Presentación
jueves, 2 de enero de 2025
Licitar el OCP en 2025, uno de los objetivos del Gobierno
Se delegó la infraestructura al viceministro de Hidrocarburos este fin de año
Quito- El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, mediante Acuerdo Ministerial, ha delegó este 30 de diciembre de 2024 al viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Manuel Ferreira, la responsabilidad de recibir, en nombre del Estado ecuatoriano, todos los bienes y derechos de la compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A. y de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ltd.
Esta transferencia incluye la totalidad de las acciones ordinarias y nominativas, así como los bienes del oleoducto, exentos de gravámenes. Sin embargo, quedan excluidos de esta transferencia cualquier responsabilidad laboral, juicios o reclamos previos, obligaciones tributarias con el Estado y cualquier compromiso relacionado con la construcción del oleoducto o su operación y mantenimiento. Este proceso responde a la terminación automática del contrato vigente, según lo dispuesto en la Cláusula 14.2 del “Contrato para la Construcción y Operación del Oleoducto de Crudos Pesados y Prestación de Servicios de Transporte de Hidrocarburos”.
Asimismo, se ha otorgado una prórroga a los contratos de prestación de servicio público de transporte de petróleo crudo suscritos entre el Ministerio y la compañía OCP Ecuador S.A., vigentes desde noviembre de 2018. Esta extensión, efectiva a partir del 1 de diciembre de 2024, se mantendrá hasta que se concrete la selección y contratación de una empresa nacional o extranjera para la administración, operación y prestación de estos servicios.
El viceministro también ha sido facultado para iniciar el proceso de selección, adjudicación o contratación de una nueva entidad encargada de la operación del oleoducto, así como para realizar todas las gestiones jurídicas, administrativas, judiciales y financieras necesarias para formalizar la transferencia de derechos, acciones y bienes de OCP Ecuador S.A. Esto incluye la representación del Ministerio en las juntas generales de accionistas de la compañía.
En días pasados, el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que buscará licitar activos del Estado para conseguir recursos. En ese contexto, en días pasados, se sacó a licitación el campo Sacha, considerado como la “joya de la corona” porque representa el 14 % de la producción nacional total.
Finalmente, las disposiciones generales del acuerdo ministerial sobre el OCP aclaran que esta delegación no implica renuncia a las competencias del titular de la cartera de Estado, quien podrá intervenir directamente cuando lo considere necesario. El delegado deberá informar periódicamente sobre las acciones realizadas, presentando informes mensuales y un reporte final al término del período delegado.
El Consejo Electoral evita pronunciarse sobre licencia de Noboa para la campaña
Varios analistas han advertido que Noboa no debería estar sometido a pedir licencia para dedicarse a la campaña

Esta polémica tiene lugar poco antes del inicio de la campaña electoral que arranca el 5 de enero / Foto: EFE
Quito- El Consejo Nacional Electoral (CNE) evitó este lunes pronunciarse sobre una norma que obliga al presidente del país, Daniel Noboa, a tomar una licencia sin sueldo durante la campaña proselitista que arranca el próximo 5 de enero, y que ha levantado una ardua polémica entre el oficialismo y la oposición.
El pleno del CNE decidió no acoger el pedido de la vocal del organismo Elena Nájera, quien solicitó que sea el Consejo el que ratifique la normativa ante la discusión política surgida el país y que podría acarrear consecuencias.
Para el consejero Enrique Pita, la solicitud de su colega Nájera no era procedente porque las normativas constitucional y electoral son muy claras y el CNE no podría dar una interpretación de la ley, porque no es su función.
Pita aseguró que el organismo podría pronunciarse, eso sí, si se produjera una infracción electoral por parte del candidato, ante lo cual elevaría la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que es el juzgador en la materia.
Nájera, por su parte, insistió en su pedido debido a que en el propio seno del CNE hay posiciones encontradas y dijo que incluso alguna autoridad ha advertido de la posibilidad de que la norma pueda ser interpretada, por lo que, a su criterio, era necesario el pronunciamiento del máximo organismo electoral del país.
De su lado, el consejero José Cabrera, insistió en que la ley es muy clara y que no se requiere de una interpretación del CNE, aunque aseguró que el organismo está obligado a presentar denuncias ante el TCE si se diera alguna infracción en el proceso, "sea quien sea" el candidato imputado.
Esta polémica tiene lugar poco antes del inicio de la campaña electoral que arranca el 5 de enero y en la que el presidente Noboa debe actuar por haberse presentado para intentar repetir en los comicios generales del próximo 9 de febrero.
Para participar en la campaña, Noboa debe pedir licencia, según establece la norma legal, pero ello supone que también debe ceder el poder a su vicepresidenta, Verónica Abad, con quien mantiene un enconado enfrentamiento político.
Varios analistas afines al Gobierno han advertido de que Noboa no debería estar sometido a la regla de pedir licencia para dedicarse a la campaña para la reelección, en virtud de que el gobernante asumió el poder tras unas elecciones especiales convocadas por su antecesor.
Y es que el conservador Guillermo Lasso, en abril de 2023, invocó la norma constitucional de "muerte cruzada", con la que pudo disolver el Parlamento que tramitaba entonces su censura, pero debió recortar su periodo (2021-2025) y convocar a elecciones anticipadas.
