será huésped ilustre de ese lindo hotel que construyó el gobierno, al que le puso el nombre de "ENCUENTRO", porque allí se encuentran los peligrosos delincuentes de cuello blanco, junto con jefes de bandas narcodelictivas.
"HAY QUE CUIDARSE DE LOS CUERVOS, PORQUE AL MENOR DESCUIDO TE SACAN LOS OJOS
EL OBSERVADOR
En SÍNTESIS. La ley minera es una ley de saqueo y despojo para los ecuatorianos, dice el Dr. Diego Delgado. La Ley fue inicialmente promulgada, en el año 2009, por el Gobierno de Rafael Correa y todos los últimos gobiernos han entregado concesiones mineras. El objetivo de la actual ley es acelerar los trámites legales y entregar autorizaciones obviando las garantías constitucionales.
Las regalías que entregarán las empresas mineras no superará el 8%, por ello se pregunta por qué no lo explota el gobierno nacional.? Y si debe haber concesiones mineras no puede ser en las zonas donde hay peligro de contaminación en las fuentes de agua para la población como en el caso de Qimsacocha.
viernes, 20 de marzo de 2026
Fundamedios, en alianza con Ecuador Chequea y Plan V, presentó el informe especial “Un crimen contra la palabra”, una reconstrucción documentada del contexto, las denuncias y los hechos que rodearon el asesinato de Robinson del Pezo, comunicador digital de 50 años y fundador de la página La Voz del Pueblo vuelve por ti mi provincia.
El crimen ocurrió el 20 de noviembre de 2025 en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, y constituye un hecho de enorme gravedad para la libertad de expresión en Ecuador.
Durante varios años, Del Pezo mantuvo una línea sostenida de publicaciones en las que cuestionaba contratos municipales y provinciales, presuntos conflictos de interés, obras inconclusas, el manejo de recursos destinados a la publicidad oficial, la venta de terrenos y posibles vínculos entre actores políticos y contratistas.
Pese a la gravedad del asesinato, el caso no generó la atención nacional que merecía, aun cuando ocurrió en una provincia atravesada por el aumento de la violencia, el crecimiento de las economías ilícitas y las fuertes tensiones políticas vinculadas a la contratación pública y la adjudicación de tierras.
El informe examina también el proceso judicial por presunta extorsión iniciado en su contra, las circunstancias de su detención y su traslado a la Penitenciaría del Litoral, así como las decisiones judiciales y los vacíos probatorios señalados por su defensa.
Asimismo, recoge testimonios de personas cercanas a la víctima que describen amenazas, presiones económicas y agresiones físicas sufridas durante su reclusión. Fundamedios tuvo acceso a fotografías que evidencian estas lesiones.
Tras alrededor de 18 días en prisión, Del Pezo obtuvo medidas sustitutivas y retomó su actividad digital, continuando con sus denuncias públicas.
Su muerte no puede leerse como un hecho aislado. El caso revela las condiciones de vulnerabilidad en las que operan comunicadores y periodistas en territorios donde convergen violencia, debilidad institucional y disputas de poder locales.
Este informe busca aportar memoria, contexto y evidencia sobre un crimen que interpela directamente al Estado y a la sociedad respecto de su deber de proteger la palabra crítica.
Otro pez gordo que cae”: alias “Lobo Menor” llega a Ecuador
El ministro del Interior, @JohnReimberg, anunció que Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, ya fue trasladado a Ecuador tras un operativo internacional, y será recluido en la cárcel de máxima seguridad Cárcel del Encuentro.
Según información oficial, el sospechoso fue ubicado tras una operación internacional luego de haber huido de Ecuador. Habría utilizado una identidad falsa colombiana para intentar establecerse en México y evadir a la justicia. Sobre él pesan órdenes de captura por delitos como homicidio, narcotráfico, extorsión y evasión.
Las investigaciones lo vinculan además con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
“En 2022 obtuvo la prelibertad en Ecuador y evadió la supervisión penitenciaria antes de huir hacia Colombia y posteriormente a México” explicó el ministro.
Reimberg destacó el trabajo coordinado de la Policía Nacional del Ecuador y del Centro Nacional de Inteligencia, y advirtió que continuará la persecución contra estructuras criminales.
