Las medias verdades de una rebelión de once días
Se escuchó al ministerio de Gobierno minimizar la represión y sostener que los muertos “fueron accidentales”. Pero los “accidentes” se dan en el marco de la protesta, de la asfixia de los gases lacrimógenos, de la brutalidad policial.
Las heridas son profundas ahora en Ecuador. En los 11 días de paralización y protestas reventó una olla de presión que tiene que ver con la inequidad, con el hartazgo, con la falta de oportunidades, con la pobreza, con el desempleo, con la falta de atención sanitaria, con una población que vive bajo el límite de la pobreza, con el maltrato, con la marginalidad, con una juventud sin futuro, ninguneada, con la rabia contenida. De todos estos ingredientes está hecho el caldo de cultivo de la crisis desatada en octubre. El Decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles —vigente desde 1974—, fue la mecha que encendió el malestar en una sociedad crispada, harta de pagar de su bolsillo los platos rotos de la economía.
Aproximarse a los acontecimientos vividos en Ecuador resulta complejo. Separar la paja del trigo no es un ejercicio fácil porque de medias verdades está tejida la historia de esta trifulca. Lo que pasó en Ecuador dejó 12 muertos, 11 personas mutiladas (perdieron sus ojos por el impacto de bombas lacrimógenas y piedras), 1340 heridos durante las protestas por los incidentes con la fuerza pública, 1152 detenidos (Informe de Defensoría del Pueblo). Además, 148 policías heridos (uno de ellos también perdió un ojo y otro resultó con quemaduras por una bomba molotov), 42 ambulancias destruidas, además de otros daños —como el del incendio en Contraloría, varias Unidades de Policía Comunitaria quemadas en Quito así como patrulleros incendiados en el país. Entre las cifras de la jornada están también las de una prensa herida, cuestionada por sesgar sus coberturas, alinearse al gobierno y ocultar el descontento popular. Una prensa ha sido tildada de “corrupta” y otra, amenazada por la autoridad. Quienes piden cobertura y espacio, en cuanto ven a un periodista, fotógrafo o camarógrafo, estos se convierten en blanco de todo tipo de agresiones. En la jornada fueron 131 periodistas agredidos, tanto por la fuerza pública como por los manifestantes, además de las agresiones verbales, hostigamiento e imposibilidad de hacer su trabajo. Las instalaciones de dos medios de comunicación tradicionales (Teleamazonas y El Comercio) fueron atacadas.
En estos días se escuchó al ministerio de Gobierno minimizar la represión y sostener que los muertos “fueron accidentales”. Pero los “accidentes” se dan en el marco de la protesta, de la asfixia de los gases lacrimógenos, de la brutalidad policial al pasar en caballos entre la masa de gente, de la persecución de la policía motorizada a jóvenes manifestantes o de los disparos de los gases lacrimógenos directamente a los cuerpos —y a la cara— de manifestantes.
Las universidades de Quito tuvieron un rol clave en el conflicto.
Los muertos y heridos son el saldo trágico del descontrol y de la represión. La ministra pidió disculpas porque “cayó una bomba lacrimógena en la Universidad Politécnica Salesiana”, pero las bombas no caen... las fuerzas del orden las arrojaron en zonas declaradas de humanitarias y de paz.
Pero también se dijo, en redes sociales, donde se desató una batalla digital (inumerables fake news con fotomontajes y comunicados falsos), que “Nos están matando y masacrando”, creando situaciones de pánico, como si las fuerzas del orden hubiesen disparando a mansalva con armas letales a los pacíficos manifestantes. No se puede negar la represión de la que fueron víctimas los manifestantes, pero tampoco se puede afirmar que ni policía ni militares hayan disparado a matar a la población ni que haya habido una masacre. El Estado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seguramente tendrá que hacerse cargo de los muertos, heridos y detenidos.
Pero también se dijo, en redes sociales, donde se desató una batalla digital (inumerables fake news con fotomontajes y comunicados falsos), que “Nos están matando y masacrando”, creando situaciones de pánico, como si las fuerzas del orden hubiesen disparando a mansalva con armas letales a los pacíficos manifestantes. No se puede negar la represión de la que fueron víctimas los manifestantes, pero tampoco se puede afirmar que ni policía ni militares hayan disparado a matar a la población ni que haya habido una masacre. El Estado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seguramente tendrá que hacerse cargo de los muertos, heridos y detenidos.
