jueves, 23 de abril de 2026

 SABRÁ HARVARD...

Por Jaime Cedillo F.
Que su alumno "estrella" tiene más del 70 por ciento de desaprobación de la ciudadanía, según la última encuesta de la empresa independiente Click Report.
Recién, Cristian Zamora, alcalde de la ciudad de Cuenca, se exhibía en un vídeo desde los exteriores de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los centros de estudios más prestigiosos del mundo. Decía que se está graduando, que con méritos, que son pocos los que llegan, que él es uno de ellos, los mejores, los más brillantes, que bla, bla, bla. Se echaba flores. Se daba un baño de popularidad en medio de una cadena interminable de denuncias de corrupción que recaen sobre la paupérrima administración municipal que preside.
Sabrá Harvard, que su alumno "estrella" es investigado por la Fiscalía General del Estado, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito: que allanaron sus casas y su despacho, dentro del proceso de indagación previa, porque se detectaron que los números no cuadran, que algo huele mal, como huele mal su círculo vicioso, convertido en cómplice, encubridor y testaferro de las pillerías.
Sabrá Harvard, que su alumno "estrella" ha sido descubierto por la Contraloría General del Estado, cometiendo irregularidades en contratos con sobreprecios al margen de la ley. Tiene un récord histórico, difícil de ser superado, con 18 indicios de responsabilidad penal, que no es pelo de cochino, significa que los "cochinos" no hicieron bien las cosas, respetando la ley, direccionando contratos para favorecer a sus socios de la componenda y la corrupción.
Sabrá Harvard, que su alumno ·estrella" tiene que pagar por sus excesos: una multa de 88 mil dólares, por responsabilidad administrativa; tiene que devolver 107.031 dólares, por responsabilidades civiles. Por la terminación por mutuo acuerdo del contrato de los fotorradares, la Contraloría le impuso una glosa por 5. 5 millones de dólares (responsabilidades civiles y administrativas), más una multa por 73.050 dólares por mal uso de fondos públicos. Por la compra de un carro blindado para su uso exclusivo, por 180 mil dólares, contrato viciado y direccionado, la Contraloría le "premió" con una multa administrativa de 63.550 dólares, por falta de sustento técnico, limitación de oferentes y operación irregular.
Sabrá Harvard, que su alumno "estrella", enfrenta en la justicia tres juicios penales, uno por injurias y dos por calumnias, que le presentó la concejal Diana González Arteaga, víctima de furibundas agresiones verbales del victimario, ofensas a su buen nombre y dignidad, con acusaciones falsas para dañar su trabajo y reputación, ganado con esfuerzo y honestidad. La justicia tendrá que pronunciarse, sentar un precedente, sancionar al infractor con la ley en mano, sin presiones, sin dedicatorias, sin intimidaciones.
Sabrá Harvard, que su alumno "estrella" enfrenta dos denuncias que están siendo tramitadas en el Tribunal Contencioso Electoral, uno por hacer proselitismo político a favor de un excandidato presidencial, en el ejercicio de su cargo de alcalde; y, otro, por violencia política de género, Para los próximos días están fijadas las audiencias, y serán los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, los que determinen si se cometieron o no las infracciones al Código de la Democracia.
Por último, sabrá Harvard que su alumno "estrella" tiene el descaro de admitir públicamente, sin sonrojarse, que cobra 500 dólares por cargo en su nefasta administración. Tengo esa potestad de hacerlo. Todo el jerárquico superior, pone el billete. A confesión de parte, relevo de prueba.
Sabrá "Harvard" que servirse de un cargo público para enriquecimiento personal, resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable".
El Observador


