martes, 2 de octubre de 2018

50 aniversario de la matanza de Tlatelolco: el controvertido (y poco conocido) papel de la CIA en el conflicto estudiantil de 1968 en México

La CIA influyó en la reacción del gobierno mexicano en el movimiento estudiantil de 1968.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa CIA influyó en la reacción del gobierno mexicano en el movimiento estudiantil de 1968.
Es una historia poco conocida. Todos los días, durante al menos cuatro meses, la CIA siguió los pasos del movimiento estudiantil que se desarrolló en México en 1968.
La vigilancia no fue sólo en la capital del país, donde la organización y protestas tuvieron más fuerza, sino en varios estados.
Los agentes recabaron datos de los líderes estudiantiles, ayudaron a grabar conversaciones telefónicas y asambleas en las escuelas.
El histórico proceso terminó con una masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, la tarde del 2 de octubre de 1968.
Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco
También de la matanza hubo informes. Los documentos se enviaron a Langley, donde está la sede de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).
Copia de algunos documentos los recibió también el entonces presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz.

Influencia

De hecho, según documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en los últimos años, la CIA tuvo una fuerte influencia en las decisiones del mandatario hacia las protestas estudiantiles.
Incluso Díaz Ordaz recibía un sueldo de la CIA, recuerda a BBC Mundo el académico Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México.
Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México entre 1964 y 1970.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionDocumentos desclasificados dicen que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz estaba a sueldo de la CIA.
Hubo algo más. El presidente mexicano creía que las protestas estudiantiles eran parte de un complot comunista. Y la agencia estadounidense lo respaldaba.
“La CIA estaba absolutamente convencida de que el movimiento tenía apoyo e inspiración no sólo desde Cuba sino de la Unión Soviética”, le dice a BBC Mundo Kate Doyle, directora de análisis de la política de EE.UU. en América Latina del Archivo de Seguridad Nacional.
Pero también Díaz Ordaz tenía su paranoia ideológica”.
Una percepción que la Agencia reforzó, insiste Aguayo. El Ejército y las agencias de inteligencia civil mexicanas entregaban cotidianamente informes al presidente.
Al parecer no fue suficiente. “Compartían información cruda, sin procesar. La CIA les daba análisis de inteligencia. Desconozco su calidad”.

Nómina presidencial

¿Cómo logró tal influencia la CIA en el gobierno mexicano de esa época?
La respuesta se llama Winston Scott, jefe de la oficina en el país entre 1956 y 1969.
Personaje carismático, al poco tiempo de llegar a México el agente se hizo amigo del entonces presidente Adolfo López Mateos, refieren los documentos desclasificados.
Por esa relación conoció a Díaz Ordaz, quien era secretario de Gobernación, y a Luis Echeverría Álvarez, subsecretario. Los dos personajes se convirtieron, años después, en presidentes de México.
Luis Echeverría, presidente de México entre 1970 y 1976.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionEl expresidente Luis Echeverría también fue señalado de colaborar con la CIA.
Era un vínculo muy cercano. En su investigación "Litempo: los ojos de la CIA en México" el periodista Jefferson Morley cuenta que los tres políticos atestiguaron la tercera boda de Scott, en 1962.
Gracias a esa amistad y con el marcado interés del gobierno estadounidense en su vecino, Scott creó una red de informantes en altos círculos políticos del país.
La operación se llamó LITEMPO y logró reclutar al menos a 12 agentes, entre ellos Díaz Ordaz y Echeverría Álvarezbajo sueldo de la CIA.
No se sabe cuánto dinero recibían pues la información fue borrada en los documentos desclasificados.
Un dato consultado por Sergio Aguayo menciona la entrega de US$400 al mes para pagar a dos guardaespaldas, así como equipo de radiocomunicación para cuatro automóviles.

