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POLÍTICA | Noboa rechaza acusaciones de persecución política y defiende investigaciones contra redes delictivas

El presidente Daniel Noboa aseguró que las investigaciones impulsadas durante su administración no responden a una persecución política, sino que forman parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar a las estructuras de delincuencia organizada y fortalecer el Estado de derecho.

Durante una entrevista radial, el mandatario afirmó que las acciones de las autoridades buscan desarticular redes que, según sostuvo, habrían operado con vínculos entre actores políticos, operadores judiciales y organizaciones dedicadas a actividades ilícitas. En ese contexto, mencionó investigaciones relacionadas con presuntos casos de narcotráfico, tráfico ilegal de combustibles y decisiones judiciales que habrían favorecido a personas procesadas por delitos graves.

Noboa insistió en que su Gobierno "no persigue políticos, sino a quienes cometen delitos", y defendió que las investigaciones deben desarrollarse sin importar el cargo o la influencia de los involucrados. Sus declaraciones se producen en un momento de alta tensión política, marcado por procesos judiciales contra exfuncionarios y autoridades, mientras diversos sectores cuestionan o respaldan la actuación de la Fiscalía y del sistema de justicia.

El debate ha cobrado mayor relevancia en medio de investigaciones de alto perfil que han generado posiciones enfrentadas entre el Gobierno y la oposición. Mientras el Ejecutivo sostiene que existe una ofensiva contra las economías ilícitas y la infiltración del crimen organizado en las instituciones, sectores opositores mantienen que algunos procesos podrían tener motivaciones políticas.

¿Considera que las investigaciones actuales fortalecen la lucha contra la delincuencia o cree que deben existir mayores garantías para evitar cuestionamientos sobre su imparcialidad?

 

Violencia en Quito: explosivos, extorsiones, decapitados y droga evidencian migración de las bandas

Con una envoltura y suspendido en el vacío de un puente, así encontraron los moradores de Llano Chico, en el norte de Quito, un cadáver que estaba decapitado. Metros más abajo, sobre la calzada, se encontró la cabeza cercenada. Esta fue la escena que dejó una advertencia cruenta: las organizaciones delictivas se disputan el territorio.

Quito fue escenario del macabro hallazgo que recordó cómo inició la violencia más cruenta en otras ciudades de Ecuador, como hace cuatro años, cuando aparecieron dos cuerpos colgados en Durán. Sin embargo, esta es la primera vez que un hecho como este se da en la capital.

La ciudad, que antes observaba como en otros cantones se presentaban crímenes violentos, ataques armados, extorsiones, ataques con explosivos, incluso narcotráfico y lavado de dinero, hoy es también la perjudicada por esa violencia y sus consecuencias.

La violencia migró del Litoral a la Sierra

Entre el 25 y 29 de junio de 2026, el Complejo Judicial Norte y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) fueron los 'blancos' de ataques explosivos y panfletos amenazantes del crimen organizado. A esto se suman los casos de sicariatos y desapariciones que han golpeado a Quito recientemente.

El coronel (sp) Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College, explicó que en la Sierra, especialmente en Quito, y en el Austro, en Cuenca, hay diferentes manifestaciones de la violencia y la incidencia de las organizaciones delictivas.

Expuso que las organizaciones criminales han migrado desde el Litoral hacia la Sierra, lo que genera que esas bandas realicen un "copamiento territorial". Con ello se genera una gobernanza criminal. Eso significa que habrá una pugna permanente por el control de ciertos espacios territoriales y comenzarán los ajusticiamientos o las demostraciones de fuerza.

Para Pazmiño, esta muestra de violencia puede tener distintos objetivos como:

• Demostrar la fuerza de las organizaciones delictivas, por ello se expone un cadáver decapitado.
• Generar pánico social con el propósito de amedrentar a diferentes personas que están siendo objetivos de vacunas o extorsiones.

