Reconstruir el país
Reconstruir nuestro país es una pregunta que deberíamos hacernos todos en la situación actual que vivimos. Creo que esta es una tarea urgente e indispensable que los ecuatorianos, independientemente de su orientación ideológica y/o partidista, que no hemos sido parte de su casi total destrucción, debemos hacerla. Esto requiere de una visión clara, una estrategia sólida y una acción colectiva. Es fundamental que se tomen medidas para limpiar el sistema, reformar las instituciones y fortalecer la democracia. La sociedad civil debe participar activamente en este proceso para garantizar que se aplique la ley en su máximo rigor, bajo los parámetros legales del debido proceso, y se proteja a la sociedad de la corrupción y la violencia.
Si hiciéramos un diagnóstico muy general de la situación, aún a costa de ser repetitivos, el panorama es el siguiente:1. Infiltración de organizaciones criminales: La permisividad de los dirigentes políticos ha permitido que los carteles mexicanos y colombianos establezcan operaciones en el país, unidos a grupos delincuenciales nacionales, generando una red de corrupción y violencia. 2. Corrupción política: La infiltración de cuadros políticos en el Parlamento y en dignidades de Gobiernos Descentralizados, ha convertido a estos en brazos políticos de las mafias, encubriendo y protegiendo sus actividades ilícitas. 3. Burocracia nacional infiltrada: La toma de la burocracia nacional con personal especializado en entorpecer y no responder reclamos ciudadanos ha generado una sensación de impunidad y desesperanza en la población. Una gran cantidad de solicitudes y peticiones simplemente no son respondidas y terminan porque el demandante cansado y humillado ya no insiste. Ciertos burócratas se ríen de la acción jurídica del “silencio administrativo”.
Frente a esto, que deberíamos hacer. Creo que es necesario generar varias acciones necesarias para contrarrestar lo antes expresado. Por ejemplo: 1. Denuncia ciudadana: La sociedad debe unirse para denunciar a los responsables de la corrupción y la infiltración de organizaciones criminales, sin temor de ninguna naturaleza. 2. Investigación y sanción: Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas y se apliquen sanciones severas a aquellos que han permitido la infiltración de organizaciones criminales y han participado en actividades corruptas. Estamos viendo que tanto autoridades administrativas como la Fiscalía y determinados Jueces, lo están haciendo, con mucha valentía. 3.Reforma política y burocrática: Es necesario implementar reformas políticas y burocráticas para evitar la infiltración de organizaciones criminales y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. 4. Fortalecimiento de las instituciones públicas: Es fundamental fortalecer las instituciones democráticas y dotarles de los mecanismos legales necesarios, de los elementos técnicos y científicos que necesitan, de los recursos económicos y materiales para el cumplimiento de sus atribuciones, como la Justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas, para que puedan cumplir con su función de proteger a la sociedad y garantizar la aplicación de la ley. Estimo que es importante que la sociedad en su conjunto participe activamente en la denuncia de la corrupción y la infiltración de organizaciones criminales; en la exigencia de transparencia y en la rendición de cuentas en la gestión pública. La sociedad tiene que actuar, constituyéndose en un verdadero bastión de la lucha para eliminar a funcionarios corruptos, a autoridades y funcionarios que no cumplen con lo que la ley les manda; y, en general para combatir implacablemente la corrupción en todos los niveles.
La administración de justicia es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, y su eficacia depende de varios factores. Aunque es cierto que los jueces deben cumplir con requisitos de conocimientos, academia, estudios de especialización y experiencia, hay un elemento aún más crucial que debe ser el principal objetivo de un cambio de 180 grados en la administración de justicia: la probidad. En artículos anteriores me he referido a este aspecto sumamente importante que no los voy a repetir ahora. No importa que un juez pueda tener tal o cual posición política. Lo que importa es que ese Juez sea probo, correcto, imparcial. La probidad de Jueces, Fiscales y demás operadores de la administración de justicia, es esencial para que esta sea confiable y respetable. La probidad, como todos sabemos, se refiere a la conducta sin tacha, a la honestidad y la integridad de los jueces y funcionarios del sistema de justicia. Sin probidad, la administración de justicia se convierte en un sistema corrupto y parcializado, donde la ley se aplica de manera arbitraria y se favorece a unos sobre otros.
La falta de probidad en la administración de justicia puede tener consecuencias devastadoras, como: La pérdida de confianza en el sistema de justicia, lo que genera en la sociedad la convicción de que esa administración realiza y encubre la impunidad. Y que por este motivo la corrupción se extiende y se profundiza, lo que ha llevado a una crisis institucional y social, así como a decisiones injustas y parcializadas porque “no se ha podido aceitar a alguien en el engranaje judicial”; lo que a su vez, afecta la vida de las personas y de la sociedad en general. En este aspecto, también es importantísimo que la ciudadanía, los usuarios y los ABOGADOS (lo pongo con mayúsculas, porque hay muchos Abogados que son partícipes de la corrupción judicial y de las mafias de todo tipo) participen activamente en la supervisión y control de la administración de justicia, para garantizar que se cumplan los principios de probidad y justicia.
Por otra parte nuestro país requiere de un Parlamento con legisladores que sepan hacer técnicamente buenas leyes y fiscalizar cuando efectivamente deban hacerlo y no utilizar el Juicio Político (institución sumamente necesaria) como arma de chantaje político o de obtención de prebendas en las otras funciones del Estado; no de ajuste de cuentas ni de venganzas políticas. Hacer buenas leyes es una responsabilidad muy significativa, pero su difusión no debe limitarse a la publicación en el Registro Oficial sino también la ciudadanía, aunque sean únicamente los aspectos esenciales de las leyes principales como las penales, laborales, de tránsito, salud, comercio, seguridad social, seguridad nacional y, de las garantías y derechos puntualizadas en la Constitución. Somos un país de poca población, que a través de muchos sistemas de información y redes sociales, pueden conocerlas. Y así como están las cosas, hay que enseñárselas a los ciudadanos desde la Escuela. Estimo que una eficaz Asamblea debe estar integrada por parlamentarios que tengan conocimientos y experiencia en las materias sobre las que se debe legislar; que se saquen la camiseta partidista y actúen en forma independiente y sean objetivos en su toma de decisiones, sin estar influenciados por intereses personales o políticos; es decir, que sean transparentes en su proceso de toma de decisiones y rindan cuentas a la ciudadanía. Finalmente, estimo también que los asambleístas deben fomentar la participación ciudadana en el proceso de creación de leyes convocando a grupos sociales, a la Academia, a los Colegios Profesionales, Cámaras y Gremios y a expertos en los diferentes campos del saber para que conozcan de viva voz y documentadamente las necesidades sociales. Bueno, amigos lectores, nunca está demás ofrecer ideas en función de salvar a nuestro país y al futuro de nuestros hijos, nietos y futuras generaciones.
