viernes, 31 de julio de 2026

 

Caso Progen: Asamblea archiva pedido de juicio político a Inés Manzano

Por

Redacción La Hora,

31 de julio 2026 • 17:15 hs

La mayoría gobiernista del Pleno de la Asamblea Nacional decidió archivar el pedido de juicio político en contra de Inés Manzano, exministra de Energía del presidente Daniel Noboa.

La moción de archivo obtuvo 81 votos afirmativos, que contó con el apoyo de los legisladores de ADN y sus aliados. El correísmo, que impulsó el juicio político, logró 58 votos negativos.

El correísmo buscaba la censura de Manzano porque supuestamente habría participado en las irregularidades del Caso Progen. Este tiene que ver con la entrega de $104 millones a cambio de motores generadores de energía inservibles.

Rafael Oyarte e Ismael Quintana, defensores de Manzano, dijeron durante el proceso previo en la Comisión de Fiscalización que durante toda la etapa de prueba, ninguno de los interpelantes había presentado prueba alguna que demuestre que la exministra Manzano tuvo una intervención directa o indirecta en el tema de contratación o pago de los equipos que fueron adquiridos para superar la crisis eléctrica que vivió el Ecuador. (DLH)



 


 


 


 Roberto Aguilar

Actualizado:

Las claves que debes saber

  • INEC reporta pobreza de 21,37% en 2025; margen de error cuestiona la caída anunciada por Noboa.
  • Gobierno de Daniel Noboa destaca reducción 2024-2025; datos oficiales muestran amplio intervalo de confianza.
  • Informe de pobreza del primer semestre de 2026 no se publica; crecen dudas sobre las cifras oficiales.


 Directivo de Progen confiesa en Estados Unidos y detalla cómo fue la estafa al Estado ecuatoriano

Wade Minning, vicepresidente de Mecánica de Progen, y hermano del CEO de la compañía que estafó a Ecuador en la venta de generadores eléctricos, declaró ante una Corte en Florida los detalles de esa operación ilegal y el destino de los fondos millonarios que salieron de Celec.

Un distanciamiento familiar es el origen de una confesión alrededor del caso Progen. Wade Manning se convirtió en el testigo estrella de Celec en la demanda planteada en contra de la empresa estadounidense y sus directivos en Florida.

El 24 de julio de 2026, Wade Manning rindió una deposición bajo juramento, a cuya transcripción tuvo acceso PRIMICIAS. Ahí declaró que en los últimos meses ha tenido un alejamiento con su hermano John Manning, CEO de Progen y quien encabezó las negociaciones con Celec en 2024 para la venta de generadores eléctricos por más de USD 110 millones.

La pelea de los Manning se originó en diciembre de 2025, cuando ya había sido presentada la demanda en Estados Unidos y en Ecuador se investigaba un peculado detrás de los fallidos contratos. Progen había dejado de pagar el sueldo de USD 13.000 mensuales a Wade Manning, lo que lo llevó a renunciar en marzo de 2026. 

Además, en su relato, Wade Manning dijo que una vez que se había confirmado su declaración en la demanda de Celec contra Progen, en junio de 2026, recibió una transferencia de USD 43.000 de Progen sin ninguna explicación ni aviso. Y que todavía le deben USD 65.000.

Los documentos y generadores viejos

La primera confesión de Wade Manning fue que, para ganar los contratos en Ecuador, Progen falsificó de manera sistemática los certificados que garantizaban la experiencia requerida de la empresa para proveer los generadores y otros documentos.

Por ejemplo, Progen había presentado un certificado que lo avalaba como fabricante experto global en materia energética, cuando nunca había participado en un proyecto de esa magnitud. El mismo Wade Manning admitió que no tenía formación académica en mecánica o energía.

Además, la empresa estadounidense presentó múltiples referencias internacionales de su supuesta participación en proyectos previos. Cuando en realidad solo había instalado tres generadores en Texas, por lo que también hubo una demanda; y cuatro en África, que generaron quejas formales.

Finalmente, Progen certificó que los equipos que iba a entregar a Ecuador eran nuevos y tenían cero horas de uso. Pero, la verdad es que los generadores habían sido comprados bajo la modalidad conocida como "as-is".


Caso Progen: Generadores de 2009, placas adulteradas e inspecciones millonarias por Zoom

Esto significa que los generadores fueron adquiridos como bienes usados, en el estado físico y técnico exacto en el que se encontraban en ese momento, y en el lugar donde estaban ubicados (en Houston, Texas), sin que el vendedor asumiera ninguna obligación de repararlos, limpiarlos o completarlos.


Equipos fraudulentos

Según el relato de Wade Manning, para entregar los generadores a Ecuador, Progen adquirió 21 unidades EMD modelo 20-710 usadas en Houston a través de Apollo Electric. El valor de la transacción fue de USD 8,9 millones.

La deposición señala que los números de serie de estos motores identificaban años de fabricación antiguos, invalidando cualquier pretensión de ser equipos nuevos. Para falsear esa realidad, según Wade Manning, Progen retiró las placas originales de los fabricantes.Entonces, contrataron a la empresa InterFab para limpiar y pintar los generadores. Además, colocaron nuevas placas con la marca Progen y números de series manipulados para fingir la fabricación propia.

Además, Manning admitió que los equipos eran inútiles para el propósito contractual que buscaba Celec, ya que no eran aptos para Heavy Fuel Oil (HFO) y jamás fueron sometidos a pruebas de rendimiento adecuadas.


Una casa de lujo

En su relato, Wade Manning también relató un viaje de su hermano John, CEO de Progen, a Ecuador. Lo acompañaron. Andrew Williamson, director de operaciones de la compañía y el único procesado por peculado a nivel local.