El detenido ya llegó al Ecuador donde será recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “El Encuentro”, donde enfrentará los procesos judiciales pendientes.
jueves, 19 de marzo de 2026
Politica de Impacto Ec está en Cuenca Ecuador.
¡HOSPITAL EL VALLE: PRESUPUESTADO EN $8.2 MILLONES Y BAJO INVESTIGACIÓN SOBREPRECIO! Zamora en el centro del escándalo
Cuenca, 19 de marzo de 2026 – El Hospital El Valle fue presupuestado inicialmente en $8.214.246. Sin embargo, junto con los otros dos hospitales rurales de la alcaldía de Crithian Zamora, está bajo investigación de la Contraloría General del Estado por presunto direccionamiento de contratos y posible sobreprecio. El costo final de las tres obras y el monto exacto del sobreprecio aún no han sido determinados, pero las denuncias ya salpican a la gestión municipal.
Los presupuestos oficiales fueron los siguientes:
• Hospital El Valle: $8.214.246
• Hospital Ricaurte: $7.917.848
• Hospital Baños: $7.415.331
Total presupuestado: $23.547.425 (financiados con crédito del CAF por $50 millones).
Según la denuncia del asambleísta Adrián Castro, los tres consorcios (presentados como “diferentes”) comparten procuradores de la misma empresa: Bueno y Castro Ingenieros Asociados. “Invitaron a más de 2.500 empresas nacionales e internacionales… y casualmente el mismo grupo se lleva más de $21 millones”, señaló Castro. Además, las obras se adjudicaron sin convenio previo con el Ministerio de Salud y sin plan de gestión.
En redes sociales el repudio es masivo:
• “$8.2 millones para El Valle y ya investigan sobreprecio… ¿cuánto terminó costando realmente?”
• “Zamora prometió salud y entregó sospechas de corrupción. ¡Renuncia ya!”
• “Tres hospitales, un solo grupo de empresas… puro negociado”.
El alcalde Zamora ha calificado las denuncias como “campaña sucia” y “persecución política”, pero la Contraloría mantiene abierta la investigación.
Mientras Cuenca celebra la inauguración del Hospital El Valle, los cuencanos exigen respuestas claras: ¿cuánto terminó costando realmente cada hospital y cuánto sobreprecio pagó el pueblo?
Estudiantes denuncian fallas en el sistema NOVA de la Universidad de Cuenca, ocasionando largas filas para obtener un cupo. Esto dicen los estudiantes
Durante varios ciclos hemos vivido la misma situación: estudiantes formando largas filas durante horas. Hoy inician las clases, pero muchos compañeros, debido a la falta de un sistema eficiente, no podemos comenzar nuestro período académico.
Nos vemos obligados a permanecer aquí intentando obtener un cupo, enfrentando incluso malos tratos por parte de algunas secretarias que no muestran empatía ante nuestra realidad. Muchos venimos de otras ciudades, trabajamos para costear nuestros estudios y estamos perdiendo tiempo valioso mientras nuestra situación sigue sin resolverse.
Esto no es un problema nuevo. Observamos que en otras universidades los procesos de matrícula se realizan en cuestión de minutos, mientras que la Universidad de Cuenca, a pesar de contar con un mayor presupuesto, continúa presentando fallas en su sistema.
Además, no hemos recibido ningún apoyo. Ni la FEUE ni los representantes estudiantiles han estado presentes en este problema. Los estudiantes nos sentimos completamente solos frente a esta situación.
Los estudiantes hemos sido quienes históricamente hemos defendido a la universidad pública, no el personal administrativo. Por ello, exigimos soluciones reales, eficientes y humanas.
En otro orden de cosas y que cuenta con informe de Contraloría en el cual se establecen indicios de responsabilidad PENAL (presunto cometimiento de delitos), ¿como así pues el Alcalde, junto a su ex Gerente de la Emov (que hoy despotrica públicamente en su contra), deciden arbitrariamente pagar con dinero de todos nosotros, más de 5 millones de indemnización, a una empresa que manejaba los radares en Cuenca contra sendos informes internos que recomendaban no hacerlo?
