Roberto Aguilar, periodista y editorialista de opinión con una extensa trayectoria en Diario Expreso, fue notificado de su salida el miércoles 12 de agosto de 2026, alrededor de las 14:45, de acuerdo con su propio testimonio en una conversación con Fundamedios.
Aguilar es uno de los cronistas políticos más experimentados y una de las firmas de opinión más reconocidas del país, y conductor, junto a Martín Pallares, del pódcast Politizados, también producido por Expreso.
Su última columna, publicada la misma mañana de su despido, analizaba un video del Secretario de la Administración Pública, José Julio Neira. Roberto Aguilar cree que este fue el detonante inmediato de su salida. Anteriormente, Aguilar ya había sido objeto de acciones judiciales relacionadas con su ejercicio periodístico, incluyendo un proceso iniciado en 2023 por la entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, documentado previamente por Fundamedios.
Su salida no fue sorpresiva. Durante el último año, el Gobierno Nacional habría enviado mensajes directos a la dirección de Granasa —especialmente a Galo Martínez, presidente ejecutivo de la empresa— exigiendo la separación de periodistas específicos. En palabras de Aguilar: “El periódico estaba recibiendo presiones del Gobierno para entregarle nuestras cabezas […] a cambio de que el Gobierno detuviera la persecución de la que el periódico está siendo objeto, tanto judicial como empresarialmente.” Los otros periodistas serían Martín Pallares y el abogado de Granasa, Eduardo Carmigniani.
Sobre los procesos judiciales y administrativos, Aguilar calificó de “forjados” los documentos que sustentaron las denuncias de lavado de activos y fraude fiscal contra Granasa, y afirmó que su falsedad quedó demostrada.
Añadió que, los anunciantes del diario habrían sido presionados directamente por el Gobierno para retirar su pauta. Como evidencia, señaló que ediciones recientes —incluidos los domingos, tradicionalmente el día de mayor venta publicitaria— no registran un solo aviso comercial privado. Matizó, sin embargo, que no tiene certeza de que este sea el mecanismo exacto de esa presión. En otros casos, incluso se habrían pedido cambios en la línea editorial del diario a cambio de mantener la pauta.
Aguilar indicó que él y Pallares han planteado esta situación —presiones del Gobierno para lograr la salida de periodistas específicos a cambio de aliviar el acoso judicial y empresarial contra el diario— en reiteradas ocasiones, tanto en el podcast Politizados como por escrito en columnas de Expreso. Y considera su salida una represalia y la atribuye a la acumulación de presiones que sufre el medio y se extienden por aproximadamente un año.
El abogado de Diario Expreso, Eduardo Carmigniani, se refirió, en entrevista en el programa del “Mono López”, a la salida de Aguilar. Indicó que, no se encuentra autorizado para hablar del tema, y espera que Granasa haga un pronunciamiento público al respecto. Sin embargo, Andrés López le preguntó si existía alguna novedad respecto de Martín Pallares o del propio Carmigniani, pues en su momento se habló de la posibilidad de que ambos fueran separados del diario por ser considerados “incómodos” A lo que el abogado respondió: “no necesariamente el tema de Roberto (Aguilar) tiene conexión con ese asunto, pero no voy a dar más detalles”. Añadió que, “es evidente que hay anunciantes que ya no están”.
Contexto del caso, cronología de los hechos
Fundamedios ha documentado, desde septiembre de 2025, una sucesión de acciones estatales contra Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), editora de los diarios Expreso y Extra, en un contexto de cobertura crítica de estos medios hacia el Gobierno del presidente Daniel Noboa:
11 de septiembre de 2025, el Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció auditorías tributarias contra 15 distribuidores mayoristas de periódicos, tras una filtración de información reservada el 10 de septiembre. Expreso y Extra denunciaron el uso selectivo de información tributaria para desacreditar al medio. Fundamedios alertó sobre la violación de la reserva que deben guardar las autoridades tributarias.
21 de septiembre de 2025, José Julio Neira, entonces Secretario Nacional de Integridad Pública, acusó públicamente (vía X, sin evidencia presentada) al diario Expreso de usar a 75 canillitas como fachada para lavar más de 5 millones de dólares, y a 36 presuntos proveedores para lavar 6 millones de dólares adicionales, vinculando el caso a la trama de corrupción Sinohydro.
26 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Corrupción de la Fiscalía efectuó siete allanamientos en Guayaquil (operación “Fénix 294–Canillita”) y trasladó a once personas a la Fiscalía, por una presunta evasión tributaria de USD 600.000 entre 2023 y 2024. Una auditoría posterior de Ernst & Young concluyó que los pagos de los distribuidores coincidían con la facturación de Granasa y que los presuntos delitos carecían de fundamento.
El 31 de diciembre de 2025, Granasa alertó sobre un intento del Gobierno Nacional de controlar el 40% de su paquete accionario. La Superintendencia de Compañías solicitó revertir, por presunta falta de “trazabilidad”, la transferencia de acciones realizada seis años antes a Ingrid Martínez Leisker, hermana de Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de Granasa. Lo denunciaron como un intento de doblegar la línea editorial del medio.
El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías intervino administrativamente Granasa (Resolución SCVS-INC-DNASD-2026-00473), por solicitud de Inmobiliar (entidad estatal que reclama el 2,56% de las acciones). Granasa sostuvo que no existía orden judicial firme que respaldara la reversión accionaria y que la medida vulneraba el debido proceso.
El 25 de febrero de 2026, el abogado de Expreso, Eduardo Carmigniani, declaró en Radio Sonorama que, antes de la intervención del 18 de febrero, el Gobierno había solicitado la salida de los periodistas Martín Pallares y Roberto Aguilar del medio y dijo: “Del medio no salimos ni Pallares, ni Aguilar, ni yo”.
En abril, el liquidador de Veranera S.A. denunció a directivos de Granasa por presunto incumplimiento de una medida cautelar y presunta asociación ilícita, en torno a una transferencia de aproximadamente 100.000 acciones (40% del paquete societario). Expreso y Extra circularon con sus portadas en blanco como protesta simbólica ante lo que calificaron de presión estatal.
En junio de 2026, José Julio Neira, entonces Secretario Nacional de la Administración Pública, acusó a Expreso, sin pruebas, de “aliarse” con el expresidente Rafael Correa para difundir narrativas contra el Gobierno, y de promover narrativas vinculadas al caso Progen y al empresario Xavier Jordán.
El 30 de junio de 2026, la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria de la Presidencia difundió un comunicado acusando a Granasa de pagos irregulares superiores a USD 1,6 millones por “asesorías” a su gerente general, sin aprobación de junta de accionistas.
La salida de Roberto Aguilar de Diario Expreso se produce coincidencialmente durante esta escalada sostenida de acciones administrativas y judiciales del Estado ecuatoriano contra Granasa desde septiembre de 2025.
El hecho de que un editorialista crítico del Gobierno deje el medio en este contexto constituye una señal de riesgo grave para la independencia editorial y la libertad de expresión en Ecuador.
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