El observador

 Dos funcionarios de confianza de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del exsecretario Nacional de Gestión de la Política, Paúl Granda, habrían sido el enlace entre el Ejecutivo y la Asamblea para el reparto de hospitales e instituciones públicas.

Según el testimonio del exasambleísta Daniel Mendoza, Andrés Bejarano Flores y Fausto Holguín Ochoa, asesores de Granda y de Romo, respectivamente, eran quienes se acercaban a los asambleístas para “regoger las peticiones y procesarlas”.
María Paula Romo fue nombraba como ministra de Gobierno el 31 de agosto de 2018. Pocos días después, el 13 de septiembre de ese mismo año, Romo designó a Fausto Holguín como director de Regulación y Control de Sevicios de Seguridad Privada del ministerio de Gobierno.
Luego de 3 meses, Holguín pasó a la Secretaría Nacional de Gestion de la Política como subsecretario de Articulación Interinstitucional, cargo que ocupó hasta el 31 de julio de 2019.
Un día después, el 01 de agosto de ese año, volvió al ministerio de Gobierno como viceministro de Gobernabilidad y actualmente se desempeña como subsecretario de Articulación con otras funciones del Estado.
En cuanto a Andrés Bejarano, también mencionado por Mendoza, fue asesor de Paúl Granda en la Secretaría General de Gestión de la Política. También se desempeñó como asesor 2 del ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuando Granda fue su titular.
Entre los emisarios del Ejecutivo se realizaban acercamientos con la Asamblea y se elaboraban listas de los requerimientos de los asambleístas, especialmente del Movimiento País e independientes.
Según fuentes judiciales, en una primera fase se habrían gestionado 271 pedidos de cargos directivos en instituciones nacionales, zonales, provinciales, cantonales y locales.
Entre las entidades constan los ministerios de Agricultura, Turismo, Transporte, Salud, Vivienda, Educación e Inclusión Económica y Social; la Agencia Nacional de Tránsito, CENEL, Secretaría Nacional de Gestión de la Política, Registro Civil, CNE, CFN, CNT, IESS, Contraloría, Inmobiliar, Correos del Ecuador, SECAP, SECOB, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y la Dirección Nacional de Rehabiltación.