 DESTRUYEN CASAS PATRIMONIALES

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA.
Por Jaime Cedillo F.
Cuenca, reconocida por la UNESCO desde 1999, enfrenta riesgos de perder su estatus de Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a la falta de un Plan de Gestión del Centro Histórico actualizado.
La UNESCO realiza evaluaciones periódicas a fin de comprobar la aplicación del plan de manejo que garantiza la permanencia de ese bien, decía Hernán Crespo Toral, allá por el año 2003, respondiendo las inquietudes de El Observador, sobre los atentados que se venían dando al patrimonio de la ciudad, apenas designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Al constatar que un bien puede sufrir modificaciones que alteren sus características de originalidad y autenticidad puede retirarlo de la lista del patrimonio mundial, o declararlo bien en peligro.
Intervenir en bienes culturales trae inmensas responsabilidades. Los bienes patrimoniales no son renovables; por lo mismo, antes de tocarlos no sólo que conviene conformar equipos interdisciplinarios de técnicos, científicos y expertos en historia del arte y de la cultura, sino que se debe consultar y poner al tanto a la comunidad.
Los bienes culturales no pueden ser motivo de experimentaciones sensacionalistas o de manejo poco serios.
La arquitectura es verdadera mientras haya una relación profunda entre el espacio interior y la fachada Si vaciamos el contenido y dejamos la fachada, estamos frente a una MENTIRA CERDOSA.
Qué vamos a dejar a nuestros hijos, preguntaba Hernán Crespo Toral: una especie de falsificación. La declaratoria es una obligación de conservar los bienes de la ciudad que es un ente vivo. Si se hacen intervenciones en el Centro Histórico, tienen que haber normas éticas en la intervención.
Desde 1999 (diciembre) año de la declaratoria del Centro Histórico de Cuenca, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuántos inmuebles se han destruído con la nefasta complicidad de las administraciones municipales, y el silencio de instituciones públicas y privadas, que por conveniencias políticas, por negocios económicos, por intercambio de favores, por contratos de consultorías y otras prebendas más, han jugado el papel de ciegos, sordos y mudos. La lista de la infamia es larga y dolorosa.
Sobre la reciente demolición de dos inmuebles más, bellos, incomparables, históricos, joyas culturales de la ciudad; conversamos con el doctor Felipe Díaz Heredia, autor de esa extraordinaria obra de investigación: " Epigrafía y Escultura Patrimonial de Cuenca", ciudadano, como pocos, que ha dedicado sus mejores años a defender a Cuenca y su invaluable patrimonio cultural.
Doctor Díaz, qué criterio le merece esta nueva acción perversa que han cometido, entre gallos y media noche, los enemigos del patrimonio cultural edificado en el corazón de la ciudad?
Las casas patrimoniales de Cuenca se desploman una tras otra en pleno Centro Histórico, no por accidente ni fatalidad, sino por el abandono deliberado y la negligencia criminal de los funcionarios de Áreas Históricas del Municipio. Cada derrumbe es una prueba del fracaso institucional y del desprecio absoluto por la memoria de la ciudad.
A esta situación se suma —con honrosas excepciones— el silencio de ciertos medios de comunicación que han renunciado a su deber de informar y fiscalizar para convertirse en espectadores mudos de una tragedia anunciada. Su silencio no es inocente: legitima la
destrucción.
Esta inacción institucional y periodística no solo permite, sino que facilita la desaparición progresiva del patrimonio arquitectónico y escultórico de Cuenca. Es un daño irreparable, cometido a plena luz del día, con responsables claros y con un silencio que ya no es omisión, sino complicidad. Cada inmueble que cae es una acusación directa contra quienes, teniendo la obligación de protegerlo, prefirieron mirar a otro lado. ¿Y qué más falta para reaccionar?
Y, la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales del Municipio de Cuenca, qué papel juega?
Una profunda preocupación ciudadana respecto a la grave inoperancia de la Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales de Cuenca en relación con la conservación, mantenimiento y protección del patrimonio arquitectónico, escultórico y material de nuestra ciudad.
Han permitido la demolición casi total de la casa que perteneció a la familia Díaz Cueva, un inmueble que data de la década de 1850 y que formaba parte del tejido histórico del centro de Cuenca. La propiedad ubicaba frente a la antigua Clínica Vega, en la calle Bolívar, entre Padre Aguirre y General Torres, en un sector de alto valor patrimonial.
El inmueble tuvo como propietario original al filántropo Tadeo Torres, quien destinó su legado económico al amparo de niños huérfanos y ancianos desprotegidos. Posteriormente, la casona
fue adquirida por don David Díaz Mosquera, importador de mercaderías europeas, hijo político del doctor Mariano Cueva Vallejo, quien se desempeñó como Vicepresidente de la República,
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Segundo Rector de la Universidad de Cuenca y primer Decano de la Facultad de Jurisprudencia. En esta residencia vivió sus últimos años el
