Milton Castillo
La Sentencia No. 1149-19-JP/21 dictada por la Corte Constitucional del denominado caso “Los Cedros” sentó un precedente trascendental en la protección de los derechos de la naturaleza, cuando entre otros temas se pronunció sobre la validez de los “Registros Ambientales” para la aprobación de actividades económicas que generan impacto en la naturaleza.
La sentencia enfatizó (acápite 137) que las decisiones administrativas ambientales deben ir más allá de procedimientos automatizados del Ministerio del Ambiente y deben contemplar un análisis profundo de las implicaciones para la biodiversidad y los ecosistemas involucrados, por tanto, no tienen validez porque violentan los derechos de la naturaleza. Términos que en la actualidad se denominan “compliance ambiental” pero que se quedan cortos ante el “compliance en derechos de la naturaleza”. Este fallo resaltó la necesidad de una gobernanza ambiental que trascienda las normativas tradicionales y se alinee con una visión holística y precautoria, donde los derechos intrínsecos de la naturaleza, a que se respeten sus ciclos vitales, sean el eje central de las políticas y prácticas de conservación.
Por ello, el caso del Proyecto “Echo Olón”, donde se esgrimió por parte de la empresa constructora del proyecto turístico en ese lugar, que el “Registro Ambiental” obtenido (en tiempo récord) como fundamento del cumplimiento de los derechos ambientales fue falaz porque sí afectaba ciclos vitales de biodiversidad, que debían ser protegidos y precautelaso.
Ejemplo paradigmático de la importancia de integrar los derechos de la naturaleza en la aplicación de la normativa ambiental donde se vieron las limitaciones de los registros ambientales otorgados y la necesidad de licencias ambientales más rigurosas que reflejen un compromiso genuino con la conservación.
Las Islas Galápagos, reconocidas por su biodiversidad única y su valor ecológico inestimable, representan un escenario idóneo para la implementación de un marco legal que incorpore plenamente los derechos de la naturaleza. La actual Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos, si bien, en su momento pudo ser un avance en la protección de los ecosistemas insulares ya no atiende los paradigmas actuales sobre derechos de la naturaleza y la aplicación efectiva del principios precautorio.
La integración de los derechos de la naturaleza en la gobernanza ambiental de Galápagos podría proporcionar un marco robusto y vanguardista para la conservación, similar al establecido por la sentencia del caso “Los Cedros”. Este enfoque aseguraría que cualquier actividad económica, turística o de desarrollo se realice con pleno respeto a la integridad ecológica de las islas y su biodiversidad, evitando así los perjuicios que podrían derivarse de la aplicación de políticas provenientes de la autoridad ambiental nacional (por ejemplo los Registros ambientales insuficientes, como los que han generado controversia en Olón).
En resumen, sentencias como del caso “Los Cedros” y la situación en Olón evidencian la necesidad imperiosa de una gobernanza ambiental que trascienda los procedimientos estándar y abrace una ética de respeto y cuidado hacia la naturaleza.
Este trabajo, en el marco de la propuesta de hacer un “Código Galápagos”, nos lleva a pensar en la propuesta de una verdadera y nueva gobernanza ambiental para Galápagos que evite conflictos como los de Olon o tantos que se dan en las islas sin que sean conocidos por el país, y también sirva como un modelo inspirador para la conservación global.
La gobernanza ambiental
En lenguaje sencillo podemos llamar gobernanza a la la necesidad de desarrollar políticas públicas que normen la relación dinámica y bidireccional que existe entre la sociedad humana y los ecosistemas naturales que la rodean. En Galápagos esta interacción está esencialmente marcada por el negocio turistico, que implica que esta actividad económica tan importante sea abordada en su real dimensión e impacto desde el Estado, con la realidad que implica, es decir, reconociendo y manejando lo positivo o negativo.
La gobernanza ambiental busca regular y gestionar esta interacción de manera sostenible, promoviendo la conservación de los recursos naturales, la prevención de daños y la protección de la biodiversidad. Considerando a ésta última -la biodiversidad- no como una moneda de intercambio sino como sujeto de derechos, lo que implica reconocer su valor intrínseco y su derecho a existir y a ser protegida.