La jornada tuvo matices del todo dispares: así como se mostraron enormes gestos de solidaridad, cantidades de donaciones y brigadas de jóvenes en las universidades para atender y acoger a quienes llegaban a la marcha, médicos dispuestos a curar heridos y dar asistencia, mujeres prestando su ayuda para cuidar a los niños, jóvenes en primera línea para dar agua y comida a los huéspedes de Quito; también se dejó ver ese lado oscuro de la sociedad: el racismo y la intolerancia, la ira y la venganza, la violencia y la condena.
En los días del paro hubo exacerbación. Gente que compró todo lo que pudo como si se avecinara un terremoto, dejando desabastecidas las tiendas de barrio y los supermercados; se hicieron convocatorias reñidas con el sentido común—vía redes sociales y mensajería instantánea— a detener, requisar y apedrear ambulancias regando el bulo que éstas llevaban armas para la policía y los militares, obstaculizando las atenciones de emergencias médicas y poniendo en peligro vidas humanas.
En la última década o un poco más, el país se dividió en dos. Si algo dejó de herencia el correísmo es el encono, esa polarización del país en buenos y malos, ricos y pobres, derecha e izquierda, explotadores y explotados, en salvadores de la patria y terroristas o miembros de la CIA: un país en blanco y negro al que se le han quitado todos los colores.
En la última década o un poco más, el país se dividió en dos. Si algo dejó de herencia el correísmo es el encono, esa polarización del país en buenos y malos, ricos y pobres, derecha e izquierda, explotadores y explotados, en salvadores de la patria y terroristas o miembros de la CIA: un país en blanco y negro al que se le han quitado todos los colores.
La fuerza de las palabras, sumada a las desigualdades sociales, ha sido como un virus que ha inoculado en los ciudadanos hasta hacerlos sacar lo peor de cada uno: la intolerancia, el irrespeto, la incapacidad de diálogo y la incapacidad de escucha y visiones —y versiones— que parecen irreconciliables.
Ahí donde los manifestantes veían masacre al pueblo, las autoridades veían vandalismo y saqueos. Ahí donde los activistas de derechos humanos veían atropellos, el gobierno veía “legítimo uso progresivo de la fuerza”. Ahí donde un sector de la sociedad veía una marcha pacífica, otro sector veía estrategias de guerrilla urbana e incluso narco-guerrilla y gente armada con palos, piedras y cohetes. Ahí donde unos pedían que pare la represión, otros pedían, sin más, “dar bala” a los indios. Ahí donde unos ven “infiltrados correístas”, otros ven “infiltrados del gobierno”. Ahí donde se vio generosidad y compromiso humanitarios como el de las universidades Politécnica Salesiana, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Católica del Ecuador, Universidad Central y Casa de la Cultura, que acogieron a los indígenas y crearon zonas de paz, el gobierno vio centros de abastecimiento para la insurgencia y el vandalismo.
Ahí donde los manifestantes veían masacre al pueblo, las autoridades veían vandalismo y saqueos. Ahí donde los activistas de derechos humanos veían atropellos, el gobierno veía “legítimo uso progresivo de la fuerza”. Ahí donde un sector de la sociedad veía una marcha pacífica, otro sector veía estrategias de guerrilla urbana e incluso narco-guerrilla y gente armada con palos, piedras y cohetes. Ahí donde unos pedían que pare la represión, otros pedían, sin más, “dar bala” a los indios. Ahí donde unos ven “infiltrados correístas”, otros ven “infiltrados del gobierno”. Ahí donde se vio generosidad y compromiso humanitarios como el de las universidades Politécnica Salesiana, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Católica del Ecuador, Universidad Central y Casa de la Cultura, que acogieron a los indígenas y crearon zonas de paz, el gobierno vio centros de abastecimiento para la insurgencia y el vandalismo.
¿Cómo queda Ecuador hoy, después de los acontecimientos de octubre? ¿Cómo quedan sus principales actores? ¿Qué otras lecturas pueden aportar al entendimiento de lo ocurrido? Intentaremos el análisis, pero no en blanco y negro, sino con algunos matices.
La crisis de octubre dejó unos ciudadanos con sensación de indefensión, de miedo, de angustia, de desconfianza y de incertidumbre. Dejó barrios encendidos: unos al ataque y otros dispuestos a la defensa de sus familias. Dejó en claro que hay problemas estructurales graves y agendas postergadas desde hace décadas. Dejó también una Asamblea ausente, sin capacidad de canalizar la situación para ninguna parte.
