La contaminación por fuga de combustible en la estación Piazza del Valle en Yunguilla, en el Cantón de Santa Isabel, Provincia del Azuay, ha matado la flora y la fauna del lugar. No pueden utilizar el agua de la vertiente porque está contaminada, mezclada con gasolina. Por el peligro se debería clausurar definitivamente la gasolinera. Por la inestabilidad del terreno, el surtidor de combustibles está inclinado, lo que significa que en algún momento puede suceder una tragedia, a más de la fuga del combustible por los tanques de almacenamiento. Las autoridades de las inspecciones no han pasado. Siguen los procesos de análisis. Hasta cuándo.
Ecuador, 01 de abril de 2024· Fundamedios reporta en este primer trimestre de 2024, 65 agresiones contra la libertad de expresión y prensa. Enero se llevó la mayoría, con 42; en ese mes se dio el ataque terrorista contra TC Televisión. En marzo, a pesar de que las agresiones se han reducido de manera significativa, los agentes estatales vuelven a ser el principal agresor contra la prensa. Reportamos 8 agresiones y víctimas. Esto significa 7 menos que en febrero.
Este trimestre se registran solo 14 agresiones menos que en el mismo periodo de 2023. Sin embargo, el número es alto en comparación con los años anteriores, de 2020 a 2022. Entre enero y marzo de 2024 se han registrado: 10 casos de discurso estigmatizante, 8 atentados y otros ataques físicos, 11 casos de censura, 8 amenazas, 4 casos de obstrucción de acceso a la información, 3 exilios, 11 agresiones verbales, 5 ataques en el espacio digital, 1 caso de marco jurídico contrario a estándares, 1 actos terroristas, 1 extorsión y 2 procesos judiciales.
El año inició con una de las afectaciones más graves a la libertad de expresión y prensa en Ecuador: un ataque terrorista a un medio de comunicación con señal en vivo. Y este suceso solo es un reflejo de la grave situación de la prensa. Fundamedios reportó en enero 42 agresiones y víctimas. Los actores estatales fueron el principal agresor contra la prensa, con 16 ocasiones; le siguen los casos perpetrados por los actores no estatales, con 11 agresiones; y, luego, las organizaciones criminales y la delincuencia común, con 6 agresiones.
En febrero, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y gobiernos locales protagonizaron los principales ataques contra la prensa en un mes en que, en cualquier caso, se produjo una reducción sustancial de las agresiones. Fundamedios reportó ese mes 15 agresiones y víctimas. Las agresiones verbales fueron el tipo de agresión más común con un total de cinco, seguido de tres ataques en el espacio digital, tres actos de censura, dos procesos judiciales, un acto que limitó el acceso a la información y una amenaza.
En marzo, las agresiones continuaron con la misma gravedad que se ha registrado los meses pasados. Las agresiones verbales fueron el tipo más común, seguidos de amenazas, censura, discurso estigmatizante y atentado, y otros ataques físicos que registraron un caso cada uno. Los estatales, nuevamente, fueron los perpetradores de violencia contra la libertad de expresión y prensa en cuatro ocasiones. El espacio digital fue el escenario donde la mayoría de agresiones se dieron.
El Estado obstruye la libertad de prensa
Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, encargado en la detención de Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta, Verónica Abad, ordenó a un policía eliminar el material de cobertura de Iván Velesaca, periodista de Cuenca, el jueves 21 de marzo. Esa mañana se conoció que Barreiro fue detenido por orden de la Fiscalía por supuesto tráfico de influencias, en el caso denominado ‘Nene’. Ante ello, Velesaca —quien colabora para Radio 96.1 La Voz de la Ciudad y el portal digital Crónica Cuenca— acudió hasta la casa de Barreiro para cubrir el hecho. Velesaca, quien se ubicó en las afueras de la casa, buscaba hablar con las autoridades encargadas del operativo; sin embargo, cuando intentó grabar, el fiscal Alarcón le dijo que no podía hacerlo y pidió al policía que borrara el video que había capturado. El reportero quiso resistirse, pues les explicó que era periodista —se identificó como tal— y, además, les dijo que para hacer lo que ellos querían, necesitaban una orden. “El señor, que dijo era Fiscal encargado del caso, dijo que están en flagrancia y que le hiciera caso y borrara el material”, añadió Velesaca.
