IMPOSIBLE TAPAR EL CHÉRNOBIL AMAZÓNICO CON ARBITRAJES
O como el caso Chevron- Texaco pone al mundo patas arriba
Por Alberto Acosta
Celebrar una derrota como que fuera un triunfo resulta aberrante. Eso acaba de suceder en tierras ecuatoriales. El gobierno de Daniel Noboa y la Procuraduría General del Estado festejaron como un éxito que el Estado ecuatoriano solo tenga que pagar 220 millones de dólares a la petrolera Chevron, heredera de la Texaco. La aspiración de la transnacional era obtener unos 3,3 mil millones de dólares a través de un nuevo arbitraje internacional. Es cierto que ese monto se redujo considerablemente. Mas ese no es el punto: la petrolera fue sentenciado en Ecuador a pagar por lo menos 9,5 mil millones de dólares por los inocultables destrozos -documentadamente demostrados- que ocasionó en la Amazonía.
Ese hecho es el punto de partida o al menos debería serlo, entendiendo que las víctimas -representadas por el Estado ecuatoriano- no tienen que pagar nada... al contrario, es la petrolera la que tiene asumir la reparación y la restauración de los daños provocados.
La magnitud del desastre ambiental dejado por Texaco ha llevado incluso a que se lo describa como una de las mayores catástrofes ambientales asociadas a la actividad petrolera, como se reconoció en The New York Times. El legado de contaminación y destrucción ecológica configura un verdadero Chernóbil amazónico. De hecho, entre 1964 y 1992, Texaco, responsable directa de todas las operaciones en su concesión, utilizó inclusive prácticas de perforación y eliminación de desechos prohibidas desde 1939 en el estado de Texas.
Aparte de los estragos ambientales, las afectaciones humanas fueron brutales. Desaparecieron pueblos originarios como los tetete y sansahuari. Se produjeron crueles impactos a la salud, la alimentación, la territorialidad, la dignidad y la cultura de los pueblos siona, secoya, cofán, kichwa y waorani; así como, a la vida de las comunidades de colonos.
La inoperancia y hasta complicidad del Estado han impedido que la transnacional indemnice a las comunidades afectadas y restaure los destrozos a la Naturaleza. En síntesis, más allá de las discusiones jurídicas, lo de fondo es el inocultable desastre social y ambiental causado por Texaco, hoy Chevron-Texaco, durante su operación en la Amazonía ecuatoriana.
Como consecuencia de tanta depredación se abrió la puerta a un largo proceso de litigios liderados, en una lucha incansable, por los pueblos y las comunidades de colonos afectados. Luego de recabar evidencias del desastre socio-ambiental, que acabamos de enunciar, el 3 de noviembre de 1993 un grupo de 88 indígenas y colonos presentaron una primera demanda en contra de Texaco en la corte de White Plains en Nueva York (donde se ubicaba la sede de la petrolera) en representación de 30 mil habitantes de la Amazonía afectados por las actividades de la empresa. Si bien en un inicio se aceptó la competencia para que la corte del Distrito Sur de Nueva York conozca la demanda, la presión de Texaco logró que en el 2002 se rechace la jurisdicción en los Estados Unidos; sin embargo, la Corte de Nueva York dictaminó que la empresa se someta a las cortes ecuatorianas y cumpla la sentencia que éstas emitan.
En 1995, buscando evitar dicho juicio, Texaco realizó una supuesta “remediación ambiental” de apenas 40 millones de dólares, con la que apenas se cubrió con tierra un 16% de las 916 piscinas que la petrolera dejó abandonadas. Tal “remediación”, realizada bajo un “Contrato para la ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas” fue aceptada por el gobierno, al punto que en 1998 se suscribió un acta final de entrega con la cual el Estado liberaba de responsabilidades a Texaco. Y desde entonces, casi sin excepción, la norma fue la postura cómplice de los gobernantes y de varias instituciones del Estado ecuatoriano.
Años más tarde, el 14 de febrero de 2011 la Corte Superior de Nueva Loja falló a favor de los demandantes y condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares, montó que se debía duplicar si Chevron no pedía disculpas a las dos semanas de conocerse el fallo (cosa que la petrolera no hizo). Tal fallo incluía la obligación de embargar los bienes que la Chevron llegara a mantener en el Ecuador e inclusive fuera del país… algo que se intentó, pero fracasó en el Ecuador, como veremos a continuación, y en el exterior inclusive por la complicidad con la Chevron de otros gobiernos, tal como sucedió en Canadá y Brasil, inclusive en Argentina durante el gobierno progresista de Cristina Kirchner.