Pero también deja la sensación de que nadie quiere hacerse cargo de la situación por la que atraviesa el país: una deuda externa que supera el PIB y un déficit fiscal cercano al 8%, cifras que no se las puede atribuir exclusivamente a las presiones del Fondo Monetario Internacional sino a un mal manejo económico que tiene décadas de historia. Ecuador tiene una deuda de 9.889 millones de dólares (cifras hasta julio de 2019) adquirida con 16 países, y solo a China, su mayor acreedor, le debe el 16% de esa abultada cifra. A China se le han comprometido los ingresos petroleros y no hay claridad en las condiciones de sus créditos de la misma manera que no hay claridad en las condiciones del FMI. Ni las élites, ni los trabajadores, ni los choferes, ni los políticos, ni los líderes de oposición han estado dispuestos a poner un duro —ni en plata ni en ideas— para salir de ese escenario de números rojos.
¿Un triunfo de los indígenas?
Sí. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE en un hecho sin precedentes, puede exhibir un triunfo en esta movilización. Logró doblegar al gobierno y sentarlo a negociar públicamente. Consiguió la derogatoria del Decreto 883 en el que se eliminaba el subsidio al diésel y a la gasolina. El movimiento indígena retomó protagonismo y fuerza e hizo escuchar su voz.
El costo fue alto. Ellos pusieron el cuerpo y los muertos. CONAIE logró sumar a otros actores a la protesta: trabajadores, estudiantes, activistas con distintas reivindicaciones y con distintas demandas y preocupaciones, trabajadores petroleros (mestizos e indígenas) descontentos con la situación en la región amazónica o montubios campesinos en la costa descontentos con lo que pasa con sus productos y con la inercia estatal. En un mismo grito, el del descontento, distintos actores y movimientos sociales se sumaron a la convocatoria de CONAIE.
Ésta, durante los días del paro, no puso en la agenda temas que han sido claves en sus últimas manifestaciones políticas: el extractivismo en sus territorios, la plurinacionalidad, la defensa de su territorio, el derecho a la consulta previa, la defensa del agua... sino que centró su reclamo en la derogatoria del Decreto 883 y la eliminación del subsidio a los combustibles además de su rechazo a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Pasados unos días de la revuelta y luego de haber logrado el diálogo, CONAIE hizo una convocatoria más amplia a otros sectores de la sociedad, para trabajar propuestas encaminadas hacia un nuevo modelo, en el Parlamento de los Pueblos. Las propuestas se entregarán a Naciones Unidas, cuyo papel ha sido el de mediador entre los indígenas y el gobierno.
La capacidad de movilización de la Conaie puso de manifiesto la vuelta de prejuicios y valoraciones racistas.
El triunfo puede volverse un bumerang: las protestas han despertado un monstruo que estaba dormido: el del racismo. Así como muchos jóvenes mostraron su empatía y solidaridad, acudieron a las universidades y zonas de paz a hacer sus donaciones y a colaborar con la gente que permaneció ahí albergada durante los días del paro, un buen sector de la población, su clase media trabajadora—además de las élites— ha mostrado su rechazo a la violencia desatada durante esos días que fue atribuida a los indígenas.
Una buena parte de la sociedad ecuatoriana dice no sentirse representada por los indígenas, cuestiona las posturas de los dirigentes y sus encendidos discursos e incluso les acusa de haber obstaculizado una posible salida a la crisis (la de la eliminación de los subsidios, para muchos una medida justa y necesaria, un subsidio que ha sido cuestionado desde hace años), de querer crear un “gobierno paralelo”, de querer la “secesión” o de haber sido utilizados por el correísmo en esta movilización. Así como el movimiento indígena ha provocado empatías, ha sumado seguidores, ha despertado utopías y ha movido el piso de quienes eran indiferentes ante las situaciones de injusticia y discriminación, así también ha provocado rechazos y cuestionamientos a su falta de autocrítica, a mantener posiciones cerradas y discursos inamovibles de combatientes de los años ochenta en una sociedad que ha cambiado y frente a una realidad que es cada vez más compleja (y que lo ha demostrado la misma movilización).
¿El triunfo del gobierno?
Moreno se sostuvo en el cargo pese a los 11 días de radicales protestas y puede exhibir eso como un triunfo. Pero los indígenas le pusieron contra las cuerdas y tuvo que ceder a la presión y aceptar la derogación del Decreto 883. Equipo que gana no se desgrana: cambió la cúpula militar y renunció su ministra de Inclusión Económica y Social, su popularidad cayó a un 17 por ciento según la última encuesta de CEDATOS. La dificultad del gobierno para buscar consensos luego de dos años de llamados a diálogos y de un supuesto Acuerdo Nacional al que no asistieron importantes actores de la vida nacional, le pasaron factura. El gobierno de Moreno mostró la incapacidad de convocar a distintos sectores a ese Acuerdo, que debía darse antes de tomar ninguna medida económica, incapacidad de trabajar en un pacto social para salir de la crisis. No bastaba reunirse con su círculo íntimo, con su mesa chica, rodearse de los representantes de las cámaras y los empresarios, para acordar medidas.
