sábado, 31 de octubre de 2026
EDITORIAL.-
ZAMORA- PEÑALOZA BACUILIMA, SU EQUIPO Y LOS CONCEJALES NOS TRAICIONARON...
Felipe Durán Alemán
Hace tres años fuimos a las urnas. Con esperanza, con la confianza de que nuestra ciudad quedaría en buenas manos. Le entregamos el poder a un alcalde y a un Concejo Cantonal para que nos sirvan. No para que se sirvan.
Hoy, tres años después, la verdad nos golpea en la cara.
Vimos cómo se despilfarraron nuestros fondos públicos. Contratos amañados. Sobreprecios descarados. Espectáculos carísimos que nunca existieron pero que sí se pagaron. Contrataciones de familiares de concejales. Nepotismo.
Y mientras todo eso pasaba, ¿dónde estaba nuestro Concejo? En silencio. Mirando a otro lado. Aplaudiendo.
Con la excepción valiente y digna de dos señoras concejalas que sí se atrevieron a destapar la caja de Pandora — a ellas, mi respeto — el resto, incluida la Vicealcaldesa, prefirió la complicidad del silencio.
No fiscalizaron. No preguntaron. No defendieron a la ciudad. Traicionaron el mandato del art. 58 del COOTAD.
Eso tiene un nombre: COMISIÓN POR OMISIÓN. Y eso también es corrupción.
Exijimos:
1. Fiscalización inmediata al Concejo Cantonal que no fiscalizó.
2. Que la Contraloría y la Fiscalía vayan hasta el final, caiga quien caiga.
3. Que nunca más Cuenca vuelva a entregar el poder a quienes solo saben aplaudir.
Cuenca no es de ellos. Cuenca es nuestra. Y Cuenca se respeta.
EL SEGUNDO TOMO DE ZAMORA.
Cuando pensamos que la ciudad recuperó algo de cordura, nos encontramos con más de lo mismo. Que ellos se queden en sus casas mientras nosotros farreamos, decía el prófugo de la justicia, cuando los ciudadanos le recomendaban prudencia y respeto con el dispendio de los recursos públicos. Y se reía, y se mofaba, y se creía el dueño del dinero de los cuencanos, que los podía malgastar a su capricho y conveniencia.
Muerto el rey, viva el rey. Ahora en el trono, la alcaldesa Marisol, sigue sus pasos al pie de la letra. Formó su propio equipazo, y en el blindado va de fiesta en fiesta por los mercados malolientes, desordenados, y los comerciantes, todos toditos todos, hastiados de más de lo mismo.
Ha llegado la hora de decir basta, la ciudad entera tiene que ponerse de pie, para limpiar la administración municipal, convertida en cloaca. El Concejo Cantonal, tiene que ser clausurado definitivamente, sancionar a los concejales alzamanos corresponsables de la corrupción y la inmoralidad que ha dejado mal parada a la Atenas del Ecuador, ante los ojos de propios y extraños. Pobre mi Cuenca, hasta cuándo.
"El burro puede pensar que es caballo, pero tarde o temprano rebuzna".
El Observador
¿CALLADITO ME VEO MÁS BONITO? EL CASO DEL YERNO DEL CONCEJAL GUSTAVO VALENCIA VUELVE A GENERAR INTERROGANTES EN CUENCAContraloría cuestionó la creación de un cargo en ETAPA EP que ocupó el yerno del concejal. El funcionario recibió más de 107 mil dólares durante el período auditado y su nombre volvió a aparecer durante las recientes diligencias de la Fiscalía.
CUENCA | 28 DE OCTUBRE DE 2026Mientras Cuenca enfrenta nuevas investigaciones por presuntas irregularidades en la administración municipal de Cristian Zamora, un caso que involucra al entorno familiar del concejal Gustavo Valencia Vintimilla vuelve a cobrar relevancia.
Se trata de la contratación de Jaime Espinoza Barzallo, yerno del concejal, quien ocupó el cargo de coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos en ETAPA EP, puesto cuya creación y designación fueron observadas por la Contraloría General del Estado.
UN CARGO CUESTIONADO Y MÁS DE 107 MIL DÓLARES EN REMUNERACIONESSegún el informe DPA-0066-2025 de la Contraloría, en junio de 2023 se creó este cargo sin suficiente sustento técnico y sin observar adecuadamente la normativa interna de la empresa pública.
El puesto fue aprobado por el directorio de ETAPA, presidido entonces por el alcalde Cristian Zamora.
El 3 de julio de 2023, Jaime Espinoza asumió esas funciones. La Contraloría identificó una inhabilidad relacionada con su parentesco de primer grado de afinidad con el concejal Gustavo Valencia.
Entre julio de 2023 y junio de 2025, Espinoza recibió 107.031,23 dólares en remuneraciones, valores que fueron observados por el organismo de control.
El funcionario permaneció en ETAPA hasta agosto de 2026, cuando la empresa dio por terminada su relación laboral.
LA FISCALÍA VOLVIÓ A SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE ESPINOZAEl 27 de octubre de 2026, la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos en nueve domicilios y cinco dependencias municipales de Cuenca, dentro de una investigación por presunto peculado.
Entre las instituciones intervenidas estuvo ETAPA EP.
Según información proporcionada por la alcaldesa subrogante Marisol Peñaloza, los investigadores solicitaron documentación relacionada con Jaime Espinoza Barzallo.
Aunque este hecho no demuestra responsabilidad penal ni establece que se investigue específicamente su contratación, vuelve a colocar el nombre del exfuncionario en el centro de las interrogantes sobre la administración municipal.