doctor Mariano Cueva Vallejo. Casa que se encontraba en perfecto estado de conservación.
Asimismo, en esta casa nació el doctor Miguel Díaz Cueva, reconocido como paladín de la justicia, motivo por el cual existe una placa epigráfica de bronce en el frontis del inmueble, testimonio material de su relevancia histórica, colocada en 1984
Sólo han dejado el frontis, son las mentiras cerdosas, como decía Hernán Toral?
La desaparición interna y posterior (solo quedó el frontis) de esta casona lo hizo el arquitecto Claudio Ullauri según información del Arquitecto Juan Izquierdo. Tras la adquisición por el señor Vera Vázquez compró adicionalmente otro inmueble colindante en la calle Padre Aguirre, desde donde se procedió a la demolición interna de la casona. Este caso no es aislado.
Hay una segunda casa patrimonial destruída en la calle Juan Jaramillo?
Situaciones similares han ocurrido con la casa Carrasco (ubicada en las calles Juan Jaramillo y Luis Cordero) y la casa Vintimilla, situada en la calle Hermano Miguel, inventariada como patrimonio por encontrarse dentro de los límites históricos de la ciudad,
anterior a 1872 y de características vernáculas.
La demolición, destrucción, no constituye únicamente la pérdida de una estructura física, sino un atentado directo contra la memoria histórica de la ciudad. Resulta alarmante que, pese al valor histórico y simbólico de estos inmuebles, las autoridades competentes no hayan actuado con la diligencia necesaria para garantizar su preservación. Esta reiterada falta de acción evidencia un preocupante patrón de desprotección institucional que pone en riesgo el legado cultural que identifica y da sentido a nuestra ciudad.
Qué le parece la poco o nula intervención de entidades como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, las facultades de arquitectura de las universidades, el Concejo Cantonal, sobre este política de dejar hacer, dejar pasar?
El punto central de mi pronunciamiento Jaime es abrir un debate serio y responsable sobre la verdadera función y el accionar de la Dirección de Áreas Históricas del Municipio de Cuenca,
frente a la pérdida sistemática de inmuebles patrimoniales en nuestra ciudad desde hace muchos años.
Lo que se percibe, lamentablemente, es que la actuación institucional se ha reducido a un enfoque meramente sancionatorio y recaudatorio: se derriba una casa patrimonial, se impone
una multa, se paga la sanción económica y el asunto se da por concluido. Sin embargo, la pregunta de fondo es inevitable: ¿es esa la finalidad de una entidad creada para proteger el patrimonio histórico?
Pobre el rol de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales?
Entendemos que la función esencial de Áreas Históricas debería ser preventiva antes que punitiva. Su rol no puede limitarse a registrar demoliciones consumadas y aplicar sanciones económicas. Por el contrario, su misión institucional —según el espíritu mismo de la normativa patrimonial— debe orientarse a velar por la conservación de la arquitectura vernácula y patrimonial, supervisar el mantenimiento adecuado de los inmuebles protegidos, promover su restauración, acompañar técnicamente a los propietarios y, sobre todo, evitar que las edificaciones históricas lleguen al punto de deterioro o demolición.
Cuando varias casas patrimoniales desaparecen de manera reiterada, no estamos frente a hechos aislados, sino ante un posible patrón de omisión institucional. La pérdida de estos bienes no puede considerarse un daño reparable únicamente con una multa, porque el patrimonio histórico no es sustituible ni cuantificable en términos económicos. Una vez demolido, el legado cultural desaparece de forma irreversible.
Un llamado a la reflexión, nunca es tarde?
El debate que propongo no es un ataque personal ni político; es un llamado a la reflexión ciudadana. Resulta legítimo preguntarse si la Dirección de Áreas Históricas está cumpliendo eficazmente con su mandato o si, por el contrario, existe una preocupante inoperancia que está permitiendo el progresivo debilitamiento del centro histórico.
Si la función de la institución es proteger, conservar y prevenir, entonces debe rendir cuentas claras sobre los mecanismos de control, seguimiento y acompañamiento que aplica. Pero si en
la práctica su intervención se limita a sancionar cuando el daño ya está consumado, estamos ante una falla estructural que debe ser revisada con urgencia.
Mi intención es sensibilizar tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación para que este tema no pase inadvertido.
El patrimonio cultural pertenece a todos y su defensa no puede
depender únicamente de trámites administrativos o de sanciones posteriores. Se requiere una política activa, transparente y eficaz.
Fotos: Felipe Díaz Heredia. (corresponden a la casa patrimonial de la calle Juan Jaramillo), destruída con la complicidad de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales del Municipio, y el silencio de los concejales. Hasta el momento la Comisión respectiva, guarda silencio. no ha movido un dedo para exigir sanciones a los responsables de la destrucción de las casas patrimoniales en el Centro Histórico.