Noboa, en fórmula electoral o tándem con la vicepresidenta Abad, venció en esos comicios y el 23 de noviembre de 2023 asumió la Presidencia para completar el periodo de Lasso.
El actual mandatario se ha mostrado renuente a que Abad le suceda en el cargo como manda la Constitución, por considerar que ella podría trastocar los planes de su Gobierno.
Noboa, en su pugna con Abad, decidió la semana pasada enviar a la Vicepresidenta como consejera económica a la Embajada de Ecuador en Turquía y le había conminado a asumir esa función hasta el pasado viernes.
No obstante, Abad ha decidido postergar el viaje a Ankara, ha anunciado que tomará vacaciones, que acudirá al Parlamento a una comparecencia en los próximos días y que está lista para asumir la jefatura del Estado cuando Noboa pida licencia para participar en la campaña electoral.
Con ese panorama, Ecuador ha entrado en un periodo de compás de espera hasta el próximo domingo, cuando arranque la campaña electoral y se despeje la incertidumbre sobre el pedido de licencia de Noboa y la sucesión temporal de Abad.
Destacado Principal
Seguridad
Autoridades ratifican no hubo operativo específico para aprehender a menores desaparecidos
La aprehensión ocurrió cuando la patrulla militar regresaba a la base aérea de la zona de Taura

Organismos de DD.HH. exigieron investigaciones, y responsabilizaron a Noboa, por las violaciones a los derechos humanos / Foto: cortesía Ministerio de Defensa
Quito- El ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlos Loffredo, y otras autoridades del área de seguridad, acudieron este lunes ante una comisión de la Asamblea Nacional para informar sobre el caso de los cuatro menores desaparecidos el pasado 8 de diciembre, cuando fueron aprehendidos por una patrulla militar en Guayaquil.
En su comparecencia ante la comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, las autoridades reiteraron que "no hubo un operativo específico" para aprehender a menores y repitieron que éstos fueron dejados con vida en una zona de la provincia del Guayas, una de las más peligrosas del país.
Recalcaron que la aprehensión ocurrió cuando la patrulla militar regresaba a la base aérea de la zona de Taura, tras haber apoyado a la Secretaría Nacional de Aduanas en otra misión.
Las autoridades insistieron en que los militares aprehendieron a los menores en una zona donde se había denunciado el presunto robo a una mujer, y anotaron que la patrulla no informó de inmediato sobre la aprehensión de los menores a su superior.
Asimismo, apuntaron que en los informes no se manifiesta si los militares se pusieron en contacto, o no, con los representantes legales de los aprehendidos.
Además de Loffedo, en la comparecencia participó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y otros representantes de los militares.
Conflicto armado interno
Por su parte, este lunes organizaciones de derechos humanos (DD.HH.) exigieron verdad, justicia y reparación "frente a la desaparición forzada" de los menores y demás "casos de graves violaciones de derechos humanos en 2024".
En un comunicado, recordaron que el pasado 9 de enero, el presidente, Daniel Noboa, declaró por primera vez la existencia de conflicto armado interno contra las bandas criminales, movilizando a las Fuerzas Armadas a escala nacional, incluyendo las cárceles.
"En este contexto, se promovió el uso de la fuerza letal para 'neutralizar grupos terroristas'", anotaron al recordar que esa declaratoria fue cuestionada por organizaciones de DD.HH. nacionales e internacionales, quienes advirtieron que dicha medida ponía "en grave riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía".
Asimismo, señalaron que la situación en Ecuador y la justificación del Ejecutivo "no cumplía -ni cumple- con los requisitos establecidos para tal declaratoria", que se dio en un momento de un recrudecimiento de hechos violentos en el país, que incluyeron motines en cárceles y la toma de un canal de televisión por parte de encapuchados armados, durante una transmisión en vivo.
En el escrito, las organizaciones recordaron que se alertó de que la movilización de los militares, entrenados para combatir al "enemigo", era una medida mediática que reforzaba "un enfoque securitista y punitivista" y ponía "en grave riesgo derechos humanos fundamentales".
Investigaciones rigurosas
En el comunicado, los organismos de DD.HH. denunciaron la "desaparición forzada" de los cuatro menores afrodescendientes, de entre 11 y 15 años, "como hechos sistemáticos que están ocurriendo en todo el país en contra de la población joven, empobrecida y racializada".
Exigieron a la Corte Constitucional hacer respetar sus dictámenes y asegurar que la movilización de los militares para tareas de seguridad ciudadana sea temporal, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Además, pidieron que "los casos de graves violaciones" a los DD.HH. supuestamente "ocurridos en 2024 sean investigados, acompañados y resueltos" conforme a la naturaleza de los casos y la normativa vigente.
Exigieron investigaciones rigurosas y ágiles, y responsabilizaron a Noboa, "por las graves violaciones" a los derechos humanos presuntamente ocurridas este año.
En el escrito también responsabilizan a Loffredo "por los ataques" que han recibido las familias de los menores en redes sociales "por medio de campañas de estigmatización y desinformación".
Exigieron al Parlamento que, por "justicia a todos los casos de graves violaciones" de DD.HH. se enjuicie políticamente" a Loffredo, y formularon un llamamiento a organismos internacionales de derechos humanos para que visiten Ecuador para constatar "los hechos ocurridos durante el 2024". EFE