Lee Harvey Oswald

En los años 60 los presidentes mexicanos eran personajes muy poderosos, con posibilidades de quedarse con mucho dinero por negocios o del erario.
¿Por qué entonces aceptar unos cientos de dólares por colaborar con la CIA?
Es uno de los misterios pendientes de esclarecer, yo también me lo pregunto”, reconoce Sergio Aguayo.
“Una posible respuesta es que no le daban importancia al dinero. Lo aceptaban porque a cambio tenían la protección y la inteligencia que les daba la CIA”.
En todo caso, LITEMPO fue una parte de la extensa red de informantes de la Agencia en México, que incluía a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), una especie de policía política.
Presentación en la plaza de Tlatelolco, Ciudad de México, de una serie de televisión sobre el movimiento estudiantil de 1968 y la masacre..Derechos de autor de la imagenALFREDO ESTRELLA/GETTY IMAGES
Image caption50 años después, Tlatelolco sigue siendo una herida abierta para muchos en México.
De hecho, el director de la corporación de esa época, Fernando Gutiérrez Barrios, interrogó a algunos mexicanos que se habían reunido con Lee Harvey Oswald en una de sus visitas al país, señala Morley.
El personaje fue acusado de asesinar al presidente John F. Kennedy en 1963. La información del interrogatorio se entregó a los estadounidenses.
La red de la agencia incluyó a corporaciones locales como las de Nogales, en el estado de Sonora, y Monterrey, en Nuevo León. Las dos ciudades, según los documentos, eran de especial interés para la CIA.
También lo era el Partido Comunista de México, en ese entonces clandestino pues su existencia legal estaba prohibida.

Paranoias

Ciertamente el gobierno estadounidense creía tener razones para vigilar conflictos sociales.
Ese año ocurrió el movimiento Mayo del 68 que desató una huelga general en Francia. Y en decenas de ciudades de Estados Unidos arreciaron las protestas contra la guerra en Vietnam.
Éste era el escenario de la CIA ese año, cuando en la capital mexicana nació el movimiento estudiantil que en pocos meses se extendió en varias ciudades del país.
Kate Doyle encabezó el Proyecto México del NSA, que consiguió la desclasificación de numerosos informes secretos de la CIA sobre el movimiento estudiantil de 1968 en el país.
Los documentos de la Agencia estadounidense empezaron en los primeros meses de ese año. “Vigilaban al movimiento no sólo en la capital sino por todo el país” recuerda.
“Hay cables, información de inteligencia en México reportando actividades de grupos estudiantiles en Veracruz, Puebla, Michoacán sobre sus marchas, conversaciones, protestas, sus políticas, sus líderes”.
Las protestas que crearon al Consejo Nacional de Huelga –el órgano central del movimiento estudiantil- empezaron en julio de ese año en el entonces Distrito Federal, la capital del país.
Protestas contra la guerra de VietnamDerechos de autor de la imagenWALLY MCNAMEE/GETTY IMAGES
Image captionEn 1968 las protestas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam se multiplicaron.
Al paso de los meses creció la inconformidad. La oficina de Scott empezó a entregar informes casi a diario a su cuartel en Langley (Virginia, EE.UU.) y parte de ellos a Díaz Ordaz.
“Había una relación muy estrecha y un intercambio de información de inteligencia entre los dos”, señala Doyle.Pero también una especie de intercambio ideológico:
Scott “representaba la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, transmitía su ideología anticomunista en todas sus conversaciones e informes”.
Díaz Ordaz pensaba lo mismo. “Crearon un círculo cerrado de opinión que no les ayudó mucho a entender realmente lo que pasaba en México en ese entonces”.
El investigador Sergio Aguayo coincide. La agencia estadounidense “fortaleció la visión paranoica que tenía Díaz Ordaz sobre el movimiento, al que consideraba parte de un complot del comunismo internacional”.