 


 Click Report: Asamblea es la función que pierde más aprobación en Ecuador

Francis Romero, director de Click Report calificó de dato “alarmante” que la aprobación de la Asamblea Nacional registre el 25%.
Por
Redacción La Hora,
19 de abril 2026 • 14:48 hs
En su más reciente estudio de opinión realizado del 11 al 16 de abril de 2026, la firma Click Report efectuó 1. 900 encuestas a personas mayores de 18 años en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo sobre la aprobación ciudadana de instituciones del Estado.
La medición de la firma deja en evidencia una marcada diferencia entre entes de seguridad, y organismos electorales, judiciales y políticos.
En la clasificación, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, encabezan la lista con un 70,15% y 61,38%, respectivamente, de respaldo ciudadano.
Francis Romero, director de Click Report concluye que la ciudadanía sigue creyendo en las entidades que ofrecen orden, fuerza y capacidad de control y por eso son las mejor valoradas.
Sin embargo, los ecuatorianos no creen en la institucionalidad, ni política, ni judicial.
En este ámbito, la credibilidad está deteriorada, sostuvo Romero.
Comparó la encuesta realizada en el último trimestre con las cifras publicadas en el informe de abril de 2026.
• El presidente de la República, Daniel Noboa tenía 47% de aprobación y bajó al 41,20%
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• El Consejo Nacional Electoral tenía 30%, hoy registra 26,35% de aprobación.
• La Asamblea Nacional tenía 33% de aprobación, y bajó a 25,14%.
“Imagínese cuánto ha perdido y es evidente, los encuestados desaprueban la gestión”, afirmó Francis Romero, y añadió: “creo que la Asamblea va a seguir bajando”. Es la Función que más pierde aprobación por parte de los ecuatorianos, señaló.
“Creo que sus números van a seguir bajando; por la experiencia que hemos vivido en los anteriores gobiernos, la que más bajaba era la Asamblea. Esta Asamblea logró mantenerse un poco más de un año con un buen número, no es despreciable para una Asamblea tener 33%, pero bajar al dato de hoy (al 25%) si es alarmante y creo que ya marca una tendencia irreversible”, alertó el director de Click Report.
“La Asamblea, en los 30 años de investigación que tengo empieza a bajar y nunca se recupera”, predijo Romero.
Francis Romero espera que la Asamblea vea la calificación que le dan los ecuatorianos y entiendan que están allí para solucionar problemas de los ecuatorianos, “no para solucionarse sus problemas personales que tienen y empiecen a trabajar por el país”, subrayó.
Cifras del sistema de justicia y el Cpccs
• El sistema de justicia tenía 25% y bajó a 22%
• El Cpccs tenía 20,59 y bajó a 21%. “Se mantiene igual de mal que la vez anterior”, dijo Romero.
• El Consejo de la Judicatura tenía 16% y subió a 20%. Ocho de cada diez le califica mal, pero algo mejoró, afirmó Francis Romero.
El Consejo Nacional Electoral tenía 30%, hoy registra 26,35% de aprobación.
• La Asamblea Nacional tenía 33% de aprobación, y bajó a 25,14%.
“Imagínese cuánto ha perdido y es evidente, los encuestados desaprueban la gestión”, afirmó Francis Romero, y añadió: “creo que la Asamblea va a seguir bajando”. Es la Función que más pierde aprobación por parte de los ecuatorianos, señaló.
“Creo que sus números van a seguir bajando; por la experiencia que hemos vivido en los anteriores gobiernos, la que más bajaba era la Asamblea. Esta Asamblea logró mantenerse un poco más de un año con un buen número, no es despreciable para una Asamblea tener 33%, pero bajar al dato de hoy (al 25%) si es alarmante y creo que ya marca una tendencia irreversible”, alertó el director de Click Report.
“La Asamblea, en los 30 años de investigación que tengo empieza a bajar y nunca se recupera”, predijo Romero.
Francis Romero espera que la Asamblea vea la calificación que le dan los ecuatorianos y entiendan que están allí para solucionar problemas de los ecuatorianos, “no para solucionarse sus problemas personales que tienen y empiecen a trabajar por el país”, subrayó.
Cifras del sistema de justicia y el Cpccs
• El sistema de justicia tenía 25% y bajó a 22%
• El Cpccs tenía 20,59 y bajó a 21%. “Se mantiene igual de mal que la vez anterior”, dijo Romero.
• El Consejo de la Judicatura tenía 16% y subió a 20%. Ocho de cada diez le califica mal, pero algo mejoró, afirmó Francis Romero. (SC)


