martes, 30 de septiembre de 2025
El ECU 911 alertó este martes 30 de septiembre sobre cierres de vías en cinco provincias del país por la presencia de manifestantes. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.
Los cierres viales están en los siguientes puntos:
Pichincha
La Agencia Metropolitana de Tránsito reportó un cierre vial por manifestaciones en el sector de Guangoplo. Los agentes realizaron el bloqueo vial en el redondel de la av. Intervalles sentido norte - sur para desvío vehícular. Este tramo estará bloqueado mientras se mantengan los manifestantes en ese sector.
Imbabura
Cayambe - Cajas Cerrada, sector Río San José E35 por aglomeración de personas.
Ibarra- Zuleta: Cerrada a la altura del barrio San Francisco y puente de Rumipamba
Eje vial rural Conaquí Urcuquí: Cerrada en desvío a Coñaquí.
Otavalo- Cotacachi: Cerrada desde la E35 a la altura del partidero de Cotacachi, Ilumán y Peguche.
Eje rural Otavalo -Quiroga: Cerrada por acumulación de escombros en San Eloy y Río Blanco.
Riobamba
Alausí - Cañar Cerrada en Honorato Vásquez, Coyotor, Jesús del Gran Poder y Yaculoma, debido a manifestaciones
Vía Guaranda - Riobamba por Gallo Rumi, sector Vinchoa Central - Las Herrerías
Cañar
Vía Zhud – Cochancay-El Triunfo : Cerrada en el sector de Collauco, debido a manifestaciones
Vía Cuenca - Cañar - Alausi: Cerrada en Honorato Vásquez, Coyotor, Jesús del Gran Poder y Yaculoma, debido a manifestaciones
Azuay
Cerrada la vía Cuenca-Molleturo- Naranjal en el km. 63 debido a manifestantes
Vía Cuenca - Cañar - Alausi Cerrada en Honorato Vásquez, Coyotor, Jesús del Gran Poder y Yaculoma, debido a manifestaciones
Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi:
DANIEL NOBOA QUIERE CONCENTRAR TODAS LAS INSTANCIAS DEL PODER
Alberto Acosta, quien fue el primer presidente de la Asamblea Constituyente que sesionó en Montecristi del 2007 al 2008, reflexiona sobre las intenciones del presidente Daniel Noboa al plantear una consulta popular para que la gente decida si quiere una nueva que redacte otra constitución. Cree que busca concentrar el poder; eliminar derechos importantes, como los de los pueblos y nacionalidades indígenas y de la naturaleza; e implementar un modelo económico privatizador y “pro gran empresa”. Por eso, dice que impulsará el No en el plebiscito.
Por: Redacción, Diario EL UNIVERSO
29 de septiembre, 2025
Daniel Noboa logró que la Corte Constitucional (CC) apruebe una consulta para decidir sobre la instalación de una asamblea constituyente, esto pese a que había dicho que la dejaba en “compás de espera” para aprobar reformas con su mayoría legislativa. ¿Qué piensa de este cambio de opinión?
Noboa como dice una cosa, dice otra. Ofreció respetar la no explotación del Yasuni, no cumplió. Prometió no subir el precio de los combustibles, los subió. Ahora, al no poder controlar totalmente a la Corte Constitucional, en medio de la caída de su popularidad, incluso presionado por la creciente y más que justificada protesta popular, opta por disparar lo que parece, por lo pronto, su último cartucho: la asamblea constituyente… tiro que bien le puede salir por la culata.
¿Cómo ve que la CC haya aprobado la convocatoria en un trámite flash?
Noboa se salió con la suya. Atropelló la Constitución con la complicidad del CNE. Luego, sin haber solicitado el dictamen constitucional previo, doblegó a la Corte Constitucional, que quedó simplemente como una oficina tramitadora de un par de cambios puntuales. La Corte, al menos en este punto, no pudo sostener su posición como bastión del Estado Constitucional de derechos y justicia.
¿Cuál cree que es el objetivo de Noboa con esta constituyente?
