lunes, 12 de octubre de 2026
LA CONSOLIDACIÓN FISCAL DEL FMI-“NUEVO ECUADOR” FRENA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS UNIVERSIDADES. SE ESTÁ DISEÑANDO EL CAMINO PARA LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
El gráfico expuesto a continuación haría ver que durante el Gobierno de Noboa se ha incrementado el presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas. Las barras de color azul dejan ver un incremento mínimo del presupuesto codificado tanto en términos absolutos como en relación al PIB (corte sept de 2024, 2025 y 2026), esto es el presupuesto vigente que las universidades disponían en esa fecha en el sistema administrado por el Ministerio de Finanzas, ahora Ministerio de Desarrollo Productivo.
El punto es que la fuente mayoritario de ingreso de las universidades proviene del llamada Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Permanente (FOPEDEUPO) que por normativa el financiamiento viene de los impuestos, mismos que se han incrementado en estos últimos años, especialmente el IVA (regresivo). La fuente de este ingreso cubre básicamente gasto corriente (nómina) y el funcionamiento operativo de los centros de educación superior.
Si creció la economía, se incrementaron los impuestos, debieron haber crecido las asignaciones presupuestarias de las universidades y lo que en realidad tenemos es que no hubo tal crecimiento esperado ya que si bien en los papeles se asignan más recursos otra es la historia a la hora de devengar ya que desde el ministerio del ramo se ponen serias restricciones y cuestionamientos. Dirán que es culpa de las universidades que no ejecutan, pues a dos meses (a mediados de diciembre se apaga el sistema para no arrastrar mayor deuda al año siguiente), el promedio de ejecución apenas llega al 51,4% del presupuesto vigente a septiembre 2026. De las 10 universidades públicas que reciben mayor presupuesto del Estado, dentro de las cuales se ubican aquellas con mejor ejecución presupuestaria, no cambia mucho y llega al 55% del presupuesto codificado.
El presupuesto devengado del gasto en relación al PIB pasa del 0.69% en 2024 a 0,67% en 2026. Es decir, no llega ni al 1% del PIB, y para colmo, se reduce cuando las necesidades presupuestarias les dicen que las universidades requieren de mayores recursos. Aquí es importante señalar que con esta conducta presupuestaria (no transparente), cada vez se les empuja a las universidades públicas a generar recursos propios (autogestión dirán) pero esto gradualmente, en contra de toda norma constitucional expresa, se está llevando a la PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ¿se hacen privadas o desaparecen?
Y para investigación y desarrollo?
Merece comentario aparte, de acuerdo al desempeño del plan anual de inversiones (PAI), pero aquí es en donde el ajuste de la consolidación fiscal se evidencia con mayor contundencia. En otro gráfico daremos cuenta de esta realidad...
#eleccionesUDA
Hemos exigido al Consejo Electoral de la UDA transparencia en elección de rector
Veedores peritos externos al sistema de voto electrónico. Sin cámaras en los recintos electorales
Confiamos que así será.
Por un voto libre y secreto
PENSAR DIFERENTE NO ES UN DELITO, RESISTIR NO ES UNA FALTA
Santiago Rosano es un ejemplo de lucha y resistencia. Hoy pretenden sancionarlo por pensar diferente, por no someterse a la línea política de quienes, desde las estructuras de poder (llámense autoridades universitarias o gobierno de turno), confunden la autoridad con la imposición y la disciplina con la obediencia ciega. Pero pensar diferente no es una falta, disentir no es un delito y rebelarse frente a la injusticia no puede convertirse en motivo de persecución.
La residencia universitaria no es un privilegio ni una concesión de las autoridades: es parte de las condiciones necesarias para garantizar el derecho a una educación digna. Como lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo la lucha histórica por una educación pública, gratuita y de calidad. Los derechos no se mendigan ni se agradecen como favores; se conquistan, se defienden y se ejercen.
La xenofobia, la discriminación y el linchamiento mediático contra quienes han defendido, defienden y defenderán la autonomía universitaria y la autodeterminación de los pueblos no pueden normalizarse, silenciarse ni utilizarse como herramientas de persecución política. Mucho menos pueden quedar subordinados a los intereses mezquinos de una campaña, al cálculo electoral o a las ambiciones de quienes pretenden convertir la universidad en un espacio de obediencia y control.
¡Las preguntas son inevitables y las respuestas, impostergables!
¿Quién o quiénes permitieron que, en dos ocasiones, los predios universitarios fueran militarizados? ¿Bajo qué argumentos se justificó semejante vulneración de la autonomía universitaria? ¿Qué esperaban las autoridades cuando estudiantes y docentes vieron cómo su casa de estudios era mancillada por la presencia de fuerzas armadas? ¿Acaso pretendían que la comunidad universitaria guardara silencio, agachara la cabeza y aceptara como normal la militarización de un espacio que debe estar consagrado al pensamiento crítico, al conocimiento y a la libertad?
La protesta no nace de la nada: nace de la indignación, de los derechos vulnerados y de la dignidad que se niega a arrodillarse. Antes de buscar culpables entre quienes levantan la voz, habría que exigir responsabilidades a quienes toman las decisiones, a quienes autorizan el ingreso de la fuerza pública y a quienes pretenden resolver con amenazas lo que debería enfrentarse con diálogo, democracia y respeto.
