DEMANDANTE Y FUNCIONARIA MUNICIPAL.

30/01/2024 16:22 ENVIO DEL PROCESO A CORTE NACIONAL (RAZON)

RAZON: Siento como tal que el día de hoy remití a través de la oficina de envío de correspondencia de la Dirección Provincial del

Consejo de la Judicatura del Azuay el Juicio Contencioso Administrativo No. 01803-2021-00345, seguido por los señores MARIA DEL CONSUELO ORELLANA PACHECO Y JAVIER EFRAIN GALINDO GALINDO, en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca en las personas de su Alcalde y Procurador Síndico, y la Procuraduría General del Estado en la persona de su Directora Regional en esta ciudad; proceso que se remite en (5744) fojas contenidas en (60) cuerpos con Of. N°. 00041- TDCAC-2024, para su envío a la SECRETARIA RELATORA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE

NACIONAL DE JUSTICIA.

 

 

 

 NI LA "GUGA" AYALA SE ATREVIÓ A TANTO

 BOMBA EN BRASIL: El "Lulagate" previsional que podría devolver al "dictador" a la cárcel

Brasil contiene la respiración ante lo que se perfila como el escándalo de corrupción más devastador de su historia reciente, un terremoto político que amenaza con derrumbar el actual gobierno.

La noticia es URGENTE y está haciendo temblar los cimientos del Palacio del Planalto: desde la frialdad de su celda, el banquero Daniel Vorcaro ha comenzado a "cantar", y sus revelaciones apuntan directamente al corazón del poder, amenazando con arrastrar al dictador Lula da Silva de vuelta a prisión.

La trama, bautizada mediáticamente como el caso "Master", no es un simple desvío de fondos; es un saqueo sistemático a la dignidad de los trabajadores brasileños. Vorcaro, acusado de un fraude colosal de $7.600 millones de dólares, se encuentra en avanzadas negociaciones de colaboración con los fiscales federales.

El botín total bajo investigación asciende a la astronómica cifra de 10.900 millones de dólares, dinero que presuntamente fue drenado del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

El mecanismo del robo al pueblo

Según las investigaciones, la organización criminal operaba mediante una sofisticada estructura financiera que manipulaba datos y simulaba solvencia para desviar fondos destinados al sistema previsional. Es decir, se robaron el dinero de las jubilaciones y pensiones de los brasileños más vulnerables para enriquecer a una élite corrupta.

Lo que convierte esta situación en un polvorín político es que Vorcaro no solo posee las pruebas del fraude, sino que tiene los nombres de quienes autorizaron y se beneficiaron del esquema. Y el nombre que más resuena en los pasillos de la justicia es el de Luiz Inácio Lula da Silva.

El círculo íntimo en la mira y el retorno de la pesadilla

La onda expansiva de la colaboración de Vorcaro no se detiene en el presidente. La investigación ya alcanza vínculos comprometedores con empresas de Fabio Luis Lula da Silva, alias "Lulinha", hijo del mandatario, y salpica peligrosamente al exministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. La tesis de los fiscales es aterradora por su simplicidad: una red mafiosa que operaba con la venia y protección del más alto nivel del Estado.

Para el pueblo brasileño, esto representa la reaparición de una pesadilla que se creía superada tras el escándalo del Lava Jato. El acuerdo de colaboración que negocia el banquero preso podría implicar directamente al dictador brasileño en el mayor escándalo de corrupción previsional jamás registrado. Las pruebas que Vorcaro promete entregar podrían abrir la puerta a nuevas y contundentes imputaciones judiciales que harían inevitable su regreso a prisión.

Brasil se encuentra en una encrucijada histórica. Si la justicia avanza sin interferencias políticas, este caso no solo definirá el futuro de Lula da Silva, sino la integridad misma de la democracia brasileña ante el saqueo de lo público. La tensión es máxima y el desenlace, inminente.

 Alcibiades Onofre 

BAJO LA LUPA: COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN ACUSA AL CNE DE MANIPULAR EL JUEGO POLÍTICO EN ECUADOR.

La Comisión Anticorrupción encendió la alerta sobre el papel del Consejo Nacional Electoral, al señalar que su actuación estaría afectando el equilibrio democrático en el país.

A través de un pronunciamiento, el organismo cuestionó que el ente electoral estaría manejando los tiempos del proceso, judicializando a actores políticos y configurando un escenario que podría dejar fuera a ciertos sectores.

Según la Comisión, estas decisiones se dan en medio de lo que califican como una “autoprórroga arbitraria”, lo que, advierten, debilita aún más la ya frágil institucionalidad democrática.

El pronunciamiento también insiste en que limitar la participación política y el debate de ideas abre la puerta a escenarios excluyentes y riesgos de autoritarismo.

Mientras el país se encamina a nuevos procesos electorales, crecen las tensiones sobre el rol del organismo que debe garantizar reglas claras para todos.