Por otro lado, el Gobierno también se mostró reacio a entregar información a la prensa. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, evadió preguntas de Richard Jiménez, periodista de diario Expreso, sobre cómo los casos ‘Metástasis’ y ‘Purga’ reconfiguran las alianzas la relación entre la Asamblea y el Gobierno. “¿Quién le manda a preguntar eso? ¿Sus jefes ‘pelagatos’, Pallares y Aguilar?”, dijo el funcionario al reportero. Inicialmente, Jiménez intentó contactar con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, pero, al no tener respuesta, se contactó con Torres a través de WhatsApp. Fundamedios tuvo acceso al chat que mantuvieron el periodista y Torres. “¿Cree necesario que el oficialismo replantee estas alianzas legislativas? ¿Esto podría perjudicar la imagen del Gobierno?”, preguntó el periodista. Torres insistió en que el periodista no había respondido sus dudas sobre quién le mandó a preguntar y si fueron los periodistas Martín Pallares y Roberto Aguilar. Expreso se pronunció en un editorial titulado ‘La osadía de preguntar’, en el que recuerda que todo funcionario está bajo el escrutinio público y que, entre sus obligaciones, está responder a las preguntas de periodistas y medios de comunicación, siempre bajo parámetros de respeto mutuo. Jiménez señaló que el viceministro puede tener cualquier tipo de discrepancia con Aguilar o Pallares, ambos editorialistas del diario, “pero esas diferencias no pueden confundirse con el trabajo periodístico”.
El jueves 21 de marzo, la Asamblea Nacional marcó con una etiqueta de “falso” una nota periodística publicada por diario Expreso, en su versión digital, en la que se refiere a la imposibilidad que ha tenido este mes el Legislativo para aprobar una nueva resolución de respaldo a la fiscal general, Diana Salazar. Y se colocó el mismo sello de falso a un artículo de opinión. Además, se tildó como “desinformación” a estas publicaciones e instaron a la ciudadanía a informarse “solo por a través de medios oficiales”, deslegitimando así el trabajo periodístico y atentando contra la libertad de prensa y expresión.
El Legislativo, a través de su cuenta oficial de X, señaló una nota que se titula: ‘A la Asamblea le resulta muy complicado respaldar a la Fiscal’, en la que se presenta una cronología de los acontecimientos que se han desarrollado este mes en torno a resoluciones fallidas que buscaban respaldar a la Fiscalía General y a su titular, pero que no se han logrado aprobar. En dicha nota, redactada por la periodista Karina Sotalín y publicada el 19 de marzo, se señala que Henry Kronfle, presidente del Legislativo, convocó ese día a la sesión 915, para tratar la propuesta del Partido Social Cristiano (PSC) sobre una resolución para respaldar la independencia de funciones e institucionalidad de la Fiscalía; esto, a raíz de la revelación del caso ‘Purga’, en la que se han visto salpicados funcionarios públicos y políticos, uno de ellos relacionado directamente con este partido: Pablo Muentes.
Fundamedios vio tres actitudes contrarias a la libertad de expresión:
1: Que la Asamblea (como otras instituciones públicas han hecho costumbre) colocó una etiqueta de ‘Falso’ en una nota periodística. Este tipo de actitudes son un ataque contra la prensa que buscan deslegitimarla y han sido usadas por gobiernos e instituciones autoritarias para defender sus propios intereses.
2: Que la Asamblea colocó una etiqueta de ‘Falso’ en un artículo de opinión. Esto va contra todos los estándares y protecciones de la libertad de expresión. Lo que ahí se expone es un análisis personal de su autor, por eso se enmarca en la sección de opinión.
3: Que la Asamblea llame a la ciudadanía a informarse “solo por medios oficiales”. Esto tiene el claro interés de imponer a la opinión pública una visión única —la de la Asamblea— sobre un tema delicado. En una sociedad democrática debe haber una pluralidad de voces y justo lo que no debe hacer un público responsable es quedarse solo con la versión oficial, que será siempre una versión interesada y sesgada.
La violencia de género sigue afectando a las periodistas
La periodista ecuatoriana Sol Borja fue víctima de epítetos sexistas tras publicar opiniones sobre un mensaje de la primera dama, Lavinia Balvonesi. Además, recibió insultos e insinuaciones que se hicieron eco en los comentarios de un espacio al que acudió por el Día de la Mujer y una columna publicada ese día.
En sus redes sociales, Balvonesi publicó un video con un mensaje por la conmemoración del 8M, en el que asegura: “Las mujeres somos el sexo delicado, pero no el sexo débil. Que todo lo que nos proponemos lo hacemos con mucho amor y mucha pasión y eso es lo que destaca de nosotras”. Borja rechazó estas declaraciones desde su cuenta de X. “Alguien que me explique qué es el ‘sexo delicado’”, dijo; y añadió que el espacio que tiene Valbonesi en la palestra pública “no puede ser banalizado con estas declaraciones que desconocen la realidad de las mujeres y la luchas durísimas que aún se libran”
Por eso, recibió varios insultos. Ese mismo día, Borja fue blanco de comentarios agresivos por parte de lo que ella califica como trolls y cuentas irrelevantes, tras participar en un espacio convocado por la periodista Alondra Santiago, en su programa denominado ‘Ingobernables’, donde estuvo junto a la precandidata presidencial Cristina Reyes. Un tercer blanco de ataques en su contra fue una columna de opinión que se publicó ese día en el medio digital Primicias, en la que Borja expuso datos de los casos que se han registrado en el país de violencia en contra de mujeres.
