miércoles, 17 de diciembre de 2025
Sector eléctrico: memorial de un atraco millonario
Por: Gustavo Isch y PLAN V
En la cultura china, las crisis se definen como: peligro + oportunidad. El peligro en este país de fábula es la suma de: improvisación + delincuencia política organizada sobre sectores estratégicos. La oportunidad es para los “vivarachos”.
Ecuador depende históricamente al menos en un 80% del agua para la generación eléctrica (INAMHI, 2024), lo que lo hace muy vulnerable a sequías y problemas en embalses. Desde la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), el Estado impulsó 14 grandes obras hidroeléctricas, consolidando un modelo semi estatista que puso este sector estratégico a depender de la energía hídrica como fuente principal. Su sucesor, Lenín Moreno (2017- 2021) heredó importantes deudas del sector eléctrico y buscó apertura al capital privado, pero sin resolver la falta de inversión en generación. El expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) declaró emergencia energética, importó energía de Colombia y Perú y buscó soluciones con empresas privadas, aunque la crisis se intensificó por el alza de la demanda y decisiones gubernamentales previas y posteriores sobre contratos energéticos. Lasso atribuyó la situación tanto a la sequía, descrita como la más grande en 50 años, como al aumento del consumo por la reactivación económica post-pandemia, que incrementó la demanda de energía eléctrica y aumentó la presión sobre el sistema.
Decisiones políticas que detuvieron o modificaron contratos de generación de energía (eólica, fotovoltaica, termoeléctrica) agravaron el problema. A finales de 2024 estallaron cortes drásticos no avisados, con apagones de hasta 14 horas diarias en septiembre de 2024. Para el empresariado ecuatoriano, estos racionamientos significaron pérdidas de unos USD 25 millones por día de cada jornada de apagones. (El País, 2024).
Desde entonces el Ejecutivo ha prometido diversificar la matriz (plan “Cero apagones”) y atraer nueva generación, pero los hechos muestran improvisación y urgencia. Noboa mantuvo el esquema de contrataciones de emergencia heredado de Lasso, pero con resultados limitados. Por ejemplo, la polémica contratación de la barcaza de Karpowership –único proyecto de arrendamiento del primer paquete de emergencia– fue la única que llegó a generar potencia (101 MW en noviembre de 2024). Los demás contratos de emergencia iniciados en 2024 fueron fallidos o tardíos. En paralelo, Noboa prometió que en 2025 ingresarían casi 980 MW adicionales, garantizando el servicio público, pero esta meta no se cumplió por los retrasos reales de obras bajo cuestionamiento.
¿La reiteración de errores como síntoma de un patrón de corrupción?
En octubre y noviembre de 2024, en plena emergencia, CELEC EP suscribió varios contratos “exprés” para nueva generación. Por un lado, se firmaron dos millonarios convenios con la estadounidense Progen Industries (Salitral y Quevedo) por USD 149,1 millones en conjunto, y con la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM) por USD 89 millones para el proyecto Esmeraldas III (91 MW). Estos contratos preveían pagos anticipados del 70% al presentar documentos técnicos. En noviembre de 2024, CELEC licitó cuatro contratos más para adquirir o alquilar generadores en “bloque de emergencia” (sitios de Esmeraldas IV, Durán, San Juan–Manta, etc.) por un total de USD 467 millones. Estos acuerdos se aprobaron en la urgencia de levantar nueva potencia, pero sin estudios de viabilidad rigurosos. Pronto surgieron problemas.
Proyecto Esmeraldas III – ATM (Austral Technical Management)
Una de las crisis más emblemáticas por su inaudito manejo desde el Estado es el proyecto termoeléctrico Esmeraldas III. En emergencia para paliar la crisis de 2024, CELEC adjudicó a la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM) un contrato de USD 89 millones para construir una planta de ciclo combinado (91 MW) en Esmeraldas, con plazo inicial de 140 días para entrar en operación a inicios de 2025; sin embargo, el proyecto fracasó rotundamente. Tras 11 meses de retrasos, ATM no entregó la planta. CELEC ha pagado hasta la fecha USD 71,4 millones (el 63% del contrato) sin recibir una sola generación útil. Técnicos estatales reportaron que, de los 48 grupos electrógenos previstos, solo 16 (de viejo stock) operaban parcialmente a 60 Hz; el resto son incompatibles (configurados a 50 Hz) o tienen fallas graves. Se encontraron bombas de aceite rotas y filtros defectuosos que impedían operación continua, convirtiendo el sitio en un “cementerio de generadores inservibles”.
