El observador

 CASO CAJA CHICA: EL INFIERNO QUE LE VIENE AL CORREÍSMO

El exasambleísta Santiago Díaz Asque no dejó espacio para ambigüedades: amplió su versión en el caso Caja Chica y ratificó que trasladó dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña electoral de Luisa González y Andrés Arauz en 2023.

Lo que está sobre la mesa no es menor. Se trata de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Y es fundamental decirlo con claridad: este proceso no tiene absolutamente nada que ver con el caso de presunta violación a una menor que también involucra a Díaz Asque. Mezclar ambos temas solo busca desviar la atención.

Aquí no hay rumores ni especulación en redes sociales. Hay una declaración formal dentro de una investigación fiscal que apunta a un posible esquema de financiamiento ilegal desde el extranjero para una campaña presidencial.

Los allanamientos refuerzan la gravedad del caso: la vivienda de Luisa González, la sede de RC5 y otros espacios vinculados a la campaña fueron intervenidos. En uno de estos operativos se encontraron decenas de dispositivos de almacenamiento de alta capacidad. No es un detalle menor: es un indicio claro de que podría existir información sensible que alguien quiso mantener bajo resguardo.

Cuando alguien que estuvo dentro del engranaje describe cómo operaba el supuesto mecanismo de financiamiento, lo que se pone en duda no es un actor político aislado, sino la integridad misma del sistema electoral. Si esto se confirma, no estamos ante una irregularidad: estamos ante un fraude estructurado.

Y cuando la justicia electoral se ve atravesada por dinero opaco y redes organizadas, deja de ser justicia. Se convierte en una amenaza directa a la democracia.

Esto no es solo un escándalo político. Es un punto de quiebre.

Dr Fernando Arias