El arbitraje principal entre ATM y Celec fue archivado, así, quedaron sin efecto las medidas cautelares que frenaban a la empresa pública para la terminación unilateral del contrato fallido.
miércoles, 29 de julio de 2026
martes, 28 de julio de 2026
#ATENCIÓN | Estos son los giros al exterior que reposan en los registros del Banco Central en los que consta el primer desembolso hecho a PROGEN, el 01 de octubre de 2024, por $69,5 millones, correspondiente al 70% del valor del contrato del Salitral con PROGEN, tras la presentación de la lista de embarque y el informe de inspección de los generadores.
Esto ocurrió 6 días después de que John Manning, CEO de PROGEN, contactara a Roberto Luque, el 25 de septiembre de 2024, para solicitarle su ayuda con el objetivo de eludir controles de CELEC y presionar para los pagos.
Esos 29 generadores, acorde a los resultados de la tasación y avalúo comercial se encuentran en condiciones “no operativas”. Si fueran nuevos y estuvieran en condiciones de operar, los equipos costarían $32,8 millones, monto que contrasta significativamente con el valor real que el Estado debió pagar por esa chatarra y que corresponde a $3,7 millones.
Sobre esto, Luque no ha dado ninguna explicación.
Quito- Chevron y su filial TexPet solicitaron a la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral que ordena a Ecuador pagar una indemnización derivada del litigio internacional por el caso Lago Agrio.
La petición fue presentada el 17 de julio de 2026 y reclama el pago de USD 224,3 millones, monto que incluye la indemnización fijada por el tribunal arbitral, intereses acumulados y otros recargos.
El conflicto se remonta a las operaciones de Texaco en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990. En 1993, un grupo de habitantes de Sucumbíos presentó una demanda por presuntos daños ambientales, proceso que posteriormente fue trasladado a la justicia ecuatoriana.
En 2011, un tribunal de Lago Agrio condenó a Chevron a pagar USD 9.500 millones por reparación ambiental, sentencia que fue ratificada por instancias nacionales. Sin embargo, la empresa rechazó el fallo al sostener que había sido liberada de responsabilidades mediante acuerdos de remediación suscritos con el Estado ecuatoriano durante la década de 1990.
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