ATENTADO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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La Contraloría General del Estado (CGE) implementó un nuevo requisito para acceder a la consulta de declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios públicos. Aunque la información sigue siendo pública, ahora quienes deseen revisarla deberán pasar por un proceso de validación de identidad del consultante, que incluye el registro de datos personales antes de visualizar el contenido.
El cambio consta en el Acuerdo No. 011-CG-2026, suscrito el 15 de abril de 2026 por el contralor general del Estado, Mauricio Torres, y entró en vigencia desde su firma, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. En la reforma se sustituye el artículo 14 del reglamento anterior y se establece que las declaraciones “serán visualizadas en el sitio web institucional mediante el proceso de validación de identidad del consultante”.
De esta manera, el acceso a la información ya no se realiza de forma directa. Según lo descrito en el sistema, la persona que consulta debe ingresar datos como su número de cédula, fecha de expedición del documento, correo electrónico y aceptar un aviso de privacidad para continuar con el proceso.
La reforma también precisa qué información podrá visualizarse una vez completado ese proceso. El nuevo artículo 14 señala que el acceso comprenderá la identificación de la declaración, la identificación del declarante, los datos informativos de persona expuesta políticamente, los valores totales del activo y pasivo y el total del patrimonio, entendido como la diferencia entre activos y pasivos.
En la parte considerativa del acuerdo, la Contraloría justifica esta modificación en dos frentes. Por un lado, cita disposiciones constitucionales y legales sobre protección de datos personales, así como principios de proporcionalidad, pertinencia, minimización y seguridad en el tratamiento de la información. Por otro, señala que en los últimos días detectó un alto número de conexiones externas a la sección de consultas de declaraciones juramentadas, lo que habría provocado una degradación significativa en el rendimiento del servicio.
Bajo ese argumento, la entidad sostiene que era necesario fortalecer los mecanismos de consulta y acceso a la información pública para optimizar el rendimiento del sistema, asegurar su disponibilidad y prevenir afectaciones derivadas de ese comportamiento. Además, el acuerdo menciona la necesidad de evitar la divulgación de datos específicos que puedan comprometer la seguridad o la intimidad personal o familiar del declarante.
El documento también introduce otros cambios administrativos. Entre ellos, crea un “Catálogo de Formatos de Declaraciones Patrimoniales Juradas”, elimina anexos y formatos del reglamento anterior y dispone que, en un plazo máximo de ocho días, las áreas competentes de la Contraloría publiquen ese catálogo y realicen los ajustes necesarios en el aplicativo informático de consultas.
Las declaraciones patrimoniales juradas son documentos obligatorios para los servidores públicos al iniciar y finalizar funciones, y con la periodicidad que establezca la ley. Su propósito es transparentar la evolución del patrimonio de los funcionarios durante el ejercicio de sus cargos y servir como herramienta de control público. Con esta reforma, la información sigue siendo accesible, pero el acceso queda ahora condicionado a la entrega previa de datos personales por parte del ciudadano que consulta.