Dudas históricas

A 50 años del movimiento de 1968 no se han encontrado pruebas de una influencia de Cuba o la URSS en el movimiento estudiantil.
Lo que sí ha logrado comprobarse es que el escenario del país era complicado.
En octubre de ese año se realizarían en Ciudad de México los XIX Juegos Olímpicos, y el gobierno de Díaz Ordaz necesitaba convencer que el evento se realizaría sin contratiempos, refieren los documentos de la CIA.
Sin embargo, periodistas de medios internacionales que cubrían las Olimpiadas enviaban también despachos sobre las protestas estudiantiles.
Los documentos desclasificados refieren que el gobierno mexicano decidió usar la fuerza para detener las protestas crecientes.
El 2 de octubre el Consejo Nacional de Huelga que, representaba al movimiento convocó a una marcha pacífica que saldría de Tlatelolco al Zócalo.
La tarde de ese día el sitio fue rodeado por 5.000 soldados. El CNH canceló la caminata pero cuando se anunciaba la decisión los militares dispararon contra la multitud.
Estudiantes detenidos en Tlatelolco.Derechos de autor de la imagenBETTMANN/GETTY IMAGES
Image captionLa cifra real de muertos en la matanza se desconoce. En la imagen, Estudiantes detenidos en Tlatelolco.
Una versión dice que los soldados reaccionaron a un ataque de los estudiantes. Otra que un grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia agredió a los militares quienes respondieron.
Lo único claro fue la masacre. Oficialmente murió una veintena de personas. Las organizaciones civiles dicen que fueron más de 200. Cinco décadas después la cifra real no se conoce.
¿La CIA supo que se preparaba esta agresión? “No está demostrado”, responde el investigador Aguayo.
“Una hipótesis que manejo es que Winston Scott sí estaba enterado. Pero es hipótesis”.
Pero según la investigación del periodista Morley los informes que el agente estadounidense envió a Langley fueron contradictorios.
Hasta ahora, pues, no se conocen informes para comprobar si la CIA tuvo algún papel en la masacre más allá de los informes para asesorar a Díaz Ordaz.
Pero eso, apunta Kate Doyle, “no quiere decir que no pasó, que no existen documentos que todavía no están desclasificados” para probarlo.
Cartón del día: A 50 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco el Por

Sí, el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer

  en Conexiones4P/Elenfoque  por 
Julio César Trujillo dijo, en Radio Democracia, el 27 de septiembre, que piensa proponer, con el Contralor Pablo Celi, una reforma Constitucional mediante una consulta popular. Con dos objetivos: que aquello que han hecho no pueda ser revisado por quienes los sustituyan en los cargos y que el organismo del cual hace parte, el Consejo de Participación Ciudadana, desaparezca.

