El observador

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¿LA CORRUPCIÓN EN LA JUDICATURA Y EL SILENCIO QUE LO AMPARA?

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La justicia ecuatoriana atraviesa una de sus crisis de legitimidad más profundas, no solo por la filtración del crimen organizado en las cortes, sino por la aparente institucionalización de la presión política desde las altas esferas. El caso de la exjueza Nubia Vera es un síntoma alarmante de un sistema que, en lugar de proteger a quienes denuncian la corrupción, parece diseñado para silenciarlos.

#Las Denuncias:

El "Pendrive" de la Discordia..​Nubia Vera ha señalado directamente a figuras de peso: Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura; Henry Gaibor; y Jorge Carrillo. La acusación es gravísima: se le habría entregado un dispositivo USB con una sentencia ya redactada, ordenándole fallar en contra de la entonces vicepresidenta Verónica Abad.

​Esta práctica, que Vera describe como una interferencia directa en la independencia judicial, no vino sola. Según su testimonio, la orden llegó acompañada de una amenaza de destitución. El mensaje central de la Judicatura bajo esta óptica es aterrador: o fallas como te ordenamos, o pierdes tu carrera.

#El Perfil de la Denunciante y sus Conflictos con la Ley

​Es necesario precisar que la figura de Nubia Vera no está exenta de cuestionamientos legales. La exmagistrada ha sido vinculada a procesos por presunto prevaricato y delincuencia organizada, enfrentando investigaciones que sugieren actuaciones al margen de la ley en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, este es el punto donde la ética institucional debe prevalecer sobre el prejuicio: por más que una persona actúe al margen de la ley o enfrente procesos penales, mantiene intacto su derecho y obligación de denunciar la corrupción interna.

#El hecho de que Vera esté bajo la lupa judicial no invalida la gravedad de sus revelaciones. #Un sistema de justicia sano debe ser capaz de procesar los delitos de un juez sin que ello sirva de excusa para sepultar las pruebas de una corrupción aún mayor que opera en los niveles jerárquicos.

#El Error de Ignorar al Denunciante

​Uno de los puntos más críticos de este caso es por qué las instituciones de control no tomaron en cuenta estas denuncias con la celeridad que ameritaban. #Se ha argumentado que Vera enfrentaba sus propios procedimientos legales, pero el estatus administrativo o penal de un juez no invalida su testimonio sobre actos de corrupción sistémica.

​Independientemente de los procesos disciplinarios que pesaran sobre ella, Vera tenía el derecho constitucional y la obligación ética de dar a conocer la interferencia en su despacho. Desestimar su denuncia por sus antecedentes es un error jurídico y moral. Los derechos de un denunciante deben ser respetados, pues su testimonio es una pieza clave para entender cómo se manipula la justicia desde adentro.

​¿Por qué se la ignoró?

​La falta de acción sugiere que la corrupción no es un evento aislado, sino que viene arraigada desde las más altas esferas del poder judicial. No se le hizo caso porque investigar sus palabras implicaba tocar los cimientos de una estructura de poder que se protege a sí misma.

#El silencio institucional ante el "caso del pendrive" no fue negligencia, fue una maniobra de autoprotección de un sistema donde las órdenes fluyen de arriba hacia abajo, rompiendo cualquier rastro de autonomía.

#Conexiones Peligrosas: De la Política al Narcotráfico

​Lo que antes parecía un caso aislado de presión política en el contexto del conflicto Noboa-Abad, hoy cobra un matiz más oscuro. Las recientes sospechas que vinculan a Godoy y Gaibor con presuntas presiones para favorecer a figuras del narcotráfico sugieren un modus operandi establecido. Si el Consejo de la Judicatura es capaz de redactar sentencias para perseguir figuras políticas, ¿qué les impide hacer lo mismo para liberar criminales?

#Conclusión

​La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los ciudadanos. Cuando se ignora a una jueza que denuncia haber recibido una sentencia en un pendrive, se está enviando una invitación abierta a la impunidad. Es imperativo que la Fiscalía General del Estado profundice en estas investigaciones. No se puede permitir que el Consejo de la Judicatura, el órgano llamado a vigilar la ética judicial, sea señalado como el principal foco de contaminación del sistema.

#La verdad no puede ser desestimada por quien la dice, sino investigada por lo que revela.