El apagón: incapacidad e impunidad, la factura que paga Ecuador
Después de casi tres años de gobierno, Daniel Noboa ya no puede explicar la crisis eléctrica por el estiaje o las condiciones externas. Ecuador llega nuevamente a la temporada seca con un déficit de generación, proyectos retrasados y una política energética sostenida en contrataciones de emergencia. Mientras el Gobierno anuncia cientos de megavatios, la generación efectivamente incorporada sigue lejos de cubrir las necesidades del sistema.
El resultado está a la vista. Al menos nueve proyectos de generación o alquiler impulsados durante este Gobierno acumularon problemas y dejaron más de 1.000 MW sin incorporarse en los plazos previstos. En abril de 2026 se anunció la contratación de otros 920 MW térmicos, pero meses después el propio Viceministerio de Electricidad reconoció que apenas 50 MW de nueva generación entrarían durante este año.
Los casos Progen y Austral Technical Management muestran las consecuencias de administrar la crisis mediante contratos de emergencia. Ambas empresas debían entregar 241 MW. El Estado desembolsó más de USD 178 millones y recibió una fracción de la generación contratada. En El Salitral, una investigación dentro del litigio de CELEC en Estados Unidos determinó que 21 generadores vendidos por Progen habían sido comprados usados por alrededor de USD 8 millones; CELEC pagó USD 69 millones por esos equipos. La Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal y responsabilidades civiles por más de USD 122 millones en los contratos de Progen y ATM.
Aunque el Bloque oficialista, en la Asamblea Nacional, no lo admita, las responsabilidades políticas caen por su propio peso. Roberto Luque, que estuvo encargado del Ministerio de Energía durante la emergencia de 2024. Fue quien recibió propuestas de proveedores y visitó las instalaciones de Progen antes de la contratación. Durante la gestión de Inés Manzano continuó la ejecución del contrato, mientras surgían problemas con los equipos.
Frente al déficit, Ecuador vuelve a depender de Colombia y busca ampliar la conexión con Perú. Comprar energía externa puede aliviar el sistema, pero no reemplaza una política de generación propia. En agosto, Ecuador llegó a pagar USD 0,33 por kilovatio hora importado desde Colombia, frente a una estimación de CENACE de USD 0,1723 para ese mes. Las nuevas reglas colombianas priorizan generación térmica más costosa y también favorecen contratos entre empresas privadas.
Este camino coincide con una política que amplía la participación privada en generación, transmisión y distribución, incluso para proyectos que no consten en el Plan Maestro de Electricidad. Para sus críticos, esta orientación profundiza una lógica neoliberal, deterioro y pérdida de capacidad pública para favorecer negocios privados. El debate no es solamente quién genera electricidad, sino por qué el Estado llega debilitado a cada emergencia y termina contratando soluciones más caras y urgentes.
Noboa ofreció generación constante durante 2025 y 2026. La cruda realidad son contratos fallidos, generación pendiente, importaciones y restricciones al consumo industrial.
Después de casi tres años, el estiaje dejó de ser excusa. La crisis eléctrica también es resultado de decisiones políticas, contrataciones cuestionadas y una gestión que prometió megavatios que todavía no llegan al sistema. La factura de esa incapacidad no la pagan quienes gobiernan, la paga Ecuador.