El gran objetivo está a la vista, Noboa intenta cristalizar una serie de pretensiones restauradoras, profundamente conservadoras, de las oligarquías, viejas y remozadas, que siempre estuvieron en contra de la Constitución de Montecristi. Esos grupos saben perfectamente que, si se aplica a cabalidad lo que el pueblo en las urnas aprobó en el 2008, las estructuras de dominación social y sus privilegios están en peligro. Noboa, además, lo ha demostrado hasta la saciedad, quiere concentrar todas las instancias del poder. Quienes creen que él va a revisar el presidencialismo o no va a buscar la reelección indefinida, se equivocan totalmente.
¿Hacia dónde apuntarían sus cambios constitucionales en la institucionalidad, los derechos, y el modelo económico?
En su mira está desmontar o al menos debilitar los avances conseguidos en el campo de los derechos humanos, colectivos, ambientales, de las mujeres y las minorías sexuales, de la resistencia, y de la Naturaleza, así como las garantías para su cumplimiento; han sido muy claros en decir que hay que eliminar las acciones de protección de derechos. También buscarán demoler los mecanismos de participación democrática, como son los diversos tipos de consultas, para así, por ejemplo, forzar los extractivismos, sobre todo el minero. Igualmente quieren instaurar una economía-pro-gran-empresa, abriendo la puerta a la privatización total de los sectores estratégicos, la salud, la educación, la seguridad social; en esa línea vendrá una mayor precarización laboral con el trabajo por horas. Volverán los arbitrajes internacionales. Intentaron golpear al cooperativismo al querer forzar a cooperativas de ahorro y crédito a que se transformen en bancos; así, estos grupos de poder, demuestran su incomodidad con la visión constitucional de un sistema económico social y solidario, con un creciente peso de la economía popular y solidaria. Estos cruzados restauradores borrarán la obligación, no cumplida, de normar el uso y acceso a la tierra que, como toda propiedad, deberá cumplir la función social y ambiental; obligación que prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. Entre otras muchísimas ambiciones conservadoras, estaría dar de baja el Estado Plurinacional e Intercultural, que, si bien no fue asumido en la práctica, constituye un avance muy importante para las nacionalidades y pueblos.
Noboa ha dicho, entre otras cosas, que la actual constitución no sirve para combatir a los grupos criminales. ¿Es así?
Esa es una de las tantas falsedades que se repiten hasta el cansancio. Con ese discurso el gobernante quiere confundir a la gente, cuando él ni siquiera ha sido capaz de controlar las cárceles peor disminuir los altos índices de muertes violentas. El combate a los grupos criminales se lo hace con políticas públicas integrales y no con reformas constitucionales.
¿Cómo fue el proceso de redacción de la actual carta magna?
Fue un proceso esencialmente democrático. La participación ciudadana dentro y fuera de la Asamblea fue la norma. Se elaboró artículo por artículo recibiendo aportes de todos los sectores de la sociedad. Fue la Asamblea Constituyente más participativa y ciudadanizada de toda la historia ecuatoriana; basta recordar que la anterior fue una asamblea acuartelada. De esta manera se elaboró un proyecto de vida en común, teniendo en la mira una sociedad igualitaria y libre, no un texto para normar y mantener el status quo.
De ganar el Sí e instalarse la constituyente, ¿qué cosas de la actual constitución no deberían quitarse o cambiarse?
En ese caso no consentido, no deben tocarse los derechos y las garantías reconocidos a pueblos, colectividades, individuos y a la Naturaleza. Para lograrlo sería necesario entrar al proceso constituyente para ampliar derechos y garantías, pero como eso se pinta difícil, también desde afuera, con asambleas constituyentes populares, se puede impedir cualquier retroceso de los logros plasmados en Montecristi, resultado de decididas luchas de la sociedad. Estamos conscientes de que la tarea es compleja, pasa por consolidar una gran unidad democrática nacional, sin caudillos. Y, de ser necesario, más adelante, habrá que volver a decir NO en el referéndum aprobatorio de la constitución de Noboa.
Hay instituciones que fracasaron, como el Consejo de Participación y el Consejo de la Judicatura. ¿Deberían eliminarse?
Aquí, para mencionar un solo punto, hay que ser creativos para construir opciones que no sea simplemente el retorno al pasado, como sucederá si le pasan las funciones de dicho Consejo a la Asamblea Nacional. En realidad, bien se podrían introducir cambios en el texto constitucional, siguiendo los lineamientos establecidos en la misma Constitución del 2008.
