Ni una semana le duró a José Serrano su intención de blindar a los políticos corruptos frente a las demandas y proceso que se les presenta a partir de videos o audios filtrados en plataformas electrónicas. Serrano había logrado el martes 4 de mayo, de forma casi subrepticia y abusando de su calidad de Presidente de la Comisión de Justicia, aprovecharse de un proyecto de reforma al Código Integral Penal, COIP (pensada para proteger a las personas del acoso y violación a la intimidad en plataformas electrónicas) para amparar a los funcionarios públicos de la divulgación de videos y audios que no les conviene.
Hoy en la mañana, presionado por la reacción que hubo la semana pasada en la opinión pública en las alertas de organismos que defienden la libertad de prensa y otros como la Fiscalía que están para combatir la corrupción, Serrano dio marcha atrás y pidió la reconsideración de lo aprobado. Una mayoría de 90 votos lo aprobó y su acto de viveza quedó enterrado.
La historia de la maniobra de José Serrano, realmente, parece tener sus orígenes el 26 de febrero del 2018. Hasta aquel día, todo parecía indicar que Serrano tenía por delante una carrera política llena de éxitos. Cómo Ministro del Interior, había sido el cocinero de la política de seguridad, espionaje y represión del gobierno de Rafael Correa y cuando éste le dejó el poder a Lenín Moreno lo hizo con la condición, entre otras, de que fuera ubicado en la Presidencia de la Asamblea. Todo iba bien hasta ese fatídico día en el que el entonces fiscal, Carlos Baca, hizo público un audio con la voz de Serrano y la del entonces contralor Carlos Pólit tratándose de desembarazarse de él. La filtración del audio tuvo un efecto devastador: Serrano fue destituido de la Presidencia de la Asamblea y tuvo que conformarse con su curul y la presidencia de la Comisión de Justicia.
Tres años y pico más tarde parecía que Serrano iba a vengarse del episodio del audio. El martes 4, colocó un caballo de Troya dentro de un proyecto de ley cuyo objetivo era blindar a las personas del acoso cibernético y de las violaciones a su intimidad en redes, tipificando como delito la divulgación de cualquier material audiovisual conseguido sin el consentimiento de las partes. Es decir, convertir en delito precisamente lo que hicieron con él.
Lo que Serrano intentó hacer sintetiza la viveza y abuso de los políticos que se aprovechan iniciativas justas y socialmente aceptadas en beneficio propio. En un principio, la idea fue presentar una reforma al artículo 175 de Código Integral Penal añadiendo el tipo penal de la violencia sexual digital. Lo hizo la asambleísta Mae Montaño y el texto del proyecto tipificaba como delito «todo acto ejecutado mediante las tecnologías de la información y comunicación, a través del cual se difundan textos, imágenes, audios o videos con contenido sexual, ya sean reales o alterados, que exhiba dolosamente, cause daño o perjuicio, afectación en su psiquis o discrimine y que atenten contra la imagen y la dignidad de cualquier persona». Los agravantes eran cuando la víctima es menor de edad o cuando la violencia sexual se ha ejercido por parte de la pareja o ex pareja.
Sin embargo Serrano, como presidente de la Comisión de Justicia, logró introducir en el informe para segundo y definitivo debate un texto según el cual «grabar, revelar, difundir o publicar datos personales, mensajes de voz, audio, video, objetos postales, comunicaciones privadas, contenidos digitales, información en soportes informáticos o comunicaciones privadas será penado si el acceso a estos datos se efectuó sin consentimiento o autorización». Según Mae Montaño y algunos asesores de la Comisión de Justicia, esto ocurrió porque Serrano logró manejar las sesiones de la Comisión de tal forma que sus miembros no se dieron cuenta de los cambios. «Discutían un texto, llegaban a un acuerdo, luego los asesores de Serrano preparaban el informe y el tipo es tan vivo que les ponía a votar sobre la hora cuando ya no había tiempo para revisar. Además con los asambleístas suyos lo apoyaban»: esto dijo a 4P. uno de los asesores de la Asamblea.
Cuando el texto pasó a votación en el Pleno de la Asamblea, Montaño hizo la advertencia de los cambios introducidos arbitrariamente por Serrano pero el texto fue finalmente aprobado. De esa forma, parecía que cualquier audio o video filtrado sobre un acto de corrupción o de asociación ilícita sería ilegal y los autores de dicha filtración serán penados con tres años de prisión. Sin embargo, cuando comenzaron las críticas, Serrano ofreció proponer la reconsideración para el viernes 7 de mayo. Sin embargo, incumplió su promesa y no dio paso a la reconsideración. Finalmente hoy lo hizo.
Para los organismos que defienden la libertad de expresión lo que pretendía Serrano era grave y podría marcar un revés para el periodismo. Muchos periodistas que han sustentado sus investigaciones con audios y videos filtrados podían ir presos si se aprobaba como había querido Serrano. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Jorge Canahuati, señaló que «preocupa que el nuevo estatuto pueda afectar a periodistas que, en el ejercicio de su trabajo, tienen que revelar información». Lo mismo ocurre con el trabajo de la Fiscalía que hizo pública su crítica al texto aprobado. «Causa un efecto negativo en las investigaciones penales tomando en cuenta que muchas de las evidencias importantes que permiten develar grandes tramas de corrupción, delincuencia organizada y otros tipos penales, se producen y obtienen mediante esta clase de excepciones, contempladas actualmente en la norma penal ecuatoriana».
José Serrano pensó que iba a cumplir con uno de los sueños de los políticos que quieren protegerse de la justicia: poner en un mismo saco los derechos y las responsabilidades de los funcionarios públicos y los de los ciudadanos comunes y corrientes. Pero afortunadamente ese tiro le volvió a salir por la culata.
Foto: Asamblea Nacional
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