También viajaron Garrett Williamson, hijastro de Andrew, y Scott Crampton, vicepresidente de Ingeniería Eléctrica de Progen. El declarante dijo que no tiene más detalles de ese viaje y que tampoco tiene conocimiento directo de supuestos pagos de sobornos relacionados con funcionarios en Ecuador.

Lo que sí relató es que luego de que volvieron de ese viaje y una vez que Celec desembolsó el dinero de los generadores a Progen, Andrew Williamson compró en diciembre de 2025 una residencia en Canterwood Drive, Mulberry, por USD 2,85 millones pagados en efectivo.

Wade Manning admitió que se sorprendió de que Williamson tuviera tanto dinero en efectivo. Y que al preguntarle a su hermano John cómo Williamson había obtenido esa suma, John le dio la excusa de que el dinero provenía de la "jubilación de la junta escolar" de la exesposa de Williamson (con quien Williamson sigue viviendo a pesar de estar divorciados legalmente). 

Tras la deposición de Wade Manning, el caso civil por fraude, conspiración y RICO en Florida sigue en la fase de descubrimiento, en la que se fijó como límite el 1 de febrero de 2027. Además, se ha programado el juicio por jurado para el 2 de agosto de 2027.



 



 





 


 




 Consejo de la Judicatura y Administración de Justicia

Por Manuel Vallejo Chávez
El Consejo Nacional de la Judicatura se creó en la Constitución Política del Ecuador del año 1992, y su presencia data desde el 21 de diciembre de 1998. Inicialmente funcionaba como un organismo dependiente de la entonces Corte Suprema de Justicia; posteriormente, con la Constitución de 2008 se innovó, dándole su actual autonomía como el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial en Ecuador.
El objetivo primordial del Consejo de la Judicatura es asegurar un servicio de justicia transparente y eficaz, sin interferir en las decisiones jurisdiccionales de los jueces; sin embargo, este cuerpo colegiado en 34 años de creación y 28 años de vigencia, lejos de cumplir con el propósito de ser un órgano técnico, administrativo y auxiliar de la hoy Corte Nacional de Justicia, se ha convertido en un ente con súper poderes, encargado de sancionar, destituir y nombrar jueces, generando constantes disputas de poder y facilitando la injerencia de gobiernos de turno y de redes narco criminales, provocando además, recurrentes crisis escandalosas por las actuaciones de sus representantes, como es el caso de Wilman Terán y Mario Godoy, que en su momento estuvieron involucrados en actos de corrupción, mereciéndoles la cárcel y destitución, como consecuencia de juicios legales y políticos planteados en su contra.
La administración de Justicia en Ecuador siempre ha tenido problemas, y grupos de poder disputando su control, con la diferencia de que antes los principales interesados eran los partidos políticos, en la actualidad se ha sumado el crimen organizado. El deterioro de la administración de justicia es evidente, aquí cabe la pregunta: ¿Cuánta responsabilidad tiene el Consejo de la Judicatura en este deterioro?, la respuesta a esta interrogante la podemos reflexionar, considerando el amplio rechazo ciudadano, académico e institucional, que en la actualidad tiene el Consejo de la Judicatura, registrando niveles de desaprobación a su gestión cercanos al 80%, consecuentemente, esta institución es percibida como un foco de corrupción, inestabilidad y politización, cuando por ejemplo la designación de sus vocales a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad también cuestionada y desprestigiada, responde a intereses políticos y mafiosos, que ponen en riesgo la independencia y estabilidad institucional de la Función Judicial del Ecuador.
Eslóganes oficiales del Consejo de la Judicatura, como: “Hacemos de la Justicia una práctica diaria” y “Construyendo justicia para la paz social”, se los podría calificar como publicidad engañosa, por cuanto en la práctica existe una gran brecha entre lo que promete y el servicio real que presta esta entidad a la comunidad, engaño que podría ser sancionado por los organismos de control competentes, como la Defensoría de Pueblo o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por corrupción y falta de ética, si se presentara una queja formal por publicidad engañosa y falta de transparencia.
La reputación del Consejo de la Judicatura ha llegado al colmo, cuando el 13 de mayo de 2026, en una columna de opinión, el abogado Felipe Rodríguez Moreno publicó un artículo, a través del cual denuncia la existencia de un “tarifario” para influir en informes disciplinarios contra jueces y fiscales, según puntualizó, presuntamente se cobrarían USD 30.000 en caso de dolo, USD 20.000 por error inexcusable y USD 10.000 por negligencia manifiesta, calificándola además como “un nido de ratas”
Las opiniones sobre el Consejo de la Judicatura en Ecuador son alarmantes y condenables, circunstancia que debe llevarnos a reflexionar en la necesidad de una reestructuración profunda o incluso la eliminación del modelo actual donde el poder político interviene en la designación de vocales, convirtiendo a la Judicatura en un “botín político” que, en lugar de garantizar independencia judicial, se ha utilizado para crear redes de influencia y presionar a jueces,
En torno a este tema “hay mucha tela que cortar”; en lo personal, desde mi experiencia como ex funcionario judicial, considero que este ente burocrático debería desaparecer, por su nefasta gestión administrativa y financiera desde su creación; y más bien, retornar al modelo anterior mediante el cual la Corte Suprema y las Cortes Superiores de Justicia tenían mayor autonomía para regularse a sí mismas e interpretar la ley sin injerencias administrativas, y ejercían el control disciplinario y administrativo de sus propias jurisdicciones, con mejores resultados que los registrados en la actualidad por el Consejo de la Judicatura.
Concluyo, sumándome a múltiples voces que insinúan, que ante la evidente crisis de la Función Judicial en Ecuador, es urgente y necesario una reestructuración profunda que garantice independencia, transparencia y meritocracia.
Tomado de la Revista Girón 360 grados (Fascículo 23)