Otro caso más: ¿como así el Alcalde y los 12 concejales (que hoy se razgan sus vestiduras defendiéndolo y gritando "pershecushión") adjudicaron al mismo contratista y al mismo tiempo (prohibido por la LOSNPC), tres contratos para la construcción de hospitales por más de 25 millones de dólares?
¿Como así se contrata a dedo y presuntamente sin concurso público, a un único proveedor del hierro y materiales para dichas construcciones el cual está relacionado consanguíneamente con el burgomaestre?
Y la lista se va de largo.....
Me pregunto si todos esos funcionarios municipales, directores departamentales y otras personas que hoy gritan a voz en cuello en defensa de quien está siendo investigado, estarán dispuestos en un futuro posiblemente cercano, de verificarse y sancionarse tales presunciónes, a aceptar su COMPLICIDAD en tales actos reprochables, todo por mantener el "carguito" o recibir los favores?
A PENSARLO MUY SERIAMENTE.
LA CONTRALORÍA "CONDECORÓ" AL ALCALDE ZAMORA CON 18 INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL.
EL OBSERVADOR
miércoles, 18 de marzo de 2026
GRITOS EN EL CIELO
Por Jaime Cedillo F.
Los asambleístas "Robolucionarios" se opusieron a que sus compañeros que están cumpliendo condenas por ladrones de fondos públicos y otras maravillas, que son de conocimiento de todos, trabajen para que tengan derecho a un plato de comida en las cárceles, pero a pesar de que pusieron el grito en el cielo, chillaron, exhibieron cartelones, se arrancaron los pelos, golpearon las mesas, patalearon, finalmente se aprobó la ley de fortalecimiento del sistema penitenciario, con 84 votos; de paso se solidarizaron con su coideario, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora Matute, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
La Contraloría y la Fiscalía están cumpliendo con sus obligaciones, con la ley en la mano. Aquí no hay persecución política, el allanamiento a las casas y despacho del maltratador de mujeres, la incautación de computadoras, celular y documentos, forman parte de procesos de auditorías e investigación por indicios de responsabilidad penal. Será la justicia, la que determine si el insultador de oficio, cometió los delitos por los que se le está investigando.
Lo reprochable es que "Mi pobre angelito" obligó al personal de la administración municipal, gerencias, direcciones, dejar sus puestos de trabajo, para que salgan a brindarle un "fingido" apoyo. Los esbirros estuvieron en primera línea, los que se pasan de agache con sueldos dorados; otros, los que tienen contratos, no les quedó de otra. La muy "eficiente" directora de talento humano de la paupérrima administración municipal, tramitó en un santiamén los permisos a cargo de vacaciones de los que salieron a las calles.
La atención al público se suspendió, los escritorios quedaron vacíos, los trámites se postergaron. Los de la asociación de concejales-sumisos-alzamanos, comandados por la Marisol, brillaron por su ausencia en la marcha de respaldo al investigado burgomaestre. Es que cuando el barco empieza a hundirse...
El Observador
Esta semana, enGinebra, el Ecuador rindió examen ante elComité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada… Y reprobó. Es un decir: no se trata aquí de merecer una calificación para pasar de curso sino de certificar el cumplimiento de una serie de estándares internacionales que el país se ha comprometido, ante la comunidad internacional, a respetar. Y no lo ha hecho. El tema se vuelve urgente precisamente en esta fecha, 15 de marzo, cuando se inicia untoque de quedaen el que las autoridades aspiran a desplegar (el ministro del InteriorJohn Reimbergha sido muy directo a este respecto) las mayores dosis de violencia.
Dos maratónicas jornadas de preguntas y respuestas dirigidas a la delegación ecuatoriana por relatores especializados tuvieron lugar entre el jueves y el viernes en Ginebra. El resultado fue bochornoso: quedó claro que, más que incumplir sus compromisos, el país los ha pisoteado (los pisotea a diario) de forma clamorosa.
Esta semana, en Ginebra, el Ecuador rindió examen ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada… Y reprobó. Es un decir: no se trata aquí de merecer una calificación para pasar de curso sino de certificar el cumplimiento de una serie de estándares internacionales que el país se ha comprometido, ante la comunidad internacional, a respetar. Y no lo ha hecho. El tema se vuelve urgente precisamente en esta fecha, 15 de marzo, cuando se inicia un toque de queda en el que las autoridades aspiran a desplegar (el ministro del Interior John Reimberg ha sido muy directo a este respecto) las mayores dosis de violencia.