La compañía ATM finalmente abandonó la obra hace semanas, dejando equipo oxidado. El propio Estado reconoce en informes internos la inviabilidad del proyecto: CELEC ha recomendado rescindir el contrato y cobrar garantías, pero el 29 de agosto de 2025, un árbitro de emergencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito dictó medidas cautelares que impiden a CELEC terminar unilateralmente el contrato y ejecutar garantías mientras se sustancia el proceso principal. Paralelamente, está en curso el arbitraje de fondo, en el que se resolverá de manera definitiva la legalidad de las actuaciones contractuales, la existencia de incumplimientos y las responsabilidades económicas de las partes.
El 8 de diciembre de 2025, CELEC informó que presentó formalmente una denuncia penal por delincuencia organizada contra los responsables de Esmeraldas III. La estatal advirtió que están en juego USD 89 millones en fondos públicos y que la obra lleva dos meses paralizada. Este escándalo (a veces llamado “Caso ATM/Austral”) ha sido seguido de cerca por medios de comunicación.
Caso Progen: el gobierno la demanda por delitos de crimen organizado
Paralelamente, en octubre de 2024 CELEC contrató a Progen Industries (EE.UU.) la provisión de 150 MW mediante dos plantas móviles en Salitral (Guayaquil) y Quevedo, por USD 149,1 millones en total. La cláusula preveía adelantar el 70% al presentar la documentación de embarque; Progen cumplió esa parte (envió los motores) y así en seis meses el Estado pagó USD 104 millones entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Sin embargo, los generadores entregados jamás entraron en funcionamiento. Progen incurrió en atrasos e incumplimientos, y CELEC terminó unilateralmente los contratos en junio de 2025.
Como resultado, CELEC proyecta recuperar muy poco de ese gasto: según la liquidación final, solo unos USD 30 millones (28% de lo pagado) serán recuperables en multas y garantías, quedándose el Estado con los motores defectuosos. En su análisis, CELEC calificó que en Salitral se cumplió apenas un 73% del contrato y en Quevedo un 68%, por lo que las multas aplicables (sobre garantías no entregadas) ascendieron a unos USD 7,43 millones ejecutados hasta ahora por la aseguradora Seguros Confianza. En concreto, CELEC ya recibió USD 7,43 millones de garantías en EE.UU. (2,48M por Quevedo y 4,97M por Salitral), pero eso es mínimo frente a los USD 104M desembolsados.
El “Caso Progen” ha dejado además redes de denuncias y escándalos: CELEC presentó dos denuncias penales contra Progen Industries: por estafa (20 de junio de 2025) y por delincuencia organizada (31 de julio de 2025), pero ambos procesos avanzan con lentitud. Más grave aún, unos días antes de la segunda denuncia la Fiscalía allanó las oficinas de CELEC y domicilios en el llamado “Caso Apagón”, investigando un presunto delito de peculado ligado a estos contratos. Entre los implicados está el exgerente de CELEC y ex viceministro de Energía. Este operativo coincidió con las auditorías de la Contraloría General del Estado sobre los contratos con Progen y Austral Technical Management (ATM), que identificaron indicios de perjuicio económico para el Estado. En informes oficiales de auditoría remitidos a la Asamblea Nacional el 5 de agosto de 2025 se establecieron responsabilidades civiles por aproximadamente USD 123 millones.
Han pasado seis meses desde que el gobierno anunció que CELEC podría culminar dos termoeléctricas pifiadas de Progen, pero, de nuevo, ese anuncio no se concretó; los hechos muestran una onerosa compra de equipos obsoletos que encadenó demoras, denuncias judiciales, un agujero fiscal millonario y altos funcionarios involucrados.