Rafael Correa decía que la actual constitución duraría 300 años, pero en el camino él mismo la reformó para meter las manos a la justicia, y luego hubo más cambios impulsados por los siguientes Gobiernos. ¿Se manoseó la carta magna?
Desde que el pueblo aprobó la Constitución en las urnas, hubo claras expresiones y acciones contrarias del gobernante que se sumó activamente a este proceso constituyente. Fueron múltiples los atropellos. Recordemos, por ejemplo, las regresivas reformas logradas con la consulta popular del año 2011, en el ámbito de la justicia. Luego vendrían las enmiendas constitucionales del 2015, que posteriormente fueron derogadas por la Corte Constitucional. Correa finalizó su gestión despotricando en contra de la Constitución de Montecristi, la que, según él, estaría llena de novelerías. Todo esto desmonta la narrativa de que la Constitución es la madre del correismo. Luego entrarían en escena los sucesores que no se destacaron por respetar la Constitución, sino todo lo contrario.
¿Usted hará campaña por el No?
Por supuesto. Seguiré defendiendo una democracia incluyente y respetuosa de lo diverso, que incluya la Naturaleza en tanto sujeto. Una democracia que no se quede en los “apellidos” -liberal, popular, socialista…-, sino que priorice los contenidos. Una democracia que, más que un sustantivo, sea un verbo: eso implica democratizar de forma permanente y radical la sociedad, como su gran motivo.
Por lo tanto, VOTAR NO en la consulta popular que abriría la puerta a la Constitución de Noboa, será decir SI LA DEMOCRACIA.
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lunes, 29 de septiembre de 2025
Subsidios a los combustibles en América Latina
En América Latina, la política estatal de subsidios a los combustibles como el gas, diésel y gasolina, entre otros, continúa siendo uno de los temas más controversiales. Aunque efectivamente estos subsidios buscan aliviar el costo de vida y proteger a los sectores más vulnerables, en la práctica han generado profundos desequilibrios fiscales, distorsiones económicas y efectos políticos contradictorios. Este debate no es nuevo, pero se ha intensificado ante los escenarios recientes, conflictos geopolíticos y presiones sobre las finanzas públicas.
Los subsidios desde una perspectiva técnica, son una intervención del Estado en el mercado que busca modificar los precios vigentes, en algunos casos se lo hace con la finalidad de beneficiar a ciertos sectores sociales vulnerables o sectores productivos. En el caso de los combustibles, esto se traduce en que el Estado asume un porcentaje del costo del producto, permitiendo de esta manera que los consumidores paguen un precio por debajo del real.
Los gobernantes, producto de las presiones sociales al momento de implementar los subsidios, lo justifican a partir de la necesidad de lograr un efecto redistributivo de la riqueza. Una vez que su aplicación permite abaratar el costo y se logra un mayor acceso a un mayor número de personas al gas de uso doméstico, al diésel o a la gasolina de diferentes tipos, a su vez, permite a las familias de menores ingresos cocinar, transportarse y trabajar con mayor facilidad. También se argumenta que estos subsidios ayudan a controlar la inflación, y mantener el costo de vida.
Son diversos países de la región que mantienen estructuras de subsidios, algunas más agresivas que otras. Entre ellos tenemos al Ecuador, país que mantiene aún subsidios al gas de uso doméstico. El diésel, por decisión gubernamental mediante el decreto ejecutivo 126, emitido el viernes 19 de septiembre de 2025, procedió a eliminarlo, por lo que pasó de 1.80 a 2.80 dólares, el galón de 4 litros. Esta eliminación que ha provocado un incremento brusco del precio ha conducido a una crisis política de gran magnitud, con protestas que han paralizado el país y las organizaciones como la CONAIE y otros sectores se han declarado en paralización indefinida, hasta que el gobierno derogue el decreto 126.
La supuesta eliminación de los subsidios ha creado una situación explosiva en el Ecuador, por una parte, la narrativa gubernamental y de sus acólitos como el ex vicepresidente de la República Alberto Dahik, entre otros, abiertamente incondicionales al FMI y su programa neoliberal sostienen que Ecuador desde hace más de 40 años ha subsidiado el Diésel en más de 1.100 millones de dólares por año, basado en el precio internacional de exportación que alcanza los 2,50 dólares.