“Las agresiones fueron todo el día. Unos comentarios me llegaban con cita directa a mi usuario, otros con cita de mis tuits y de la columna que publiqué y otros llegaron desde la plataforma de Alondra (Santiago), por la entrevista de la mañana. Todos los comentarios con una carga de género”, afirmó Borja.
Otro caso muy grave que sucedió este mes se dio el día 11: Alexandra Moyano, periodista de Radio Novedades, de Cotopaxi, fue amenazada de muerte. “Ya se te dijo que la gente te va a llegar (…) Es la última vez que abres tu hocico para hablar de la Gobernación”, es un fragmento de lo que le dijeron a Moyano a través de llamadas telefónicas. Enseguida, agregaron que iba a “amanecer con moscas en la boca”.
Moyano asegura que la persecución en su contra empezó meses atrás; sin embargo, sus alarmas se encendieron en febrero, cuando recibió las primeras llamadas telefónicas en las que, además de insultarla, la amenazaron con abusar de ella. “También entonces me amenazaron de muerte. No logré grabar esas llamadas, pero me volvieron a llamar y ahí sí me preocupé, porque mencionaron la ubicación de la escuela de mi sobrino”, comentó Moyano. Moyano supone que todo esto se debe a las investigaciones y reportajes que ha hecho sobre irregularidades en la Gobernación y el mal uso de recursos en los hospitales del IESS en esa ciudad. Fundamedios tiene en su poder la grabación con las amenazas en contra de la periodista.
“El Gobernador (Iván Navas) ha prohibido a las distintas instancias e instituciones que me den información”, comentó Moyano y aseguró que por eso no ha podido publicar reportajes recientes sobre la institución. A eso se añaden señalamientos de Navas como “periodista loca” o “desquiciada” frente a sus colegas. Fundamedios se contactó con Iván Navas Chacón, gobernador de Cotopaxi, quien aseguró que desconoce totalmente la amenaza en contra de Moyano y dice no tener nada que ver con este hecho. “No sé qué tenga en contra mío. Yo no tengo nada que ver, no sé nada. No tengo conocimiento, pero me duele que me llamen por estos temas. Por mi naturaleza, soy un militar que quiere la paz, porque sé lo que es la guerra”, comentó Navas.
REVOCATORIA DEL MANDATO
¿ARBITRAJE O SUMISIÓN INTERNACIONAL?
Para las élites, uno de los factores que condiciona el desarrollo económico y la generación de empleo es
el incremento de la inversión extranjera directa. Ese discurso, desde el retorno a la democracia formal,
es el estandarte de una serie de políticas estatales que apenas atrajeron capitales en estos últimos
cuarenta y cinco años; los datos del propio Fondo Monetario Internacional establecen que la mejor
experiencia anual en Ecuador, allá por 1998, apenas captó inversiones por poco más del 3% del
Producto Interno Bruto, en tanto, el desempleo y subempleo se disparó.
Aunque la realidad es decidora, el gobierno de Noboa insiste en ese viejo fundamentalismo económico
aperturista e intenta llevarlo a un nuevo nivel con su propuesta de Referéndum que, en una de las
preguntas planteadas, prevé la reforma de la Constitución, del artículo 422, para allanar el retorno del
país al sistema de arbitraje de inversiones.
El hijo del magnate bananero alardea que la seguridad jurídica a las inversiones motivará la importación
de capitales, pero oculta que, de aprobarse esta pregunta, serán los centros de arbitraje internacional,
generalmente adscritos a los organismos multilaterales (Banco Mundial, Organización Mundial de
Comercio, etc.), quienes solucionen las controversias contractuales o comerciales entre los
inversionistas extranjeros y el Estado; por lo tanto, la justicia nacional quedará excluida.
Es evidente, las inversiones extranjeras, u otras que se disfracen de ellas, tendrán un trato privilegiado,
pues no estarán obligadas a respetar el marco jurídico ecuatoriano y sólo esos capitales transnacionales,
no el Estado, podrán demandar por millonarias sumas al país que se defenderá como gato panza arriba.
Las demandas arbitrales ya han costado al Estado cerca de 3.000 millones de dólares. Sólo para este año
Noboa presupuestó otros 2.426 millones para pagar sentencias de arbitrajes y se conjetura que en el
futuro inmediato habrá litigios, contra el Ecuador, por 57000 millones de dólares más. Vaya atropello.
El arbitraje internacional es un traje hecho a la medida de los intereses de monopolios, su esencia es
privilegiar el capital por sobre los derechos de los seres humanos y del ambiente, por sobre la soberanía
nacional.
Existen suficientes razones para votar NO en la pregunta D de la Consulta Popular, se deben terminar los
tratados bilaterales de inversión sobre promoción y protección de inversiones. Es hora de decidir: ¿el
país o la sumisión a las transnacionales?
Francisco Escandón Guevara