El manejo político administrativo de las islas Galápagos, es decir, su gobernanza está cruzada por la sostenibilidad donde la participación ciudadana y autoridades públicas de manera interdisciplinaria y holística actúan para equilibrar las necesidades humanas con la preservación del medio ambiente, fomentando una relación armoniosa y sostenible: participación de actores locales, fortalecimiento de la educación y la salud de la población, implementación de incentivos económicos para promover la conservación, planificación, turismo sostenible, incursión en el mercado del carbono, protección de la biodiversidad, etc., en definitiva, fortalecimiento de la institucionalidad.
La estructura vertical del poder no es garantía de buena gobernanza
Recordemos que en Galápagos para el 2008, a propósito de la nueva Constitución, se fusionó un gobierno autónomo descentralizado (prefectura) con el ex Ingala, creándose el Consejo de Gobierno de Galápagos y la institución pública más grande de las islas.
De los 9 votos en el Pleno del Consejo de Gobierno, 5 son del gobierno central y 4 de los gobiernos seccionales. Esto significa que el ejecutivo no solo tiene el poder de implementar políticas y administrar los recursos, sino que también puede influir en la legislación y en el sistema judicial local, debilitando así los controles y equilibrios necesarios para una democracia funcional. Esta concentración de poder en manos del ejecutivo puede conducir (como de hecho ha sucedido) a situaciones donde los líderes locales ejerzan una influencia desproporcionada sobre el gobierno central, creando un sistema que se aleje de los principios democráticos y se asemeje más a un feudalismo moderno que a una democracia.
La influencia de los líderes locales sobre el gobierno central y del asocio de empresas transnacionales del turismo sobre aquellos puede generar un sistema de control desproporcionado sobre los recursos y las decisiones políticas, en detrimento del interés público y la democracia misma. Esta falta de separación de poderes, de pesos y contrapesos no solo socavan los principios democráticos sino también olvidan a los derechos de la Naturaleza.
Por lo expuesto, se explica lo que pasa en la actualidad en la actual forma de gobernar. Aunque la capacidad y atribuciones normativas del Consejo de Gobierno de Galápagos se da a través de Ordenanzas, son muy pocas las que se han podido emitir o consensuar desde su creación hasta la fecha. Se ha centrado esta institución en el trabajo (muy cuestionado) de control en materia de migración (movilidad humana y transporte), ingreso de vehículos a combustión, otorgamiento de cupos de operación turística, registro y autorización de movimientos societarios (cesión de acciones) de las empresas de operación turística.
Tarea pendiente ha sido la creación de un Plan de Regulación Hotelera, el Plan de Inversiones, la verificación del cumplimiento de las normas para los cupos de operación turística; es decir, se ha dejado en archivo la creación de normas esenciales dejándolas a merced del vaivén político.
La propuesta no contraviene la constitución
Si miramos a Galápagos como un sujeto de derechos, la estructura base,, constitucional sobre su integración (del artículo 258) sería esencialmente la misma pero, aumentándose en dos, a sus integrantes.
La propuesta es que el Consejo de Gobierno esté integrado por:
a) Un representante de cada una de las funciones del Estado (5).-
b) El Defensor del Pueblo y la Naturaleza (1).- el cual es quien representa en juicio a la naturaleza de conformidad con la ley (Art.38 Código Orgánico General de Procesos).
c) Un representante de organizaciones científicas y ambientales (1).- Desde sus inicios las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación y a la investigación han tenido para las islas un papel preponderante para su manejo y cuidado, estando siempre como brazo ejecutor de políticas públicas de conservación y sin que exista un inventario actualizado de sus gestiones ni tampoco una rendición de cuentas. Lo que se busca es fortalecer los lazos de dichas instituciones con el Sujeto de derechos Galápagos, de tal manera que puedan todos compartir responsabilidades; (1)
d) Los representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Galápagos (4).- Que son los alcaldes de las tres islas que están como cabeceras cantonales y el Representante de las Juntas Parroquiales. Los alcaldes tienen un papel protagónico
e) Un representante de las Organizaciones ciudadanas de las islas pobladas (1).- ; y,
f) Un representante de la Asamblea Juvenil.
