Pamela Martínez actuaba por sí sola y sin el consentimiento de su jefe inmediato, Rafael Correa, ni el conocimiento de otros funcionarios de su gobierno para exigir contribuciones ilegales a los contratistas del Estado: posicionar esa tesis ha sido la tarea en la que Alexis Mera ha estado empeñado sistemáticamente durante estas últimas semanas del juicio por el caso Sobornos en la Corte Nacional.
En sus frecuentes apariciones en su cuenta de Twitter, el ex asesor jurídico de Correa y gran arquitecto jurídico de su gobierno, ha tratado de retratar a Pamela Martínez como una corrupta que estaba enriqueciéndose a costilla de los empresarios sin la participación de nadie más. El propósito de Mera, quien tiene prisión domiciliaria, es sencillo: liberar a Correa de las responsabilidades en el caso y destruir la teoría de la Fiscalía de que en Carondelet había una estructura delictiva dirigida desde el Despacho Presidencial cuyo fin era recaudar dinero de los contratistas del Estado para sostener el estado de propaganda del correísmo. Si Martínez actuaba sola, entonces no hay caso, es la idea que Mera y los incondicionales de Correa están tratando de posicionar.
Mera ha intentado agarrarse de cualquier oportunidad para perfilar a Martínez como la Gran Ladrona, como escribió en uno de sus mensajes más recientes: «Se está confirmando que aquí no hay: ‘estructura delincuencial’, sino el robo de una Gran Ladrona». Lo dijo cuando la abogada de uno de los empresarios procesados, Pedro Verduga, afirmó que su defendido había sido presionado únicamente por Pamela Martínez para conseguir dinero. «Actuaba por su cuenta. Prueba de que no hay ‘organización delictiva”, puso en otro tuit dos días antes. Mera, quien se victimiza al decir que el sistema de justicia lo trata injustamente y que es un perseguido político, ha sostenido incluso desde antes que se instale el proceso que Martínez y su asesora Laura Terán actuaban por su cuenta. «A la Gran Ladrona y su asistente las liberan apenas lo solicitan», dijo el 5 de febrero. El ex asesor jurídico de Correa no es el único: el ejército virtual de incondicionales que el ex presidente Correa tiene en redes sociales se hace eco una y otra vez de esta tesis.
Historias de un caso politizado y manejado corruptamente: a la Gran Ladrona y su asistente las liberan apenas lo solicitan. Dos grandescontratistas declarados inocentes. A Odebrecht nadie la toca. Yo he pedido 6 veces que me revoquen mi arresto domiciliario y me lo niegan.
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Sin embargo, a la luz de los hechos la tesis que tratan de construir Mera y los suyos no se sostiene. ¿Cómo es posible que una simple asesora presidencial haya logrado captar más de 7 millones de dólares de donaciones ilegales sin tener algo que ofrecer a cambio a los empresarios?
Para comenzar está el caso de Odebrecht, que entregó un total de 5,6 millones de dólares al movimiento de Correa. Es evidente que esa empresa no iba a entregar dinero a Martínez si ella no conexiones con los niveles más altos donde se tomaban las decisiones. Es más, existen evidencias de que los ejecutivos de esa empresa tenían muy claro que sus contribuciones ilegales tenían como contraparte un favor del gobierno. Una de esas evidencias está en el computador de Laura Terán. Ahí se halló un correo de José Conceição Santos donde menciona que tras las aportaciones hechas por la empresa están pendientes los contratos para el acueducto La Esperanza, el poliducto Pascuales-Cuenca y la remoción de tierras para la refinería del Pacífico. Esos contratos, efectivamente, se firmaron a finales del 2013.
En 2014 Gerado Luis Pereira Souza envió un correo electrónico a Martínez y Terán, bajo el nombre de «Boleta Constitucional Aepiva 2005». Martínez pregunta a otros funcionarios sobre el caso y le explican que se trata de una Acción Extraordinaria de Protección sobre un juicio en el que se condenaba a pagar a la empresa 43 millones de dólares por atrasos de impuestos. El 20 de abril del 2013, Pereira de Souza había consultado a Martínez y le había enviado un escrito de cuatro páginas para tratar de impedir un fallo en contra de la empresa. Poco tiempo luego de que se entregaron las donaciones a Alianza País, la sala de lo contencioso de la Corte Constitucional dio la razón a la empresa brasileña. La sentencia tuvo siete votos a favor: Antonio Gagliardo, Tatiana Ordeñana, Alfredo Ruiz Guzmán, Manuel Viteri Olvera, María del Carmen Maldonado y Patricio Pazmiño Freire. En los documentos hallados en el computador de Laura Terán hay un memo de abril del 2013 enviado por ella a Martínez en el cual le informa que «el Sr. Patricio Pazmiño (entonces presidente de la Corte Constitucional) insiste en el cargo para el hermano en el Ministerio de Educación a pesar de que en cada llamada le he explicado que usted le consultará en despacho al SP”. La sentencia a favor de Odebrecht fue de septiembre del 2013 y en octubre del 2015 Martínez fue nombrada jueza y vicepresidente de la Corte Constitucional. ¿Por qué Odebrecht habría hablado con Martínez sobre ese caso en la Corte Constitucional si no tenía poder sobre ese organismo?
En ese mismo documento escrito por Laura Terán, donde se ven las gestiones de Martínez para que la Corte Constitucional falle a favor de Odebrecht, hay otra evidencia que muestra que Martínez no actuaba por sí sola, como sostiene Mera y los áulicos de Correa. «Paulina Proaño (la tesorera de Alianza País) solicita que las facturas pendientes sean cubiertas lo más pronto posible, que es una disposición”. ¿De quién más podía ser la disposición si no del presidente del movimiento que era Rafael Correa?
Únicamente alguien con capacidad de incidir en el comportamiento del Gobierno podía chantajear a empresarios como muchos de los que actualmente están encauzados por la Fiscalía. Es el caso de Pedro Verduga, propietario de Equitesa. Según su defensa, cuando Pamela Martínez lo contactó para que haga sus donaciones, le hizo saber que solo así el Gobierno iba a cancelar las planillas que tenía con él por varios trabajos que había hecho en carreteras. ¿Cómo podía Pamela Martínez ordenar al ministerio pertinente que haga los pagos si no había un apalancamiento superior?
Es evidente que Pamela Martínez no podía operar por sí sola y en conocimiento únicamente de su esposo como sostienen Mera y otros correístas incondicionales. Martínez era tan solo una asesora del despacho presidencial. La tesis de Mera se hace más insostenible aún si se considera que durante el gobierno de Correa nada que fuera medianamente importante y trascendente se hubiera hecho sin su pleno consentimiento, conocimiento y liderazgo. Correa ha sido muy cauto con Martínez en sus declaraciones y ha preferido no acusarla de nada, como sí lo ha hecho Mera quien aparentemente es el encargado de posicionar la idea de que Martínez era una corrupta con la intención de desvincular al resto de procesados del operativo de cohecho por el cual son juzgados. Correa ha preferido no apuntar sus dardos y deslegitimar a Martínez porque ella fue la persona de mayor confianza durante mucho tiempo y sabe todas las cosas que él hizo. Incluso Pedro Delgado, pariente de Correa que fue director del Banco Central, sostiene que Martínez le manejaba hasta sus cuentas bancarias y que nadie, como ella, conoce tanto lo que hacía el ex presidente.
Alexis Mera puede repetir hasta la cansancio que Martínez es la Gran Ladrona en el tema de los sobornos: las evidencias de que ella era tan solo un engranaje del operativo son demasiado contundentes.
Foto: El Universo.
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