¿QUÉ EXPLICACIONES DEBEN DAR LAS AUTORIDADES?El caso plantea preguntas que merecen respuestas públicas.
¿Quién justificó la necesidad de crear ese puesto?
¿Se conocía el parentesco del funcionario con un concejal al momento de su designación?
¿Tuvo Gustavo Valencia alguna participación o intervención en ese nombramiento?
¿Realizó alguna acción de fiscalización sobre la contratación de su familiar político?
Y, principalmente, ¿qué medidas se adoptaron después de conocerse las observaciones de la Contraloría?
ETAPA y Cristian Zamora cuestionaron públicamente los hallazgos del organismo de control y defendieron el derecho de los funcionarios a recibir remuneraciones por el trabajo efectivamente realizado.
Por ello, corresponde distinguir las observaciones administrativas de cualquier responsabilidad individual que todavía deba determinarse.
LA FISCALIZACIÓN TAMBIÉN DEBE RENDIR CUENTASLos concejales tienen entre sus responsabilidades la fiscalización de la gestión municipal.
En ese contexto, resulta legítimo exigir transparencia sobre los procesos de contratación, especialmente cuando existen relaciones familiares entre autoridades y funcionarios de las empresas públicas.
El parentesco, por sí solo, no demuestra que Gustavo Valencia haya gestionado el nombramiento de su yerno ni que haya cometido un delito. Sin embargo, las observaciones de la Contraloría justifican que las autoridades expliquen públicamente cómo se creó el puesto, quién autorizó la designación y qué controles se aplicaron.
La ciudadanía tiene derecho a conocer esas respuestas.
EL DEBATE ESTÁ ABIERTO¿Crees que el concejal Gustavo Valencia debe explicar públicamente las circunstancias de la contratación de su yerno en ETAPA?
SÍ, debe dar explicaciones.
NO, corresponde únicamente a ETAPA aclarar el caso.
Tu opinión cuenta. Participa en los comentarios.Las investigaciones y procedimientos correspondientes deben respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
“MÁS VALE TARDE QUE NUNCA”
CHATS REABREN EL CASO ARROZ VERDE: LA FILTRACIÓN DE MARÍA PAULA CHRISTIANSEN PAREJA DE JOSÉ SERRANO, QUE EXPONE A RAFAEL CORREA.
Fiscalía incorporó nuevas conversaciones a un expediente judicial que reabren una de las interrogantes que permanecía sin respuesta desde hace casi una década: ¿quién entregó a Fernando Villavicencio documentos que dieron origen al caso Arroz Verde?.
Esto comenzó con la publicación de los denominados “Archivos Verdes”los documentos que fueron difundidos en su momento por Fernando Villavicencio en donde detallaban un presunto esquema de financiamiento irregular de campañas políticas mediante aportes de contratistas del Estado, información dio origen a una investigación fiscal que más tarde pasó a denominarse “Caso Sobornos 2012-2016”.
La Fiscalía sostuvo que existió un esquema de cohecho mediante el cual empresas contratistas realizaron aportes para actividades políticas a cambio de beneficios desde el Estado, este proceso concluyó con sentencias ejecutoriadas por cohecho contra varios exfuncionarios y particulares, entre ellos el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.
Mientras la justicia resolvía responsabilidades penales del caso Sobornos, había una inquietud abierta:
¿Quién le entregó a Villavicencio los Archivos Verdes?
Hay que recordar que por años Rafael Correa cuestionó públicamente el caso Arroz Verde y la evidencia utilizada durante la investigación, lo que fue motivo de debate político, pero nunca existió una respuesta definitiva sobre quién facilitó esa información al periodista que la hizo pública.
Actualmente el tema vuelve a cobrar fuerza, por
las telefónicas incorporadas por Fiscalía dentro de otra investigación judicial donde aparecen las conversaciones de María Paula Christiansen, expareja del exministro José Serrano, mensajes, de Rafael Correa que pregunta quién entregó los archivos del caso Arroz Verde.
Christiansen le responde que, según su versión, el responsable habría sido el exdirector de Inteligencia Rommy Vallejo. Además, sostiene que podía respaldar esa afirmación con pruebas e insiste en que José Serrano no fue quien filtró la información. Estos chats forman parte del material incorporado por la Fiscalía y deberán ser valorados por la autoridad judicial correspondiente.
La información que permitió iniciar uno de los procesos por corrupción más importantes de la historia reciente del Ecuador.
Justicia: Radio Cuenca
EL PODER DE LA INFORMACIÓN
Fuente:Que Notas Ec
¿INSTRUCTORES FANTASMA Y ENTRENAMIENTOS QUE NO CORRESPONDÍAN? LA CONTRALORÍA HABRÍA DETECTADO IRREGULARIDADES EN LA GUARDIA CIUDADANA 
Un informe de Contraloría habría encontrado presuntos indicios de responsabilidad penal en un contrato cercano a los 50.000 dólares relacionado con capacitaciones para la Guardia Ciudadana. Según las observaciones, la empresa contratada habría presentado documentación presuntamente falsa e instructores que no existirían. 
Además, se cuestiona que los entrenamientos estuvieran enfocados en temas vinculados al uso de armas letales, una competencia que no correspondería a las funciones de la Guardia Ciudadana. El caso ya habría sido remitido a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. 
La polémica abre interrogantes sobre quién debía controlar el contrato y cómo se validó la información presentada por la empresa adjudicada. ¿Cree que deben establecerse responsabilidades por este caso? ¿Quién falló: la empresa, los fiscalizadores o ambos? ¡Lo leemos en los comentarios! 
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