De esa propuesta ya se había oído hablar. Es evidente que tanto el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como el Contralor subrogante han ejercido tareas que se antojan excepcionales por la naturaleza del momento político. Eso no prueba que se hayan extrapolado en sus funciones: subraya la ausencia de autoridades independientes del Ejecutivo durante una década y delata la casi anomia institucional en que quedó el país. Que esas autoridades propongan que los ciudadanos ratifiquen en las urnas sus decisiones tampoco es nuevo: Fabián Alarcón recurrió a los ciudadanos para que lo confirmen como Presidente Constitucional en mayo de 1997 y el correísmo citó a otro referendo, en septiembre de 2008, para aprobar o rechazar la Constitución de Montecristi.
No es de extrañar que los ciudadanos tengan que volver a sellar la ruptura política y constitucional con el correísmo. Hay razones humanas (recelo ante una posible persecución) y razones institucionales: una transición es siempre resultado del juego político y, tras el momento, puede prestarse, en el campo jurídico o constitucional, a interpretaciones antojadizas. Por esto requiere la expresión en las urnas de los electores. La Consulta Popular de Febrero de este año, marcó un derrotero y dio un mandato al Consejo de Participación Ciudadano Transitorio. No obstante, el ejercicio de esas facultades, que se ha traducido en la cesación de un buen número de autoridades dejadas por el correísmo, requiere un aval. No para ser legales sino para evitar que aquellos políticos que resultaron afectados puedan, en el futuro, aspirar a reparaciones solo compatibles con su nivel de servilismo en favor del autoritarismo. Si el quiebre es político, se entiende que la opinión tiene que ratificarla en las urnas. La misma lógica cobija a la Contraloría que, haciendo su trabajo, produjo decisiones inhabituales en diez años y, en ese sentido, contribuyó a deshacer el ovillo constitucional armado por el correísmo a su favor.
La consulta popular es imprescindible por otra razón, que también incluyó Julio César Trujillo: el Consejo de Participación Ciudadana es un bodrio inventado por el correísmo en Montecristi. Se sabe desde su concepción cuando Alberto Acosta, entonces Presidente de la Asamblea Constituyente, no sabía cómo dar forma a un deseo (que fue vendido como legítimo y loable) de que hubiese una observación ciudadana sobre los organismos de control del Estado. Acosta llegó a pensar en otro ente, como el Congreso, quizá más masivo, que designara a sus autoridades y cuyos miembros salieran de los municipios y provincias del país. Un delegado por cada uno.
El Consejo de Participación Ciudadano y Control Social resultó ser un fiasco. Una falacia que pavimentó el camino para que el Alianza País y sus aliados hicieran concursos falsos que sirvieron de biombo para repartir los cargos de fiscalización entre parientes, militantes y amigos que robaron y dejaron robar sin sonrojarse. Por eso el país supo, meses antes de que Galo Chiriboga dejara la embajada de Madrid que él sería Fiscal General o que Carlos Polit era indestronable en la Contraloría.
No haber acabado con ese cargo en la Consulta Popular de febrero pasado solo se explica por la necesidad de desmontar el aparato inteligentemente armado por Correa y los suyos para quedarse en el poder y cubrir sus espaldas. Pero a estas alturas, es inaudito pensar siquiera en la permanencia de ese organismo. Eso significaría convertir la institucionalidad en un golpe de suerte. Los ciudadanos solo tendrían que esperar que los miembros del nuevo Consejo de Participación resulten sensatos, demócratas convencidos, incorruptibles, independientes del poder Ejecutivo y la tendencia política del momento… Lo mejor es sincerar en su concepción y en su conformación la realidad y diversidad políticas del país en su conjunto y crear mecanismos para que la institucionalidad que aparezca sea sensiblemente parecida a la que el país diseñe. Esto debe surgir de un debate imprescindible y urgente. Enhorabuena que Julio César Trujillo al fin lo ponga sobre la mesa.
  