Dos maratónicas jornadas de preguntas y respuestas dirigidas a la delegación ecuatoriana por relatores especializados tuvieron lugar entre el jueves y el viernes en Ginebra. El resultado fue bochornoso: quedó claro que, más que incumplir sus compromisos, el país los ha pisoteado (los pisotea a diario) de forma clamorosa.
Estos incumplimiento se deben no a fallas del sistema (excesos o descuidos rectificables), como suele ocurrir en la mayoría de las democracias, sino al sistema mismo: al hecho haber diseñado el gobierno de Daniel Noboa un proyecto de seguridad pública que se edifica precisamente sobre el irrespeto a esos estándares internacionales: un sistema que descansa sobre la militarización.
FF.AA. niegan “espíritu de cuerpo” ante Comité de la ONU contra desapariciones
No ayudó a la causa del gobierno nacional el hecho de que el examen sobre desapariciones forzadas se produjera apenas días después de conocida la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de los niños de las Malvinas, secuestrados, torturados y abandonados en manos de sus asesinos por 16 militares.
Los relatores tenían clarísimas todas las implicaciones de este crimen de Estado y supieron relacionarlo (por coincidencias de procedimiento y fórmulas de reserva utilizadas) con los otros 51 casos (esa es la cifra que dieron) de desapariciones forzadas producidas en el país durante el bienio de Noboa y aún sin aclarar.
Este tipo de exámenes ante los comités especializados de las Naciones Unidos tienen, vistos desde el interior de los países examinados, el interés de proporcionar un contexto internacional a aquellas políticas públicas nacionales que nos hemos acostumbrado a contemplar como normales.
Así expuestas ante el mundo, resulta que muchas de ellas no lo son en absoluto. El episodio de esta semana en Ginebra recuerda a otro, ocurrido en la misma sede hace ya casi diez años, cuando el canciller del correísmo Guillaume Long, prevalido de la autoridad moral que le confería la estúpida creencia religiosa de hallarse “en el lado correcto de la historia”, justificó ante el Comité de Derechos Humanos el cometimiento de una serie de atropellos y violaciones perpetrados por su gobierno con el argumento de que eran inevitables y debían ser perdonados, porque el objetivo en el que la Revolución Ciudadana estaba empeñado era precisamente la construcción del Estado de derechos plenos. Es decir: el infierno que desatamos mientras construimos el paraíso debe ser puesto entre paréntesis.
Esta semana el Ecuador no llegó a tales extremos en Ginebra pero sí que hubo un desencuentro profundo entre lo que el gobierno considera como normal y lo que los estándares internacionales prescriben como intolerable. En especial un tema: los términos de la militarización de la seguridad pública.
Una delegación militar en Ginebra
Ocurre que el Ecuador se pasa por el forro todos los criterios básicos aceptables para justificar la intervención de militares en esas tareas en el contexto de una democracia: la excepcionalidad de la intervención (es decir: debe ser puntual y tener fecha de caducidad); la subordinación (los militares debe actuar bajo las órdenes del mando policial en todos sus operativos) y la rendición de cuentas (deben informar a autoridades civiles y esos informes deben ser públicos).
En las jornadas del jueves y viernes en Ginebra, asistimos a los intentos de una delegación ecuatoriana (integrada de manera insólita por militares, cosa que llamó mucho la atención en el seno de las Naciones Unidas) por justificar la intervención permanente, en lugar de excepcional, y complementaria, en lugar de subordinada, de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, con el argumento de que así lo decidió el pueblo ecuatoriano en consulta popular (cosa que es parcialmente cierta: la pregunta aprobada hablaba de complementariedad, sí, pero no planteaba el problema de la subordinación en ningún momento).
