Sin embargo, la mayoría de las revisiones previstas se llevarán a cabo, abriendo la posibilidad de que CELEC obtenga documentación de terceros para reconstruir el recorrido de los recursos públicos transferidos a la compañía estadounidense.
La disputa judicial parte sobre la base del Caso Progen o Caso Apagón, por el que la Fiscalía General del Estado procesa en Ecuador a 21 personas por presunto peculado, incluido el exministro de Energía y Minas, Antonio Goncalvez, y el exgerente de CELEC, Fabián Calero.
La investigación gira alrededor de dos contratos emergentes adjudicados durante el déficit energético de 2024: uno por USD 99,4 millones para la central Salitral y otro por USD 49,7 millones para la central Quevedo.
Se llegó a desembolsar el 70% del valor total de ambos contratos como anticipo, equivalente a USD 104,37 millones. Ese monto constituye, según la tesis de la Fiscalía, el presunto perjuicio ocasionado al Estado.
El Ministerio Público sostiene que durante las contrataciones se habrían omitido o evadido procedimientos para favorecer a Progen Industries LLC, pese a que sus propuestas no cumplían todos los requerimientos técnicos, económicos y jurídicos.
Además, la investigación señala que los generadores entregados no eran nuevos ni técnicamente compatibles, pese a las condiciones establecidas para su adquisición. Los equipos debían comenzar a operar en noviembre de 2024, pero nunca entraron en funcionamiento.
Dentro del proceso se ordenaron además medidas sobre el patrimonio de los investigados, entre ellas la retención e inmovilización de cuentas y la prohibición de enajenar bienes.
