El observador

 

Más que un Paro Nacional: Ecuador en su encrucijada

El 22 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anuncio el inicio de un paro nacional en todos los territorios de las nacionalidades y pueblos. El rechazo al alza del precio del diésel detonó un profundo malestar de la población ecuatoriana, debido a la violencia criminal que desangra al país, la destrucción del sistema de salud pública que ha provocado la muerte de cientos de pacientes incluidos neonatos, al alto costo de la vida que ha extendido la pobreza, la miseria y la desesperación en la gran mayoría de la población. La tragedia social se agrava con la criminalización de la resistencia popular, la judicialización de la oposición política y la militarización en todo el territorio nacional.

El movimiento indígena es el único contrapeso político real de un gobierno que ha secuestrado todos los poderes del Estado. Por esta razón, en los hechos, el enemigo en la guerra interna de Noboa no son los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), sino las organizaciones indígenas, especialmente la CONAIE. Con una agresiva propaganda y con el abuso del poder judicial, el gobierno busca vincular a las organizaciones sociales, principalmente a la indígena, con los GDO para deslegitimar su lucha y justificar la represión militar y policial en contra las comunidades en paro. Según se desarrolla la política securitista del gobierno, es válido decir que el enemigo de la guerra interna es la sociedad que resiste al ajuste económico neoliberal y a la gubernamentalidad necroliberal que lo acompaña.

En el contexto de la marcha ciudadana del domingo 12 de Octubre convocada por la CONAIE y varias organizaciones sociales más, con motivo de la celebración de lucha de descolonización de en nuestros territorios, el gobierno ordenó la militarización total de ciudad de Quito, con aproximadamente 10 mil efectivos entre policías y militares. Se bloqueó los accesos a la ciudad obstruyendo las carreteras; se dispuso la prohibición de manifestaciones públicas. Estas políticas se sumaron a la declaratoria del estado de excepción en las provincias de conflicto social, a la criminalización de varios dirigentes indígenas; al bloqueo ilegal de cuentas bancarias de un gran número de activistas sociales y de organizaciones de defensa de los derechos humanos; a la censura por criminalización, compra o amedrentamiento de portales digitales independientes; al control de la información de los grandes medios de comunicación; a una agresiva política de bonos coyunturales a distintos sectores sociales para dividir y debilitar la protesta social, etc. A pesar de todo la marcha logró evitar la contención militar y llegar hasta el histórico parque “El Arbolito” símbolo de los levantamientos indígenas.

Previo al 12 de octubre, la extrema represión militar en la provincia de Imbabura, y sobre todo Otavalo y Cotacachi, resultó en decenas de heridos, golpeados, detenidos ilegalmente y en el reprochable asesinato del comunero Efraín Fuerez con impactos de bala. La muerte de Efraín quedó registrado en un video donde se ve con claridad que fue un asesinato, y que los militares se acercaron a Efraín y a su compañero que le acompañaba, no para asistirles sino para patearles y golpearles con sus fusiles. En el punto más alto del conflicto, el gobierno cortó la luz y la red de internet en las zonas sitiadas, como si se tratase de una guerra. La guerra que no han declarado a los GDO, sino a los pueblos indígenas y campesinos del país. Las movilizaciones en territorios se extienden principalmente por las provincias de la sierra de mayoría indígena, zonas a las que el gobierno va con convoyes militares a los que llama “humanitarios” para amenazar y a provocar a las comunidades. En una de estas operaciones, se da el ataque con piedras a la caravana blindada donde supuestamente iba el presidente, hecho utilizado por el gobierno para decir que hubo un intento de magnicidio con un ataque con armas de fuego. Se hizo un escándalo mediático que logró que su narrativa la reproduzcan grandes medios de comunicación internacional y, con ello, el apoyo de varios gobiernos. Al día siguiente de este efecto mediático, la misma policía negó el ataque con armas de fuego.

La actuación del gobierno muestra que no tiene ninguna intención de abrir canales de diálogo para resolver el conflicto social. Esta postura no solo responde al capricho de un joven acostumbrado a hacer lo que bien tengan en gana producto de su origen de clases –es el heredero de la mayor fortuna del país-. Esta postura es, por un lado evidente, parte de una política exigida por el FMI para garantizar el incremento de la deuda externa del país y, así, la ganancia en intereses y capital que crecen a niveles criminales para el pueblo ecuatoriano. Por otro no tan evidente, responde a una articulación subyugada del gobierno a los intereses geopolíticos de Estados Unidos en su necesidad de retomar el control de América Latina frente al ascenso del eje euroasiático, sobre todo de la China. La Guerra interna declarada por Noboa en enero del 2024 es la versión ecuatoriana del Plan Colombia, la política estadounidense de las guerras contra las drogas que utilizan para controlar los países y alinearlos a sus intereses.

El Ecuador está a la puerta de una consulta popular que busca que el pueblo dé el visto bueno para el retorno de las bases militares estadounidenses y la instalación de una nueva constituyente que redacte una Constitución retardataria en los derechos humanos y de la naturaleza, conquistados por la gran movilización social antineoliberal de la Constitución del 2008. Así, lo que se disputa en este Paro Nacional es la implementación salvaje del neoliberalismo o su limitación, la destrucción de derechos o la ampliación de ellos, la alineación militar cínica con la política decadente del imperio en su guerra geopolítica o algo de soberanía.

Por último, hago un llamado a la comunidad internacional a no quitar sus ojos de lo que sucede en mi pequeño país andino, secuestrado por la política necroliberal del capital criminal nacional e internacional.

Natalia Sierra