Finalmente, el martes 16 de diciembre, en su cuenta de X, el presidente Noboa anunció que el Estado ecuatoriano (CELEC) había demandado a Progen en Estados Unidos, demanda amparada en la ley RICO. «Se que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación de acudir a todas las instancias hasta que exista reparación integral al país», dijo el presidente Noboa.
La ministra de Ambiente y Energía precisó que «bajo la ley RICO procedimos a demandar, una conducta penal con indemnización. Creada en 1970 bajo el nombre Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Esta ley es para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización». Es una ley con la cual EE.UU.sanciona delitos vinculados al crimen organizado.
“Segundo bloque” de emergencia: nuevos contratos fallidos y multas impagadas
A fines de 2024, CELEC intentó compensar la falta de energía contratando cuatro nuevos paquetes adicionales (el llamado “segundo bloque” de emergencia) por USD 467 millones en total. Estos contratos (firmados el 15 de noviembre de 2024) incluían la compra de tres plantas de generación terrestre para las centrales Esmeraldas IV, Durán y San Juan-Manta (372 MW) y un contrato de alquiler de 260 MW a un consorcio encabezado por la empresa Projects and Industrial Products. Sin embargo, igual que los anteriores, a principios de 2025 CELEC declaró terminados unilateralmente los cuatro acuerdos. No se entregó ningún equipo ni se hizo anticipos, pero al estar firmados se generaron fuertes cláusulas penales. Según un informe interno de noviembre de 2025, las multas acumuladas por la falta de pólizas y garantías superaron el 5% del monto de cada contrato, alcanzando unos USD 86 millones en total.
A diferencia del caso Progen/ATM, en estos contratos “fallidos” CELEC prácticamente no ha podido cobrar esas sanciones. Se ha iniciado una demanda judicial (a cargo de la unidad Termomanabí) solo para intentar recuperar USD 11,4 millones de un caso específico. El resto de las multas, que bordean los USD 75 millones, permanece en suspenso. Los contratistas interpusieron acciones constitucionales y, hasta ahora, ninguna autoridad judicial ha ordenado el cobro de las penalidades. En ese marco, el consorcio Worlding–Projects –integrado por la ecuatoriana Servicios de Ingeniería y Montaje Worlding S.A. y la firma estadounidense Projects and Industrial Products, LLC– impugnó dos contratos, lo que contribuyó a paralizar los procesos y a mantener estancada la recuperación de esos recursos públicos.
Este nuevo capítulo evidencia otra improvisación: USD 467 millones comprometidos sin control, sin urgencia real (los equipos se esperaban para 2026) y con resultados idénticos: riesgos y deudas para el Estado sin activos nuevos.
Importaciones de energía y otras medidas del gobierno que no resuelve
Ante la escasez, el gobierno también recurrió a comprar energía en el extranjero. Históricamente Ecuador ha importado electricidad de Colombia (hasta 450 MW por líneas compartidas). Durante el estiaje de 2024, Colombia suspendió por casi dos meses sus ventas hacia Ecuador, lo que agravó el déficit y ocasionó apagones diarios de hasta 14 horas. Cuando las ventas se reanudaron el 17 de noviembre de 2024, el Estado pagó en promedio USD 2,6 millones al día por ese suministro colombiano. Aun en 2025, eventos climáticos han obligado a importaciones puntuales: por ejemplo, el 3 de julio de 2025 Ecuador tuvo que adquirir 100 MW desde Colombia entre las 9:00 y 11:00 debido a la parada de ocho hidroeléctricas por lluvias intensas. El Ejecutivo insiste en que a partir de los nuevos proyectos locales no dependerán de compras foráneas, pero es evidente que esas importaciones, a cambio de generar ingentes gastos diarios, no son una solución a
Impacto económico y social
La crisis eléctrica dejó severos efectos económicos. Según estimaciones empresariales, cada día de corte en la crisis energética generó cerca de USD 25 millones en pérdidas para el sector productivo (comercio, industria y servicios) El País, 2024. Sectores como manufactura, comercio minorista y oficinas públicas sufrieron paralizaciones intermitentes. La agroindustria y transporte, muy dependientes de refrigeración y tecnología, también reportaron bajas de producción. A nivel estatal, la celebración de contratos fallidos y las indemnizaciones han drenado las arcas públicas. Adicionalmente, el país afrontó gastos enormes en facturas importadas: el pago diario por electricidad colombiana volvió a sumarse al presupuesto nacional varios meses.
