Director de radio es judicializado

Jun 20, 2025

El periodista de radio Ideal enfrenta una querella por calumnia y una denuncia de Fiscalía

 

Un periodista de Napo es procesado penalmente tras publicar información sobre la pugna de un edificio en Tena. Las acciones legales, iniciadas por un actor gremial y por la Fiscalía, levantan preocupación sobre el uso del sistema judicial para silenciar el trabajo informativo. El medio ha denunciado represalias por su línea editorial ambientalista.

 

Ecuador, 20 de junio.- David Granja Ramos, director del medio Radio Ideal, enfrenta dos procesos judiciales vinculados a una publicación en redes sociales en la que reportó el conflicto por la propiedad del edificio del Centro Agrícola de Tena.

El medio publicó una noticia el 21 de febrero en el que explica que los socios del Gremio Agrícola de Tena seguían esperando que la justicia ordene la restitución del edificio institucional, el cual se encuentra —según ellos— bajo control irregular del abogado Olegario Valarezo, quien no habría sido electo democráticamente como director de dicho gremio. 

El inmueble, ubicado en una zona céntrica de Tena, permanece cerrado y deteriorado, mientras avanza un proceso legal en el que se investiga presuntos delitos como tráfico de influencias y fraude procesal.

Tras esta publicación, se iniciaron casi simultaneamente dos causas judiciales contra el periodista Granja.

El primer proceso, confirmado con documentos judiciales, es una querella penal por calumnia (Causa N.º 15281202500160), interpuesta por Gilber Garzón Dalgo, quien se presenta como presidente del Centro Agrícola. La querella fue interpuesta en la Unidad Judicial penal con sede en el Cantón Tena el 24 de febrero de 2025.  El proceso judicial está en primera fase. La audiencia de juzgamiento está dispuesta para el 29 de julio

El segundo proceso contra el periodista fue iniciado de oficio por la Fiscalía General del Estado, por el presunto delito de “difusión de información de circulación restringida” (Expediente N.º 150101825030138). 

La denuncia señala que la publicación incluyó un oficio fiscal relacionado con el caso del inmueble, suscrito por el fiscal Jorge Orquera Falconí. Sin embargo, Granja sostiene que el documento ya era de conocimiento público, pues fue leído en una asamblea formal del gremio.

Granja, en conversación con Fundamedios, mostró su preocupación frente a estos dos procesos a los que cataloga como hostigamiento judicial y uso abusivo del poder estatal. 

El periodista explicó que esto podría ser coordinado, pues los procesos se inician de manera consecutiva. Dijo que podrían ser represalias por la línea editorial del medio que incluye una firme defensa de causas ambientales y la vigilancia ciudadana sobre tema de tierras y recursos naturales en la Amazonía. Añadió que las dos veces que lo llamaron a declarar ejerció su derecho al silencio porque no cree que hay nada que añadir.

Fundamedios condena el uso del sistema judicial para procesar a un periodista por su labor informativa y restringir el debate público en rormo a temas de interés público. 

Instamos a las autoridades judiciales y fiscales a garantizar el respeto al trabajo periodístico, el debido proceso y la libertad de expresión, evitando cualquier forma de intimidación o censura indirecta.

 Crece el desprestigio de la Función Judicial

"Si sufres injusticias consuélate porque la verdadera desgracia es cometerlas"

Por Jaime Cedillo F.

La Fiscalía y la Contraloría hacen cada una su trabajo, conforme a sus competencias. Se investigan los patrimonios de fiscales, jueces, y demás servidores judiciales, que han hecho de las sentencias un lucrativo negocio. De 160 exámenes especiales, hay 59 casos con indicios de responsabilidad penal. Las investigaciones y las auditorías, deben extenderse a los que manejan a su antojo y capricho el Consejo de la Judicatura. No nos olvidemos que quién designa a los jueces es el Consejo de la Judicatura, entidad corrupta que debería desaparecer, empecemos por casa.

El responsable del desprestigio y la corrupción en la Función Judicial, es el Consejo de la Judicatura, que nombra jueces a dedo, con concursos amarrados, direccionados, que ha politizado la justicia, irrespetando la carrera judicial. Antes, era el Pleno con su presidente a la cabeza, que daba la cara, que respondía ante la opinión pública, ahora, es ciego, sordo y mudo, sin voz ni voto. Más autoridad tiene un funcionario de segunda del Consejo de la Judicatura.

"Gracias" al Consejo de la Judicatura, la Función Judicial está sumida en el desprestigio. El nepotismo es un cáncer que ha hecho metástasis en la Función Judicial, otrora, respetada y respetable.

Una simple demanda de acceso a la información, un derecho constitucional, planteado por El Observador, en contra del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, es inadmitida en primera y segunda instancia, por jueces que no aplican la ley sino ceden a presiones políticas, a cambio de no sabemos qué, pero nos imaginamos.

Todas las pruebas que se presentaron y todas las exposiciones que se hicieron de parte del abogado de la parte demandante, no fueron tomadas en cuenta, porque los "Poncio Pilatos" se lavaron las manos, dejando en la indefensión, sentando un nefasto precedente, y poniendo en entredicho el papel de los jueces de los Tribunales de la República.

"En derecho, la indefensión se refiere a la situación en la que una persona se ve privada o limitada en su capacidad de defender sus derechos en un proceso judicial o administrativo, impidiéndole ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Esta situación puede surgir por actos u omisiones del propio órgano judicial o administrativo, y puede llevar a la nulidad de actuaciones si se considera que ha afectado el resultado del proceso".