De esta forma se integraría el Pleno del Consejo de Gobierno, el cual actuará en base a principios esenciales de la gobernanza:
1.Participación: Todos los actores involucrados, desde los representantes del Estado hasta las organizaciones ciudadanas y la Asamblea Juvenil, tendrán la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones y en la implementación de políticas relacionadas con la protección y conservación de las Islas.
2. Transparencia: Es fundamental que exista transparencia en las acciones y decisiones tomadas por cada uno de los actores, garantizando que no existan conflicto de intereses en su participación y que la información relevante esté disponible para todos, promoviéndose la rendición de cuentas en la gestión de los recursos naturales de las islas.
3. Responsabilidad: Cada persona e institución será responsable por acción u omisión en las decisiones de proteger y conservar el medio ambiente en las Islas Galápagos, cumpliendo con las normativas ambientales y buscando el beneficio a largo plazo de las generaciones presentes y futuras.
4. Cooperación: Se tendrá como línea permanente de acción la cooperación entre los diferentes actores, considerando la planificación conjunta de actividades donde estén involucradas políticas del archipiélago y de los gobiernos municipales y parroquiales.
5. Equidad: Es importante garantizar la equidad en la toma de decisiones y en la distribución de recursos, asegurando que los intereses de todas las partes y actividades involucradas sean tenidos en cuenta de manera justa y equitativa.
6. Sostenibilidad: Todas las acciones y políticas implementadas deben estar orientadas hacia el desarrollo sostenible de las Islas Galápagos, asegurando la conservación de los recursos naturales y el equilibrio entre el desarrollo humano y la protección del medio ambiente.
Con estos principios entonces se propone la creación de secretarías que actuarán de manera coordinada con el Pleno del Consejo de Gobierno.
Las futuras secretarías para el manejo de las islas
Las secretarías serán los órganos de funcionamiento de la nueva estructura administrativa del Consejo de Gobierno de Galápagos, que a más de funcionar bajo los principios anteriormente descritos tendrán actividades de gran actualidad que no han sido consideradas por el legislador como la participación en el mercado de carbono o el cumplimiento de normativa y transparencia de gestión.
Las secretarías que se crean son:
a)De biodiversidad y conservación;
b)De Turismo Sostenible;
c)De Agricultura, Pesca y Emprendimiento;
d)Marítima, terrestre y de Gestión de Riesgos;
e)De investigación científica y Propiedad Intelectual;
f)De Desarrollo Humano Integral;
g)De carbono y cambio climático;
h)De transparencia y cumplimiento;
i)De Inversiones.
La Secretaría de Biodiversidad y Conservación, estará liderada por el Director del Parque Nacional Galápagos, se encargará de monitorear y proteger especies endémicas y en peligro, limitará actividades turísticas que afecten la conservación, implementará estrategias de restauración de ecosistemas, promoverá la conservación de la biodiversidad, supervisará áreas protegidas, fomentar la restauración de hábitats degradados, impulsará prácticas agrícolas y pesqueras sostenibles, participará en programas de mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo proyectos de captura de carbono y conservación de hábitats como sumideros de carbono.
La Secretaría de Turismo Sostenible, estará liderada por el Director Provincial de Turismo, desarrollará políticas para promover un turismo sostenible que respete la biodiversidad y la cultura local, generando beneficios económicos para la comunidad.
Fomentará actividades turísticas respetuosas con la naturaleza, capacitará a operadores y visitantes en prácticas sostenibles, monitoreará el impacto ambiental y socioeconómico, promoverá el turismo comunitario, planificará la carga de pasajeros, registrará guías turísticos, unificará procesos administrativos con el Ministerio de Turismo y coordinará con la Subsecretaría de Puertos para normativas de lanchas de cabotaje.