Corrupción, la cifra es mucho más alta
Las adquisiciones constituyen un imán para las ineficiencias en la gestión y para la corrupción. El gran volumen de transacciones, junto con la estrecha y compleja interacción entre los sectores público y privado, hace que las compras públicas queden expuestas a diversos riesgos de malgasto, malagestión y corrupción. Pocas actividades públicas ofrecen mayor tentación o más oportunidades para la corrupción. Un informe del BID.
01 de octubre del 2018
REDACCIÓN PLAN V
Este es un extracto del informe del BID que examina el gasto público en la región y establece cifras reales y comparativas de lo que países como Ecuador pierden anualmente por la corrupción, el despilfarro y el malgasto de los recursos públicos.
"En 2016 los gobiernos de América Latina y el Caribe gastaron cerca de US$450.000 millones en compras públicas, lo cual incluye la adquisición de bienes y servicios y de equipos de capital. Ejemplos de estas adquisiciones son la compra de computadoras para las escuelas primarias, el suministro de agua potable, gas y electricidad, y la construcción de una carretera o un aeropuerto. Sin embargo, ¿son eficientes y efectivas las compras públicas? ¿Los precios pagados son competitivos con el sector privado, y son similares en diferentes oficinas públicas y a lo largo del país? ¿Los bienes y servicios producidos cumplen las normas de alta calidad? Estas preguntas son pertinentes dado que el gasto en compras públicas no solo es grande sino que también influye en los ámbitos funcionales del gobierno, incluida la educación, la salud y la infraestructura.
45%
del gasto general del gobierno se va en adquisiciones y compras públicas en el Ecuador.
"En promedio, las compras públicas representaron el 32,5% del gasto del gobierno general en los países de la OCDE (14% del PIB) y el 29,8% en los países de América Latina y el Caribe (8,6% del PIB). Sin embargo, en la región el tamaño del gasto en este rubro varía desde aproximadamente el 15% del gasto total en promedio en Argentina y Uruguay hasta el 47% en Bolivia y Perú, debido a la mayor proporción de gasto de capital en el gasto total. Ecuador es el tercero de la región, con una cifra cercana al 45%. De hecho, el gasto en adquisiciones de bienes de capital es más importante en América Latina y el Caribe (16,2%) que en la OCDE (9,3%). En términos del PIB asciende al 4,7% en la primera y al 4% en la OCDE. Ecuador es el primer país de la región en compras públicas en términos del PIB, con el 16%.
"Las adquisiciones constituyen un imán para las ineficiencias en la gestión y para la corrupción. El gran volumen de transacciones, junto con la estrecha y compleja interacción entre los sectores público y privado, hace que las compras públicas queden expuestas a diversos riesgos de malgasto, malagestión y corrupción. Pocas actividades públicas ofrecen mayor tentación o más oportunidades para la corrupción. La inversión pública es particularmente vulnerable a la corrupción y el malgasto representa un porcentaje mayor de las adquisiciones totales en América Latina que en la OCDE y funciona con instituciones más débiles. Sin embargo, ¿a cuánto asciende aquel malgasto? Dado que hay escasos datos sobre la corrupción y el malgasto en las adquisiciones por país, la opción consiste en extrapolar a partir de las estimaciones de los pocos estudios existentes.
"A pesar de que es difícil medir el costo exacto de la corrupción debido a su naturaleza oculta, se estima que entre un 10% y un 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público puede perderse debido a la mala gestión y la corrupción; la OCDE estima que entre un 20% y un 30% del valor del proyecto se pierde a través de la corrupción. En la Unión Europea (UE), el costo de la corrupción se estimó, en términos más generales, en €120.000 millones al año, cifra cercana al 1% del PIB de la UE. Sin embargo, un nuevo estudio RAND calculó un costo mayor para la corrupción en Europa: anualmente se pierden hasta €990.000 millones (alrededor del 6% del PIB de la UE). Cerca del 57% de los casos de sobornos enjuiciados se relaciona con dinero para obtener contratos públicos, sobre todo en los sectores extractivos, de la construcción, del transporte y de la información y la comunicación. Por lo tanto, en la UE aproximadamente el 3,5% del PIB, o entre el 7% y el 25% del total de las adquisiciones se pierde debido a la corrupción y a otros malgastos".

7.000
millones de dólares anuales alcanza la cifra en corrupción, despilfarro y malgasto por parte del Estado. 
Bajo estos cálculos internacionales y sometidos a estudios, se puede decir que si el PIB anual del Ecuador era de USD 100.000 millones, en promedio, y si el promedio de compras públicas fue de USD 16.000 millones por año la pérdida anual, conservadora, para el Estado está entre el 25% promedio anual de esa cifra. El rubro perdido en corrupción alcanzaría al menos USD 4000 mil millones por año, solo en adquisiciones, según los estándares de la Unión Europea, bajos para la región. En la década correísta, el menos entones, las cifras por corrupción solo en compras públicas es de USD 40.000 millones. Pero el BID establece rubros adicionales, como son las pérdidas por despilfarro y malgasto, lo cual se considera también corrupción, y que puede ascender al 7% del PIB anual, un promedio también conservador para la Unión Europea. Es decir, para el Ecuador, unos USD 70.000 millones de dólares en una década.
La investigación más amplia sobre la corrupción que se haya llevado a cabo en la historia de América Latina —relacionada con los sobornos pagados por el gigante de la construcción Odebrecht en Brasil para asegurar los contratos públicos con Petrobras— se ha extendido por 14 países. El escándalo de Odebrecht forma parte de una investigación sobre una corrupción de enorme alcance, conocida como operación “Lava Jato”, iniciada por jueces que emprendieron una cruzada legal en 2014. El Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió sobornos de la empresa de construcción brasileña Odebrecht a funcionarios en América Latina. La empresa reconoció haber pagado US$737 millones en sobornos entre 2011 y 2016 para asegurar contratos por un valor de US$2.800 millones repartidos en unos 100 proyectos en 10 países diferentes.
El malgasto de fondos públicos en sobornos y presupuestos abultados parece ser enorme, pues llega a aproximadamente el 26% del costo de los proyectos. Por lo tanto, en América Latina y el Caribe puede que las pérdidas se acerquen al límite superior de las estimaciones de la UE (entre el 7% y el 25% de los contratos de adquisiciones). Dado que el gasto en adquisiciones equivale al 8,6% del PIB, el malgasto en las adquisiciones representa, en promedio, entre el 0,9% y el 2,6% en la región. Saber cuánto se puede recuperar con buenas prácticas en las adquisiciones y en la lucha contra la corrupción depende del país.

