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#IC / La polémica por los casi $110 millones que Celec EP entregó a Progen Industries sigue creciendo. Según documentos presentados por la estatal ecuatoriana ante un tribunal de Florida, la cuenta bancaria que recibió ese dinero ya no tiene nada. Todo se habría movido a cuentas personales, familiares y empresas intermediarias, antes de que los equipos eléctricos prometidos llegaran a Ecuador.

La demanda busca transparencia. Celec asegura que el dinero público no se utilizó para la emergencia eléctrica de 2024, sino para pagar lujos y sueldos de directivos. Entre los pagos detectados están:

Astrobryxa S.A. recibió $8,3 millones.

INYCOFYI Ingeniería y Construcciones se llevó $3,25 millones.

Andrew Williamson, CEO de Progen, usó $1,5 millones para sus tarjetas personales y $1,45 millones para su empresa Two Lions Holdings.

Otros pagos se detectaron a exfuncionarios y empresas presuntamente fantasma, por varios millones más.

Celec también denunció que los equipos entregados eran usados o averiados, y que Ecuador no recibió ni un solo vatio de los 150 MW que debían proveer desde las centrales de El Salitral y Quevedo.

Los abogados de Progen intentaron proteger los movimientos bancarios para evitar que se rastreara el destino del dinero, pero la Corte rechazó la protección y sigue adelante con la investigación.

El caso deja en evidencia un entramado complejo: dinero público desviado, pagos a intermediarios y gastos personales, mientras la crisis eléctrica del país seguía sin resolverse. #lifestyle

 En su último semestre en Harvard, Amanda Nguyen fue violada. Hizo todo lo que se les dice a las sobrevivientes que deben hacer. Luego descubrió que la evidencia física recogida de su propio cuerpo sería destruida en 6 meses, a menos que presentara un trámite para impedirlo. Y luego volviera a presentarlo. Cada 6 meses. Para siempre. Tenía 22 años. Así que decidió cambiar la ley federal.

Amanda había hecho prácticas en la NASA. Tenía grandes planes. Ese tipo de futuro que tarda años de esfuerzo en construirse por fin estaba a su alcance. Entonces todo se hizo añicos.

Fue al hospital. Denunció la agresión ante la policía. Soportó el examen forense. Tomó la cuidadosa decisión de presentar su kit de violación de forma anónima, preocupada por que un caso abierto pudiera afectar las autorizaciones de seguridad necesarias para las carreras con las que soñaba.

Fue entonces cuando el sistema mostró lo roto que estaba en realidad. Porque, al haber permanecido en el anonimato, la ley de Massachusetts le daba solo 6 meses antes de que su kit de violación, la evidencia física recogida de su propio cuerpo, fuera destruido de forma permanente.

No los 15 años que el estado permitía para presentar cargos, sino seis meses.

No había un proceso oficial para ampliarlo. No había instrucciones claras. No había nadie que la guiara. Tuvo que averiguarlo sola y repetirlo cada 6 meses, obligándose a revivir la peor experiencia de su vida solo para preservar su derecho a buscar justicia algún día.

Entonces empezó a investigar las leyes sobre kits de violación en los 50 estados. Lo que encontró fue estremecedor.

Algunos estados conservaban los kits durante años. Otros los destruían en apenas 30 días. Algunos cobraban a las sobrevivientes el costo de la recogida de su propio kit. Otros ni siquiera les notificaban qué había pasado con su evidencia. No había coherencia. No había un estándar.

"La justicia no debería depender de la geografía", dijo. Pero dependía.

En noviembre de 2014, Amanda fundó Rise, una organización sin fines de lucro dedicada a cambiar esa realidad. Todas las personas que trabajaban con Rise eran voluntarias. Recaudaban fondos mediante financiación colectiva. Su objetivo era reescribir la ley federal.

Se reunió con legisladores en Washington. Algunos asesores le dijeron que no era una prioridad. Otros pusieron en duda su historia. Ella siguió adelante. Aprendió que lo más poderoso que podía hacer era dejar de ser algo abstracto: entrar en una sala, mirar a un senador a los ojos y decir: esto me pasó a mí. Estoy sentada frente a usted.

Junto con la senadora Jeanne Shaheen, redactó la Ley de Derechos de las Sobrevivientes de Agresión Sexual, proponiendo que las sobrevivientes nunca tuvieran que pagar por la recogida de su kit de violación, que recibieran los resultados de las pruebas y que fueran notificadas al menos 60 días antes de que su evidencia fuera programada para ser destruida.

En febrero de 2016, el proyecto de ley fue presentado fue aprobado por unanimidad en el Senado, también fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes. Ni un solo voto en contra.

El 7 de octubre de 2016, el presidente Obama convirtió en ley federal la Ley de Derechos de las Sobrevivientes de Agresión Sexual. Amanda Nguyen tenía 24 años.

Rise siguió trabajando estado por estado. Hasta la fecha, la organización ha ayudado a aprobar 33 leyes en Estados Unidos, ampliando protecciones para más de 84 millones de sobrevivientes de violación.

Un movimiento iniciado en el tiempo libre, sin presupuesto y solo con voluntariado, se convirtió en una de las campañas de derechos civiles más eficaces de su generación. Y Amanda nunca dejó de intentar alcanzar las estrellas, literalmente.

En 2025, se convirtió en la primera mujer vietnamita en viajar al espacio con Blue Origin. La joven que alguna vez temió que luchar por la justicia le costara su futuro en el espacio demostró que no tenía por qué elegir entre una cosa y la otra.

Fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Fue nombrada Mujer del Año por Time. Escribió unas memorias tituladas Saving Five.

Pero quizá lo más extraordinario de la historia de Amanda Nguyen no sea ningún logro en particular. Es el hecho de que convirtió el momento más doloroso de su vida en algo que hizo el mundo más justo para millones de personas que jamás sabrán su nombre.

Era una estudiante universitaria que necesitaba que el sistema funcionará. Cuando no funcionó, lo reconstruyó ella misma, y sólo con 24 años.

Fuente: ONU Mujeres "Amanda Nguyen".