El hecho de que al gobierno le pareciera apropiado que la delegación ecuatoriana estuviera integrada por dos militares (provenientes del departamento de asesoría jurídica del ministerio de Defensa), habla de la profunda ignorancia y escasa preparación de la élite política que dirige el país. En Ginebra esto no se había visto nunca y causó pésima impresión: los representantes de una democracia son siempre civiles, expertos en relaciones internacionales (materia de la cual los militares delegados desconocían absolutamente todo), con experiencia diplomática y años de servicio en cancillerías o procuradurías.
Estos, en cambio, eran unos principiantes que no sabían dónde (y ante quién) estaban sentados. Junto a ellos, el embajador de carrera Marcelo Vásquez guardaba silencio porque así se lo habían ordenado, y no podía disimular su vergüenza mientras se hundía en la pantalla de su teléfono celular para no escuchar a los militares y abstraerse del papelón que su país estaba haciendo (algo que debe ser muy duro de afrontar para un diplomático de verdad).Desde Quito, un equipo de funcionarios del ministerio de Gobierno, del ministerio del Interior y de la SNAI (“dirección de cárceles”, se llamaba antes y debería volver a llamarse hoy), completaban la delegación con esporádicas intervenciones. Funcionarios junior todos ellos, burócratas de medio pelo sin la estatura necesaria para asumir la interlocución con los experimentadísimos relatores de las Naciones Unidas que tenían al otro lado de la pantalla, incurrieron todos ellos en la elemental falta de sentido común de leer documentos prefabricados para responder preguntas lanzadas a quemarropa y sobre la marcha por los relatores.
¿De dónde salen estos funcionarios?
Gente que debería estar cumpliendo tareas de asistencia 2 ó 3 en las oficinas públicas, llevándoles las carpetas a los que de verdad conocen de la materia y cursando quién sabe cuántos cursos de Derecho Internacional hasta ganar la experiencia mínima necesaria para representar al país en foros diplomáticos. ¡Representar al país ante un Comité de las Naciones Unidas en Ginebra! ¡Y ni siquiera son capaces de articular una respuesta inteligible si no es leyendo el documento plagado de lugares comunes y declaraciones de buenas intenciones que tienen por delante!
Era imposible no desconectar el cerebro cada vez que tomaban la palabra porque no hubo una idea relevante, ni una sola, que saliera de esa mesa conectada por zoom con el comité de Ginebra para vergüenza nacional. En suma: un papelón internacional de paisito bananero. Sin atenuantes.
En la comunidad internacional existe, por supuesto, plena consciencia de las condiciones extremas que enfrenta el Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. Y la disposición para reconocer la necesidad de que las Fuerzas Armadas intervengan para apoyar a la Policía en el mantenimiento del orden público. Eso no se discute. Pero de las palabras de los relatores (la peruana Carmen Rosa Villa Quintana y el brasileño Paulo Vanucci) se desprende que incluso en las peores circunstancias esa intervención militar en el orden público debe tener sus reglas y sus límites.
La subordinación de los militares al mando policial, que en el Ecuador es una utopía; la desclasificación de todo aquello que arbitrariamente se cataloga aquí de reservado (no se puede mantener bajo reserva las identidades de los militares implicados en crímenes, por ejemplo); el establecimiento de un plan para separar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, lo cual implica preparar a la Policía para asumir las tareas que hoy están cumpliendo los militares; el control civil (y público) de todas las actividades desplegadas por soldados, con un sistema de rendición de cuentas fiscalizable…Los relatores hablaban de estos temas y la delegación ecuatoriana respondía leyendo panfletos sin sentido, textos buenoides sobre el deber ser que nunca ha sido: insumos estratégicos, evidencias técnicas, información consolidada, articulaciones plenas, registros estadísticos, bases de datos integradas con variables detalladas en fichas de información que forman parte del sustento estadístico nacional… En fin, la nada.
Las razones tras el toque de queda: ¿Por qué estas 4 provincias son críticas?
Mientras tanto, los estados de excepción se suceden uno a otro hasta convertir la excepcionalidad en regla. Si el país lleva dos años en estado de excepción, preguntó el brasileño Paulo Vanucci, ¿qué impide que lleguen a ser cuatro? Precisamente: nada lo impide. La pregunta es absolutamente oportuna porque no hay razón para pensar que Daniel Noboa no completará su período de gobierno en Estado de excepción. Quién sabe, a lo mejor es un récord mundial.