Otro episodio que alimentó las dudas ciudadanas fue la decisión gubernamental de avanzar, en 2024, con un proyecto para un nuevo terminal marítimo de gas natural licuado en Monteverde, en la provincia de Santa Elena, destinado a facilitar importaciones de GNL para generación eléctrica de emergencia mediante unidades flotantes. El proceso generó cuestionamientos por la rapidez con que se habilitó la iniciativa y por el limitado debate público previo, en un contexto marcado por antecedentes recientes de contratos energéticos fallidos. Para diversos analistas, este tipo de decisiones refuerza la percepción de una política energética guiada por la urgencia y la opacidad, donde proyectos estratégicos se aprueban sin los contrapesos institucionales necesarios.
Aunque el Ejecutivo insiste en que ya cuenta con el plan “Cero apagones” y garantías de suministro, varios de sus primeros 15 meses de gestión se han caracterizado por prórrogas y anuncios rimbombantes. En la práctica, el régimen no pudo evitar los racionamientos heredados (que de hecho se agudizaron en 2024) y recurrió a soluciones parche como contratos de emergencia, importaciones urgentes y obras a medidas. Por ello, la oposición y la ciudadanía critican la improvisación administrativa, denuncian que no hay rendición de cuentas y no se explica por qué se contrató a proveedores poco confiables, ni por qué se pagó por equipos obsoletos. Las investigaciones en curso (Fiscalía, Contraloría, y hasta tribunales internacionales) aún no han concluido en sanciones concretas, lo que mantiene latente la sensación de impunidad. Todo ello enmarca crisis que reflejan tanto la fragilidad del sistema energético como la falta de planificación sólida.
Otra adjudicación por USD 258 millones con problemas
El 27 de octubre del 2025, el gerente de Electro Guayas, resolvió adjudicar el contrato del «procedimiento de contratación por giro específico del negocio signado con el código No. GEN-CELECEP-2025-02435, para efectuar el “EGU alquiler de generadores de energía termoeléctrica que permita atender la demanda de energía a nivel nacional, al oferente Compromiso de consorcio Pascuales García GEN 260, para la dotación de 260 MW. conformado por (las empresas) RENGEN VM S.A DE C.V (RVM180410IC4), COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE TIJUANA S.A DE C.V (CTI031024FY2), RENGEN ENERGY SOLUTIONS S.A DE C.V (RES140709KXA), PROYECTOS Y CONSULTORIA DEL DESIERTO S.A DE C.V (PCD910228HV7) y GRUPO ROALES S.A DE C.V (GRO080112J12), siendo su procurador común María Elena Benalcázar Torres, con RUC 1003238647001, por un valor de USD 258.279.840,00 más IVA. y un plazo de ejecución de 740 días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador del Contrato respecto al inicio del plazo contractual».
Según denunciaron otros oferentes, hubo varias irregularidades en esta adjudicación. Concretamente «preocupa que la Comisión Técnica a cargo del proceso no verificó si el oferente adjudicado realmente dispone de los equipos». En este proceso no se incluyó este requisito, a pesar de la mala experiencia con el caso Progen.
También se denunciaron problemas en cuanto a las garantías que debe presentar todo oferente, pero en este caso se habría adjudicado el contrato sin las garantías requeridas dentro del plazo inicial, y la Comisión Técnica amplió el plazo para que el adjudicado presente las garantías.