 


 


 

Código Vidrio
#ANÁLISIS | La minería ilegal no empieza con el uso de la retroexcavadora.

Empieza mucho antes.
Los cobros de extorsiones a los titulares de concesiones mineras han sido sistemáticos y persistentes en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y en el Ministerio rector de esta actvidad por años. Este patrón evidenciado las últimas semanas con las actuaciones presuntamente delictivas de los directores zonales en Zamora Chinchipe y Azuay muestra un problema de fondo que es clave examinar, ya que apunta la discusión a donde casi nunca se quiere mirar. La minería ilegal empieza en el trámite que se demora o se acelera, a discreción de los tomadores de decisiones. En el informe de exportación o producción que se firma o se condiciona, en el amparo que se otorga, se bloquea o se congela de forma indefinida. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser solo criminalidad e ilegalidades en el territorio. Y ese ha sido hasta el momento el plan del gobierno para enfrentar este complejo fenómeno, poniendo en la primera línea el nivel táctico y operativo, encabezado por las Fuerzas Armadas, pero sin ningún acompañamiento sistemático de otras instituciones. De otras entidades y organismos que puedan desplazar definitivamente a los actores criminales de esas zonas, con el apoyo del poder judicial, fiscales y policías, gobiernos locales y comunidades organizadas. Sin esta mirada integral ni convergente, el problema se convirtió en algo más estructural. Estamos frente a la captura cuasi normalizada de los eslabones de control. Y eso cambia radicalmente todo. En este escenario ya no estamos solo frente a un Estado ausente. Indiferente y falllido. Estamos frente a un Estado que, en algunos niveles, es parte orgánica del circuito de rentabilidad delictiva. Con incentivos poderosos para que los funcionarios se incorporen a las redes criminales. Por eso perseguir solo al extractor visible, al minero ilegal, a los miembros de las bandas y funcionarios corrompidos nunca va a ser suficiente. La pregunta incómoda es otra: ¿quién habilita, quién filtra, quién cobra y quién convierte el control en negocio? Porque cuando el regulador funciona como peaje, la frontera entre minería legal, ilegal y criminal deja de ser clara. Es brumosa y sombría.Desaparece. Se extingue y solo aparece en los decretos y leyes interminables. Y ahí, ahí precisamente es cuando el problema deja de ser ambiental, policial o militar. Se vuelve un problema de gobernanza, que está enraizado en diferentes niveles del mundo minero en Ecuador.