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UNA CIUDAD PARA EL TRANVÍA
Señor concejal «conferencista»:
Sería interesante conocer ante qué público y sobre qué materias versaron sus conferencias que dice haberlas dictado dentro del Ecuador y en varios países. También dice haber asesorado al presidente de la república de «la década perdida», los resultados dan para concluir que no fue un buen asesoramiento.
Con respecto a la UNOPS, usted se ufana de haber conseguido su participación para que haga «llamados a tomar correctivos». Desde el comienzo advertimos que eso no serviría para nada, pues para eso están la fiscalización de ARTELIA y su consorcio de empresas, sumada a la Unidad Ejecutora del Tranvía. Las «alertas tempranas» de la UNOPS a las que ni se les tomó en cuenta, nos han costado alrededor de UN MILLÓN Y MEDIO DE USD.
Respecto de los «parqueaderos de borde» concebidos como un mecanismo disuasivo de la utilización del automóvil para pasar al tranvía, efectivamente se los menciona en los estudios de factibilidad del tranvía con un costo estimado de 4 millones USD el de Milchichig y de 8 millones USD el de El Arenal. Por favor exhiba los estudios que dice usted conocer e indíqueme la ubicación exacta de los mismos, así como, explíquenos ¿por qué el ex alcalde Paul Granda no los implementó e incluyó en el proceso de ejecución del proyecto tranvía y los dejó contratados? Granda decía que su costo estaba incluido en el presupuesto de los 232 millones USD con lo que inició el proyecto. Claro, esto no fue, ni es verdad. Recién se están dando cuenta de su importancia. Yo si he venido reclamando y preguntando desde el comienzo ¿qué hay respecto de los parqueaderos de borde? Sin obtener respuesta.
Usted dice también que para que los tranvías lleven más pasajeros es necesaria una buena integración del sistema de transporte de la ciudad de Cuenca, es verdad. Pero se olvida que usted y Paul Granda sostuvieron hasta hace poco que con los tranvías que entrarán a funcionar, supuestamente en poco tiempo, existe una capacidad para transportar 120 mil pasajes diarios, ahora se dice tímidamente que llegarán a unos 60 mil y el escenario más probable es que sean apenas 40 mil pasajes diarios, los cual es más aproximado y realista en función del número (12) y el tamaño de los tranvías que entrarán en servicio.
Finalmente, con esa reducida capacidad de los tranvías, en los que ofrecieron llevar bicicletas, sillas de ruedas y cochecitos de bebés, usted sabe que el ingeniero Guzmán está diciendo la verdad «No hay espacio para llevar bicicletas».
A propósito de la bicicleta pública, le sugiero que no olvide a través de sus ordenanzas, que sea «obligatorio» el uso del casco, para garantizar –en alguna medida-la seguridad de los ciclistas.
Atte.
Eduardo Cardoso Martínez
2018-10-01