La Alarma de Bélgica: Gobernanza, Crimen Transnacional y el Riesgo Sistémico para Europa y América Latina
Europa enfrenta una advertencia escalofriante que trasciende fronteras: una jueza investigadora de Amberes, bajo protección policial tras amenazas directas del narcotráfico, ha alertado públicamente al gobierno belga sobre la infiltración mafiosa en el país. En una carta anónima publicada en el sitio oficial del sistema judicial belga el 27 de octubre de 2025, la magistrada advierte: “Estamos evolucionando hacia un narcoestado”. Describe cómo estructuras mafiosas paralelas han arraigado en la sociedad, corrompiendo instituciones clave y convirtiendo a Bélgica en la principal puerta de entrada de cocaína a Europa, con consecuencias que socavan el Estado de derecho.
La alarma no es exagerada. El puerto de Amberes, el segundo más grande de Europa y epicentro de esta crisis, registró incautaciones récord en años recientes, impulsadas por carteles sudamericanos que diversifican rutas y sobornan funcionarios. En 2023, se decomisaron 116 toneladas de cocaína, un hito histórico. Para 2024, las cifras cayeron a 44 toneladas —una reducción del 62 % atribuida no a menos tráfico, sino a tácticas más sofisticadas de los criminales, como envíos fragmentados y corrupción en aduanas—. En 2025, hasta noviembre, las autoridades han reportado más de 70 toneladas incautadas en más de 180 operaciones, superando proyecciones y confirmando la resiliencia del flujo ilícito, con contenedores originados en puertos como Guayaquil (Ecuador) y Buenaventura (Colombia). Estas cifras, según el Informe Anual de la Agencia de la Unión Europea para las Drogas de 2025, posicionan a Amberes por encima de Rotterdam como el principal punto de entrada de cocaína en el continente, con violencia relacionada —más de 60 tiroteos en Bruselas este año— erosionando la seguridad pública.
Este fenómeno revela un patrón sistémico: el crimen organizado transnacional opera como una red diversificada y adaptable, fusionando narcotráfico con economías ilícitas emergentes. Su impacto no se limita a la seguridad, sino que desafía la gobernanza global al corromper logística, finanzas y políticas públicas.
El oro ilegal: la nueva sangre del crimen organizado
La cocaína ya no es el único motor. Según el informe Minerals Crime: Illegal Gold Mining de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado en mayo de 2025, la minería ilegal de oro en América Latina genera hasta 48.000 millones de dólares anuales en ingresos criminales —superando al narcotráfico en países como Perú, Colombia y Venezuela—. Grupos como el Clan del Golfo en Colombia o el Tren de Aragua en Venezuela han pivotado hacia esta actividad, aprovechando rutas de drogas existentes y controlando territorios amazónicos con violencia y trata de personas.
El costo ambiental es devastador: en la Amazonía, se liberan más de 2.200 toneladas de mercurio al año —el 37 % de las emisiones antropogénicas globales—, contaminando ríos, suelos y cadenas alimentarias, con impactos en salud pública que perduran generaciones. Un informe de la Environmental Investigation Agency (EIA) de julio de 2025 expone cómo carteles mexicanos, como el de Jalisco Nueva Generación, trafican 200 toneladas de mercurio ilegal desde minas en reservas UNESCO hacia Bolivia, Colombia y Perú, generando al menos 8.000 millones de dólares en oro ilícito. Este metal “sucio” se blanquea en refinerías de Suiza, Dubái e India, integrándose a cadenas legales y financiando sobornos, armas y expansión criminal.
Un problema compartido que exige corresponsabilidad
Las respuestas unilaterales han fallado. Mientras el crimen opera como un ecosistema interconectado, la cooperación internacional permanece fragmentada. El caso belga —con arrestos de policías, aduaneros y jueces por corrupción— ilustra cómo la vulnerabilidad de un puerto europeo repercute en comunidades latinoamericanas.
Se necesitan estructuras de gobernanza renovadas:
1. Fondo multilateral obligatorio: Financiado proporcionalmente (Europa/EE.UU./China: 70-75 %; tránsito: 15-20 %; productores: resto), con auditorías independientes y métricas de impacto.
2. Tecnología conjunta 24/7: Escáneres con IA, drones y análisis isotópico en puertos clave como Amberes, Róterdam, Guayaquil y Cartagena.
3. Inteligencia integrada permanente: Centros operados por Europol, UNODC, DEA y autoridades latinoamericanas, con interoperabilidad en tiempo real.
4. Trazabilidad vinculante del oro: Desde la mina hasta el consumidor, con multas del 20-30 % por evasión, alineada a la Convención de Minamata —cuya COP6 en noviembre de 2025 urge cerrar minas de mercurio primarias—.
Estas medidas complementan esfuerzos nacionales, creando un marco para amenazas sistémicas.
Europa y América Latina: una interdependencia ineludible
La advertencia de Amberes es un espejo para ambos continentes: lo que fluye desde el Pacífico sur contamina el corazón industrial europeo, mientras el lavado en refinerías globales empodera mafias en la Amazonía. En 2025, con precios del oro en récords de 3.500 dólares la onza, el crimen transnacional no solo amenaza la seguridad, sino la integridad institucional y el desarrollo sostenible.
El narcotráfico y la minería ilegal ignoran fronteras; la respuesta efectiva tampoco debe hacerlo. Esta crisis ofrece una oportunidad para Latinoamérica y Europa: transitar de políticas reactivas a una corresponsabilidad verificable, protegiendo sociedades interconectadas antes de que el “narcoestado” sea una realidad compartida. Solo la acción unificada puede restaurar la gobernanza en un mundo sin compartimentos.
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