La Secretaría de Agricultura, Pesca y Emprendimiento en Galápagos, serpa dirigida por el Director Provincial del Ministerio de Agricultura, fomentará prácticas agrícolas y pesqueras sostenibles, promoverá tecnologías limpias, apoyará emprendimientos locales, coordinará proyectos con el Ministerio de Agricultura, e implementará programas de capacitación para mejorar la productividad de forma sostenible.
La Secretaría Marítima, Terrestre y de Gestión de Riesgos, será dirigida por un delegado del Ministro de Defensa, tendrá como atribuciones principales: vigilar y reportar el cumplimiento de normativas marítimas, realizar estudios de riesgos naturales y antrópicos, defender la reserva marina y la seguridad en Galápagos, implementar un sistema de alerta temprana, elaborar planes de gestión de riesgos, capacitar a la población en gestión de riesgos, promover la investigación científica, fortalecer la institucionalidad local, declarar emergencias, dirigir operaciones de respuesta, evaluar daños, garantizar seguridad de navegación, prevenir actos ilícitos, controlar actividades turísticas, preparar normas de seguridad y bioseguridad, coordinar normativa de seguridad y protección de especies, y fomentar la participación comunitaria en la gestión de riesgos.
La Secretaría de Investigación Científica y Propiedad Intelectual, estará dirigida por representantes de universidades, ONGs y SENECYT, fomentará la investigación sobre biodiversidad y cambio climático en Galápagos, gestionará bases de datos científicas, protegerá la propiedad intelectual, colaborará con instituciones académicas, promoverá la transferencia de tecnología para el desarrollo sostenible en Galápagos, respetando los derechos regionales y el entorno.
La Secretaría de Desarrollo Humano Integral, será liderada por las Directoras provinciales del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Ministerio de Educación, impulsará programas de desarrollo humano en Galápagos, coordinará con entidades educativas, promoverá un nuevo pensum de estudios actualizado para primaria y secundaria, definirá políticas para la salud y bienestar social, garantizará equidad e inclusión, apoyará el desarrollo de capacidades locales, promoverá la cultura y patrimonio, implementará programas de participación ciudadana y velará por un desarrollo humano integral.
La Secretaría de Carbono y Cambio Climático, será liderada por el representante del Presidente de la República ante el CGREG, desarrollará e implementará proyectos de captura y almacenamiento de carbono en ecosistemas terrestres y marinos de las islas. También registrará y monitoreará las emisiones de gases de efecto invernadero, participará en mercados de carbono internacionales, promoverá prácticas y tecnologías bajas en carbono en todos los sectores económicos, y sensibilizará sobre la importancia de la mitigación del cambio climático en Galápagos.
La Secretaría de Transparencia y Cumplimiento, estará bajo la dirección del Delegado del Presidente de la República al CGREG, se encargará de garantizar la transparencia en las decisiones del Consejo de Gobierno en Galápagos, supervisar el respeto de los derechos de acceso a la información, velar por la rendición de cuentas en la gestión de recursos naturales, implementar mecanismos de control para alinear las acciones gubernamentales con los derechos de la naturaleza, promover la participación ciudadana en decisiones relevantes, y supervisar el cumplimiento normativo en instituciones privadas de las islas, asegurando un enfoque democrático y transparente en la toma de decisiones.
La Secretaría de Inversiones, será dirigida por el Presidente del Consejo de Gobierno, promoverá un equilibrio en las inversiones locales, vigilando la competencia económica y previniendo monopolios. Fomentará inversiones que respeten las leyes de transparencia y lavado de activos, cuidando los derechos de la naturaleza y el bienestar de la población en Galápagos. Definirá sectores de inversión equitativos y sostenibles, con mecanismos como un registro oficial, evaluaciones de impacto ambiental y monitoreo continuo. Facilitará la participación comunitaria en decisiones de inversión, organizando consultas públicas y garantizando la transparencia informativa.