• Según Pazmiño, en Quito no solo hay presencia de Lobos y Choneros, también se encuentran Tiguerones, Mafia 19, Chone Killers, Latin Kings, entre otras.

  Gobernanza criminal en Quito

  El general (sp) Paco Moncayo, excomandante del Ejército y del Comando Conjunto de las FF.AA., dijo que este ya es un problema nacional ante el cual no es posible que las demás ciudades se queden al margen.

• "Estos grupos no son estáticos, están siempre en movimiento y cuando se les presiona en un sector se mueven hacia otro lugar. Y, como también sabemos, en algunos sectores de Quito estas bandas están presentes desde hace mucho tiempo", señaló.

  Moncayo indicó que las disputas entre las bandas se dan en códigos "frente a la débil presencia del Estado, porque es ahí donde ellos actúan".

  "Me da pena decirlo, pero observamos un evento que en cualquier momento se podría producir. Hay que acordarse que esto se vivió en Esmeraldas. El problema es que el país entero está amenazado", destacó.

  El excomandante detalló que las organizaciones criminales se pelean por el territorio y se evidencia una gobernanza criminal. Indicó que es necesario seguir en el trabajo arduo en cuanto a la seguridad.

  Moncayo aseguró que en Quito hay mucha gente que se ha trasladado y que operaban en Esmeraldas o en El Oro y hay el cometimiento de extorsiones u otros delitos. Enfatizó que en ningún territorio dentro del país la gente puede sentirse libre de la amenaza del crimen organizado.

  Aseguró que hechos como los registrados en Quito ocurren en barrios donde hay menor presencia del Estado y donde no hay límite para los criminales.

  Homicidios en Quito relacionados a disputas territoriales

  El coronel de Policía de Estado Mayor Patricio Campaña, comandante de la Zona 9 de DMQ (s), indicó que en Quito hay más incidencia en las muertes violentas relacionadas al tráfico de drogas, por lo que tiene que ver con el control del territorio.

  Del 1 de enero al 26 de julio de 2026 se han registrado 132 homicidios intencionales, según estadísticas de la Policía.

  Además, las muertes violentas estarían relacionadas con el tráfico de droga en Quito, según Campaña.

  Asimismo, el coronel (sp) Mario Pazmiño aseguró que en Quito hay zonas de interés para las organizaciones delictivas por el reclutamiento y la venta de narcóticos. Por lo tanto, esos espacios territoriales se vuelven más buscados por las organizaciones criminales.

  Para Pazmiño para combatir el crimen organizado hay que ir a los centros de gravedad que están instalándose en las ciudades y ahí comenzar a actuar. Agregó que es necesario una presencia disuasiva permanente y debe ir acompañado con acciones gubernamentales paralelas relacionadas con el desarrollo. (DLH)

 

 

ENRIQUE ALCIVAR

@enindefension

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16h

URGENTE-ATENCIÓN #PROGEN2 José Julio Neira Director de #SERCOP, #CELEC EP estaría por contratar a la Empresa AGREKKO Ecuador En el formulario para el concurso declaran que son fabricantes de generadores eléctricos y no son, ensambladores sí son, la propuesta es falsa y mentirosa

 Conejo Oligarca

 

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¿PORQUÉ OSVALDO HURTADO NO SE SUBIÓ AL AVIÓN DE JAIME ROLDÓS ESE FATÍDICO DÍA?

De acuerdo con el periodista, poeta y escritor Jaime Galarza, autor del libro "¿Quienes mataron a Roldós", es muy sospechoso que Osvaldo Hurtado dió una excusa que luego se demostró falsa.

"Otro dato que surgió en las investigaciones fue que el día de la muerte de Roldós, declaró el exvicepresidente que tras la masiva concentración en el Estadio Olímpico Atahualpa (Quito) por el 24 de Mayo se sentía fatigado y preferiría retirarse (no acompañó alMandatario a Loja), pero cuando se produjo el accidente estaba con el entonces secretario General de la Administración, Orlando Alcívar, jugando tenis. Es curioso que dos personas sumamente fatigadas se citen en la tarde para jugar tenis."