El Observador

 

 La Contraloría ha reportado 59 casos de posibles delitos entre jueces y fiscales desde noviembre de 2023

Las sospechas de corrupción sobre los actores judiciales crecen. Destituciones, suspensiones, sentencias y problemas patrimoniales son cada vez más constantes en jueces y fiscales.

Policías y personal de la Fiscalía en un allanamiento en Manabí, como parte del caso Narcotentáculos, el 17 de junio de 2025.

Autor: Redacción Primicias

La corrupción judicial está cada vez más frecuente en Ecuador. Diariamente, jueces, fiscales y otros funcionarios aparecen relacionados con casos de corrupción. Varias entidades del Estado buscan frenar esta situación con acciones de control. 

Según la teoría oficial, los operadores de justicia son captados por el crimen organizado, que les paga grandes sobornos a cambio de fallos judiciales favorables. Por esta razón, la Contraloría empezó un análisis completos de los patrimonios de estos servidores.

Desde noviembre de 2023, el organismo de control inicio 160 exámenes especiales a los patrimonios de fiscales, jueces y demás servidores. Hasta la fecha, ya se han completado 108 de estas acciones de control y otras 52 están en proceso. 

Aunque la normativa obliga a la Contraloría a guardar bajo reserva los resultados de esos exámenes, PRIMICIAS conoció que en 59 casos, los resultados han sido enviados a la Fiscalía como Indicios de Responsabilidad Penal (IRP)

Por el momento, la Fiscalía todavía no ha formulado cargos en ninguno de estos casos. Es decir, las causas todavía están en etapa previa y reservada.

Decenas de destituidos

En el ultimo año y medio, en Ecuador se han destapado varios casos de corrupción judicial. Los procesos insignia de la llamada depuración son Metástasis, Purga y Plaga, en los que la Fiscalía ha demostrado la existencia de redes de corrupción para beneficiar a criminales.

Ante esta situación, pese a su inestabilidad y problemas de conformación propios por pugnas políticas, la Judicatura ha activado su control disciplinario. En total, 34 jueces relacionados con estas causas han sido destituidos de sus cargos.

Pero, según información del organismo, el control no ha terminado en esos casos. Otros 12 jueces también han sido destituidos en los últimos 11 meses. Y a estos se suman otros 44 destituidos entre fiscales, ayudantes, coordinadores y otros servidores.

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 La ley y el dinero no tienen alma, se las da el hombre

Simón Espinosa Cordero

Periodista, escritor, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción.

El fin no justifica los medios cuando estos anulan lo que se busca defender. Si combatir el crimen implica eliminar las garantías que protegen al ciudadano, el Estado no ha vencido, se ha suicidado.

Con el ánimo de incorporar herramientas para descoyuntar las estructuras criminales, cortar el flujo de recursos económicos que engorda a los criminales y apoyar a la doliente y espantada comunidad, el gobierno tramitó y puso en vigencia dos normas importantes: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Inteligencia. Ambas normas buscan fines legítimos.

Al aplicarlas, se corre el riesgo de cruzar la delgada línea roja entre un país que se defiende y un Estado que podría volverse abusivo. De hecho, puede debilitarse el ordenamiento jurídico y la democracia legitima que sostiene al régimen.

No dudamos de la buena intención del gobierno. Así como el dinero puede comprar o cocaína o veneno o pollo frito, o hasta una ley que, por justa que parezca, podría volverse peligrosa en manos equivocadas. Corresponde, pues, vigilar —con responsabilidad republicana y sabiduría política— que las normas hoy indispensables no se transformen mañana en azotes para las espaldas de la gente.

La nación sabe que un narcoestado no es solamente una suma de delitos, sino una forma parasitaria de poder incrustada en las instituciones. Esto exige algo más que leyes ordinarias para enfrentarlo; exige medidas extraordinarias, pero desde el Derecho y no contra él, porque no se combate una ilegalidad con otra, ya que dos errores no suman un acierto.

Esta lucha es necesaria; pero si el Estado se convirtiera en agresor de inocentes, la sociedad no tendrá un enemigo: tendría dos.

El primero sería el narcoestado. Un poder paralelo que corrompe burocracias, jueces, fiscales e instituciones; que manipula leyes y usurpa el monopolio legítimo de lo severo para convertirlo en delincuencia, crimen e impunidad, en creciente nivel, en miedo de toda la gente.

El segundo enemigo es el Estado cuando emite leyes que habilitan detenciones y allanamientos sin filtro judicial, interceptaciones sin autorización, espionaje indiscriminado o agresión a los derechos civiles. Si el Estado deja de ser garante del ciudadano se convierte en su agresor, y por tanto, la democracia se vuelve perversa.

¿Cómo enfrentar el narcoestado sin convertirnos en su reflejo? ¿Es posible defenderse sin autodestruirse? Claro que sí. No bastan solamente las reacciones legislativas; son necesarias sabiduría política, cultura constitucional, vocación republicana, coraje moral; hacer lo correcto, no lo conveniente. Recordemos que la primera obligación del poder no es sobrevivir, sino respetar la razón de su propio origen: el pueblo soberano.

Esto implica no tratar a la población civil como enemiga, ni legislar por reacción; no reemplazar garantías ciudadanas por eficacia represiva, ni convertir la excepción en regla permanente; no sacrificar la democracia constitucional en nombre de la seguridad, ni prescindir del control judicial purificado que limita al poder ejecutivo, contrapeso irrenunciable y tutela de las garantías ciudadanas. Una república lúcida, no una burocracia reactiva.

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 JUSTICIA QUE TARDA NO ES JUSTICIA, ES NEGOCIO.

EL OBSERVADOR