El problema, según el periodista Álvaro Espinosa, es que Regen VM S.A., Constructora de Tijuana, Regen Energy Solutions, Proyectos y Consultoría del Desierto y Grupo Roales, que conforman el consorcio ganador del contrato «tienen registros de litigios mercantiles menores, procesos administrativos por retrasos contractuales, baja transparencia corporativa y poca disponibilidad de información auditable». Esto, de acuerdo «a un informe confidencial de debida diligencia, elaborado por Integrity Global Advisors. En ese documento se revela que las entidades evaluadas mantienen niveles de riesgo reputacional moderados a medios-altos», denunció Espinosa, sin que haya respuesta de las autoridades.
martes, 16 de diciembre de 2025
Las terribles consecuencias de la pirotecnia en los animales
La quema de pólvora de manera innecesaria ya es per se perjuiciosa para el medio ambiente, pues libera gases tóxicos que afectan la salud no sólo humana sino de todo ser vivo. No obstante, aunado a esto, los animales atraviesan por terribles experiencias ante la quema de pirotecnia que puede desencadenar episodios que finalmente culminen en la muerte. El respeto a la vida implica conocer el daño que indirectamente se le puede ocasionar con actividades como la quema de fuegos artificiales. Misma que causa consecuencias graves en la naturaleza.
Especialmente durante las celebraciones tradicionales de cada país, se suele encender pirotecnia como una manera de hacer visible el espíritu festivo. No obstante, poco a poco hemos aprendido que de hecho es una actividad sumamente dañina tanto para el hombre como para la fauna circundante. Desde los animales de compañía, hasta la fauna silvestre, son vulnerables ante cada explosión. Y cuando estas vienen en masa, el daño puede resultar irreversible llegando incluso a la muerte.
Consecuencias en los animales ante la pirotecnia
Los defensores de los seres sensibles, es decir, todo ser vivo que sea capaz de experimentar dolor y un abanico de sensaciones, hacen un llamado para minar las actividades de pirotecnia por el daño que causa. La quema indiscriminada de pólvora afecta de manera grave a los animales como perros y gatos que suelen sufrir episodios de ansiedad. También se han reportado casos de animales de compañía que al escuchar los estallidos, corren confundidos y terminan siendo atropellados en las calles.
Animales como los perros, gatos y las aves citadinas evolutivamente han desarrollado en mayor grado el sentido del oído. Al escuchar los estallidos que produce la pirotecnica, sus oídos sufren daños y provoca la alteración del comportamiento que en algunos casos desencadena episodios de ansiedad tan intensos que derivan en infartos y la muerte de los animales. Otros síntomas que pueden desarrollar son desesperación excesiva, salivación, arritmia cardiaca, desorientación y estrés.
El caso de las aves es todavía más grave, pues están completamente expuestas ante el estallido de la pólvora. Pueden llegar a sufrir quemaduras, además de la desorientación ocasionada por el fuerte estallido. En muchas ocasiones tal confusión deriva en el abandono de sus nidos. Y en el peor de los casos, en colisiones contra estructuras firmes causando la muerte de las aves.
Un mal innecesario
La composición química de los juegos pirotécnicos no es homogénea, es decir que está conformada por distintos elementos. En ella se encuentran sustancias dañinas, especialmente concentraciones elevadas de metales que cumplen la función de propulsantes, oxidantes y estabilizantes. Potasio, bario, estroncio, cobre, titanio, antimonio y aluminio, son tan sólo algunos de los metales que pueden encontrarse en los fuegos artificiales.
No resulta sorprendente pensar que el estallido de este coctel de sustancias represente daños graves tanto para el medio ambiente como para la vida circundante, incluido el hombre. En los humanos los daños a corto plazo se presentan como irritación en los ojos, nariz y garganta, además de una disminución temporal pulmonar. Los daños a largo plazo no se conocen del todo todavía, pero podrían ser severos al tratarse de metales que ingresan en forma de gases al organismo.
Por tanto, aunque exista un gusto por el espectáculo visual que generan los fuegos pirotécnicos, las consecuencias que se colocan al otro lado de la balanza son mayores. Tanto los animales domésticos como la vida silvestre y el hombre, sufren consecuencias ante la pirotecnia, que en algunas ocasiones deriva en la muerte de la fauna. Un mal innecesario que deberíamos reconsiderar.
Tomado de ecosfera.com – Foto: ecosfera.com