 Dato Cierto

 

Texaco/Chevron contaminó 450.000 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana durante 30 años. La condena de $9.500.000.000 fue la mayor de la historia ambiental. 15 años después nadie ha pagado.

 ¿BASTA UNA MULTA PARA REPARAR LA PÉRDIDA DE UN BIEN PATRIMONIAL?

Por Felipe Díaz Heredia

La Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales informó que, en 2023, se autorizó únicamente el derrocamiento de una construcción precaria ubicada en la parte posterior del inmueble situado en la calle Bolívar, entre Padre Aguirre y General Torres. No obstante, durante la intervención se demolieron 863,56 m² del edificio patrimonial, equivalentes al 77,65 % de una edificación catalogada con Valor Arquitectónico A, de propiedad de Santiago Vera Vázquez. Como consecuencia de esta infracción, se impuso una multa de USD 36.800 y la obligación de reconstruir íntegramente el inmueble bajo la supervisión institucional.

Sin embargo, hay una realidad que ninguna resolución administrativa podrá cambiar: una multa no devuelve ciento setenta años de historia.

Las paredes pueden volver a levantarse, pero jamás regresarán el tiempo, la autenticidad, la memoria y el valor histórico que habitaban en esa casa. Lo perdido no era únicamente una construcción; era un testigo de la historia de Cuenca, vinculado a personajes como Tadeo Torres, la familia Díaz Cueva y el doctor Mariano Cueva Vallejo. El verdadero patrimonio nunca fueron solamente sus muros, sino el tiempo que habitaba en ellos. Y el tiempo, una vez destruido, no admite restauraciones.

Cuando una persona provoca la destrucción de un bien que pertenece al patrimonio de toda la ciudad, una multa resulta claramente insuficiente. El patrimonio cultural no es una propiedad cualquiera; es un bien de interés colectivo cuya pérdida afecta a toda la sociedad y empobrece la memoria de las generaciones presentes y futuras.

Por ello surge una pregunta que merece un debate serio: ¿es suficiente una sanción económica cuando el daño al patrimonio es irreversible?

En mi opinión, la respuesta es no. Las consecuencias deberían ir mucho más allá de una multa y de la obligación de reconstruir un edificio cuya autenticidad jamás podrá recuperarse. Las autoridades competentes deberían considerar reformas legales para que quien destruya un bien patrimonial de esta magnitud quede inhabilitado para obtener licencias de construcción, permisos de funcionamiento o autorizaciones para desarrollar cualquier actividad comercial, tanto en ese inmueble como en otros proyectos de su propiedad, durante el tiempo que determine la ley.

Si Vera Vázquez demolió un inmueble patrimonial cuya conservación constituía una obligación legal, la respuesta de Áreas Históricas no puede limitarse al pago de una multa. Las sanciones deben ser verdaderamente ejemplares para que nadie vuelva a considerar que destruir un bien patrimonial puede ser simplemente un costo más dentro de un proyecto inmobiliario o comercial.

Una medida de esa naturaleza no debe entenderse como una represalia, sino como una decisión orientada a proteger el interés público y a establecer un precedente indispensable para la defensa del patrimonio de Cuenca, dejando un mensaje contundente: atentar contra la memoria de la ciudad tiene consecuencias reales.

Porque una ciudad puede reconstruir edificios, pero nunca podrá reconstruir el tiempo que fue destruido con ellos. Y una ciudad que permite destruir su patrimonio para luego autorizar que el responsable continúe desarrollando nuevos negocios como si nada hubiera ocurrido transmite un mensaje profundamente peligroso: que la historia tiene un precio. Y cuando la historia tiene un precio, el patrimonio deja de ser memoria para convertirse en una simple mercancía.