¡Cuidado con subestimar a la juventud! La juventud está despertando, organizándose, cuestionando y resistiendo. No está obligada a obedecer sin pensar ni a guardar silencio para complacer al poder. Cuando se intenta castigar la disidencia, intimidar la protesta y disciplinar las conciencias, no se construye gobernabilidad: se alimenta la indignación, se profundiza la desconfianza y se enciende una llama colectiva que ninguna sanción podrá apagar fácilmente.
Quienes creen tener el poder absoluto para juzgar, castigar y silenciar deberían recordar que ninguna autoridad es dueña de la universidad, que ningún cargo está por encima de los derechos y que ninguna línea política puede imponerse sobre la conciencia crítica de un pueblo. La democracia no consiste en permitir que todos hablen siempre que digan lo que el poder quiere escuchar; consiste, precisamente, en garantizar que también puedan hablar quienes lo cuestionan.
Las universidades deben ser territorios de libertad, pensamiento crítico, debate y organización popular; espacios libres de militarización, de intimidación policial, de vallas que dividen y de francotiradores que convierten el conocimiento en un escenario de miedo. Donde debería haber libros, argumentos y diálogo, no puede imponerse la lógica de las armas. Donde debería florecer el pensamiento, no puede gobernar la amenaza.
Porque una universidad sin autonomía es una institución sometida; una universidad sin pensamiento crítico es una institución domesticada; y una universidad que persigue a quienes disienten renuncia a su razón de existir.
¡La universidad no se arrodilla! ¡La conciencia crítica no se sanciona! ¡Los derechos no se negocian bajo amenaza!
Mi solidaridad con Santiago Rosano y con todas las personas que defienden una universidad verdaderamente autónoma, democrática, popular y libre. Que no se confunda la rebeldía con el delito, la protesta con la amenaza ni la dignidad con la indisciplina.
¡Frente al autoritarismo, más democracia! ¡Frente a la persecución, más organización! ¡Frente al miedo, más conciencia y resistencia!
Porque la universidad pertenece a su comunidad, no a quienes circunstancialmente la administran. Y porque la historia demuestra, una y otra vez, que ningún poder puede apagar para siempre las ideas de una juventud que ha decidido pensar, organizarse y luchar.
ROSANO, PICQ Y ALONDRA: ¿RESPONSABILIDAD O REPRESALIA?
Un extranjero debe respetar las leyes del país que lo acoge. Pero el Gobierno también debe respetar la ley. La responsabilidad no puede convertirse en pretexto para la persecución, ni la ideología en excusa para exigir impunidad.
La ministra de Educación, Gilda Alcívar, ha pedido separar al docente español Santiago Rosano de la Universidad de Cuenca tras los incidentes durante la visita de Daniel Noboa al campus Balzay.
Si Rosano cometió una infracción, debe responder por ella. Ser extranjero no lo exime de sus obligaciones, pero tampoco lo obliga a renunciar a sus opiniones. La protesta no justifica cualquier conducta; la discrepancia política, por sí sola, tampoco constituye una falta. Los hechos deben investigarse y cualquier sanción debe sustentarse en pruebas y respetar el debido proceso.
Quien decide vivir y trabajar en otro país debe conocer sus normas, RESPETAR sus instituciones y asumir las consecuencias de sus actos. Pero respetar al país que te acoge no significa someterte al Gobierno de turno. Confundir ambas cosas es convertir la responsabilidad en obediencia política.
PICQ Y ALONDRA: ¿DÓNDE QUEDAN LOS PRINCIPIOS?
En 2015, durante el Gobierno de Correa, Manuela Picq, académica franco-brasileña vinculada a la Universidad San Francisco de Quito, fue detenida en el contexto de las protestas indígenas. Las autoridades revocaron su visa y ella salió del país.
En 2024, el Gobierno de Noboa revocó la visa de Alondra Santiago, periodista cubana, invocando razones relacionadas con la seguridad del Estado y apoyándose en información reservada. La decisión provocó cuestionamientos sobre el debido proceso y la libertad de expresión.
Los casos son jurídicamente distintos: Picq y Santiago afrontaron decisiones migratorias; Rosano, por ahora, una petición de sanción laboral, que podría cambiar a revocatoria de visa. Sería incorrecto, al momento, equipararlos como si fueran idénticos. Pero ignorar la pregunta de fondo también sería una forma de doble rasero: ¿defendemos los mismos principios cuando gobierna alguien de nuestra corriente política y cuando gobierna el adversario?
Quien denunció posibles abusos contra Picq debe examinar con el mismo rigor las actuaciones del Gobierno de Noboa. Y quien exige sanciones para Rosano debe exigir también pruebas, legalidad y derecho a la defensa.
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA: SIN PRESIONES
La ministra puede solicitar que se investiguen los hechos, pero no sustituir a las autoridades competentes de la Universidad de Cuenca ni convertir una exigencia pública de destitución en una sanción anticipada. La autonomía universitaria exige decisiones conforme a la ley, no al vaivén de las presiones políticas.
Tampoco debe confundirse una eventual sanción laboral con una decisión migratoria. Una revocación de visa requeriría su propio fundamento legal y procedimiento. No corresponde afirmar que el Gobierno haya decidido tomar esa vía sin pruebas.
La regla debe ser inequívoca: el extranjero responde por sus actos; el Gobierno, por la legalidad de sus decisiones; y la universidad, por defender su autonomía.
Ni impunidad para quien infringe la ley ni represalias contra quien incomoda al poder. Los principios que solo se defienden cuando convienen no son principios: son conveniencias políticas.
Dr Fernando Arias
domingo, 11 de octubre de 2026
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