Las críticas contra el penalista Felipe Rodríguez suben de tono tras revelarse los supuestos nexos entre las redes de Álex Saab y el caso Sinohydro. Se le acusa de instrumentalizar los códigos procesales para blindar el botín económico de los sectores investigados. Gremios exigen transparencia en el origen de los recursos de la defensa.
La Contraloría General del Estado aprobó el examen especial que determina responsabilidades civiles y administrativas por USD 18,8 millones de Petroecuador. El informe publicado este 18 de mayo de 2026 revela pagos injustificados y omisiones de cobro en la liquidación de un contrato destinado a la instalación de sistemas de compresión de gas en el Campo Sacha.
Jaime Vicente Chuchuca Serrano
La Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció públicamente el cierre de sus cuentas bancarias institucionales y la inhabilitación de su presidente, Andrés Quishpe, para firmar cheques o abrir nuevas cuentas corrientes. La organización calificó la medida como un acto de persecución política y una forma de “chantaje” orientada a forzar la renuncia de su dirigencia y afectar el funcionamiento financiero del gremio docente.
En un boletín emitido el 13 de mayo de 2025, la UNE señaló que recibió la notificación de una institución financiera en la que se le informó que, “por instrucción de la Superintendencia de Bancos y Seguros”, debía cancelar y cerrar “de manera inmediata” sus cuentas corrientes debido a una supuesta “declaración de inhabilidad para girar cheques y abrir cuentas corrientes”
Durante una rueda de prensa, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, aseguró que la medida constituye una nueva forma de criminalización contra el gremio y sus dirigentes. Según explicó, la UNE mantiene conflictos abiertos con el Gobierno por denuncias relacionadas con despidos de docentes, la infraestructura educativa, las movilizaciones sociales y las acciones políticas impulsadas por el sindicato.
Quishpe afirmó que la organización considera que existe un intento deliberado de “ahogar económicamente” a la UNE: “Me están chantajeando, me están acosando para renunciar a la presidencia de la Unión Nacional de Educadores, porque están buscando ahogarnos económicamente”. El dirigente también sostuvo que el cierre de cuentas excedería las sanciones previstas en la normativa bancaria para casos de cheques protestados y cuestionó la actuación de la Superintendencia de Bancos. “Para que te cancelen y te cierren una cuenta, no estamos hablando de que un cheque estuviera sin fondos. Algo más atrás hay ahí que se ha saltado sus propias reglas y normas”, indicó.
En la misma comparecencia, Quishpe señaló que la firma del presidente de la UNE habría sido eliminada del sistema bancario y afirmó que la organización no retrocederá en las movilizaciones convocadas para el 28 de mayo.
La UNE indicó que llevará el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y anunció acciones legales contra la Superintendencia de Bancos. Asimismo, denunció que la seguridad de sus dirigentes estaría en riesgo debido a la vigilancia de agentes oficiales.
En rueda de prensa, Quishpe aseguró, además, que existirían intentos de fragmentar y debilitar a la organización sindical. Según afirmó, dirigentes de la UNE habrían recibido acercamientos para promover divisiones internas o conformar estructuras paralelas. Quishpe sostuvo que estas presiones habrían ocurrido en medio de negociaciones y mesas de diálogo mantenidas con distintas instituciones estatales. También aseguró que, algunos dirigentes provinciales y nacionales habrían recibido llamados o acercamientos relacionados con esos intentos de división, aunque indicó que no revelaría nombres “por seguridad” y para evitar una mayor criminalización.
La denuncia ocurre en un contexto de creciente conflictividad entre la UNE y el gobierno nacional. El gremio docente ha cuestionado públicamente las políticas educativas, los despidos de profesores, las condiciones de infraestructura escolar y las medidas económicas del Ejecutivo.
La organización también participó en procesos de movilización social y en la campaña vinculada a la consulta popular sobre el Yasuní, por la que mantiene una deuda ante el Tribunal Contencioso Electoral, según explicó Quishpe.
La UNE señaló que, semanas antes, el Ministerio de Gobierno la registró formalmente en el Sistema Unificado de Organizaciones Sociales, mecanismo que adquirió una mayor relevancia en el control de la sociedad civil, con la vigencia de la “Ley de Transparencia Social”, mediante el cual el Estado tendría acceso a la información jurídica, financiera y organizativa del gremio.
Fundamedios expresa preocupación por este nuevo acto arbitrario contra la sociedad civil en el Ecuador, esta vez con la afectación a un gremio tan importante como la Unión Nacional de Educadores por el cierre de sus cuentas bancarias institucionales y los obstáculos para operar financieramente como organización.
La utilización de mecanismos administrativos o financieros que puedan derivar en la asfixia económica de las organizaciones sociales representa un riesgo para la libertad de asociación y el espacio cívico democrático. En un contexto de creciente tensión entre las organizaciones sociales y el Estado, resulta fundamental que cualquier medida administrativa respete plenamente el debido proceso, la transparencia y las garantías constitucionales.
Fundamedios exhorta a las autoridades competentes a esclarecer públicamente los fundamentos de estas decisiones y garantizar que no se utilicen mecanismos de presión administrativa y económica como herramientas de presión o represalia contra organizaciones sociales y sus dirigentes.