Nada hizo el gobierno por sentar en ese acuerdo nacional ni a CONAIE ni a otros actores (trabajadores, choferes, jubilados, estudiantes, mujeres, ambientalistas, colectivos). CONAIE, en su momento rechazó la invitación, pero no hubo una ofensiva diplomática ni interés alguno en insistir en que participe en las convocatorias. En esas condiciones, lanzar un paquetazo económico y esperar que no haya reacción popular fue o ingenuidad o torpeza.
El gobierno también mostró su incapacidad para la contención de la crisis. Dejó pasar 11 días de paralización —y caos— a punta de represión, empeñado en la necesidad de llevar adelante las medidas económicas, antes de aceptar sentarse en la mesa de negociación, dejando a los ciudadanos en la indefensión. Aceptó, tarde, el diálogo y echar abajo el Decreto, frente a mediadores (ONU y Conferencia Episcopal de la iglesia católica) pero, a la vez, ha insistido, a través de terceros, en las denuncias contra sus interlocutores y en deslegitimar la protesta de CONAIE y de otros sectores de la sociedad para convertirla en la teoría de una conspiración, cosa que deberá demostrar. El gobierno luce solo, desencajado y a merced de la propuesta que envíen sus interlocutores, sin ninguna iniciativa más allá de la de fortalecer la seguridad del Estado ante lo que considera amenazas a la estabilidad y democracia del país.
Lanza un paquetazo y esperar que no haya una reacción popular fue una muestra de ingenuidad o de torpeza.
El correísmo, ¿derrotado?
Varios análisis de prensa han afirmado que Correa y sus seguidores salieron derrotados en sus intenciones de propiciar un golpe de Estado, en los llamados de sus militantes a tumbar al gobierno de Moreno o en sus pedidos de muerte cruzada, es decir, a que renuncie el Presidente y renuncie la Asamblea para que se convoque a elecciones anticipadas. Sin embargo, queda claro que la consigna de “Recuperar la Patria”, ha convocado a miles de sus seguidores, simpatizantes y militantes, que están en todas partes: en el mismo gobierno, en los gobiernos autónomos descentralizados, en las juntas parroquiales, en los barrios y sus comités de defensa de la revolución (CDR) y en los trollcenter montados durante su mandato y también, por qué negarlo, entre los indígenas, que no son un grupo homogéneo y que tiene dirigentes y líderes con distintas posturas ideológicas aunque sus decisiones se tomen en consenso.
El correísmo dejó posturas infranqueables, alimentadas por lugares comunes, repetición insaciable de etiquetas usando términos como pelucones o prensa corrupta en cada discurso, cada sábado, durante diez años, una y otra vez, en la confrontación permanente entre colegas, entre familias, entre vecinos, entre amigos, en los barrios, en las escuelas y universidades. Hoy puede exhibir como un triunfo el resultado de esa polarización en la que ha quedado la sociedad ecuatoriana.
El descontento frente al gobierno de Lenín Moreno y frente a la ineficacia de las instituciones, el rechazo a las medidas económicas que éste pueda tomar y de la que todos los sectores se verán afectados, la persecución a los militantes correístas, el asilo político pedido por sus asambleístas que se consideran víctimas y perseguidos, dan puntos al correísmo y lo fortalece. Mientras más aguda sea la crisis y en el imaginario de los ciudadanos se mantenga la bonanza vivida en el gobierno anterior (por el precio del petróleo o por los créditos concedidos, da igual), más posibilidades tiene Correa de subir en popularidad y, quien sabe, de volver a gobernar.
Pescadores en río revuelto
El gobierno deberá demostrar si hubo o no injerencia desestabilizadora en la protesta, pero es evidente que hubo quien quiso pescar en aguas turbulentas. La CONAIE ha dicho en uno de sus comunicados, el 26 de octubre de 2019, que no ha habido injerencia de ningún tipo y que eso es deslegitimar la protesta indígena, es decir, que asume la protesta y los desmanes. Los cientos de relatos, testimonios e informaciones e incluso redes sociales, dan cuenta de que hubo quienes se montaron sobre el paro y la protesta quienes quisieron la renuncia de Moreno, quienes pidieron a gritos la intervención de los militares para que le quiten el apoyo o hicieron llamados a la muerte cruzada. La solicitud de asilo de asambleístas del bloque correísta a la embajada de México además de los mensajes enviados por twitter por el ex presidente Correa, dan cuenta de ello. Si no tuvieron nada que ver con la protesta indígena, quisieron apropiarse de ella. La CONAIE neutralizó a esos actores y apareció sola en el diálogo televisado por cadena nacional y en la convocatoria a los distintos sectores a plantear las propuestas que serán entregadas a Naciones Unidas.