Expertos serios como el periodista Marcelo Larrea, y varios dirigentes indígenas, basado en los reportes de Petroecuador la empresa ecuatoriana responsable del crudo, sostienen que en el Ecuador no existe el subsidio al Diésel, lo que existe es que el país es petrolero y el costo de producción petróleo es bajo con relación a otros países, por ejemplo, producir un galón de diésel cuesta apenas 1,05 dólares, por tanto reflexionan, “a cuenta de que se pretende que los ecuatorianos debamos pagar 2.80 dólares por galón”, lo cual evidencia una clara subordinación a los importadores, ya que ellos traen el combustible a 2.50, quedándose con una ganancia ahora de 0.30 centavos de dólar por galón, en perjuicio a la población ecuatoriana.
El gobierno además sostiene en su narrativa que el aparente subsidio que ya fue quitado, beneficiaba a los ricos y a las bandas de delincuencia organizadas que operan en la minería ilegal y a los contrabandistas, posiblemente así es, pero si esto es de conocimiento gubernamental, lo ideal es combatir el ilícito con la fuerza del orden, quienes deben cumplir su tarea y no elevar el precio del diésel de 1,05 que cuesta producirlo a 2.80 que cuesta en el mercado en este momento y se estima que para finales de 2025, el precio bordeará los 4,00 para equipararlo con el precio internacional. Lo cual es un asalto a mano armada a la economía popular.
Haciendo una metáfora: si un productor tiene plantaciones de naranja y por tanto cosecha muchas naranjas, es justo que sus hijos coman naranja sin pagar o quizás pagar poco. La teoría gubernamental entonces sería que sus hijos paguen el precio que se vende la naranja en el mercado, más incluso lo que vale la naranja en el mercado internacional, y como no lo hacen, ellos consideran que esto es un subsidio, lo cual no tiene pie ni cabezas y es, por tanto, una locura. Es exactamente el caso de Ecuador.
Otros de los países que ha subsidiado los combustibles es Venezuela, este país ha sido el paradigma. Por años, la gasolina fue prácticamente gratuita, y aún el país mantiene precios artificialmente bajos respecto al mercado internacional. Obviamente, esto se debe a la enorme cantidad de petróleo que extrae Venezuela, por tanto, si el petróleo deja tanta riqueza y Venezuela en muy rica en petróleo, lo justo es que su población se beneficie.
Otros países que subsidian combustible es Bolivia y lo hace fuertemente con el gas licuado de petróleo (GLP) y controla los precios de los hidrocarburos. Esta política, asociada al discurso de soberanía energética, ha tenido respaldo social. México reintrodujo subsidios indirectos a través de estímulos fiscales, especialmente para evitar que el precio de la gasolina se dispare. Argentina, según información a la que se tuvo acceso, tiene también una rica historia de subsidios cruzados y controles de precios, mantiene un esquema complejo de intervención en el mercado energético, especialmente en el gas natural.
Los subsidios a los combustibles, no es por tanto un problema de Ecuador, existe en otros países. Además, mediante evidencia empírica se demuestra que en Ecuador no existe tal subsidio, lo que sucede es que es un país petrolero y además extraer petróleo es barato, lo que por justicia hace que sus ciudadanos se beneficien y si al momento la producción petrolera ha caído, la solución es producir más, implementar mayor tecnología de punta para extraer más crudo y potenciar las refinerías para refinar el combustible en Ecuador y no tener que importarlo. Además, si se roban el combustible, tal como es la narrativa gubernamental, lo que hay que hacer es diseñar una política de control para evitar la fuga del combustible. Hacer esto es lo correcto, pero sería un golpe para los importadores, que verían reducir sus altas ganancias.
Félix S. Pilay Toala
Profesor Universitario
Escritor, Analista económico y político
Doctor, Economista, Magister en Administración Pública.
Presidente, RED ICALC, (Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe).
Director de la Revista Científica “RedCiencia360”
Pilayfelix071@gmail.com
Cuando el pueblo levanta su voz,