Desde entonces, Chevron desató una campaña -cargada muchas veces de infundios y desinformaciones- buscando embarrar la sentencia acusándola de fraude procesal; argumentos asumidos a pie juntillas por los defensores criollos de los intereses transnacionales; defensores que no tienen empacho alguno en construir una lectura sesgada acusando del actual fallo a Rafael Correa de ser el responsable de la derrota en el arbitraje… por haber organizado en su gobierno la campaña la Mano Sucia de Chevron, justo después de haber dispuesto la explotación del petróleo en el Yasuni-ITT en agosto del 2013. Vale mencionar que en el laudo arbitral no se han encontrado afirmaciones de interferencia política en el juicio cuestionado por Texaco. Es más, el laudo arbitral parte de los documentos suscritos por el Estado y Texaco en los años 90, en los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Jamil Mahuad.
Lo que pretenden los felipillos al servicio de los intereses transnacionales es proteger al capital extranjero, procurando, en este caso concreto, que se ignore olímpicamente los brutales destrozos que cometió la Chevrón-Texaco y por cierto las acciones y omisiones cómplices de anteriores y posteriores gobernantes. Y todo para mantener una imagen favorable a las inversiones extranjeras.
Vale la pena recordar que, en el año 2016, durante el gobierno de Correa, en uno de los arbitrajes en contra del Estado, se dispuso el pago a la transnacional de 112 millones (96 millones de la indemnización y 16 millones de intereses). Ese dinero no llegó a los afectados, puesto que el gobierno presionó a los afectados por Chevron para que levanten una orden de embargo sobre los recursos de la petrolera en Ecuador; recursos que legalmente les correspondía. Recurriendo al peregrino argumento de evitar que Chevron “quiebre” al país, afectando las negociaciones financieras internacionales, el gobierno evitó el embargo y pudo colocar 2 mil millones de dólares en bonos soberanos en el mercado.
Recordemos que no cumplir la disposición judicial del 2011, creo el año 2016 un grave precedente: el Estado al no viabilizar el embargo aceptó el proceso de arbitraje, aún cuando la Constitución de Montecristi -vigente desde el 2008: artículo 422- prohíbe estas instancias de arbitraje internacional; prohibición que ha sido ratificada en dos ocasiones en las consultas populares de abril del 2024 y de noviembre del 2025, cabría anotar.
No cumplir con la sentencia del 2011 apuntaló, una vez más, una aberración jurídica: recordemos que Texaco concluyó sus actividades en el año 1992 y que el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, firmado en 1993, entró en vigencia desde 1997. De hecho, los arbitrajes derivados de dicho tratado, en la práctica, han servido para que Texaco no cumpla con sus obligaciones con las comunidades y la Naturaleza; arbitrajes en contra del Estado, en los que, para completar este esquema perverso, las personas afectadas no tienen derecho alguno para participar.
Esperemos que eso no se repita en la actualidad lo del año 2016. La Justicia debe ordenar inmediatamente el embargo de los 220 millones de dólares. Cumpliendo con la sentencia del 2011, ratificada por la Corte Constitucional el año 2018. Ese dinero que el laudo arbitral dispone entregar a la transnacional por parte del Estado constituye un activo que debe ser embargado en beneficio de los afectados, más aún teniendo en cuenta que dicha sentencia prevalece sobre dicho laudo.
Lo peor que puede pasar es que el silencio y la complicidad permitan que se termine nuevamente pisoteando la soberanía del país. El caso Chevron-Texaco devela la lógica perversa con la que funciona el capital transnacional, contando, muchas veces, con la complicidad de gobernantes nacionales, acompañados por el coro de la fanaticada neoliberal y el infaltable respaldo de la gran prensa mercantil. Lógica que también se expresa en la sistemática destrucción de la Amazonía transformada en una zona de sacrificio para seguir buscando el imposible desarrollo.
En resumen, mientras la Chevron-Texaco no page su deuda social y ecológica no hay absolutamente nada que celebrar.