Por otro lado, las declaraciones de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, en Venezuela, acerca de la brisa revolucionaria que sopla en el continente y de las resoluciones del Foro de Sao Paulo, inclinaron la balanza de la opinión pública hacia esa tesis de la conspiración. Si no tuvieron nada que ver con la chispa encendida en Ecuador (y en las jornadas de protesta en Chile), sus aplausos y regocijo frente al descontento popular han querido que así parezca.
¿Venganza y cacería de brujas?
En 2007, durante el gobierno de Rafael Correa, cuando el paro de Dayuma, en la Amazonía, en el que 25 personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo y sabotaje, el gobierno apresó a la Prefecta de Orellana, a quien se le endilgó la responsabilidad de organización y financiamiento de los paros de Dayuma e Inés Arango. Ahora el turno le tocó a la Prefecta de Pichincha, detenida y acusada de cargos similares: apoyo logístico a las jornadas de protesta, con recursos públicos, interés de desestabilización.
En 2012, en un operativo llamado Sol Rojo, se apresó a los 10 jóvenes en el caso conocido como “Los 10 de Luluncoto”. Fueron acusados de terrorismo y de querer atentar contra la seguridad del Estado, así como de pertenecer al Grupo de Combatientes Populares. Ellos perdieron su libertad cuando iban a debatir sobre las políticas del gobierno en una vivienda en el sur de Quito. La policía encontró en su poder cuadernos, agendas, afiches del Che Guevara, periódicos, que consideró material subversivo. Ahora, la policía ha considerado material subversivo tarjetas de crédito, dinero o pancartas, halladas durante el allanamiento a la vivienda de ex funcionarios del correísmo. También han allanado lugares como las oficinas de la ONG Maquita, organización nacida del trabajo de la iglesia católica, las comunidades de base y contraparte de Pan para el Mundo.
La rivalidad entre correístas y morenistas, antes militantes de un mismo partido y hoy enemigos acérrimos, está provocando esta suerte de cacería de brujas. Las fuerzas del orden y la justicia actúan de la misma manera: desde la represión, desde la judicialización y criminalización de la protesta social. Las cuitas entre los funcionarios de este gobierno con las del gobierno anterior están saliendo caras al país. Correa tuvo su 30 de Septiembre (30 S) y Moreno, su Octubre. Y la actuación de ambos gobiernos ante ambos eventos ha sido la misma: fraguar teorías conspiratorias, allanamientos, empecinarse en las acusaciones, persecución a líderes y dirigentes de oposición, denuncias de terrorismo y sabotaje, de intentos golpistas y de desestabilización, incursiones de policías y militares en espacios de ONG... en resumen, una cacería de brujas en la que todo aquel que simpatice con el gobierno anterior será perseguido, de la misma manera que fueron perseguidos quienes, en su momento, se opusieron al régimen anterior. Muy mala señal para la estabilidad democrática del país e incluso para buscar salidas coherentes a las justas demandas de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana.
¿Epílogo?
Esta historia parece no tener final, y seguro, no tendrá un final feliz. El gobierno por ahora parece más empeñado en demostrar su teoría de la conspiración que en sostener el diálogo para salir de la crisis o en discutir sobre la focalización de los subsidios u otras medidas. El gobierno insiste en las que ya ha planteado. La CONAIE, por su parte, ha puesto sobre la mesa de negociación una propuesta que es más estructural (¿un nuevo modelo?), construida con otras organizaciones y que incluye muchos más temas de la larga agenda pendiente que tienen los gobernantes con los sectores menos favorecidos. Los indígenas plantean una serie de impuestos dirigidos a las ganancias de las 270 empresas más grandes del país, mientras la derecha, encarnada en el Partido Social Cristiano, se ha negado a aceptar cualquier medida que signifique impuesto alguno, ni los impuestos propuestos por el gobierno ni aquellos propuestos por los indígenas.
Sanar a un país con una brecha social y económica tan grande parece más complicado que echar cada vez más sal y ají a sus profundas heridas. Todos parecen querer que esas heridas se agranden y duelan cada vez más.
Este informe de coyuntura cuenta con el auspicio de Brot für die Welt (Pan
para el Mundo), Berlín, Alemania.
para el Mundo), Berlín, Alemania.
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