INFORME ANUAL 2024: Mil rostros del crimen organizado contra la libertad de expresión en Ecuador
Ecuador, 27 de diciembre de 2024.- Ecuador vivió un año crítico para la libertad de prensa, con 192 agresiones documentadas contra periodistas y medios de comunicación. Este alarmante panorama refleja un contexto de intimidación y violencia, donde las amenazas provienen de múltiples frentes, incluyendo actores estatales y el crimen organizado.
Entre las formas de agresión más comunes destacan los ataques verbales (33) y las amenazas (29), que revelan un patrón de hostigamiento constante. A esto se suman restricciones al acceso a la información (14), uso abusivo del poder estatal (7), asaltos (7), extorsiones (5), detenciones arbitrarias (3), y 8 exilios, además de un acto terrorista que marcó un grave precedente cómo es el ataque a las instalaciones de TC Televisión con señal en vivo.
Las principales víctimas fueron periodistas individuales, que soportaron el 68,22% de las agresiones (131 casos), seguidos por medios de comunicación (47 casos) y otros actores, como activistas y creadores de contenido. Este año, los actores estatales se consolidaron como los principales agresores, destacando el abuso del poder judicial como un mecanismo de censura.
El crimen organizado tuvo un impacto devastador sobre la situación, recurriendo a tácticas como la extorsión y las amenazas de muerte para silenciar voces críticas. Por otro lado, las periodistas mujeres enfrentaron 45 agresiones, muchas de ellas con un componente de violencia de género, lo que evidencia una doble vulnerabilidad que afecta su trabajo y seguridad.
En el ámbito geográfico, Pichincha y Guayas concentran la mayoría de los incidentes. Sin embargo, la violencia contra la prensa se ha extendido por todo el país e incluso al espacio digital, que sigue siendo un terreno fértil para los ataques.
Estos datos, registrados por Fundamedios en su informe anual, no solo describen una crisis estructural y profunda, sino que subrayan la necesidad urgente de implementar medidas de protección efectivas y garantizar la justicia para quienes defienden la verdad en un entorno cada vez más hostil.
